La reciente gira del presidente López Obrador por tres estados gobernados por opositores no sólo fue por motivos políticos. Según especialistas en temas de seguridad, el mandatario fue a reposicionar al Estado y a recomponer su alianza con los poderes locales para enfrentar el desafío que representa el crimen organizado y, principalmente, el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Apremiado por el gobierno de Estados Unidos, que tiene especial interés por desarticular al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y atrapar a su líder Nemesio Oseguera Cervantes (El Mencho), el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió la semana pasada a los estados de Guanajuato, Jalisco y Colima, luego del desafío lanzado por la organización delictiva al asesinar a un juez federal en Colima y atentar contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch.
Del miércoles 15 al viernes 17, en los tres días que estuvo de gira por los bastiones del CJNG, el presidente no hizo referencia alguna a ese cártel ni al de Santa Rosa de Lima. Sin embargo, en Zapopan, Jalisco, pronunció las frases más contundentes de su viaje: “No vamos a negociar con la delincuencia”, “no vamos a dejarnos intimidar”. Y al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, le dijo: “Nos vamos a proteger mutuamente”.
Durante la gira en Guanajuato, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, repitió el ejercicio que el pasado 25 de junio realizó en Texcoco, en una visita de López Obrador al Estado de México: en la conferencia matutina –esta vez realizada en la sede de la XII Región Militar, en Irapuato– presentó un mapa con la ubicación de cada banda delictiva y su margen de acción. En esas entidades predomina el CJNG.
El presidente cesó la confrontación que mantenía con los gobernadores de esos estados, después de los atentados del 16 de junio, en el que murieron el juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa, y del 26 del mismo mes, cuando consiguieron herir al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, y asesinar a dos de sus escoltas.
El pasado 3 de julio, en su conferencia, el mandatario dijo que 10 días antes del ataque a García Harfuch –o sea, el mismo día que asesinaron al juez en Colima– el gobierno federal supo que un grupo (del CJNG) se trasladaría a la capital para realizar un “atentado contra posibles blancos”, por lo que les informó de inmediato y se les protegió: entre ellos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; el secretario de Relaciones, Exteriores, Marcelo Ebrard; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y García Harfuch.
Fue cinco días después de reunirse con el presidente Donald Trump que López Obrador entró a los dominios del Mencho, cuyos hijos Rubén y Johanna Oseguera ya están presos en Estados Unidos.
Al respecto, los investigadores de la UNAM Javier Oliva Posada y Raúl Benítez Manaut coinciden, en entrevistas por separado, en que el anuncio de que Durazo no asistiría a la gira fue un error. En el peor momento de violencia, él estaba más preocupado por amarrar la candidatura para gobernador de Sonora.
Para Benítez, especialista en la relación entre Seguridad Nacional y crimen organizado en México y Estados Unidos, Durazo está fuera de la jugada en el tema de seguridad; el líder es el titular de la Sedena.
En tanto que Oliva, profesor-investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, especialista en seguridad nacional y temas militares, considera que la ausencia del secretario del ramo fue como ceder el terreno a los delincuentes.
En cuanto a López Obrador, expone: “Estaba anunciada la inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Irapuato, Guanajuato, pero suspende ese acto por una visita a la refinería de Salamanca, a pesar de que en ese municipio hubo una masacre de 27 personas. El lugar era indicativo. Luego, se va a Jalisco y allí inaugura uno en Zapopan, en donde por cierto está la escuela del aire de la Fuerza Aérea Mexicana. A ello, se suma que el presidente, siempre que viaja, realiza sus reuniones en instalaciones castrenses y que los militares se encargan de su seguridad personal.
“Respecto a que su gobierno no iba a pactar con criminales, no veo sentido a ese tipo de pronunciamiento porque ningún gobierno debería pactar con ellos. El presidente debió de pronunciarse en el sentido de que no hay territorios exclusivos de la criminalidad, que no hay lugar al que no llegue el brazo legal del Estado mexicano.”
Para ambos especialistas, López Obrador realizó esa gira por la necesidad de pactar con los gobernadores Alfaro, de Jalisco, José Ignacio Peralta, de Colima, y Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato, para posicionar físicamente al Estado mexicano y llevar a cabo una estrategia de seguridad sólida para combatir al CJNG.
Benítez Manaut observa que el presidente está en un proceso de “reconciliación” con grupos con los cuales normalmente está muy enfrentado. En este caso le preocupa resolver el problema de seguridad, aunque también levantar su imagen con miras al siguiente proceso electoral. Sólo que, con tanta confrontación que ha tenido con gobernadores de entidades donde predomina el CJNG, no puede ganar la batalla sin sus liderazgos locales.
