Se llama Rodrigo Alcántara Fernández y maneja los recursos financieros del sistema penitenciario federal, que hoy está hecho un caos. Este “discreto funcionario” contrató incluso a cinco directores generales adjuntos y a otros excolaboradores del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna –con quien él también trabajó–, en desacato a las instrucciones presidenciales.
La política de austeridad del gobierno federal y las determinaciones de un mando que fue asesor y administrador de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública federal entre 2007 y 2012 provocaron una crisis administrativa y de seguridad en los penales federales de alta y mediana seguridad, al grado de que existe un riesgo latente de fuga en algunos de ellos.
Según documentos y denuncias obtenidas por Proceso, debido a ese desorden las prisiones federales perdieron en junio pasado los contratos para dar mantenimiento a equipamiento básico de seguridad como el sistema perimetral para la detección de túneles, servicio clave que ya dejó de funcionar en el Cefereso del Altiplano, el principal penal federal del país ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La inoperancia de este sistema que brinda seguridad externa a una instalación penitenciaria puede provocar una nueva fuga de esa cárcel, como la protagonizada por el exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, el 11 de julio de 2015, cuando el sistema para detectar túneles fue inhabilitado con el pretexto de que se activaba sin motivo por las obras de remodelación que se hacían en el penal.
Consultadas sobre este asunto, las autoridades del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) respondieron por escrito que toda la información relacionada con los sistemas de seguridad de las prisiones federales “tiene carácter reservado” derivado de los artículos 51 y 110 de las Leyes de Seguridad Nacional y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente.
Ambas instancias señalan también que todos “los datos que existen (sobre este tema) son considerados como especulación”.
Las denuncias y reportes consultados por Proceso fueron proporcionados por colaboradores de la OADPRS –quienes solicitaron el anonimato por cuestiones de seguridad– a partir de una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con estas denuncias existen carencias graves en la operación y funcionamiento de túneles de rayos X, arcos detectores de objetos en cavidades y cámaras de los circuitos cerrados de videovigilancia.
En el Cefereso del Altiplano, por ejemplo, sólo funcionan 842 de las mil 212 cámaras del sistema de videovigilancia, mientras que los sistemas de captación de audio y video operan a menos de 50% de su capacidad.
De acuerdo con una de las denuncias, el responsable de este caos financiero y de seguridad es el director general de Administración del OADPRS, Rodrigo Alcántara Fernández, encargado de manejar los recursos financieros destinados al sistema penitenciario federal.
Alcántara fue asesor y colaborador de primera línea de Genaro García Luna, cuando éste fue titular de la Secretaría de Seguridad federal.
El vínculo entre Alcántara y García Luna fue documentado por Proceso desde el pasado 5 de mayo, sin que el comisionado de las prisiones federales, José Ángel Ávila Pérez, ni el titular de la SSPC, Alfonso Durazo Montaño, se hayan pronunciado al respecto.
De acuerdo con la denuncia que ya está en proceso de investigación, Ávila ni siquiera aprobó los exámenes de control de confianza para el desempeño de su cargo, ya que resultó “no apto” en las evaluaciones que se le practicaron.
Las piezas de García Luna
El pasado 25 de mayo el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas de la SFP recibió una denuncia sobre la contratación irregular y posfechada de funcionarios en el organismo encargado de administrar y coordinar los penales federales de alta seguridad.
La denuncia, con número de expediente 2020/PRS/DE216, advierte a la dependencia sobre “las prácticas irregulares que se están llevando a cabo en el OADPRS por parte del director general de Administración, Rodrigo Alcántara Fernández”, funcionario que en desacato a las instrucciones presidenciales decidió contratar a cinco directores generales adjuntos y a otros excolaboradores de García Luna.
Al respecto, un enlace de comunicación del OADPRS envió a Proceso una carta en la que se afirma que la contratación de personal y sus procesos administrativos “están sujetos a la ley y a las disposiciones dictadas por las autoridades correspondientes” y que se va a respetar el decreto de austeridad emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La queja, además de denunciar que Alcántara Fernández ha desacatado las instrucciones presidenciales que la Secretaría de Hacienda ratificó a través de un oficio girado en mayo pasado, advierte que esas plazas se encontraban vacantes desde el 1 de diciembre de 2018, ya que el primer comisionado del OADPRS, Francisco Garduño, dejó de utilizar esas plazas sin que se afectara la operación de las prisiones federales. Sin embargo, Alcántara las reactivó, incluso haciendo que se duplicaran funciones y contraviniendo de nuevo la ley, reitera la demanda.
Asimismo indica que las contrataciones se han realizado de manera posfechada; es decir que se extendieron oficios con fechas anteriores a su entrada en vigor con la finalidad de burlar la prohibición de la propia Secretaría de Hacienda de realizar nuevas contrataciones para destinar más recursos económicos a la atención de la pandemia de covid-19.
