El conflicto en la Cooperativa La Cruz Azul sigue escalando. El congelamiento de las cuentas del director general, Guillermo Álvarez, obedece a una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de dinero, a partir de una denuncia del grupo disidente. Y aunque la defensa de Álvarez desestima las acusaciones, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ya señaló que existen más indicios de administración fraudulenta.
El pasado 28 de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda ordenó congelar las cuentas bancarias del director general de la Cooperativa La Cruz Azul y presidente de su club de futbol, Billy Álvarez Cuevas, junto con las de su hermano José Alfredo, vicepresidente del equipo, y las de su cuñado Víctor Manuel Garcés Rojo.
Lo reveló el 28 de mayo Denise Maerker en el noticiero En Punto, de Televisa, y al día siguiente la UIF confirmó que se investigaba a los directivos por la presunción de lavado de dinero y delincuencia organizada.
La unidad encabezada por Santiago Nieto Castillo informó que entre el 9 de julio de 2013 y el pasado 23 de marzo Billy Álvarez realizó movimientos financieros “irregulares” en España, Estados Unidos y otros países por un total de mil 200 millones de pesos. Puntualizó que el directivo adquirió seis inmuebles: dos en Las Vegas, uno en Miami, dos en Oklahoma y uno en Colorado.
Pero esas cifras se quedaron cortas, ya que el martes 2 Nieto Castillo informó que se han detectado movimientos por mil 354 millones de pesos sólo en transferencias internacionales, además de facturas presuntamente apócrifas por 300 millones. “Lo importante es que se acredite el origen legal de los recursos”, sentenció el funcionario en el programa de W Radio Así las cosas, conducido por Javier Risco y Gabriela Warkentin.
Dijo que la UIF trabaja en coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y que la investigación “va de la mano con Raquel Buenrostro –jefa de esa oficina–, quien está muy interesada en generar una mayor recaudación en el país, sobre todo en combatir este tipo de prácticas y empresas fachada. Evidentemente Cruz Azul y la cooperativa son instituciones sólidas; sin embargo, parte del proceso financiero que han tenido está relacionado con empresas fachada y factureras, y eso es lo que estamos utilizando para fundamentar el bloqueo de cuentas”.
Nieto Castillo confirmó que Billy Álvarez promovió un juicio de amparo: “Solicitó la suspensión y se la negaron. Por lo tanto, las cuentas continúan congeladas y nosotros ya hemos presentado la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. El objetivo, en este caso, es que se paguen los impuestos en un momento en que el país requiere recursos para poder enfrentar las condiciones negativas de la pandemia”.
Pero al menos, uno de los implicados ya movió sus piezas, asumiéndose como víctima. Es el caso de Alfredo Álvarez, director de Planeación Estratégica de la cementera, quien se deslindó de los hechos por los cuales se le investiga.
En un comunicado, el jueves 4, Alfredo Álvarez confirmó que ya declaró ante la Fiscalía General de la República –de la que ahora es su testigo–, contra su hermano, y dijo que solicitó la aplicación “de un criterio de oportunidad a mi favor”.
En su descargo, aseguró que tiene “la posibilidad de aportar a la autoridad información esencial y eficaz en la investigación de delitos graves y personas relacionadas en esos hechos en la carpeta de investigación indicada”.
Sorpresas en la investigación
El abogado del grupo disidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Barradas, revela que en febrero pasado sus representados interpusieron ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la denuncia contra Álvarez Cuevas que motivó el congelamiento de sus cuentas.
A decir de Barradas, aportaron 51 facturas firmadas por el director de la cooperativa para autorizar transferencias que probablemente causaron daños al patrimonio de la organización.
Parte de esa querella judicial se sustenta en el reportaje de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción, fechado el 25 de marzo de 2018. De ahí se desprenden indicios de una posible administración fraudulenta de Álvarez Cuevas entre 2016 y 2017, en perjuicio de la cementera y sus socios, por 191 millones 768 mil pesos.
En la exposición de hechos de su denuncia, los disidentes señalan una supuesta simulación del pago de servicios mediante empresas fantasma o fachada, algunas de ellas identificadas por la autoridad fiscal como entidades que realizan operaciones disfrazadas.
Una de éstas es Attar 2715, SC, que como advierte Barradas, fue señalada como “empresa de fondeo ilícito de campañas políticas”, por el Instituto Nacional Electoral (INE).
En 2018 el INE detectó triangulación de recursos por 6.5 millones de pesos para pagarle a gestores del entonces candidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco.
En abril de 2019 el SAT incluyó a Attar 2715 en la lista de contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios.
“Evidentemente, los domicilios fiscales de cada una de las empresas que recibieron transferencias –de la cooperativa La Cruz Azul– son lugares abandonados, patios de vecindad y domicilios que no corresponden con el perfil económico que manejan”, acusa Barradas, representante jurídico del Consejo de Administración de la cooperativa, inhabilitado desde 2018.
Ese año Attar 2715 recibió de la cooperativa dos transferencias bancarias, el 28 de octubre una por 2 millones 550 mil pesos, y el 16 de diciembre otra por 5 millones por “prestación de servicios”.
