El crédito por mil millones de dólares que el Banco Mundial otorgó a México –que el presidente Andrés Manuel López Obrador no considera deuda, sino una “operación de rutina”– no necesariamente se enfoca en levantar al aparato productivo golpeado por la pandemia, pero embona con la política de la 4T de otorgar apoyos directos a la población; en particular busca incorporar al sistema financiero a jóvenes y mujeres, dos sectores de interés político para el mandatario.
Contrario a su discurso de no recurrir al endeudamiento, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador obtuvo un crédito por mil millones de dólares, otorgado por el Banco Mundial (BM) para hacer frente a la catástrofe económica que dejará la pandemia de covid-19.
El propósito del gobierno mexicano es darle liquidez de manera urgente a la economía, pero no para fortalecer el proceso productivo, sino enfocado a la incorporación al sistema financiero de dos de los sectores de mayor interés político para el presidente: los jóvenes y las mujeres.
El crédito fue solicitado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado 13 de abril, en una misiva firmada por el subsecretario Gabriel Yorio, y fue aprobado en menos de un mes, el 19 de mayo. En el proyecto con número de identificación P172863 y titulado Covid-19: Financiamiento de la política de desarrollo al acceso financiero, no se especifica una hoja de ruta del uso de los recursos. Este semanario consultó al respecto a Hacienda y no obtuvo respuesta.
En el contexto de la crisis por covid-19, señala el BM, grupos vulnerables como jóvenes y mujeres se enfrentan a “limitaciones institucionales” para insertarse en el mercado laboral mexicano:
“En el corto plazo, millones de jóvenes tienen derecho a recibir transferencias de programas sociales, pero esta restricción puede limitar efectivamente su capacidad de recibirlos, incluso debido al distanciamiento social. Para el periodo de recuperación, los jóvenes con empleo pueden ser un impulso para la economía”, en lugar de estar excluidos “de la actividad económica”.
Según el organismo, casi 7 millones de personas de 15 a 17 años forman parte de la población en edad laboral, de los cuales 1.4 millones ya tienen un trabajo formal remunerado y fueron excluidos de tener una cuenta en una institución financiera formal para recibir sus salarios.
En cuanto a las mujeres, el documento cita la Encuesta Nacional del Financiamiento a las Empresas, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual indica que sólo 25% de los socios o propietarios mayoritarios son mujeres y el porcentaje disminuye conforme al tamaño de la empresa.
Así, el crédito de mil millones de dólares se enfoca sobre todo al acceso de dichos grupos al financiamiento. Pero Fernando Galindo Favela, subsecretario de Egresos de Hacienda el sexenio pasado y actual diputado por el PRI, advierte:
“Lo preocupante es que el nivel de endeudamiento respecto al PIB está creciendo de manera importante y, como lo han dicho los analistas internacionales, si la calificación crediticia tanto de Pemex como del gobierno federal se van mermando, es decir, si perdemos el grado de inversión, el acceso al financiamiento del gobierno va a ser mucho más caro.”
También alerta sobre el uso de los recursos, los cuales van enfocados a los programas sociales y no son para dar un golpe de timón a la contingencia provocada por el coronavirus: “Los recursos tendrán que ser asignados a la reactivación económica. Si no tenemos un plan específico para atender esta contingencia, la recuperación va a ser significativamente larga, afectando la economía de las familias mexicanas”.
La SHCP inmediatamente argumentó que el crédito del BM “no financiará actividades de respuesta para el covid-19”.
Explicó que ese y otros organismos internacionales ofrecen dos tipos de créditos: los asociados a proyectos específicos en sectores particulares, como agricultura o infraestructura, y los relacionados con acciones de política pública o Préstamos para Políticas de Desarrollo, que forman parte del financiamiento general y no van ligados a ninguna actividad o proyecto específico, como el de los mil millones de dólares.
