En San Luis Potosí todos, menos el gobernador Juan Manuel Carreras, saben sobre el uso de empresas fantasma para emitir facturas falsas y meterle gol al erario. Las ONG y el Congreso estatales han denunciado los casos de corrupción, pero persiste la impunidad. Uno de esos personajes sin castigo es el joven “emprendedor” Gabriel Alan Salazar Soto, quien de la noche a la mañana creó una red de empresas relacionadas con fraudes y con desvíos del erario, principalmente en la Secretaría de Salud estatal.
SAN LUIS POTOSÍ, SLP.– El gusto por las facturas falsas es una epidemia en el gobierno estatal. El empleo de empresas fantasma para facturar, así como la simulación de licitaciones para asignar compras millonarias, involucran directamente a funcionarios de distintos niveles en la administración del gobernador priista Juan Manuel Carreras López.
El mandatario sabe de las irregularidades pero no ha actuado. Los casos de corrupción han sido denunciados públicamente por organizaciones sociales, como Impunidad Cero y Ciudadanos Observando, y ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, cuyo titular es Federico Garza Herrera, a causa de las observaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado (ASE). La impunidad es el común en todos los casos.
Sobre la corrupción en el Poder Ejecutivo destacan las investigaciones que involucran a la Secretaría de Salud del estado, cuya titular es Mónica Liliana Rangel Martínez. El ejercicio presupuestal en esa dependencia “siempre ha estado inmerso en actos sospechosos, siempre ha sido cuestionado”, comenta a Proceso el vocero de la organización Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias.
La ONG adelanta que alista denuncias formales que interpondrá en la Auditoría Superior de la Federación y en la Unidad de Inteligencia Financiera por uso de factureras y simulación de concursos que podrían causar un daño por 95 millones de pesos al erario federal.
A su vez, la Comisión de Vigilancia del Congreso de San Luis Potosí acordó a principios de junio solicitar a la ASE una revisión especial a los ejercicios fiscales 2018, 2019 y lo que va de 2020 de la Secretaría de Salud, “con motivo de los diversos señalamientos que se han vertido contra empresas que le han proporcionado bienes y servicios, en los que se presumen precios, adjudicaciones y contratos irregulares”.
A finales de 2019 la propia ASE dio a conocer observaciones sobre la Cuenta Pública de 2018 de dicha dependencia, que alcanzaron poco más de 63 millones de pesos. A la Secretaría de Salud se le solicitó que aclarara obras, licitaciones irregulares, falta de comprobación y contratación de proveedores que estaban suspendidos por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En marzo último, la ONG Impunidad Cero incluyó a San Luis Potosí –especialmente a la Secretaría de Salud– en la investigación nacional “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, pues encontró que esa dependencia estatal y el Hospital Ignacio Morones Prieto desviaron al menos 15 millones de pesos en compras simuladas con empresas fantasma o factureras.
Las adquisiciones reportadas correspondieron principalmente a medicamentos contra el cáncer, que en su mayor volumen fueron facturados por Proyectos de Desarrollo Aztlán, SA de CV, y Servicios integrales de análisis Capral, SA de CV, las cuales están en la lista de empresas reportadas por el SAT por operaciones inexistentes.
“Milagro” empresarial
Una pista clave sobre el entramado de corrupción con ligas a la Secretaría de Salud del estado es Gabriel Alan Salazar Soto. Se trata de un personaje de la sociedad potosina que primero destacó en redes sociales –se hace llamar El Príncipe del Emprendimiento– porque presumía sus bienes y empresas.
Eso llevó a Ciudadanos Observando “a irnos al fondo y encontrar los grandes negocios que se están haciendo con las secretarías de Salud y Educación de San Luis Potosí”, cuenta González.
El vocero de la ONG considera que los negocios con ambas dependencias podrían significar un daño al erario estatal por 200 millones de pesos.
“Yo aprendí dos cosas de los 11 a los 19 años, una fue a vender y la otra a atender. Yo fui mesero, taquero, cocinero, barman, en muchísimos lugares, y ahí la primicia (sic) es que tú ganas dependiendo de cómo atiendas. La comida puede ser mala, pero si el servicio es de poca madre, a mí me va bien…”, dice Salazar Soto en uno de sus numerosos videos biográficos, de conferencias y mensajes motivacionales.
Con 28 años y presentándose como Mr. President, el presunto emprendedor presume viajes, autos de lujo y ser el “accionista mayoritario y presidente del consejo de administración de Grupo Infinite, corporativo con propiedad de 19 empresas y 18 marcas, todas potosinas”. Esas compañías fueron creadas en 2015, y en 2019 “fundó” el grupo financiero Invercop.