Considera que López Obrador construye una alianza pragmática a fin de recuperar espacios que le ha arrebatado en imagen el crimen organizado. Pero apunta que el hecho fortuito de que no asesinaran a García Harfuch es una ventaja estratégica para el gobierno. Lo que para el grupo delictivo hubiera sido un tremendo éxito militar, fue un fracaso.
“Creo que el gobierno le va a dar una contraofensiva al CJNG, pero tiene que ser con inteligencia. Por un lado, el cártel está muy golpeado, y por el otro, López Obrador tiene el apoyo de Estados Unidos, que está muy interesado en desmantelarlo. Hace poco, en Texas, desarticularon a toda su red de lavado con la operación Pitón. Detuvieron a más de 600 personas y confiscaron alrededor de mil millones de dólares de un solo golpe, sin un solo muerto ni un balazo.”
La expansión
De acuerdo con un reporte de la agencia federal antidrogas de Estados Unidos (la DEA), denominado Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas y fechado en diciembre de 2019, de los seis cárteles que existen en México, el CJNG es el de más reciente creación.
Escisión del Cártel de Sinaloa, es uno de los más poderosos y de mayor crecimiento en México y Estados Unidos. Se caracteriza por su disposición a confrontarse con sus rivales o con las fuerzas de seguridad del gobierno mexicano.
Una muestra ocurrió el 1 de mayo de 2015, cuando el gobierno federal –en la administración de Enrique Peña Nieto– desplegó el Operativo Jalisco para capturar al Mencho en los límites de los municipios Casimiro Castillo y Villa Purificación, en la sierra de Amula, en el sur del estado.
En respuesta, el CJNG derribó con un cohete el helicóptero Cougar 1009 de la Fuerza Aérea Mexicana, y en menos de dos horas organizó 55 o más narcobloqueos en 25 municipios, incluidos los siete de la zona metropolitana. En el resto de la entidad el CJNG demostró su poder en La Huerta, en la costa sur; Tonaya, sierra de Amula; Ciudad Guzmán, en el sur; y Jocotepec, de la región Ciénega.
La caída de la nave fue la primera respuesta militar de esa magnitud por parte del cártel y el gobierno lo admitió públicamente.
En Jalisco, el crecimiento del CJNG coincidió con la llegada del entonces secretario de Seguridad Pública y después fiscal general del estado, Luis Carlos Nájera Gutiérrez, a quien policías de la propia dependencia señalaron de encubrir al Mencho.
En 2018 la entonces Procuraduría General de la República ofrecía 30 millones de pesos por datos que llevaran a localizar al Mencho, pero policías estatales asignados al sur de Jalisco afirmaron a Proceso que tienen la orden de sus superiores de no molestarlo. El pasado 11 de marzo la DEA ofreció una de las recompensas más grandes de su historia por información que resulte en su captura: 10 millones de dólares.
En su citado informe de 2019, la DEA menciona que el CJNG tiene centros de distribución de drogas en Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta, y que el contrabando de drogas ingresa a lo largo de la frontera sureste por Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; y Nuevo Laredo, Tamaulipas, pasos antes controlados por grupos rivales.
También menciona que el CJNG fabrica y distribuye grandes cantidades de metanfetaminas, cocaína, heroína y fentanilo. Otros reportes de agencias de seguridad estadunidenses revelan que el CJNG distribuye drogas a lo largo del litoral del Pacífico, desde el Cono Sur hasta la frontera de Estados Unidos y Canadá, y que a partir de 2014 extendió sus operaciones a Oceanía y Asia.
Vital, el control de Jalisco
y de Manzanillo
Los fallidos intentos de aprehender al líder del CJNG demuestran a qué grado controla Jalisco, donde en la última década se ha apoderado principalmente del sur y de la zona metropolitana de Guadalajara.
La primera ocasión que se conoció públicamente una tentativa de capturar al capo fue en noviembre de 2010, cuando se le ubicó cerca del hospital Ángel Leaño, en Zapopan. Al llegar la policía encontró 40 kilos de droga y dos rifles AR-15, pero no al Mencho.
El 25 de agosto de 2012, en Tonaya, otro operativo para detenerlo provocó siete bloqueos en Guadalajara y 15 en el resto del estado. El 19 de julio de 2013, en El Grullo, su zona de mayor influencia, se realizó un nuevo intento de capturarlo. También fracasó.
Los hijos de Nemesio Oseguera no tuvieron la misma suerte. El 21 de febrero de 2020 Rubén Oseguera González, El Menchito, supuestamente el segundo mando del cártel, fue extraditado a Estados Unidos bajo cargos de tráfico de drogas y uso de armas de fuego con ese fin.
Cinco días después Jéssica Johanna Oseguera González fue arrestada al visitar a su hermano en la prisión estadunidense, por cargos financieros relacionados con infracción penal a la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero.
