El esquema de defraudación fiscal mediante la compra de facturas falsas provocó omisiones en el pago de impuestos por miles de millones de pesos. Las investigaciones de los órganos internos de control y del Servicio de Administración Tributaria revelaron una extensa red de empresas y personas físicas, pero también de entidades públicas, que recurrieron a las llamadas “factureras”. A decir del procurador fiscal, Carlos Romero, si se elimina este sistema “estaremos acabando con buena parte de la corrupción que tiene este país”.
En el gobierno de Enrique Peña Nieto el desvío de recursos del sector público a través de fraudes como la Estafa Maestra logró consolidarse gracias a la operación de empresas factureras, a las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) atribuye omisiones superiores a 500 mil millones de pesos en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
“Todas las empresas factureras en algún momento tuvieron ingresos que venían de recursos públicos, dinero que viene de corrupción, de moches. Si se acaba con el esquema de factureras estaremos acabando con buena parte de la corrupción que tiene este país”, asegura en entrevista el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero.
Las investigaciones del SAT, que presentó el pasado 25 de junio su titular, Raquel Buenrostro, buscan recuperar recursos para hacer frente a la caída en los ingresos tributarios durante los próximos meses.
Desde mayo dichos ingresos federales acusan recibo de la crisis económica provocada por la pandemia. En tanto que los provenientes del petróleo presentan en términos anualizados y al quinto mes de 2020 una caída de 65.3%, los tributarios retrocedieron 14.6%, mientras el IVA se desplomó 36.5% y el ISR apenas logró crecer 2%, porque muchas empresas pospusieron el pago de impuestos para cumplir con sus nóminas o sostener su negocio.
Por ello, luego de alcanzar acuerdos con grandes contribuyentes para cobrar impuestos por hasta 50 mil millones de pesos, el SAT busca ahora el pago de impuestos que se desviaron por el uso de facturas de compañías fantasma que cobraban comisiones hasta de 3% de las tributaciones y compensaciones.
Desde mayo de 2019 el SAT dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación la lista global de presunción de al menos 100 contribuyentes que, sin contar con activos comprobables, actividades legítimas o domicilios reales para su operación, emitieron cientos de miles de facturas para justificar servicios o compra de bienes que no existieron. Esto contraviene el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
“Se detectó que los contribuyentes emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes”, explicó el SAT en el aviso publicado en el Diario Oficial.
También informó que 57 empresas lograron acreditar sus actividades o solicitaron acuerdos para regularizar su situación. Se pactó, según la Procuraduría Fiscal de la Federación, un plazo de tres meses para que paguen los adeudos generados por la compra de facturas falsas. En el SAT se espera que en junio y julio se presente el registro de ingresos por IVA e ISR que resulta de los acuerdos con contribuyentes que no quieran enfrentar sanciones penales.
Así, la lista de empresas irregulares quedó formada por 43 factureras a las cuales se les atribuyen operaciones simuladas por 93 mil millones de pesos, con responsabilidad tributaria por 24 mil 583 millones de ISR y al menos 11 mil 396 millones de IVA.
La Procuraduría Fiscal de la Federación presentó denuncias por defraudación luego de que el SAT analizara más de 22 millones de facturas. Después de cruzar la información, la autoridad tributaria vinculó con operaciones irregulares a 8 mil 212 compañías y personas relacionadas porque compartieron otros servicios, como el régimen de ingresos asimilados a salarios, representantes legales o accionistas.
Se trata, sin embargo, de compañías fantasma cuyos domicilios fueron desmantelados y por eso se complica su ubicación. Ahora el SAT se concentra en buscar a los contribuyentes que compraron esas facturas para que regularicen su situación fiscal correspondiente a los ejercicios de 2018 y 2019.
Entre las empresas factureras detectadas destacan las asentadas en regiones petroleras como Campeche, Tabasco y Veracruz.
Aunque fue durante la gestión de Margarita Ríos-Farjat cuando se aceleró la identificación de estas empresas, al llegar Raquel Buenrostro al SAT se identificó el potencial de recuperación de estos recursos, por lo que se giraron oficios de presunción de inocencia individuales. De esa forma las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente 15 días hábiles para aportar pruebas de su inocencia. Sin embargo, al menos 50% no pudo entregar esas evidencias.
La comisión que cobraban estas factureras era de al menos 3% del monto que se lograba evadir a partir de documentos fiscales de empresas apócrifas. Información del SAT revela que el negocio de la facturación falsa también derivó en el crecimiento de empresas de subcontratación de personal que ofrecían agresivos esquemas para reducir el costo de la nómina en las empresas: todo en paquete. Además se encontró que al menos 244 personas físicas recibían salarios asimilados a través de los esquemas proporcionados por al menos dos factureras.
