En opinión de analistas, el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz, el martes 16 en Colima, forma parte del aumento de la violencia criminal en México. Pese a la gravedad del problema, indican, no se ve una estrategia federal ni una decisión del presidente López Obrador de combatir a fondo al crimen organizado, sino, por el contrario, una actitud conciliatoria.
El imparable incremento de la violencia se debe a la debilidad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a los grupos de la delincuencia organizada, pues optó por verlos y tratarlos como víctimas, en lugar de aplicar la ley y confrontarlos, coinciden analistas en seguridad.
A ello, señalan, se suma que la Guardia Nacional, el principal instrumento de seguridad del Estado, no ha sido preparada para salvaguardar a la población de este tipo de criminales.
Recuerdan que, aunque sin éxito, es la primera vez que un presidente gira instrucciones a cuatro secretarios de Estado para que intercedan ante el gobierno de Estados Unidos por la familia de un narcotraficante, como es el caso de Joaquín Guzmán Loera, condenado a cadena perpetua, para que ese país le otorgue a la madre y a sus dos hermanas una visa “humanitaria” para visitarlo en la cárcel. Integrantes de otros cárteles no han recibido el mismo trato, coinciden analistas en seguridad.
Antes de ser entregado al gobierno de Estados Unidos, Rubén Oseguera González, El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), también envió una carta al presidente; le dijo que en México ha sido absuelto en todos sus procesos, que se violaron sus derechos humanos y que las autoridades “le han hecho la vida imposible a él y a su familia”. Y le pedía su intervención para evitar ser
extraditado.
El 11 de diciembre de 2019 el portal web de este semanario publicó la carta de dos cuartillas, escrita de su puño y letra, y que en exclusiva entregó a Proceso el abogado Víctor Beltrán García:
“Estoy de acuerdo con el cambio de la 4 transformación, es una responsabilidad muy grande la que usted asumió señor presidente –Andrés Manuel López Obrador–, pero estoy seguro que saldrá adelante porque usted tiene la capacidad necesaria para llevar a cabo esta transformación cuente con mi apoyo”, se lee. No tuvo respuesta.
En cambio, Consuelo Loera, madre de El Chapo, el 29 de marzo, en la visita que realizó el mandatario a Badiraguato, la tierra del narcotraficante, le informó: “Estamos en contacto directo con quienes usted designó, los secretarios de Segob, SRE, SHCP y FGR, para la repatriación de mi querido hijo a donde debe de estar, una cárcel de México (…). Desgraciadamente las gestiones de su gobierno para que se me otorgara visa humanitaria me fue negada”.
Eduardo Guerrero, analista en seguridad, habla sobre la lectura del asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa, Verónica Barajas, en Colima, el pasado martes 16, calificado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, como “crimen de Estado”:
“Sé que estuvo involucrado en el juicio del Z40 y de El Menchito, a quien le impidió ser movido de penal. Sería superficial mi lectura, pero por la manera en que los mataron, está vinculado con el crimen organizado esto es muy claro y es una advertencia a los otros jueces, sobre qué les puede pasar si sus fallos no se alinean a los deseos de estos personajes. Es lamentable que le hayan retirado los guardaespaldas.”
Considera que éste es también un mensaje para las autoridades de que es muy importante blindar a los jueces que llevan este tipo de casos, a los alcaldes que gobiernan municipios en que la presencia del crimen organizado es notoria, de lo contrario se alinearán con los capos porque no les queda de otra.
En su opinión, el presidente tiene mucha gente en campo y puede aprovechar eso para que le señalen dónde están “los malos”, quiénes son, dónde operan, cuáles son sus casas de seguridad y dónde almacenan la droga, el dinero y las armas. De esa forma se golpearía más eficazmente al crimen organizado, con menos abusos y menos muertes.
“Estoy de acuerdo en que había que cuidar el tema del abuso y de la violación a los derechos humanos –continúa Guerrero–, pero no cancelando la posibilidad de confrontación, porque lo que tenemos ahora es un escenario en donde el crimen organizado sabe que no va a ser confrontado y se siente tan cómodo que hasta promociona en redes sociales una gran cantidad de actividades, no sólo el reparto de despensas, sino que se anuncian como candidatos a puestos de elección popular. Esto es peligroso.”
Dice que en el caso de Sinaloa, desde su campaña fue claro: López Obrador fue a Badiraguato con un mensaje de conciliación e incluso de protección del Estado.
Guerrero recuerda que en marzo, cuando el presidente regresó a este municipio, grabó un video en el que pone a Badiraguato como ejemplo en el país por lo bonito de sus calles, por lo limpio de sus avenidas, las hermosas flores en camellones: “Un video impresionante, es la continuidad de los mensajes de ‘yo con ustedes no tengo problema’ que envió el presidente en campaña al Cártel de Sinaloa. Los ve cómo un Robin Hood, que no es un cártel predatorio como lo fueron Los Zetas o el CJNG”.
Sin justicia
Para María Elena Morera, dirigente de la organización Causa en Común, López Obrador tiene contento a Estados Unidos: les mandó a El Menchito y concentra 20 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para contener a los centroamericanos evitando que lleguen al país del norte, no para contener la violencia en México.
Para ella, el asesinato de Villegas Ortiz muestra que en México no hay un buen sistema de procuración de justicia, y cuando un juez se atreve a realizar un buen juicio, está en riesgo de que los criminales lo asesinen.
–Pero está la Guardia Nacional, el proyecto fundamental de este sexenio para abatir a la delincuencia y la violencia, y regresar la paz al país –se le plantea.
