La obcecación del gobernador guanajuatense Diego Sinhue Rodríguez por mantener a Carlos Zamarripa al frente de la procuración de justicia y a Álvar Cabeza de Vaca como jefe de la policía, tiene un alto costo para su estado y para el resto del país. Con la violencia en niveles inauditos, el mandatario estatal prefiere enfrentarse con el gobierno federal y encajar las críticas de sus ciudadanos con tal de no tocar a los poderosos funcionarios transexenales.
GUANAJUATO, Gto.- El fallo judicial que determinó la liberación de María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yépez, El Marro, provocó un choque del gobierno estatal con el federal, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, responsabilizaron en gran medida al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre.
Ortiz salió de prisión el 28 de junio. Meses antes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo, se quejó de que el gobierno guanajuatense no entregaba información fidedigna sobre el panorama delictivo.
Pero esta vez tanto el presidente como Gertz Manero expresaron sospechas sobre el desempeño de Zamarripa y lo responsabilizaron, junto con el Poder Judicial del estado, de los yerros y omisiones graves que llevaron a un resultado desastroso el operativo conjunto con fuerzas federales del 20 de junio en la comunidad de San Isidro de Elguera, municipio de Celaya.
El gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo respaldó la versión de la FGE, según la cual el Ministerio Público federal se negó a atraer la carpeta de investigación y el proceso de las cinco personas señaladas como “operadoras financieras” del cártel de Santa Rosa de Lima –que lidera El Marro–, entre ellas María Eva Ortiz.
En un comunicado posterior a la liberación de la madre del Marro, el fiscal estatal Carlos Zamarripa afirmó que la intervención de sus agentes fue “a petición de la autoridad federal en materia de seguridad, quienes realizaron una operación en la mencionada comunidad y tenían información sobre operaciones de miembros de un cartel del crimen organizado”.
Aunque la presencia de las corporaciones policiacas en San Isidro de Elguera fue ampliamente difundida poco después de las 16:00 horas, la FGE refirió que entregó la solicitud de orden de cateo a las 18:31 y que el Poder Judicial la concedió “a las 20 horas con 31 minutos, por lo que, una vez obtenido el mandato judicial, se intervino”.
Añadió que la juez del fuero común dictó el auto de no vinculación a proceso a favor de los cinco detenidos porque “lamentablemente, aproximadamente a las cuatro de la tarde afectaron el derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio sin orden judicial, probablemente por autoridades que hasta el día de hoy se desconoce qué personas fueron las que ingresaron a sus domicilios”.
En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, el 30 de junio, el fiscal Gertz Manero acusó al titular de la FGE guanajuatense: “Ahora salen a decir que todo lo que se les pasó fue porque nosotros no aceptamos quedarnos con lo que ellos habían hecho mal… ¿Es un montaje? Pero por supuesto, es una irregularidad procesal. Es una falta de respeto a la función que tenemos, uno tiene que ser honesto no nada más con el dinero, sino con las conductas”.
Luego, el fiscal general de la República anunció que iniciaría un procedimiento para determinar “si existe alguna imputación de carácter legal” contra Zamarripa, ya que el estado “lleva cinco años en ser verdaderamente un infierno de violencia y este señor fiscal lleva 11 años ahí…No pueden estar manejando una institución a base de chismes y de imputaciones mediáticas, es una cosa muy seria”.
Ese cateo anómalo del 20 de junio desató reacciones sanguinarias, como el asesinato de uno de los abogados de la madre del Marro; la ejecución de tres policías municipales de Silao, así como la masacre de 26 internos de un anexo para rehabilitación de adictos en Irapuato.
La mañana del viernes 3, en el cambio de turno del Mando Único Estatal entre los Apaseos y Jerécuaro, un comando de civiles armados persiguió a un grupo de agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado; ejecutó a cinco e hirió a dos.
Del éxito al declive
“Una investigación basada en la inteligencia garantiza el éxito de la justicia”, es la frase que se lee en el muro de un edificio del complejo Miguel Hidalgo y Costilla, sede central de la FGE. Bajo el letrero está la firma de Carlos Zamarripa Aguirre, quien estrenó la oficina principal de la fortaleza en el sur de la capital del estado.
Abogado por la Universidad La Salle Bajío y maestro en ciencias jurídico penales por la Universidad de Guanajuato, Zamarripa egresó de la Academia Nacional del FBI y cuenta con certificación en drogas e investigación criminal del Departamento de Justicia y la DEA. También tiene diplomados en derecho criminal de la Universidad de Virginia, pasantías en programas de seguridad en Colombia y seminarios de inteligencia en Israel.
En la antigua Procuraduría General de Justicia estatal Zamarripa escaló desde el servicio social a oficial ministerial, secretario de agencia, titular del Ministerio Público, director de Averiguaciones Previas, coordinador de la Policía Ministerial y subprocurador de Investigación Especializada.
Lleva 11 años y cuatro meses al frente de la institución en Guanajuato, primero como procurador y desde febrero del año pasado como titular de la FGE, organismo autónomo.
Cuatro gobernadores, todos del PAN, lo han ratificado en esta función: Juan Manuel Oliva, Héctor López Santillana (interino), Miguel Márquez Márquez y el actual.
