Actas de la agencia estadunidense Distrito de Agua de Otay y documentos oficiales de México revelan que el actual gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, promovió ante legisladores del vecino país una planta de desalinización de agua y posteriormente la promovió desde una curul federal en México. El proyecto, para el cual ya se firmó un contrato que implica el endeudamiento de la entidad por casi 8 mil millones de pesos, fue justificado argumentando la necesidad de agua que tiene Tijuana, pero se planeó para producir un excedente destinado al sur de California.
Mexicali, BC.- Estados Unidos quiere el agua de México y el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, impulsó durante años la posibilidad de dársela, aunque ahora renegocia tarifas y el contrato de la desalinizadora de Rosarito.
Así lo revelan actas del Otay Water District (Distrito de Agua de Otay) en Estados Unidos, que Bonilla Valdez encabezó de 2001 a 2012. Fue en julio de 2011 cuando promovió ante congresistas estadunidenses la planta de desalinización en el municipio del mismo nombre, a 30 minutos de Tijuana.
Años más tarde, ya como diputado federal de México en 2015, promovió a las empresas que al final se quedarían con el proyecto de la planta para que participaran en la elaboración de la norma NOM 013 que rige la operación de las desalinizadoras, según minutas de trabajo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En dicho grupo de trabajo también participó un representante del Otay Water District, que también se beneficiará de la planta una vez que entre en funcionamiento, según dijo la propia empresa; también estuvo en los trabajos Héctor Mares Cossío, como representante de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Congreso de la Unión, presidida en ese entonces por Bonilla.
En 2016 el entonces gobernador de la entidad, Francisco Vega de Lamadrid, lanzó la convocatoria para construir la planta, con capacidad para procesar 4.4 metros cúbicos de agua por segundo. El contrato se firmó el 22 de agosto del mismo año con NSC Aguas, SA, filial de Consolidated Water Co, constituida en las islas Caimán, y la francesa Degrémont México, extensión de Aguas de Suez. Ambas empresas formaron parte en la confección de la norma federal para las desalinizadoras.
Ahora Salomón Faz, titular de la nueva Secretaría del Agua, rechaza que el gobernador Jaime Bonilla tenga interés en vender agua a Estados Unidos o que busque un beneficio personal:
“Eso está en los medios –comenta–. Si originalmente, cuando no era gobernador, tuvo ese interés, ya como gobernador es defender el interés de los bajacalifornianos”, dice en entrevista con Proceso el titular estatal de Agua, quien a título personal considera que ambos países deberían comercializar el líquido entre ciudades colindantes, como Tijuana y San Diego o Mexicali y Valle Imperial.
En cambio Milton Rubio, representante de la empresa que construirá la desalinizadora, NSC Aguas, afirma que se venderá agua a Estados Unidos, pero aclara: “Hay gente que jura que toda el agua se va a vender a San Diego, y te juro que no”.
–¿Cuánta será para México y cuánta para Estados Unidos?
– Creo que San Diego no necesita ni 350 litros por segundo y Tijuana necesita 2 mil 200 litros por segundo.
–¿Sería mínima la parte que se comercializaría a San Diego?
–Afirmativo.
Por su parte, Salomón Faz dice que la venta a Estados Unidos no está en el contrato, pero “existe una posición financiera que le da fortaleza al proyecto, que si vendiera a un precio mayor el agua (al país vecino), se le facilitaría vender a un precio menor al estado. Sin embargo, yo estimo que no hay consenso y se tendría que socializar más entre la opinión pública para pensar en venderle a Estados Unidos”.
El negocio del agua será de 2 mil 180 millones 160 mil pesos anuales durante 37 años, según el precio inicialmente establecido. Entre los socios beneficiados estará el fondo de inversión Black Rock, una vez que el gobierno firme una línea de crédito que endeudará al estado por 7 mil 487 millones 404 mil 620 pesos.
La participación de Black Rock, que se quedará con entre 55% y 65% de las acciones, fue aprobado el 16 de mayo de 2017 por el Comité de Inversión del fideicomiso f/175992 del fondo y se ratificó el 28 de agosto de 2017. Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari y quien en 2014 vendió su empresa Infraestructura Institucional a esa firma, pasó a formar parte del Comité de Inversión.
El 8 de marzo de 2018 el fondo notificó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que el 23 de febrero de 2018 firmó la suscripción de acciones y se comprometió a invertir en la desalinización.
Este semanario buscó a Gerard Rivero y le envió un cuestionario para confirmar si aún participa en ese comité, pues la BMV no cuenta con notificación de relevo en ese puesto, pero el cuñado del expresidente no respondió.
La construcción de la planta despertó la inconformidad de varias organizaciones civiles que la consideran dañina. Sergio Ortiz Luna, originario de Rosarito y exfuncionario del ayuntamiento, señala que los datos de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la empresa que construirá la planta indican que verterá al mar 18 químicos contaminantes, entre ellos ácido sulfúrico con 96% de pureza, además de salmuera.
Un plan estadunidense
Proyectada desde 2005 por el estado de California, que pagó el estudio sobre su viabilidad, la desalinizadora también beneficiará a Baja California, que le vendería al Distrito de Agua de Otay –según el acta 20130625 de éste– entre 30% y 40% de su producción anual.
En 2016 el precio del agua era de 98 centavos cada metro cúbico por segundo, por lo cual 30% de la producción en aquel tiempo reportaba anualmente poco más de 40 millones de dólares al cambio de 17 pesos por dólar. Hoy Bonilla plantea modificar las tarifas de venta y el financiamiento de todo el proyecto.