Compromisos con el BM
En su conferencia de prensa matutina del lunes 8, López Obrador dijo: “Lo cierto es que lo del crédito es una operación de rutina, vamos a decir, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del manejo de las finanzas. Nosotros seguimos sosteniendo que no va a aumentar la deuda en términos reales, no la aumentamos el año pasado y este año queremos que no aumente con relación al PIB, por eso estamos tomando algunas medidas, sobre todo de austeridad, estamos también eficientando la administración”.
En el proyecto del organismo internacional, en el Anexo 3, se encuentra la misiva de seis páginas dirigida a David Malpass, presidente del BM y firmada por el subsecretario Yorio, con fecha del pasado 13 de abril, en pleno confinamiento por la pandemia de covid-19.
En dicha carta Yorio contextualizó la necesidad del financiamiento en medio de la pandemia, lo cual deja ver que no es un financiamiento “de rutina”, como señaló el presidente.
“Derivada de las medidas adoptadas por las autoridades y el sector privado para atender el escenario de contingencia sanitaria actual, y evitar el contagio acelerado del virus SARS-CoV-2 (Covid-19), se han producido diversos efectos, entre ellos la disminución de la actividad económica, por lo cual las acciones tendientes a propiciar la reactivación económica y la profundización del sistema financiero se hacen más urgentes.”
Después de enumerar los objetivos de la política nacional de inclusión financiera y sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, el subsecretario escribió a Malpass: “En virtud de lo anterior solicitamos amablemente su apoyo para obtener un préstamo de desarrollo de políticas que reconozca las acciones de política pública, regulación y supervisión, diseñadas e implementadas en el sector financiero anteriormente mencionadas, considerando sus efectos en la respuesta y recuperación de la pandemia covid-19, así como la profundización de la inclusión financiera en el país”.
Aún más, en el proyecto el BM señala claramente que “apoya parte de la respuesta de las autoridades a la crisis económica y social desencadenada por la pandemia global covid-19.
“En estos tiempos de crisis, el apoyo a empresas para proteger empleos así como los programas para aumentar los ingresos de los hogares son críticos”, explica, además de que “es igualmente importante tener liquidez en el sistema financiero y canales y plataformas financieras digitales eficientes para transferir ese soporte eliminando cuellos de botella que obstaculizan el acceso fluido y/o la intermediación de recursos”.
En ese sentido va el préstamo y el gobierno de López Obrador acordó algunos compromisos que implican cambios en legislaciones relativas a educación, gobernación y el sistema financiero, con el objetivo de que mujeres y jóvenes puedan tener acceso a éste.
El primero corresponde al Banco de México, que ya venía reduciendo el monto total de los depósitos de regulación monetaria mediante los cuales regula el excedente de liquidez en el mercado de dinero.
Según el BM, hasta marzo la cantidad de dichos depósitos ascendía a 320 billones de pesos y el compromiso es que para agosto la cantidad se reduzca 15%.
El segundo es tener 1 millón 200 mil jóvenes de 15 a 17 años con una cuenta bancaria personal, y como plazo se fijó hasta diciembre de 2021. El tercer punto es que, de ese total, al menos 50% sean mujeres.
El cuarto rubro tiene que ver con la regulación en materia de transparencia de las Instituciones de Fondos de Pagos Electrónicos; dicha tarea es encomendada a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. En tanto que el quinto es aumentar las transacciones a través del cobro digital de 260 mil a 450 mil de aquí a diciembre de 2021.
El sexto compromiso radica en aumentar el acceso de las mujeres al financiamiento de la banca de desarrollo para realizar proyectos. La meta es llegar a 60% el último mes de 2020 (actualmente son 46%). El séptimo le corresponde a la SEP y es la incorporación de educación financiera a los planes de estudio.
El octavo y el noveno compromisos recaen en la Secretaría de Gobernación, para homologar y fortalecer los registros nacionales de población de manera uniforme, de cara a un sistema único de identificación personal que incluya datos biométricos.
Los mil millones de dólares que otorgó el BM a México, en efecto, parecen no atender de forma directa la actual crisis derivada del covid-19, pero todos los compromisos se establecieron en el marco de la pandemia.
