En los últimos meses Guanajuato ha sufrido dos fenómenos que diezman a su población: la violencia que causan los grupos criminales y la epidemia del covid-19. Y aun cuando diversos grupos sociales, académicos, activistas, así como las familias de los afectados reclaman justicia y apoyo al gobernador, él guarda silencio. Y este no hacer es aprovechado por las bandas delincuenciales para hostilizar a la población, sobre todo a los policías preventivos, los que más muertos han tenido.
GUANAJUATO.- En estos días hay dos formas de contar la muerte en la entidad: la de quienes fallecen a causa de covid-19 y la de las víctimas de la violencia cotidiana protagonizada por los grupos delictivos, que sin miramientos ajustan cuentas a sus rivales y arrasan con todo: familias, niños que juegan en la calle, ancianos sentados a la puerta de su casa, cortejos fúnebres, policías…
Los guanajuatenses han vivido las semanas de emergencia sanitaria inmersos en una doble letalidad: la de la violencia criminal y la del virus, que se entrecruzan en una espiral creciente, según constatan las estadísticas y reportes oficiales.
El viernes 12, el periódico local Correo publicó una nota con una cabeza incisiva: “Histórico: mueren más por covid que a balazos”, que decía: “Por primera vez en la historia reciente de Guanajuato, una enfermedad causó la muerte de más personas en comparación con las víctimas que dejan las disputas entre grupos criminales. Desde que la entidad ocupa el primer lugar nacional en el rubro de asesinatos, no se habían reportado más decesos a causa de una enfermedad en un día, hasta ayer que el coronavirus superó los 16 homicidios reportados en el estado”.
Ese día, el jueves 11, la Secretaría de Salud informó sobre el deceso de 27 guanajuatenses por covid-19.
Y aunque ambas pandemias, la del coronavirus y la de la violencia criminal, son una preocupación constante aquí, la última sigue siendo con mucho la más grave hasta ahora, según las estadísticas.
Hasta el jueves 18, por ejemplo, habían muerto 353 personas a causa del covid-19 –aun cuando la entidad no ha llegado al pico de contagios, según la Secretaría de Salud estatal–, mientras los recuentos periodísticos dan cuenta de casi 2 mil 100 homicidios.
Esta situación ha provocado marchas estudiantiles y de colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como una andanada de quejas en redes sociales para reclamar justicia al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del PAN. Hasta ahora el mandatario no ha tocado el tema.
Los silencios del gobernador
En sus videos, tuis, foros virtuales con empresarios y cámaras industriales, transmisiones de actos cerrados –como la presentación del programa estatal de reactivación en el Teatro Bicentenario o la inauguración en León del hospital móvil para atender a enfermos de covid-19–, Rodríguez Vallejo no ha dicho nada.
Tampoco lo ha hecho en sus encuentros de las últimas semanas con los gobernadores panistas, los del centro-occidente o los del noreste-Pacífico, todos ellos agrupados en el bloque opositor.
En el más reciente, celebrado en Dolores Hidalgo el sábado 13 y el domingo 14, del que incluso fue anfitrión, Rodríguez Vallejo se sumó presto al posicionamiento de la alianza de gobernadores de Acción Nacional, denominada “Acuerdo en defensa de la libertad”, en el que, entre otras cosas, sus integrantes declararon: “Sí hay de otra” frente al gobierno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador:
“Sabemos lo que hay que hacer para que su hogar sea próspero y su familia viva sana y sin miedo (sic). Los gobernadores de Acción Nacional lo probamos día a día en nuestros estados y hoy ofrecemos una ruta de cambio para mejorar y dar paso a un país unido, próspero y triunfador.”
Ese fin de semana, mientras Rodríguez Vallejo atendía a sus invitados, en el extremo suroeste del estado hubo tiroteos y persecuciones de vehículos civiles. El sábado 13 fue asesinada una joven en Moroleón; al día siguiente hubo cuatro homicidios más en Uriangato, tres de ellos en una cancha de futbol.
Pese a ello, la agenda política del gobernador no se alteró y él terminó el encuentro con sus pares y correligionarios sin contratiempos; el domingo 14 por la tarde todos dejaron Dolores Hidalgo.
No pasaron dos días cuando los criminales hicieron un “despliegue táctico” en varias colonias de esa localidad y atacaron una vulcanizadora y dos domicilios. El saldo fue de seis muertos y dos heridos. El evento sin precedente dejó atemorizados a los habitantes de Dolores Hidalgo.
Hoy el miedo se expande por el territorio estatal tan veloz como la rivalidad entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y el de Santa Rosa de Lima, cuyos integrantes pactan con bandas locales y buscan alianzas con otros grupos antagónicos en el país.
Este es el principal desafío en materia de seguridad identificado por el propio presidente López Obrador; también es el fracaso más rotundo de ambas instancias (federal y estatal) en Guanajuato.
Ninguno atina a mitigar el daño a los deudos de los asesinados; de los desaparecidos y sus familiares que los buscan en las fosas clandestinas, ya inocultables; a los estudiantes cuyos futuros se truncaron; a los bebés huérfanos a causa de las balaceras.