El argumento para construir la desalinizadora es la necesidad de Tijuana, que se abastece del Río Colorado y lleva el líquido hasta la frontera desde Mexicali mediante un acueducto. Pero defensores del agua, como Rigoberto Campos, e incluso Fiorentini Cañedo, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, sostienen que Tijuana sólo requiere 2.2 metros cúbicos de agua por segundo, por lo que construir una planta que endeudará al estado por cerca de 8 mil millones de pesos es incosteable, imperdonable y excesivo.
Campos indica que la otra mitad del agua se irá a Estados Unidos, donde los agricultores y las zonas urbanas sufren por la falta del líquido. El defensor recuerda que el exgobernador Francisco Vega “siempre nos negó que el agua se vendería a Estados Unidos, pero la autorización de Donald Trump para construir un ducto transfronterizo que lleve el agua al distrito de Otay, en mayo de 2017, nos dio la razón”.
El entrevistado se refiere al permiso que emitió Trump y que el 17 de mayo de 2017 dio a conocer el Distrito de Agua de Otay. En él se autoriza “construir, conectar, operar y mantener instalaciones de tuberías de agua transfronterizas para importación de agua de mar desalinizada en el límite internacional entre los Estados Unidos y México en San Diego, condado de California”.
El contrato, firmado con la empresa NSC Agua, establece que la planta será de 4.4 metros cúbicos por segundo y tendrá dos etapas. La primera, con capacidad de 2.2 metros cúbicos por segundo y un acueducto hasta el punto de entrega en Tijuana, y la segunda de la misma capacidad y otro acueducto del punto anterior hasta la planta potabilizadora ubicada en El Florido, también en Tijuana.
El documento del Distrito de Agua de Otay señala que “la planta podría producir agua para satisfacer hasta dos tercios del uso de agua para el Distrito en 2024”.
Y si bien en la primera etapa se procesaría suficiente agua para surtir a Tijuana/Rosarito, “la segunda fase, que se espera que se complete en 2024, entregaría un adicional de 50 millones de galones diarios, entre 10% a 30% de esa agua estaría disponible para el distrito”. Pero en la minuta 20140624 del distrito sugiere 40% de la producción de la desalinizadora.
El pasado 22 de enero, en un comunicado, el Distrito de Agua de Otay recordó que el gobierno de Bonilla amplió hasta el 30 de junio del presente año la autorización del Congreso del estado para que las autoridades firmen la línea de crédito por casi 8 mil millones de pesos que se vencía el 31 de diciembre de 2019:
“Esa extensión otorga más tiempo para establecer las obligaciones, que incluyen fideicomisos de pago, garantías y líneas de crédito bancario, que son obligaciones en el estado en virtud de la asociación público-privada.”
El distrito añade que, según la empresa Consolidated Water, Baja California puede demorarse entre cuatro y seis meses para licitar con bancos y establecer la línea de crédito, pero que ya “la Comisión Nacional del Agua otorgó una concesión de uso de agua de mar y permiso de descarga a la Comisión Estatal de Aguas para el Proyecto de Rosarito”.
El secretario del Agua, Salomón Faz, confirma que el proyecto sigue en pie aunque se están revisando los acuerdos con la empresa, pues notaron que ésta producirá 4.4 metros cúbicos por segundo: “Es una capacidad muy sobrada para las necesidades de Tijuana y compromete mucho las finanzas del Estado”.
La tarifa, dice, también se está revisando porque la situación es distinta y la cotización peso-dólar cambió. Estimó que la tarifa no podría ser menor de un dólar, tan sólo para el gobierno; pero además se encontró que el estado se obliga a tener un fondo de poco más de 400 millones de pesos para cubrir “en caso de contingencia el no pago de tres amortizaciones mensuales del proyecto”. Por esa razón las negociaciones con la empresa continúan.
Al respecto Milton Rubio señala que NSC Aguas tiene hasta el momento todas las acciones y que ya invirtió 52 millones de pesos en el proyecto, por lo que si el gobierno no firma la línea de crédito con los bancos, demandará por el doble de su inversión.
También aclara que la tarifa “no fue negociada, fue un concurso” y lo ganaron. Revela que el precio pactado en el contrato es de 16 pesos (98 centavos por dólar en 2016) si se procesan 2.2 metros cúbicos por segundo, y 14 pesos si son 4.4.
Insiste en que en la MIA que fue avalada por el estado se prevé, en la página 48, que 30% del agua se exportará a Estados Unidos y se especifica que el líquido llegará a El Florido, en Tijuana, y pasará a la conexión fronteriza para abastecer a Otay Water District.
“No puedo vender el agua a Estados Unidos porque el contrato dice que tengo un solo cliente…y la venta entre la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, no creo que estén en ese detalle; primero tiene que iniciarse la obra, que durará tres años.”
Además de la compra de terrenos a un costado de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los gastos incluyen la renta que se ha pagado durante cinco años a esa comisión por usar su descarga hacia el mar.
Al preguntarle por qué la MIA no incluye una planta tratadora de los residuos químicos que irán al mar, Rubio explica: “El agua de rechazo se mezcla con las de la CFE que van al mar, con una temperatura que al mezclarse con las de nosotros mitiga el impacto ambiental”.
Y sobre las intenciones de Bonilla de vender o no el agua a Estados Unidos, expone: “Sí le interesa, porque bajaría el precio del agua en Tijuana, y no le interesa, porque la gente ve en esto a un vendepatrias. Entonces, él ahorita está en una posición conservadora. Y yo haría lo mismo. Él ésta nomás porque sea el mismo organismo de agua la fuente de pago, para no crear polémica”.
El pasado 30 de junio se venció el plazo para que el gobierno solicitara los créditos a los bancos y este miércoles 1 no se renovó la autorización, pues Bonilla aún negocia los nuevos precios de venta del agua.