“Él llamó mucho la atención en San Luis… De la noche a la mañana se hizo millonario y lo presumía. Encontramos que estaba haciendo grandes negocios con las secretarías de Salud y Educación. También descubrimos los vínculos entre empresas y otras personas”, explicó el portavoz de Ciudadanos Observando.
El pasado 20 de mayo la ONG reveló que había recibido denuncias de inversionistas de la empresa Invercop Capital Financial sobre que la firma les había dejado de pagar los elevados intereses que les venía ofreciendo desde finales de 2019, que tampoco les devolvía el capital que habían prestado y que los directivos no daban la cara.
Dos días después de la denuncia, el joven “empresario” apareció en un video en el que relató cómo del éxito y la prosperidad –que tanto exhibía– pasó a la inminente quiebra.
Culpó a la emergencia sanitaria por situarlo en un punto de insolvencia “que hoy nos pone al punto del colapso, no hemos podido reestructurar nuestros pasivos… Hoy hemos perdido cerca de 80% de nuestros ingresos”.
Además denunció que personas no identificadas pagaron una “campaña de desprestigio” contra sus empresas y directivos.
Salazar, presidente de Grupo Infinite, negó las acusaciones sobre un fraude contra sus accionistas y asociados, la quiebra y la desaparición de oficinas. Sin embargo, los afectados interpusieron denuncias penales cuando se dieron cuenta de que ya no había nadie en las oficinas del edificio sede de Invercorp.
Red de corrupción
Además del daño a ahorradores e inversionistas se han documentado millonarias compras y adjudicaciones para diversos servicios que la Secretaría de Salud ha concretado con varias empresas, cuyos socios, dueños y representantes legales son el propio Salazar Soto y algunos de sus familiares y amigos, así como exfuncionarios de los servicios de salud del gobierno municipal de San Luis Potosí que presidió el priista Mario García entre 2012 y 2015.
De acuerdo con documentación oficial obtenida por Proceso vía solicitudes de transparencia, los exfuncionarios involucrados son: Reynaldo Castañeda, Orlando Camarillo Góngora y Luis Bernal Martínez, quienes laboraron en los servicios municipales de salud de la capital y desde 2015 se asociaron con el joven “emprendedor” en varias de sus empresas.
En otros casos participaron como personas físicas y como falsos competidores del propio Salazar Soto en licitaciones de la Secretaría de Salud, cuyos contratos le fueron adjudicados a este último.
En su denuncia, Ciudadanos Observando detalla que Gabriel Salazar Soto empezó con la creación de sus empresas en octubre de 2015, “coincidentemente con la llegada de Juan Manuel Carreras a la gubernatura de San Luis Potosí”. En poco tiempo “empezó recibiendo millonarios contratos por servicios de limpieza en los hospitales del estado, los cuales fueron señalados como deficientes en infinidad de ocasiones”.
Ese fue el punto de partida para que Salazar creara “toda una red de razones sociales y personas físicas, y de esa manera poder ofrecer servicios de facturación a dependencias de gobierno, a personas y empresas privadas”.
Además de la facturación mediante sus empresas, Gabriel y su hermano Jonathan Alfonso facturaron al gobierno estatal 3.1 millones de pesos en dos pagos, que fueron hechos el 12 de febrero y el 6 de marzo de 2018.
Benito Cano Aguillón, otro socio de Gabriel Salazar en dos empresas (Desarrollos e Infraestructura Potosina Absac y Outcome Human Service México), recibió pagos de la Secretaría de Salud el 12 de febrero de 2018 por 1 millón 74 mil 898 pesos, con la factura 7851C67117DD-4461-B59A-31F706ACE4A5; el 6 de marzo recibió otro por 1 millón 155 mil 606 pesos con 85 centavos, con la factura EC25A846-1AE2-40AD-99D9B7E925A7F50A.
En tanto, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) contrató en agosto de 2017 a Corporativo Ribe, otra empresa ligada a Gabriel Salazar, y recibió pagos por poco más de 4 millones de pesos.
Uno de esos pagos fue hecho el 24 de agosto de 2017, mismo día en que Benito Cano Aguillón expidió una factura por 271 mil pesos por renta de mobiliario y equipo a la misma dependencia, para eventos de asignación de plazas e inicio del ciclo escolar. Cano Aguillón cobró otro millón de pesos a la SEGE el 31 de mayo.
Vía Corporativo Ribe, otra de las empresas creadas en 2015, Gabriel Salazar vendió en 2018 –año en el que hubo elecciones en San Luis Potosí– una serie de artículos peculiares, presuntamente adquiridos para la Secretaría de Salud: cangureras, cilindros para beber agua, monederos, morrales y bolsas tipo mochila, así como batas, gorras y jabón quirúrgicos.
