Para muchos integrantes del Poder Judicial, el atentado que cobró la vida del juez Uriel Villegas, en sí mismo atroz, implica también una advertencia para todos los impartidores de justicia. En particular éstos se sienten vulnerables porque se han suspendido algunos mecanismos de protección que existían en administraciones anteriores a la del ministro Arturo Zaldívar en el Consejo de la Judicatura.
El asesinato del juez de control Uriel Villegas Ortiz encendió las alarmas de los impartidores de justicia a escala federal, algunos de los cuales lamentan que exista un distanciamiento entre la cabeza del Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro Arturo Zaldívar, con sus principales activos: jueces y magistrados.
De acuerdo con fuentes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el homicidio del juez Villegas Ortiz y de su esposa, Verónica Barajas, perpetrado frente a su domicilio en la capital de Colima, también ha propiciado que se cuestione la decisión de relajar la seguridad que se brinda a titulares de juzgados y tribunales federales, una prioridad en administraciones pasadas.
Proceso buscó al consejero Jorge Antonio Cruz Ramos, quien preside la Comisión de Vigilancia del CJF, para preguntar sobre los señalamientos de jueces y magistrados. Sin embargo, la posición de la Judicatura es que ya se había emitido un comunicado sobre la seguridad de los impartidores de justicia, aunque esa postura fue para responder a un señalamiento del diario Reforma en el sentido de que sólo 14% de los juzgadores federales tienen acceso a servicio de protección
personal.
El doble crimen, cometido el pasado martes 16, impactó de tal forma al aparato judicial que al menos tres organizaciones en las que participan jueces y magistrados federales resolvieron emitir pronunciamientos para condenar el atentado y solicitar mayor seguridad para sus agremiados, de forma totalmente independiente y al margen del ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
La molestia y desazón de los impartidores de justicia no es para menos: el de Villegas es el tercer asesinato de un juez federal de 2006 a la fecha.
El 17 de agosto 2006 fue asesinado en Toluca el juez René Hilario Nieto Contreras, encargado de uno de seis juzgados de Procesos Penales Federales adscritos al penal federal de máxima seguridad La Palma, hoy del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Aunque el impartidor de justicia era el responsable de procesos penales contra integrantes del cártel de los Arellano Félix y del Cártel de Juárez, las indagatorias del caso apuntaron hacia el líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas, por haberle negado el derecho a la visita conyugal. A la fecha, este homicidio sigue sin castigo.
En 2016 fue asesinado otro juez asignado a Toluca: Vicente Antonio Bermúdez, responsable de dictaminar varios juicios de amparo promovidos por líderes de la delincuencia organizada, entre ellos Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40.
No obstante, las investigaciones en el caso del juez Bermúdez llevaron a la detención de su esposa por la presunta autoría intelectual del crimen, por lo que la entonces Procuraduría General de la República y el CJF descartaron la participación del crimen organizado.
En el caso del juez Villegas Ortiz son públicos los expedientes que vinculan su labor jurisdiccional en un juzgado federal de Guadalajara con la resolución de diversas causas penales contra tres cabecillas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG): Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho; su esposa Rosalina González Valencia; y el hijo de ambos, Rubén Oseguera González, El Menchito.
Hasta el momento las principales líneas de investigación apuntan a un acto de intimidación por parte de grupos delictivos, en particular del CJNG, que tiene en Colima uno de sus bastiones, por la cercanía y comunicación entre ambas entidades.
El Poder Judicial cierra filas
Mediante un video difundido en sus redes sociales, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación condenó el “cobarde asesinato” del juez de control y solicitó al CJF –organismo rector de los impartidores de justicia a nivel federal– revisar los protocolos de seguridad que se brindan a los responsables de juzgados y tribunales federales.
“Pedimos revisar los protocolos de seguridad para las y los juzgadores federales, para que, con sensibilidad y atendiendo al clima que impera de inseguridad pública y de crimen organizado en nuestro país, se les den las garantías judiciales necesarias para poder llevar a cabo su importantísima labor de administrar la justicia federal”, afirmó el director nacional de la asociación, el magistrado Ariel Alberto Rojas.
Rojas Caballero, adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en Guanajuato, también exigió a la Fiscalía General de la República (FGR), que ya atrajo la investigación del caso, “el pronto esclarecimiento de los hechos y que los responsables sean puestos a disposición de la justicia cuanto antes”.
De manera más discreta, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en la que participa el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, en un comunicado “repudia cualquier acto de intimidación en contra de personas que imparten justicia. Urge el esclarecimiento del asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas; exigimos la detención, enjuiciamiento y sanción de los responsables”.
A su vez la Asociación Mexicana de Juzgadoras, presidida por la magistrada Julia María del Carmen García González, también condenó los actos de violencia y demandó a las autoridades competentes “que garanticen la seguridad de los juzgadores de todo nivel en el cumplimiento de la impartición de justicia… Exigimos que se realice una investigación que esclarezca este atroz hecho, que no sólo daña a nuestra institución, sino a toda la sociedad”.
Pese a las quejas de impartidores de justicia por una supuesta lejanía institucional, al enterarse del doble crimen el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, Arturo Zaldívar, interrumpió la sesión del pleno para mostrar su indignación por este hecho, además de calificar el homicidio de Villegas como un “crimen de Estado”.
El ministro advirtió que no encontrar y no castigar a los autores del crimen equivaldría a una derrota del Estado mexicano frente a los grupos delictivos.
Más tarde el CJF emitió un comunicado oficial en el que reprobó el asesinato y advirtió que el PJF no se dejará intimidar por este tipo de acciones: “La actividad jurisdiccional seguirá adelante y no nos detendremos, menos con actos intimidatorios, a efecto de cumplir la misión que nos ha encomendado la Constitución y la cual hemos jurado para defender los derechos de todas las personas”.
