Se trata de instalaciones no aptas para el servicio que se les da: es la Coordinación Territorial Coyoacán 3, un complejo de oficinas administrativas donde, entre otras cosas, hay un juzgado civil y un anfiteatro al que se envían los cuerpos no reclamados de personas fallecidas por covid-19: lo llaman el “concentrado de cadáveres” y se convirtió en la principal morgue de la Ciudad de México, aunque, señalan quienes trabajan ahí, opera en condiciones insalubres.
El médico legista Uriel Elías Guzmán realizaba su trabajo con normalidad en la agencia del Ministerio Público de la alcaldía Miguel Hidalgo, hasta que resultó contagiado de coronavirus y, tras pasar una semana en confinamiento, murió de covid-19 el 4 de mayo en el Hospital Ignacio Zaragoza, del ISSSTE.
Su viuda, Fátima Amaya, se lamenta: “Mi esposo trabajaba sin recibir el equipo necesario para su protección; cada mes le daban solamente una bata desechable de mala calidad, un cubrebocas normal, 100 mililitros de alcohol y un trozo de jabón de pasta. Tenía 38 años. Y al morir, nuestras dos pequeñas hijas y yo quedamos desprotegidas, pues él no tenía ninguna prestación laboral. Ni pensión ni nada. Yo tuve que pagar hasta los gastos funerarios”.
Como Elías Guzmán, muchos médicos forenses de la Ciudad de México padecen iguales desventajas laborales y están contrayendo el virus porque, sobre todo, trabajan con cadáveres contagiados y en pésimas condiciones sanitarias que no cumplen con los “Lineamientos para el manejo de cadáveres en casos confirmados o sospechosos de covid-19”, elaborados por la Cruz Roja.
Nadia Franco, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y especialista en manejo de cadáveres, detalla que los legistas trabajan con los cuerpos de fallecidos por covid-19 que no son identificados, o bien, aunque se les identifique no son reclamados por sus familiares.
“Estos cadáveres no reclamados –agrega– son generalmente de personas que viven en situación de calle y mueren en la vía publica, o de quienes mueren en las cárceles y en los mismos hospitales, donde también es común que los dejen abandonados sus familiares o conocidos.”
–¿De dónde proviene la mayoría de estos cuerpos?
–La mayoría son de personas sin techo que se están muriendo en las calles, según tenemos entendido, pues todavía no se dan a conocer estadísticas al respecto.
–¿Y los médicos legistas son los más expuestos en este proceso de recoger, trasladar, clasificar e inhumar estos cadáveres infecciosos no reclamados?
–Sí, por supuesto, porque de todas las personas que intervienen en este proceso, son los médicos forenses y los criminalistas quienes tienen mayor contacto con el cadáver: lo desvisten, le toman las huellas, lo manipulan, le toman fotografías…
“Y lo hacen sin el equipo adecuado de protección. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México les llegaba a proporcionar una barrita de jabón, un frasquito de alcohol y unos tres cubrebocas. Las fotografías de ese material circularon incluso en redes sociales. ¡Caray!, esos insumos no le sirven ni al personal de aseo de cualquier oficina.
“Además, el de los legistas es un gremio muy desprotegido; la mayoría de ellos están trabajando con contrataciones irregulares y sin las prestaciones que marca la ley.”
Franco indica que, antes de la pandemia, los cadáveres no reclamados se enviaban directamente al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) para mantenerse un tiempo en congelación en espera de que alguien los reclamara.
Sin embargo, ahora con la pandemia, los cuerpos primero se están enviando a la Coordinación Territorial Coyoacán 3, un complejo de oficinas administrativas donde hay un juzgado civil, que ahora es llamado coloquialmente “concentrado de cadáveres”, porque ahí los médicos legistas están clasificando los cuerpos antes de enviarlos al Incifo.
“Este concentrado de cadáveres no tiene justificación alguna, sale sobrando. Lo único que provoca es aumentar el riesgo de contagio porque aumenta los traslados del cadáver de un lugar a otro y, por consiguiente, el número de personas que tienen contacto con él”, dice Franco.
–¿Y el hecho de que el “concentrado” esté en un juzgado civil no aumenta también el riesgo?