En cuanto se refiere a Colima, el CJNG tiene su mayor presencia en los municipios costeros de Tecomán, Armería y Manzanillo, así como Ixtlahuacan.
En ese puerto del Pacífico, el viernes 17, el presidente López Obrador anunció que las Fuerzas Armadas estarán a cargo del control de puertos y aduanas de todo el país “para que haya seguridad (y)… se evite la introducción de drogas”.
Además de su privilegiada posición geográfica ante los países de la región Asia Pacífico, Manzanillo ocupa el primer lugar del país en movimiento de contenedores, con más de 3 millones de unidades anuales.
Los frecuentes decomisos de droga evidencian que esa terminal se utiliza para introducir cocaína desde Sudamérica y precursores químicos procedentes de Asia para la elaborar metanfetaminas.
Los crecientes niveles de violencia en Colima durante el gobierno del priista José Ignacio Peralta Sánchez, a partir de 2016, colocaron a la entidad a la cabeza de la tasa de homicidios dolosos y en los primeros lugares de desaparición de personas y localización de fosas clandestinas. Esto sucede particularmente en Manzanillo y Tecomán.
De acuerdo con el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2016-2021, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima el 22 de abril de 2017, el aumento de la violencia, impunidad e inseguridad fue provocado por “la lucha de grupos de la delincuencia organizada por el control de territorios, particularmente del Puerto de Manzanillo (…) como punto estratégico del arribo de droga y sustancias ilícitas del comercio exterior”.
El documento señala como responsables al CJNG, el Cártel de Sinaloa y, en menor medida, a Los Caballeros Templarios.
Un informe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana consultado por Proceso en enero pasado reveló que el CJNG controla el puerto de Manzanillo, por donde ingresan químicos como metanfetamina, heroína y fentanilo, para producir drogas sintéticas. Igualmente, la organización de investigación periodística InSight Crime señala que la clave para entender la violencia en Colima es su ubicación en las rutas de tráfico de drogas.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registra más de 4 mil homicidios dolosos en Colima desde 2010 hasta la fecha, entre ellos algunos de alto impacto, como las ejecuciones del exgobernador Silverio Cavazos y de otros servidores públicos de los tres niveles.
A los asesinatos del juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas, se suma el homicidio de la diputada morenista Francis Anel Bueno Sánchez, secuestrada en abril en el municipio de Ixtlahuacan y cuyos restos se hallaron en mayo, en una fosa clandestina de Tecomán.
Hasta el momento las autoridades no han dado con los responsables de los atentados sufridos en 2015 y 2019 por el exgobernador Fernando Moreno Peña y la actual alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez.
Guerra por Guanajuato
Hace un par de meses se distribuyó el mensaje “Todo Guanajuato es del CJNG” por medio de mantas, carteles, perfiles anónimos en redes sociales y envíos fotográficos que se difunden por WhatsApp en las principales ciudades del estado.
En esa campaña se advierte que el CJNG, tras irrumpir ferozmente en 2017, exterminará a su principal rival en la región, el Cártel de Santa Rosa de Lima, para dominar todo el estado.
Aquí el CJNG lucha con la organización liderada por José Antonio Yépez, El Marro, en los municipios de San Francisco del Rincón, León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande.
El corredor industrial conformado entre León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya tiene las mayores concentraciones de población, industria y comercio. Además, es paralelo a los ductos de Petróleos Mexicanos en su cruce por el estado, por lo que a la zona se le conoce también como “el triángulo del huachicol”.
Según un informe de la Sedena, los dos cárteles se disputan Pénjamo, Valle de Santiago, Salvatierra y Acámbaro, municipios de la zona sur, limítrofe con Michoacán. También se registran homicidios vinculados al crimen organizado en 17 de los 46 municipios, incluidas ciudades como la capital del estado, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz y Cortázar.
Datos del SESNSP y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía citados por el general Luis Crescencio Sandoval en la visita del presidente López Obrador a Guanajuato, el pasado miércoles 15, indican que 5 mil 200 personas han sido víctimas de homicidios vinculados al crimen organizado en lo que va de este sexenio.
El mayor número de denuncias por narcomenudeo, negocio ilícito y robo de combustible –rubros que se pelean los dos cárteles– se presenta en León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Pénjamo, Guanajuato capital, San Miguel de Allende y San Francisco del Rincón.
El interés del CJNG por adueñarse de Guanajuato se explica porque el estado ocupa el sexto lugar nacional en incidencia de narcomenudeo. Mientras que en Celaya se han registrado por lo menos 50 ataques relacionados con ambos bandos, en Irapuato se han cometido 33 en la administración del presidente López Obrador. (Con información de Gloria Reza, Verónica Espinosa y Pedro Zamora.)