En un recorrido por la ciudad de Puebla, donde se localizan parte de los domicilios fiscales de las firmas que emiten las facturas, la corresponsal de Proceso Gabriela Hernández localizó la dirección de Attar 2715: calle 24 Norte 2004 Altos, colonia Miguel Alemán. Se trata de una vivienda vetusta de dos niveles pintados de café oscuro y con la fachada descarapelada.
En el caso de Argema Consultores, SC, el sitio no corresponde con el domicilio. En su lugar, calle 16 Sur 4313, se ubica la empresa SyS Asesores de Negocios. Sin embargo, Argema recibió, entre el 14 de junio de 2016 y enero de 2017, cuatro transferencias por un total de 7.6 millones de pesos.
Tampoco existe la dirección fiscal de Zetilia, SA de CV, en cuya dirección se localiza el despacho de ingeniería IASAP, que no está en funciones. Lo mismo ocurre con las firmas Hesperia Imagina, SA de CV, y Grupo Social Cibet, SA de CV.
“Son montos estratosféricos por supuestas consultorías o asesorías”, afirma Barradas. Reconoce que esa información fue corroborada con la versión de la extesorera de la cooperativa, María Alejandra Velázquez –sobrina de Guillermo Álvarez– y con la del exdirector de administración, Juan Manuel Briseño. Ambos declararon ante el Ministerio Público.
“Estas personas señalaron el esquema que utilizaba Billy Álvarez: ordenar el pago a estas empresas factureras. Y le hicieron saber a Guillermo Álvarez su oposición para realizar los pagos, hasta que fueron despedidos por Billy de la cooperativa para poder manejar todas esas operaciones sin cuestionamiento alguno”, relata el abogado.
Eso dio pie para que las instancias correspondientes investigaran el caso. “De manera sorprendente –dice Barradas, de acuerdo a la denuncia que presenta la UIF– apareció un dato que se desconocía: Guillermo Álvarez ha presentado movimientos en sus cuentas bancarias durante el periodo del 9 de julio de 2013 al 23 de marzo de 2020 por 429 millones de pesos y 44 millones de dólares, con destino principalmente a Estados Unidos y España.
“También (nos tomó) por sorpresa: Guillermo Álvarez se paga casi 1 millón de pesos al mes. De ganar 11 millones de pesos al año, sus cuentas bancarias se incrementaron a mil 200 millones de pesos en seis años.”
–¿Qué está en juego con esta medida de la UIF? –se le plantea.
–La libertad de los tres señores. Hay pruebas contundentes, irrefutables. Han salido a decir a medios que lo van a explicar, pero no lo hacen. Son delitos de delincuencia organizada que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Y adelanta que en los próximos días, con base en una resolución judicial sobre las facultades de Guillermo Álvarez, el Consejo de Administración que encabeza Víctor Manuel Velázquez, y el Consejo de Vigilancia –suspendidos por la asamblea de 2018– retomarán la administración de la cooperativa.
La defensa de Álvarez
El representante legal de Guillermo Álvarez Cuevas, Diego Ruiz, asegura que el único patrimonio que tiene su cliente es la residencia de Jardines del Pedregal, que ha habitado en los últimos 40 años: “No tiene ni siquiera tiempo compartido”.
Añade que los seis inmuebles que le atribuyen a su cliente son producto de una confusión, ya que en Google aparecen 25 homónimos como propietarios de viviendas en los lugares citados por la UIF: “Guillermo o Willy Álvarez también es un nombre común en Estados Unidos”.
Para Ruiz, la existencia de 51 facturas irregulares “es una falsedad absoluta”, y dice que la UIF ni siquiera se da cuenta de lo que están filtrando los opositores. Dice que las transferencias realizadas al extranjero corresponden a pagos de proveedores como parte del mayor proceso de inversión en la historia de la cementera: 500 millones de dólares para la ampliación de sus plantas en Lagunas, Oaxaca, y en Hidalgo.
“Son ganas de pegar –prosigue Ruiz–, porque ellos hablan de las empresas fachada, y la persona encargada de la dirección comercial era Víctor Manuel Velázquez; el de administración, José Antonio Marín, y en contabilidad estaba Juan Manuel Briseño.
“El tema pasa por la intención de Velázquez y Marín de quedarse con la cooperativa. ¿De dónde sale todo el dinero para soportar esta campaña? Se trata de despachos de primer nivel que han aparecido en el último año y medio. Ahora ya traen hasta a un exagente de KGB (Daniel Stulin), que amenaza con mandar matar al licenciado Álvarez.
“Estamos dispuestos a sentarnos, como se ha discutido con ellos y con su interminable lista de abogados, pero esto no es un tema de sus peticiones: la renuncia (de Billy) y entramos nosotros’. Esto no funciona así. Hay una asamblea que se tiene que celebrar y son los cooperativistas los que eligen” al director general.
Finalmente, Ruiz señala que detrás de las acciones contra Billy Álvarez está Eduardo Osorio Chong, hermano del exsecretario de Gobernación e “íntimo amigo de Velázquez”.
En los últimos seis años Guillermo Álvarez reportó ingresos por 56 millones de pesos. (Con información de Gabriela Hernández).
