La decisión de López Obrador de eliminar fideicomisos públicos “sin estructura orgánica” –con lo que la Tesorería obtendría 283.5 mil millones de pesos– no se apega a los requerimientos internacionales acordados y esos recursos aún no tienen un destino definido y justificado.
En un intento más por hacer cumplir “la austeridad republicana”, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador le urge tener disponibles los recursos de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica que no cuentan con los mínimos requerimientos de transparencia, pero tampoco se sabe cuál será la hoja de ruta de la Cuarta Transformación para darle cauce a ese dinero público.
“Hay un dilema de eficiencia presupuestaria y de responsabilidad hacendaria. Es un dilema grave al que nos enfrentamos. Porque si bien es cierto que estamos en una coyuntura única sin precedente con la pandemia de covid-19, no hay un plan estructurado con acciones concretas que nos permita saber a dónde se van a destinar estos recursos”, advierte Ana Laura Barrón Olivera, investigadora de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas.
En entrevista, Barrón recuerda que un principio elemental del gasto público es que “a todo gasto debe corresponder un ingreso, y viceversa, a todo ingreso debe corresponder un gasto; es un principio rector”, sentencia.
La actual administración no ha dado estricto cumplimiento a esa práctica.
El pasado 2 de abril el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se ordena a los titulares de las dependencias y entidades federales la extinción y cancelación de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son 338 instrumentos de este tipo, los cuales suman 740 mil 572.7 millones de pesos con cifras al último trimestre de 2019.
Sobre estos fideicomisos, el decreto estableció algunas excepciones sobre los que habrán de extinguirse: aquellos constituidos por mandato de ley o decreto legislativo y cuya extinción o terminación requiera de reformas constitucionales o legales, así como los que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
El monto de estos últimos ronda los 457 mil millones de pesos (61.7%); estos recursos tienen un destino específico. En cambio, los fideicomisos susceptibles de extinción suman 283.5 mil millones de pesos (38.3%), según la SHCP.
Adicionalmente, el decreto de extinción de los fideicomisos establece la obligación para que las dependencias y entidades transfieran los recursos de esos instrumentos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), y como plazo el 15 de abril pasado, lo cual “refleja la necesidad de inmediatez del gobierno federal por allegarse de los recursos financieros que se concentraban en los mismos, en detrimento del plazo de 180 días hábiles que establecía el octavo transitorio de la Ley de Austeridad Republicana publicada en noviembre de 2019, para llevar a cabo la evaluación del desempeño de los fideicomisos existentes”, puntualiza la investigadora.
A pesar de lo dispuesto tanto en la Ley de Austeridad como en el decreto de extinción de los fideicomisos del Ejecutivo, la actual administración considera que los esfuerzos por controlar el uso de los recursos públicos no son suficientes y el 19 de mayo de 2020 el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para derogar y reformar diversas leyes, con lo cual se procedería a la extinción de fideicomisos cuya creación, organización y funcionamiento están previstos en disposiciones legales, y que habían sido exceptuados por el anterior decreto.
Dicha iniciativa del Legislativo para modificar 14 leyes ha quedado suspendida, y con ello, la eliminación de 44 fideicomisos adicionales.
En ese contexto, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado, dice en entrevista con Proceso: “Nosotros vamos a revisar todos los fideicomisos que están creados por ley, que son estos 44. No quiere decir que se vayan a desaparecer los fondos o apoyos que administran esos fideicomisos, sólo cuestionamos la manera de administrar esos fondos y apoyos a través de un fideicomiso.
“¿En qué puede acabar cada uno de esos 44 fideicomisos? Se sabrá al término de las sesiones de parlamento abierto a las que hemos convocado y concluiremos que algunos funcionan bien bajo la figura de fideicomiso y se quedarán, algunos otros quizá no y en otros podrían proponerse mecanismos alternativos.”
Anticipa que los fideicomisos “más significativos, los más simbólicos, los más importantes, no están sujetos a que desaparezcan los recursos, y estoy hablando del que tiene que ver con la protección a defensores de derechos humanos y periodistas, el de los deportistas de alto rendimiento, el que tiene que ver con desarrollo e investigación científica, el de desastres naturales, el de apoyos al cine… todos esos no se pretende desaparecerlos, no es la intención”.
–De los fideicomisos que sí pudieran desaparecer, ¿cuántos recursos económicos están calculando que podrían redireccionarse para apoyar la crisis sanitaria y económica por la que atraviesa el país? –se le pregunta.
–En el caso de los 44 que estamos revisando, no creo que vaya a salir mucho dinero para la Secretaría de Hacienda; de los que sí se estima que se podrían canalizar grandes cantidades de recursos son los que están al interior de la administración pública y sobre los que decide directamente el gobierno federal.
“Ser omisos también es ser opacos”
En su conferencia de prensa matutina del pasado 28 de mayo, López Obrador soltó: “Aprovecho para pedirle a los legisladores que nos ayuden con las dos iniciativas que enviamos: una para extinguir fideicomisos, porque era un abuso y lo podemos probar, se usaba dinero de manera discrecional, para eso creaban los fideicomisos y desde luego que había corrupción”.