–Por supuesto; esas instalaciones no tienen el nivel sanitario requerido, ni de lejos, pues ahí se mezclan actividades de distinta naturaleza: por un lado está el trabajo que realizan los forenses en ese depósito de cadáveres, y por el otro el trabajo de un juzgado, que atiende a mucha gente que puede resultar infectada.
Ubicado en Cafetales esquina con Apaches, en la colonia San Francisco Culhuacán, el edificio donde está el “concentrado de cadáveres” ocupa casi una manzana y lo circundan largas bardas pintadas de azul y blanco. En sus accesos se apiñan policías uniformados, médicos de bata blanca, abogados con portafolio en mano, gente que entra y sale para realizar diligencias. Su ajetreo continuo se suma al bullicio de esas calles donde abundan los talleres mecánicos, los negocios de autopartes y los vendedores ambulantes.
Foco de contagio
El médico legista Gerardo Delgado Flores asegura: “Por ser el principal depósito de cadáveres con covid en la Ciudad de México, y por operar en condiciones insalubres, el ‘concentrado’ se ha convertido en el principal foco de contagio para nosotros los legistas”.
–Pero no todos ustedes trabajan ahí, como fue el caso del médico Elías Guzmán. ¿Cómo es que se están contagiando?
–Por una razón muy simple: ahí está la jefatura de todos nosotros y cada semana tenemos que ir a esas oficinas a realizar trámites administrativos, como firmar listas de asistencia, llevar actas médicas o entregar reportes de productividad. Pero también tenemos que ir al “concentrado” a recoger el equipo de protección que nos están dando, como batas desechables y mascarillas. Y aunque algunos no hayan estado en ese depósito, de cualquier manera habría riesgo por el contacto que tenemos entre nosotros.
–¿Y cómo son las condiciones de salubridad del área específica donde se trabaja con los cuerpos?
–Para empezar, en este caso cualquier cadáver ya representa de por sí un riesgo de contagio. Aun así, las planchas de acero del anfiteatro donde se trabaja con los cadáveres no cumplen con las más elementales medidas de sanidad, ya que no son removibles ni tienen drenaje. Son simplemente unas charolas fijas con paredes de unos 10 centímetros de altura que dificultan la limpieza y el manejo de los cuerpos.
“Además, la iluminación del anfiteatro es muy deficiente. Y su personal de limpieza no es el requerido, pues proviene de empresas de aseo subcontratadas, cuyos servicios son los comunes y corrientes, lo mismo el material de limpieza que utilizan. Estos empleados corren además muchísimo riesgo, pues trabajan sin equipo de protección adecuado.”
Indica que el “concentrado” también carece de la llamada “área gris” que exigen los protocolos –una transición entre la “blanca”, que es estéril, y la “negra”, que está contaminada–, donde los médicos deben cambiar su ropa de calle por la vestimenta de trabajo.
“El área gris debe incluso estar delimitada por muros, por cuestión de seguridad, pero aquí no hay nada de eso. Los médicos deambulan con sus batas aquí y allá, y para colmo a un lado del juzgado cívico, donde sólo hay una hoja de papel pegada a un muro que hace la advertencia de que ahí se manejan cadáveres covid. Eso es todo”, dice Delgado Flores.
Nadia Franco agrega: “Ese anfiteatro no está certificado pues ni siquiera cuenta con áreas de vestidores y de regaderas. No cumple con las medidas de limpieza, iluminación, desinfección y otros requisitos… es un peligrosísimo foco de contagio”.
En el “concentrado” se realiza todo el trabajo de clasificación de los cadáveres no reclamados, ahí mismo los depositan en bolsas de plástico para luego –ya “etiquetados”– enviarlos a refrigerar al Incifo, en la colonia Doctores.
Un médico del Incifo, que pide omitir su nombre para evitar represalias, indica: “Aquí contamos con tres cámaras de refrigeración, una de ellas destinada exclusivamente a cadáveres covid. Tiene capacidad para 80 cuerpos, pero antes de que se junte esa cantidad son enviados a la fosa común, de manera que nunca se ve rebasada nuestra capacidad de almacenaje”.
–¿Pueden llegar al Incifo familiares de fallecidos a reclamar los cadáveres?
–Claro. Y los entregamos etiquetados, sanitizados y embolsados, junto con la carpeta de investigación que corresponde al fallecido. Aquí trabajamos con altos estándares de sanidad.
–¿En qué fosa común se sepultan los cuerpos no reclamados?