Por todos estos artículos le fueron pagados casi 12 millones de pesos a Corporativo Ribe, cuyo domicilio fiscal asentado en documentos corresponde a la vivienda particular de un joven llamado Emmanuel Aureliano Moreno Márquez, que también figura como uno de los socios.
Los padres de Aureliano Moreno declararon a la ONG Ciudadanos Observando que su hijo padece una discapacidad y no forma parte de la empresa. También contaron que hace tiempo Emmanuel trabajó como guardia en Scolta, otra empresa de Gabriel Salazar para seguridad privada. En los documentos presentados ante la Secretaría de Salud para los contratos, Emmanuel Aureliano es quien presuntamente firmó como representante legal o proveedor, pero las firmas son notoriamente distintas en cada documento.
Engaño
En realidad, Corporativo Ribe es la razón social del rancho Prime Steak, que el propio Salazar Soto presume ampliamente en videos difundidos en redes sociales. Este corporativo también cobró servicios de alimentación y renta de mobiliario para la Secretaría de Educación por casi 700 mil pesos en 2017.
KubalZF Comercializadora Integral, cuya razón comercial es Proshine, servicios de limpieza profesional, también fue creada en 2015, aunque en 2018 apareció Gabriel Salazar como administrador y al frente de la sociedad, a la que se incorporó su esposa, Flor Janeth Aguilar, en 2019.
Proshine es una de las empresas que ha cobrado los montos más altos por servicios a la Secretaría de Salud. Entre 2017 y 2019 recibió contratos por casi 22.5 millones de pesos por limpieza, lavandería e higiene.
Esto fue reconocido por la propia secretaria Mónica Rangel en una conferencia de prensa que ofreció a finales de mayo último, después de una primera denuncia pública que desató el escándalo sobre las compras sospechosas a las empresas de Gabriel Salazar, que la misma funcionaria había negado.
Proshine fue demandada por los propietarios de otra marca, Quickshine del Potosí, a través de un despacho de abogados cuyo representante, Tomás Coronado Zárate, denunció al portal digital Astrolabio –que también documentó algunas adquisiciones– que Salazar habría utilizado indebidamente, mediante los servicios que prestaba con un despacho de contabilidad, una factura de Quickshine para cobrar 3.5 millones de pesos por un servicio a la Secretaría de Salud.
El abogado de la empresa afectada también reveló que en diciembre de 2017 Salazar le pidió que Quickshine “participara” en un concurso de la misma dependencia para el contrato por servicios de limpieza del año siguiente, pero le aclaró que “ya estaba todo arreglado” y que Quickshine no ganaría. “Sólo será la participación”, le escribió en mensajes de WhatsApp.
Mediante la empresa Desarrollo e Infraestructura Potosina ABSAC, creada en 2016 por socios como Benito Cano Aguillón y posteriormente adquirida por Gabriel Salazar, el gobierno estatal pagó por concepto de mantenimiento y reparación de instalaciones 6.3 millones de pesos.
Otra persona física de nombre Reymundo Guerrero Rangel expidió facturas por servicios al estado por 4.3 millones de pesos. Guerrero es, al mismo tiempo, socio de Gabriel Salazar en la empresa Desarrollo e infraestructura ABSAC.
Integrantes de Ciudadanos Observando verificaron el domicilio fiscal de la persona física, ubicado en la calle 10 de Mayo 265 de la colonia Independencia, en San Luis Potosí, cuya ocupante dijo tener 50 años viviendo en la casa y declaró que no conoce a Guerrero.
El domicilio de la colonia Independencia es común entre este grupo de empresas y personas físicas, también aparece en el acta constitutiva de Corporativo Ribe como la casa particular de Cristian Yoel Guerrero Camarillo, otro de los supuestos socios de Gabriel Salazar. Igualmente es el mismo domicilio fiscal asentado por otra persona física: Sandra Fabiola Camarillo Reyes, a nombre de quien se pagaron del erario 1.1 millones de pesos por mensajes en medios de comunicación.
Para librar la adjudicación de varios de los contratos, como los de limpieza de instalaciones, la secretaria Mónica Rangel se escudó en el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones del estado, que dice:
“Los titulares de las instituciones podrán, bajo su responsabilidad, ordenar al área administrativa la adjudicación directa de adquisiciones, arrendamientos o servicios en aquellos casos en que de cuya resolución inmediata y expedita dependa la preservación del orden social, la continuidad en la prestación de los servicios públicos, la salubridad, la seguridad pública, así como en los casos de siniestros o desastres producidos por fenómenos naturales que requieran atención emergente.”