Seguridad en entredicho
Entre los impartidores de justicia hay molestia por la decisión del Pleno de la Judicatura de relajar las medidas de seguridad que anteriores presidentes de la SCJN brindaban a jueces y magistrados federales.
Pese a que el CJF señaló que Villegas Ortiz renunció de manera voluntaria a su escolta –lo que respalda un documento que firmó de puño y letra el fallecido–, fuentes cercanas al PJF indican que no estaba conforme con su asignación al Centro de Justicia Penal Federal de Colima, debido a su cercanía con Jalisco.
Las mismas fuentes indican que, al menos en este caso, no se realizó un dictamen de riesgo en materia de seguridad por parte de la Comisión de Vigilancia del Pleno de la Judicatura, mecanismo que se utilizó en otras administraciones para evaluar el nivel de riesgo a que cada juez y magistrado en materia penal se encuentra expuesto.
El objetivo de dichos dictámenes, realizados con apoyo de especialistas de las Fuerzas Armadas, era evitar que un juez o magistrado renunciara al servicio de escoltas de manera unilateral y personal, evaluando las amenazas y el clima de violencia de cada entidad.
La seguridad de los jueces es un asunto de Estado; si es necesario, se les debe imponer: no se trata de que jueguen al valiente y que te maten, porque se pone en riesgo la aplicación del estado de derecho, señalaron dos fuentes.
Una vez que el dictamen estaba listo y se concluía que existían riesgos reales de un atentado, éste se le mostraba a cada impartidor de justicia para convencerlo de que mantuviera su protección personal, pese a la incomodidad que esto puede provocar en su vida privada. La mayoría terminaba cediendo.
Sobre este punto, el comunicado que el CJF publicó el pasado viernes afirma que las medidas de protección cautelar se le otorgan a cualquier impartidor de justicia que lo solicite de buena fe, para posteriormente determinar hacer una revisión integral del caso.
Sin embargo no se menciona que el análisis de riesgo se les practique a quienes deciden renunciar al servicio de escoltas.
De acuerdo con magistrados y jueces en funciones, entidades como Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa y el Estado de México se consideran zonas de alto riesgo, debido a que se han presentado amenazas, secuestros y homicidios de operadores de justicia. Colima se sumó a la lista tras el asesinato de Villegas.
En Jalisco se han enviado coronas fúnebres y cabezas de animales a domicilios de jueces y magistrados federales, por lo que en este momento se considera como el circuito de mayor peligro para la actividad jurisdiccional.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, señala una fuente, las presiones venían de ambos lados, no sólo de grupos delictivos, por lo que incluso se registró un cateo ilegal por parte de efectivos de la Armada de México a la casa de un juez federal.
Además, en Tamaulipas fue “levantado” un secretario de acuerdos en funciones de juez para tratar de obligarlo a que dictara un auto de libertad a favor de un presunto delincuente. Tras solicitar el apoyo del Ejército, el funcionario judicial resolvió conforme a derecho y poco después fue trasladado a otra entidad para preservar su integridad.
Tras el crimen del martes 16 en Colima, otros operadores de jueces y magistrados federales en materia penal esperan que el CJF vuelva a darle prioridad a la seguridad de sus integrantes y que puedan conservar tanto escoltas como camionetas blindadas cuando son reasignados a otros circuitos judiciales, ya que suelen mudarse con todo y riesgo.
Historia de un juez
Nacido en 1977 en Ciudad Juárez, Chihuahua, Uriel Villegas Ortiz se había incorporado el 1 de febrero de este año como juez de distrito especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Colima, en sustitución de la juez Lorena Josefina Pérez Romo, quien fue designada magistrada en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México.
Durante los primeros meses Villegas vivió solo en Colima y en mayo se llevó de Guadalajara a su esposa, Verónica Barajas Guerra, y a sus hijas de cuatro y siete años, con quienes se instaló en la calle León Felipe 346 de la colonia Real Vista Hermosa, en el norte de la ciudad de Colima.
Tras una carrera judicial de varios años en Sonora, Guanajuato y Jalisco, en marzo de 2017 fue nombrado juez de distrito en esta última entidad, donde se desempeñó como titular de los juzgados Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales y Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal.
A principios de 2020 fue transferido al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Colima. Pese a que no objetó la readscripción, tampoco estaba satisfecho con la cercanía con Jalisco.
Abogados que lo conocieron coinciden en que se le consideraba recto y honesto. Era muy reservado en sus asuntos personales y socializaba con un grupo muy reducido. Durante la actual contingencia realizaba una parte del trabajo desde casa y acudía a las instalaciones del PJF para presidir las audiencias en las que fungía como juez de control y a otras actividades que requerían de su presencia.
Una versión manejada por fuentes cercanas al PJF señala que los asesinos llegaron al domicilio de Villegas fingiendo interés en adquirir una camioneta negra Tiguan, de Volkswagen, que el juez tenía en venta.
El vehículo, con placas JRJ-20-90 de Jalisco, permanecía estacionado afuera de la casa. Después del atentado, en el que participaron cuatro o cinco pistoleros, la camioneta fue asegurada y trasladada en una grúa por disposición de la FGR.
El crimen ha provocado cuestionamientos internos en el PJF: antes, los titulares de juzgados y tribunales federales tenían línea abierta las 24 horas con el CJF para denunciar intimidaciones; hoy –afirman– no les contestan de inmediato. En tanto, los mensajes del crimen organizado siguen llegando a las puertas de sus casas o a sus lugares de trabajo. La muerte de Villegas fue una advertencia muy clara: por ahora no están bien protegidos.