Para ratificar su denuncia, la parte promovente entregó a la SFP copia del oficio PRS/DGA04482/2020 que el exasesor de García Luna envió a la titular de Recursos Humanos de la SSPC, Elba Matilde Loyola, con el asunto “contratación de personal”.
En el documento, el titular de Administración de los penales federales solicita que se autoricen los contratos de Marco Antonio Morales Ramos, Alejandro Andrade Olivares, Gustavo Enrique Flores Ramírez, José Luis Aponte Barrueco y Raymundo Huerta Beltrán como directores generales adjuntos con categorías L31 adscritos a la Unidad de Prevención y Readaptación Social.
Cada una de estas direcciones adjuntas, de acuerdo con el tabulador del gobierno federal, tiene un salario bruto de 79 mil 948 pesos mensuales, muy por encima de los 58 mil 35 pesos que ganan las direcciones de área que sustituyeron a esas plazas.
“En alcance a nuestro correo anterior, insistimos sean revisados los movimientos de personal que se realizaron con fecha 15 de abril del año en curso, toda vez que se cambiaron plazas de manera ilegal, sin cumplir con los procesos adecuados administrativos y de contratación, algunas “promociones” y de nuevo ingreso de personas, que se presentaron por primera vez a su lugar de trabajo casi un mes después de encontrarse dados de alta en la nómina de esta institución”, enfatiza el documento.
Y sobre Alcántara Fernández advierte: “No es posible que este nuevo gobierno solape las actuaciones indolentes de este director general de Administración, ya que se tiene conocimiento de que su nombramiento no cuenta con el visto bueno del secretario de Seguridad Pública y más cuando no cuenta con resultado APTO en los exámenes de control de confianza, tal y como se desprende de las indicaciones contenidas en las circulares SSPC/104/2020 y SSPC/098/2020”.
Por último, la queja revela que los funcionarios contratados de forma irregular deben ocultar su nivel en el tabulador del OADPRS, con el fin de evitar que sean detectados como directores generales adjuntos:
“Por eso es necesario que se investiguen los nombramientos que realizó, ya que nos tratan de engañar pidiendo que sus directores generales adjuntos no firmen como tales, para que no se dé cuenta el personal, pero es conocido que el nombramiento que se les otorgó fue el de las plazas que con motivo de la austeridad republicana se habían quitado.”
Red de corrupción
Con el aval del actual comisionado del OADPRS, José Ángel Ávila Pérez, la Dirección General de Administración bajo el mando de Alcántara Fernández también ha desprotegido a los responsables de penales federales de máxima y mediana seguridad en el país.
De acuerdo con las denuncias, los encargados de penales federales tienen derecho a una plaza especializada que les otorga algunos beneficios, como el servicio de escoltas, bonos de riesgo y camionetas blindadas para garantizar su protección personal.
La plaza denominada “director administrativo PRS” se identifica con la clave CF76001 dentro del OADPRS y se trata de un cargo operativo de alto riesgo.
Sin embargo, entre cinco y ocho de esas plazas especializadas fueron asignadas a directores de área que laboran en la sede central del organismo, mientras que los titulares de los centros penitenciarios ocupan plazas que corresponden a direcciones de área de tipo administrativo.
Además de la diferencia salarial, que es menor en 21 mil pesos mensuales, los beneficios de las plazas de riesgo se transfieren a los directores administrativos que dependen directamente de Ávila Pérez y Alcántara, poniendo en riesgo a los titulares de los penales federales.
Sobre el cambio de plazas, el organismo encargado de las prisiones federales respondió que “el OADPRS está en un proceso de regularización de toda su estructura y plantilla para que a cada uno de los servidores públicos le corresponda la plaza que el catálogo de puestos define para la función que realiza”.
Si bien no hay una denuncia directa de los afectados, está el antecedente de que Alberto Corona Baltazar, encargado provisional del penal federal de Puente Grande, Jalisco, perdió la vida el pasado 4 de junio en un atentado cuando se dirigía a su casa, debido a que no contaba con escoltas ni tenía auto blindado.
Además del riesgo que enfrentan en su seguridad personal, los responsables de los penales federales se enfrentan a las carencias de los sistemas de seguridad que viven los centros penitenciarios, debido a la falta de mantenimiento de servicios básicos, entre ellos la inoperancia de los sensores de túneles y las deficiencias en las cámaras de videovigilancia.
Todo ello mientras las amenazas contra servidores públicos de todos los niveles se han incrementado, como lo demuestra el atentado reciente contra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que costó la vida a dos de sus escoltas y a una civil.
García Harfuch también ha sido señalado por haber colaborado con Genaro García Luna y es una de las críticas constantes a su labor profesional.
En contraste, Alcántara Fernández, administrador de los penales federales, desempeña su trabajo sin problemas pues no está expuesto a los riesgos que enfrentan los funcionarios operativos y lo ampara la amnesia de sus jefes, quienes desconocen o solapan sus viejos vínculos con García Luna.