El tabasqueño matizó que esto no significa que se van a quedar sin apoyo los creadores, los cineastas y los investigadores. Aseguró que ahora lo recibirán de manera directa, “sin estos instrumentos de intermediación, administrados por gente sin escrúpulos”.
López Obrador calculó que “son como 250 mil millones de pesos que están así regados en fondos y en fideicomisos; imagínense lo que nos ayudan 250 mil millones. Para que nos entiendan los tecnócratas y se pongan contentos, es un punto del PIB. Eso, más el combate a la corrupción, la austeridad, la eficiencia, eso nos va a permitir no endeudarnos y todos tenemos que ayudar”.
En este contexto, Barrón, quien también es coautora del estudio Transparencia y rendición de cuentas de las APP: recomendaciones de política pública, advierte: “Si ya estamos haciendo las estimaciones de la disponibilidad que se va a concentrar en la Tesofe, deberíamos también tener un plan muy detallado, con objetivos y metas a los cuales se van a destinar esos recursos. No tenemos una idea muy clara de cuál va a ser el uso que se va a hacer”.
La preocupación de la especialista se debe a que en un principio el presidente aseguró que los recursos se destinarían a deuda pública, apoyo a Pemex y a los proyectos de inversión prioritarios, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, así como a cubrir los programas sociales.
Sin embargo, Delgado dijo que la desaparición de los fideicomisos pretende aminorar el impacto económico de la pandemia de covid-19. Lo cierto es que no hay una hoja de ruta para ejercer los recursos de los fideicomisos que se pretenden finiquitar.
Ethos, organización a la que pertenece Barrón, forma parte de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), iniciativa internacional fundada en 2011 e integrada por 79 gobiernos de todos los continentes y cientos de OSC.
Su objetivo es promover un modelo de gobernanza más abierta y horizontal que implique una nueva lógica de colaboración entre ciudadanos y autoridades públicas, a través de cuatro principios: transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación.
El gobierno de México, por medio de la Secretaría de la Función Pública, forma parte del Comité Coordinador de la AGA, y junto con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil participan en las mesas de creación de los compromisos del cuarto plan de acción de la AGA.
En diciembre de 2019 el gobierno de México suscribió el Cuarto Plan de Acción 2019-2021, en el que se establecieron 13 compromisos para mejorar la transparencia en el orden federal. El número nueve es el relacionado con la “transparencia para el monitoreo y vigilancia de los fideicomisos”.
El gobierno, las OSC y el INAI se comprometieron a diseñar e implementar una estrategia de transparencia proactiva, monitoreo y vigilancia ciudadana que fortalezca la rendición de cuentas y fiscalización de los recursos públicos operados a través de fideicomisos públicos con o sin estructura, así como fideicomisos privados con recursos públicos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo para combatir la corrupción y la impunidad.
Hasta mayo, el itinerario de acción marcaba elaborar el diagnóstico y el plan de trabajo para la implementación de recomendaciones para mejorar la transparencia y rendición de cuentas de los fideicomisos, pero el decreto del gobierno federal marcó otra ruta, por lo que ya ni siquiera se pudo determinar qué tan opacos eran los fideicomisos.
El INAI determinó a principios de este mes que a raíz de la publicación del Decreto por el que se ordena la extinción o terminación de los fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos “será clave no únicamente mantener su relevancia en la agenda, sino adaptarlo a la nueva realidad en la administración pública federal”.
Asimismo, acotó, la decisión de extinguir casi 80% del universo de estos instrumentos implica dotar de certeza a la ciudadanía y a la población beneficiaria respecto de las nuevas reglas operativas para aquellos que aún subsistan.
En razón de lo anterior, el INAI consideró necesario adecuar las actividades requeridas para que se pueda privilegiar el principio de máxima publicidad, tanto para los fideicomisos que permanecen como para los que se extinguen. “De esta manera, será posible dar a conocer a la ciudadanía la información histórica de los mismos. Todo con la participación del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil”, comunicó el instituto.
Barrón, quien forma parte del grupo de trabajo del Cuarto Plan de Acción, dice a este semanario que “finalmente, no se logró concretar esta primera fase de evaluación y de diagnóstico para detectar las áreas de oportunidad y los huecos y los principales riesgos. Pero se pasó al siguiente nivel que fue: ‘Hay que cortarlos, hay que sacarle el dinero de estas cajitas y mandarlas a la Tesorería’.”
Eso sí, asegura que todas las decisiones gubernamentales tienen que sujetarse a la ley: “Precisamente por lo que abogamos como miembros de la sociedad civil organizada es por que se garantice la máxima transparencia en todas las decisiones, sobre todo en el manejo de los recursos públicos. No hay un plan concreto con medidas bien definidas. Si estamos exigiendo la máxima transparencia, necesitamos que esta disposición de recursos sea así, transparente. De otra forma, ser omisos también es ser opacos”.