–En Causa en Común, junto con otras organizaciones y académicos, hicimos un observatorio de la guardia y concluimos que en realidad no existe, porque todas las plazas son de los militares o de los marinos, a excepción de las que había de Policía Federal. Son los militares disfrazados de guardia.
Sobre las consecuencias de que la mayoría sean militares y marinos, señala: “No es que sean malos ni buenos, no están hechos para trabajar en tareas de seguridad pública. Siempre se han utilizado para el combate al crimen organizado, no para tareas de delincuencia común. Ahora aquí estamos, viendo a la Guardia Nacional trabajar en tareas del fuero común.
“Lo que hicimos fue revisar la ley y luego, conforme a lo que dice, ver el número de elementos que tiene, quiénes la están formando, si son civiles o militares, cuántos hay, dónde se están preparando. Vimos que en realidad los preparan en la Sedena, porque todos los lugares en formación están allí. Todos los cuarteles que se están construyendo no son propiedad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, sino de la Sedena, entonces son militares disfrazados de guardia”, insiste.
Para Morera, el principal problema es que el gobierno carece de una estrategia de seguridad: “Nos han dicho que la estrategia es la Guardia Nacional, pero ésta es un instrumento, no una estrategia. Ayer (jueves 18) recibieron respuesta a una solicitud de información sobre sus cuarteles. Hasta el momento hay 69 construidos: 29 en Jalisco, 22 en Michoacán y 18 en Guanajuato. Otras 12 instalaciones debieron entregarse en 2019, pero aún están en proceso de construcción en Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Baja California, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, y todas pertenecen a la Sedena.
Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, hasta abril había en total 76 mil 781 elementos de la Guardia Nacional. De ellos, 52 mil 553 provenientes de la Policía Militar y Policía Naval y 18 mil 240 de la extinta Policía Federal. Entre julio y diciembre de 2019 sólo ocho “civiles” causaron alta en la corporación, y adicionalmente la Sedena y la Semar enviaron 5 mil 980 elementos “en apoyo”, lo que significa que “generan números artificiales para cubrirse”, dice Morera.
Por otro lado señala que la mayoría de los cárteles siempre han repartido despensas, construido iglesias, extorsionado y matado gente, sólo que ahora lo hacen con más apertura. El presidente les abrió la puerta. Dijo que no los perseguiría, que no habría balazos, que el combate iba a ser a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, que cooptaría sus recursos.
El problema es que no han cooptado sus recursos ni van tras de ellos, y cuando lo han hecho, los han soltado, como a Ovidio Guzmán. Además, el mensaje que da el presidente al acudir a saludar a la mamá del Chapo es de complacencia, de empatía; pareciera que quiere congraciarse, afirma.
Panorama “desastroso”
Los entrevistados coinciden en que el primer error del presidente fue desaparecer la Policía Federal.
Para Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), lo preocupante es que ni en época de pandemia bajaron los homicidios dolosos. La cifra negra de delitos no reportados creció y no existe una estrategia clara, definida ni los recursos suficientes para dar resultados.
“Desde Presidencia se han definido líneas prioritarias que en realidad no están tan relacionadas con las condiciones de seguridad del país. El primer error fue desaparecer la Policía Federal. Crear una institución cuesta mucho tiempo y mucho dinero; lo ideal era recuperarla y mejorarla. Sí, tenía fuertes deficiencias y problemas, pero éstos se resuelven, no se cancelan. Hoy, la Guardia Nacional tiene los mismos problemas y no hacen un ejercicio para resolverlos.
“Además los programas de transferencia económica, como Jóvenes Construyendo el Futuro, pueden ser de prevención de violencia, no necesariamente de prevención del delito, porque para ello necesitan conocer el mapa criminal del país y a partir de ello definir estrategias de disuasión, reaccionar en tiempo, sancionar los delitos y lograr mejores resultados.
“La impunidad en nuestro país ha crecido y las condiciones de la Guardia Nacional están lejos de ser las de una institución que los mexicanos necesitamos para contrarrestar el volumen de violencia y delitos, porque en nuestro país se comete más de un delito por segundo”, lamenta Rivas.
“Al señalar los errores o los números al presidente, él siempre ‘tiene otros datos’ –recuerda el director del ONC–. Es difícil tener un diálogo con él. En algún momento debe realizar un autoanálisis y reconocer lo bien, lo mal, lo que debería cambiar, pero el presidente supone que todo lo que hace lo hace bien. Eso es grave.”
Reflexiona “El delincuente común roba porque quiere una ganancia; la delincuencia organizada mata porque quiere controlar personas y territorios. El homicidio de un ciudadano o de un juez tiene el objetivo de amedrentar o dar una advertencia a otras personas. Su actuar tiene un significado político. Siento una gran preocupación porque creo que las condiciones van a empeorar.
“Cuando el presidente no recibe a las mujeres que se manifiestan en contra de la violencia que viven y hasta las critica; cuando no recibe a colectivos de víctimas de desaparecidos pero sí se reúne con la mamá del Chapo, manda un muy mal mensaje. Es señal de una fuerte debilidad del Estado, que no es capaz de garantizar condiciones de seguridad a las personas que debería cuidar porque tiene una función estratégica para lograr la paz”.
Al contrario, dice, de 2018 a 2019 hubo la peor caída en inversión en seguridad: no llegó a 0.9% del PIB, cuando en países como Colombia es de 5%. Además hace mes y medio el presidente autorizó a los estados y municipios usar los cerca de 12 mil millones de pesos destinados a la formación policial y a la prevención del delito, para atender la pandemia.
Afirma que según la ONU, en estos últimos días ha crecido el trasiego de droga en México, sin que haya nada que lo detenga. “El panorama es desastroso para la seguridad”, advierte Rivas.