Sin embargo, fueron las contrataciones en gobiernos estatales y entidades del sector público las que más utilizaron estos esquemas irregulares, a fin de disminuir las responsabilidades tributarias y los costos de la contratación de personal vinculado con el cumplimiento de contratos.
El procurador fiscal Carlos Romero asegura que el esquema de la Estafa Maestra es, en realidad, un esquema de factureros, pues se presentaron comprobantes de compañías cuya actividad comercial no era posible documentar.
Títulos y facturas falsas en Pemex
En el caso de Pemex, los contratos con universidades, mediante los cuales se otorgaba “asesoría” a Pemex Exploración y Producción (PEP), fueron auditados por el Órgano Interno de Control (OIC) debido a que los títulos académicos del personal de las compañías adjudicadas exhibían inconsistencias. En efecto, eran falsificados, de acuerdo con una fuente que participó en esas investigaciones.
Esas revisiones, según el exfuncionario del OIC consultado, permitieron ubicar las irregularidades en los contratos de Oceanografía, cuando se descubrió que estaban vencidas las fianzas que la empresa debía exhibir para seguir otorgando servicios de buques petroleros, y que, sin embargo, no se generaron apercibimientos o sanciones.
Pemex contaba con un sistema alfanumérico que le permitía detectar si alguno de sus proveedores usaba facturas duplicadas. El problema es que el OIC de PEP detectó que en el SAT no tenían el mismo nivel de control y, como autoridad, no tenían un candado para evitar que las factureras utilizaran sus registros fiscales para respaldar servicios inexistentes.
Por eso el OIC revisaba rubros específicos como el de viáticos, donde se presentaban facturas susceptibles de falsificarse. Los auditores del OIC confirmaron, por ejemplo, que algunas de las empresas que emitían facturas no existían en los domicilios que reportaban. Al visitar éstos, los auditores encontraron, por ejemplo, talleres mecánicos o terrenos abandonados.
Sin embargo, a decir de la fuente que participó en las investigaciones del OIC, los auditores internos de Pemex no tenían facultades para pronunciarse sobre la autenticidad de los documentos. Si acaso, rechazaban las facturas y solicitaban nuevos comprobantes, además de reportar la información al SAT.
Entre 2013 y 2016, el equipo del OIC de PEP logró, con este tipo de compulsas aleatorias y auditorías internas, recuperar más de 4 mil 500 millones de pesos, que los proveedores y contratistas de la principal unidad de negocios de Pemex tuvieron que reintegrarle a la petrolera. El OIC tenía además una lista de 16 compañías proveedoras de PEP que también debían ser investigadas.
El procurador fiscal asegura que junto con el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera se indaga la participación de compañías factureras en esquemas como la Estafa Maestra, que aprovechó un hueco en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas: ésta permite la adjudicación directa entre entidades públicas, las cuales podían subcontratar a proveedores que presentaban facturas para justificar sus operaciones.
Romero plantea que si bien la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública tienen la facultad de revisar la cuenta pública y todas las operaciones del gobierno federal, el Congreso debe analizar si es pertinente modificar el correspondiente artículo de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.
Por ahora, el combate a las factureras tiene como antecedente la eliminación de la compensación universal, uno de los esquemas que más usaban las grandes empresas, porque permitía pagar un crédito fiscal con un saldo a favor que se tenga en otro impuesto (por ejemplo, pagar el ISR en contra del IVA).
También se eliminaron las condonaciones de impuestos y se impulsó la reforma para equiparar la defraudación fiscal con la delincuencia organizada.
Hasta ahora la Procuraduría Fiscal de la Federación ha presentado siete querellas, por las que se integraron las respectivas carpetas de investigación. Sin embargo, en el caso del delito de lavado de dinero y delincuencia organizada las denuncias son más de 43, dado que la citada reforma permitió consolidar la defraudación fiscal como un delito equiparable al de la delincuencia organizada.
“La idea es llegar a la cabeza de los grupos factureros y, por otro lado, vamos a ir contra los que compraron facturas o recibieron dinero por asimilados a salarios”, expone el funcionario.
Y agrega: “Vamos a pensar que todos son contribuyentes que actuaban de buena fe, por eso se les está dando un plazo de tres meses para que regularicen su situación fiscal. Si en ese plazo no se regularizan, meteremos las querellas respectivas, porque se configura un pacto criminal. Si no te regularizas, entonces quiere decir que sí te pusiste de acuerdo con quien te vendió la factura para no pagar impuestos, y con eso vamos a tratar de acreditar también que hay delitos de delincuencia organizada por el acto criminal que hay entre el vendedor y comprador de la factura”.