“El presidente ha dicho no nos vamos a endeudar en términos reales. Pero finalmente sí nos estamos endeudando. El tema es: ¿qué tanto los recursos enfocados en estos programas, realmente, van a servir para una reactivación económica? Porque finalmente es la crisis económica la que nos preocupa, además de la sanitaria”, dice a Proceso la directora de Gasto Público del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, Sunny Villa Juárez.
La investigadora complementa que “respecto al uso de los recursos, primero hay que tener clara la estrategia que ha tenido el gobierno federal para encarar los efectos de la crisis; básicamente se ha enfocado en reforzar los programas que ya tiene. Por otro lado, este tipo de endeudamientos difícilmente van etiquetados en montos específicos para objetivos”.
El crecimiento de la deuda
El discurso “antineoliberal” del presidente contrasta con su acercamiento a los grandes organismos internacionales. Sólo con el BM la Cuarta Transformación en menos de dos años ya pidió prestados 2 mil 130 millones de dólares en diversos proyectos. Pero el mayor financiamiento es el más reciente. Para ponerlo en perspectiva, el gobierno de Enrique Peña Nieto solicitó un total de 2 mil 551 millones de dólares en todo su sexenio.
De acuerdo con el Plan Anual de Financiamiento 2020, elaborado por la SHCP, la mayor parte de la deuda externa del gobierno federal corresponde a bonos emitidos en los mercados internacionales (71%), seguido por los créditos con organismos financieros internacionales como el BM (27%) y en menor proporción a los créditos bilaterales de comercio exterior (2%).
Por separado, la actual administración abrió la puerta a la emisión de más deuda por un monto de hasta 15 mil millones de dólares en el mercado de valores estadunidense.
Lo anterior, luego de que el miércoles 10 la SHCP renovó el registro del gobierno de México ante la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Estados Unidos, dejando abierta la posibilidad de ingresar a ese mercado de capitales.
A solicitud de este semanario, Hacienda envió una nota informativa en la que señala que “México registró un espacio de hasta $15 mil millones de dólares, el cual estará vigente y se irá reduciendo conforme se realicen las colocaciones. El último registro se hizo en el año 2018. El registro no obliga al gobierno de México a llevar a cabo ninguna emisión. Adicionalmente, este registro permite al gobierno federal la opción de refinanciar su deuda existente, buscando siempre mejores condiciones de costo y plazo”.
Por último aclaró que una parte de la deuda del gobierno está denominada en moneda extranjera con la finalidad de establecer referencias y abrir el acceso al mercado de dólares a emisores mexicanos privados y públicos.
El documento de la SEC, consultado por Proceso, señala a los inversionistas que la economía mexicana “es vulnerable a una serie de riesgos internos”, cada uno de los cuales podría tener un efecto adverso importante en el crecimiento económico, así como en la liquidez y los mercados de negociación de los títulos de deuda emitidos por México.
Los riesgos son: las condiciones económicas y comerciales generales en el país; el nivel de demanda del consumidor; el nivel de confianza entre los consumidores nacionales y los inversores extranjeros en las condiciones económicas, políticas y de seguridad en el país; el tipo de cambio presente y futuros; el nivel de endeudamiento; las tasas de inflación; las políticas fiscales y monetarias de México; el nivel de inversión extranjera directa y de cartera, así como el nivel de las tasas de interés en México.
La SEC también menciona el grado de incertidumbre política a nivel federal y estatal en México, el nivel de corrupción, la situación financiera y el desempeño de Pemex, el impacto de la pandemia y la crisis de salud pública.
De acuerdo con las proyecciones de BBVA Research, una caída del PIB real entre 7.0% y 12.0% en 2020 elevaría el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP), el concepto más amplio de la deuda pública.
Si en el mejor escenario la economía mexicana retrocede 7%, el SHRFSP pasaría de 44.7% a 53.4% como proporción del PIB. Pero en el peor de los casos, que es una recesión del orden de 12%, la deuda se elevaría hasta 59.2% ante mayores requerimientos financieros, menor crecimiento económico y la depreciación de la moneda nacional.