Los mandatarios le otorgaron amplias facultades, recursos crecientes para personal, infraestructura física y tecnológica de punta. Aunque su actuación ha sido duramente cuestionada, lo avalaron incondicionalmente. Pero esto es más notorio en los últimos tres años, periodo en el que Guanajuato se ha hundido en una violencia irrefrenable: homicidios, desaparición de personas, robos con violencia, fosas clandestinas…
“Durante mi campaña me comprometí con los ciudadanos a tener como prioridad la seguridad pública y la procuración e impartición de justicia. Tengan la certeza de que vamos a recuperar la paz y la tranquilidad de las familias guanajuatenses”, prometió Rodríguez Vallejo en septiembre de 2018, ya como gobernador electo.
Pero la preocupación –y la clara desaprobación en sectores como el empresarial– cundió cuando Rodríguez Vallejo anunció que ratificaba en sus cargos al procurador de Justicia y al secretario de Seguridad Pública, Carlos Zamarripa y Álvar Cabeza de Vaca Appendini, respectivamente.
Zamarripa era procurador desde febrero de 2009.
En 2012, cuando Márquez ganó las elecciones, cúpulas empresariales del estado le solicitaron expresamente que mantuviera a Zamarripa en el cargo. En los siguientes años se percibió el deterioro de la tranquilidad en el estado. Organizaciones delictivas, como La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, comenzaron a operar en la región sur del estado.
A partir de 2017 fue más claro cómo, ante la expansión territorial de las bandas criminales locales y de otros estados, se hacía humo el discurso de los gobiernos panistas que elogiaban el desempeño de Zamarripa y Cabeza de Vaca para mantener a raya a la criminalidad, en contraste con otras entidades.
Por eso, cuando Rodríguez Vallejo ganó la gubernatura en julio de 2018, diversos sectores le señalaron en público y en privado que era el momento de hacer cambios en ambas dependencias. Las cámaras empresariales que le habían dado un espaldarazo rotundo en 2012 se mostraron preocupadas por su ratificación con el nuevo gobernador.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de León y organizaciones como el Observatorio Ciudadano de León entregaron a Rodríguez Vallejo una lista de peticiones y compromisos que le pidieron asumir. Uno de ellos era buscar opciones distintas para la Procuraduría y la Secretaría de Seguridad Pública.
En su campaña, Rodríguez Vallejo dejó ver indicios de que haría cambios. La incidencia de homicidios aumentaba de manera exponencial, lo mismo que el narcomenudeo, el robo de combustible y los asaltos a trenes. “Daré un golpe de timón en la seguridad”, dijo el entonces candidato.
Tras la elección, en agosto de 2018, el CCE de León le advirtió a Rodríguez Vallejo que el “golpe de timón” debía implicar una estrategia distinta y cambios en las áreas de seguridad, pues los dos titulares no habían conseguido “los resultados deseados en la entidad”: “En cualquier escenario esperamos resultados favorables inmediatos y decrementos mensuales en los delitos, toda vez que no habrá ‘curva de aprendizaje’ ni argumento que justifique la ausencia de resultados”.
Sobre la PGJ, que aún no había transitado a fiscalía, el presidente del CCE de León, José Arturo Sánchez Castellanos, planteó: “Debe abrirse una baraja de opciones, no podemos casarnos con una sola, y menos con una figura que esté ya desgastada”.
En septiembre de 2018, aún durante el gobierno de Márquez, Zamarripa estrenó las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal, que fue presumido como “un referente nacional”. Se trata de dos inmuebles construidos en siete etapas, con un costo de casi 127 millones de pesos. Ahí se encuentran la Academia de Investigación Criminal, las direcciones generales de Tecnologías y de Análisis de Información, la Administración Estratégica de la Agencia, más una serie de aulas y dormitorios e incluso un helipuerto.
Un día antes de asumir la gubernatura, Rodríguez Vallejo anunció que ratificaría a Zamarripa y Cabeza de Vaca en sus cargos.
A pesar de la inconformidad expresa de grupos empresariales, organizaciones civiles y observatorios ciudadanos que impugnaban a Zamarripa ante los elevados índices delictivos, por denuncias de tortura y sospechas de ejecuciones extrajudiciales, el nuevo gobernador lo propuso como único perfil para encabezar la FGE, el nuevo organismo autónomo.
Rodríguez Vallejo desechó la posibilidad de abrir una contienda entre varios aspirantes y en febrero de 2019, con ayuda de la bancada de su partido, mayoría en el Congreso, avaló el pase automático y la ratificación de Zamarripa, ahora como fiscal y por nueve años.
El gobernador destinó cuantiosos recursos estatales a incrementar el presupuesto de la FGE y de la Secretaría de Seguridad en los dos primeros años de su sexenio. En 2019 ambas instancias ejercieron un presupuesto total de 6 mil 99 millones de pesos; para el presente, recibieron más de 7 mil 300 millones de pesos.
No obstante, la violencia no cede (Proceso 2257). Esto lo evidencian cada día las cifras que ofrece en sus conferencias matutinas López Obrador. El viernes 3, fueron asesinadas en México 68 personas, 15 de ellas en Guanajuato.