–En la fosa común del Panteón de Dolores. Es una fosa de cinco metros de profundidad. En ella se van empalmando hileras de seis cadáveres cada una, divididas por una capa de arena y cal de unos 30 centímetros de espesor. La fosa común está compuesta por seis hileras de cadáveres.
Esta última parte del itinerario de los cadáveres, la de su inhumación en la fosa común, “contraviene las disposiciones de la Cruz Roja, que piden que esos cuerpos sean sepultados de manera individual”, advierte Nadia Franco.
Y explica las razones: “En una fosa común, los fluidos y el ADN de los cadáveres se mezclan unos con otros, haciendo más difícil la identificación de cada cuerpo, ante la eventualidad de que necesiten exhumarse al ser reclamados por algún familiar”.
Indica que el principal protocolo en la materia son los lineamientos de la Cruz Roja. Ahí se señala textualmente sobre este punto: “Si la persona no está identificada o está identificada pero no es reclamada al momento de su muerte, deben realizarse todos los esfuerzos para identificarla con posterioridad; esto consiste en documentar de manera correcta, llevar un registro minucioso de la trazabilidad del cuerpo y resguardarlo dignamente”.
Estas personas –prosiguen los lineamientos– “deben ser tratadas de acuerdo con el marco legal de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas”. Y esta legislación, por su parte, prohíbe tajantemente incinerar o enviar a la fosa común los cadáveres no reclamados.
El 21 de abril la Secretaría de Salud federal emitió sus propios lineamientos en términos muy similares, recalcando que esos cadáveres deben ser sepultados en “tumbas individuales” y “claramente marcadas”.
Puntualiza por su parte Franco: “El principal objetivo de estas disposiciones es preservar las muestras del cadáver para una posterior identificación. Incluso tienen un último requisito sanitario: los cadáveres covid sólo pueden exhumarse luego de cumplir 180 días de haber sido sepultados, para así asegurarse de que las partículas virales ya no sobrevivan en sus tejidos.
“Sin embargo, todos esos protocolos no se cumplen en los hechos. Quedan en el puro papel. Es muy común, por ejemplo, que todavía se contrate el servicio de las funerarias para encargarse del traslado de los cadáveres covid. Eso no debe ser. Ese personal no está capacitado para realizar traslados con ese nivel de riesgo.”
–¿A qué se deben todas estas fallas?
–A la improvisación. Hay mucha improvisación de nuestras autoridades sanitarias en este rubro. Y quienes principalmente están pagando las consecuencias son los médicos forenses. Por eso están protestando.
En mayo pasado los forenses pusieron a circular en redes sociales el video “No somos héroes, somos seres humanos”, en el que dan a conocer sus testimonios sobre los contagios en el gremio y las pésimas condiciones laborales.
Uno de los testimonios del video es el del médico David Velasco, adscrito a la alcaldía Gustavo A. Madero. Arrasado en lágrimas, Velasco refiere que resultó contagiado y luego él contagió a su padre, quien murió por covid-19.
De los aproximadamente 500 médicos legistas que laboran en la Ciudad de México, la mitad trabaja sin contrato de base, por lo que no tienen antigüedad, ahorro para el retiro, representación sindical ni otros beneficios laborales. Aparte, ganan aproximadamente 40% menos que los médicos de base (Proceso 2275).
Con la finalidad de mejorar sus condiciones laborales, el pasado 10 de junio una representación de los forenses tuvo un encuentro virtual con algunos funcionarios de la Secretaría de Salud capitalina, entre ellos el subsecretario de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, Juan Manuel Esteban Castro.
“No llegamos a nada en esa reunión. A nuestras peticiones, la Secretaría de Salud simplemente nos respondió que no tiene recursos”, señala Delgado Flores, quien participó en el encuentro.
También estuvo Fátima Amaya, la viuda de Elías Guzmán, quien reclama una indemnización para ella y sus dos hijas, de uno y tres años de edad. Por lo pronto, Amaya ya interpuso, el 8 de junio, una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la número 45053.
Comenta Amaya: “En mi queja refiero que mi esposo trabajaba sin los insumos necesarios para proteger su vida. Y además, con un contrato laboral que no le cubría nada y nos dejó en la desprotección… Ahorita mis hijas y yo vivimos con los recursos que logran juntar algunos compañeros de mi esposo”.