La tarde del jueves 18 circuló en WhatsApp la fotografía de un niño no mayor de cinco años en la que aparece recargado en el respaldo de una camioneta. Tiene los ojos entrecerrados y su camisa roja está desabotonada, abierta. En medio del pecho se ve la huella de la bala que lo hirió. Murió metros antes de llegar al hospital.
Horas después, en Celaya, otra pequeña de dos años quedó en el piso junto a cuatro adultos, todos abatidos dentro de una casa.
Policías, los más golpeados
Las medidas de confinamiento, cierre de empresas, negocios y actividades públicas no han merecido atención alguna de la delincuencia en el estado; por el contrario, las han aprovechado para seguir desafiando a las autoridades.
En el comparativo de la tasa y el número de asesinatos cometidos en el primer cuatrimestre de 2019 y el lapso correspondiente a este año, hubo un claro repunte de este delito.
En 2019 Guanajuato presentó una tasa de homicidios dolosos de 59.4 por cada 100 mil habitantes, por la que ocupaba el cuarto lugar en los 32 estados, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), después de Colima, Baja California y Chihuahua.
En el primer cuatrimestre de 2020 subió al segundo lugar, al crecer la tasa de asesinatos a 74.5. Colima se mantuvo en el primero con una tasa de 100.8.
No obstante, en el índice por total de asesinatos Guanajuato no ha podido descender del primer sitio. En el Estado de México, el más habitado del país, mil 20 personas fueron asesinadas de enero a abril de este año, mientras que en Guanajuato la cifra llegó a mil 542, un crecimiento superior a 50% respecto al periodo correspondiente al año pasado, de acuerdo con el SESNSP.
En la misma comparación entre el primer cuatrimestre de 2019 y el de 2020, los homicidios crecieron 24%, lo que se traduce en 300 asesinatos en Guanajuato.
En su análisis de la incidencia delictiva del primer cuatrimestre de 2020, la organización civil Causa en Común hace notar la elevación de otros delitos de alto impacto en la entidad entre enero y abril –robos, feminicidios, secuestros, robo de autos con violencia, extorsión–, pese a la pandemia.
Causa en Común alerta también sobre los homicidios culposos, que han sido analizados por otras organizaciones desde la academia, como México Social, encabezado por Mario Luis Fuentes.
“Algunos estados presentaron caídas importantes en el número de homicidios intencionales registrados entre el primer cuatrimestre de 2019 y el primer cuatrimestre de 2020 –dice el análisis de Causa en Común–, pero un aumento importante en el número de homicidios culposos (no intencionales) registrados. Existe, por tanto, la posibilidad de que se reclasifiquen algunos asesinatos como homicidios culposos.”
Son los casos de Jalisco, Sinaloa y Guanajuato.
“Guanajuato presentó un aumento de 41% en el número de homicidios culposos registrados (286 más) y sólo un aumento de 24% en el número de muertes violentas registradas (300 más) entre el primer cuatrimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020. Pasó de registrar 703 homicidios culposos a 989 y de reportar mil 242 asesinatos a mil 542”, según el reporte de la organización.
De la catástrofe que significan estos números emerge otra expresión de las batallas criminales que se arrebatan las regiones del estado: los asesinatos de policías, principalmente municipales. Una vez más destaca Celaya.
David Blanc Murguía, investigador de Causa en Común, dice a Proceso que los uniformados asesinados en todo el país representan una de las tasas más altas por segmento de población. Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de este año, mil 124 policías han perdido la vida de forma violenta en todo el país.
Y Guanajuato, como ocurre con la incidencia de homicidios, encabeza por tercer año consecutivo este índice.
“Los incrementos son realmente preocupantes. Han sido asesinados 45 policías en lo que va del año en Guanajuato; el año pasado fueron 73. Es decir, no hemos llegado a mediados de año y llevamos más de la mitad”, dice el investigador. En el mismo lapso de 2019, en el estado fueron asesinados 17 agentes.
Para Blanc Munguía, el mensaje mandado por la delincuencia es claro: el asesinato de policías en enfrentamientos, patrullajes o incluso en sus días francos se debe a la falta de un modelo policial en los tres niveles de gobierno.
“Las fiscalías tendrían que estar aclarando estos homicidios, determinando estos patrones delictivos. Pero no hemos visto que ninguna autoridad de ningún nivel salga a rendir cuentas sobre el asesinato de algún policía. En cambio, encontramos trabas para la indemnización a las familias, el pago de la pensión a viudas, la estigmatización.”
Porque cuando las policías incurren en abusos, como los recientemente ocurridos en Jalisco y Oaxaca, todos los repudiamos, “pero cuando hay que meterle dinero para profesionalizarlas, para pagarles mejor y equiparlas, nadie se acuerda. La hipocresía en las instituciones de seguridad pública es una constante”, dice el investigador de Causa en Común.
En esos contextos, los homicidios violentos de policías en ciudades como Celaya han crecido de manera exponencial, insiste el entrevistado. Y agrega: “Es evidente que se trata de un ataque directo a la Policía Municipal”.
Cuatro policías celayenses murieron entre enero y mediados de junio de 2018; en el mismo lapso de 2019 cayeron dos, en este 2020 se contabilizan ya 16.
