El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes regresará a México para continuar sus investigaciones sobre el caso Ayotzinapa. La abogada colombiana Ángela Buitrago aclara que no parten de la culpabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto ni de sus funcionarios por haber fabricado su “verdad histórica”, pero advierte: “Quien investiga de manera criminal es tan criminal como los que participaron en hechos criminales”.
BOGOTÁ.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el que echó por tierra la “verdad histórica” con la cual en enero de 2015 el gobierno de Enrique Peña Nieto pretendió dar carpetazo a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, fue restituido y volverá a México a investigar de nuevo el caso.
De hecho los integrantes del GIEI ya iniciaron sus tareas mediante teleconferencias en las que analizan declaraciones de testigos, evidencias y “nuevos elementos de valoración” que ha recopilado en los últimos meses la fiscalía especial del caso Ayotzinapa.
Una de los integrantes del GIEI, la abogada colombiana Ángela María Buitrago, dice que una vez que se comiencen a levantar las restricciones de vuelos internacionales –debido a la cuarentena por covid-19– el grupo viajará a México para retomar la investigación en el terreno.
En entrevista con Proceso, la exfiscal y doctora en derecho advierte: “Es tan grave haber cometido la desaparición como haber cometido hechos que oculten a los verdaderos responsables”.
Por ello, explica, es tan importante que los autores de “la verdad histórica” –a la que se aferró la antigua Procuraduría General de la República (PGR) y según la cual los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula– expliquen “cuál era el interés de hacer esa afirmación cuando toda la evidencia era contraria a lo que decían”.
Para Buitrago la “verdad histórica fue una construcción” que buscó evitar que la justicia llegara a los verdaderos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes. Y fue, también, una “decisión de Estado” que compromete al expresidente Peña Nieto, porque él mismo defendió esa “verdad” en un mensaje transmitido en cadena nacional el 29 de agosto de 2018, semanas antes de concluir su mandato.
Al hacerlo, señala Buitrago, Peña Nieto asumió la “responsabilidad política” de una investigación judicial plagada de “obstrucciones, torturas y presiones”, así como de una “verdad histórica armada” desde la PGR de Jesús Murillo Karam, después refutada por los peritos en incendios y en antropología forense, además de un tribunal federal en Reynosa, Tamaulipas.
El hecho de que Peña Nieto defendiera la tesis de Murillo y del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, evidencia que hubo “un discurso políticamente construido con capacidad de generar pautas de actuación” en los funcionarios involucrados en las averiguaciones del caso. Por eso, señala la especialista, “ahora toca investigar cuál era la intención de todos estos sujetos, de quien sea, al aferrarse a esa ‘verdad’”.
–¿Toca investigar también a Peña Nieto? –se le pregunta.
–Yo no voy a decir nombres. Nosotros vamos a llegar hasta el último eslabón donde haya prueba de que, efectivamente, se generaron comportamientos de esa naturaleza. Llámese como se llame.
–No hablemos de nombres –se le plantea a Buitrago–, pero sí de instituciones: en el aparato de la Presidencia de Peña Nieto hubo funcionarios que obstaculizaron la investigación del GIEI, y en el Ejército y la PGR hubo rechazo a colaborar con ustedes. ¿En esta nueva etapa van a investigar a estas instituciones y a llegar, si es el caso, a los más altos niveles?
–Creo que en esta etapa podremos llegar sin problema a mirar qué sucedió en cada institución y en cada uno de estos niveles. Eso no quiere decir que nosotros partamos de que son responsables. Nosotros miramos por qué razón no se entregaron cosas, no se dijeron las cosas y qué información se tenía…
–¿Y no van a tener impedimentos políticos? ¿No existe el riesgo de que este gobierno, como en el anterior, ponga obstáculos a su investigación?
–No creo. Nos han dado las garantías para investigar de manera independiente. Tenemos la libertad y autonomía para investigar a quien haya que investigar. Ese es el punto esencial, tal y como quedó establecido en el mandato que firmó el gobierno hace unos días con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Tercer mandato
Este será el tercer mandato del GIEI en México. El grupo convocado por la CIDH para coadyuvar en la investigación del caso Ayotzinapa cumplió dos entre 2015 y abril de 2016, durante los cuales demostró con peritajes que los 43 normalistas no pudieron haber sido incinerados en el basurero de Cocula.
Además reveló que varios de los detenidos usados por la PGR para respaldar esa hipótesis habían sido torturados y que Zerón realizó una diligencia en el basurero de Cocula que no quedó registrada en el expediente, luego de la cual aparecieron en el lugar los restos de Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos.
La presencia del GIEI terminó por resultar incómoda para el gobierno de Peña Nieto, que obstaculizó las investigaciones de los expertos desde niveles “muy altos y con mucho poder”, dice Buitrago.
Los integrantes del GIEI (Buitrago, la exfiscal guatemalteca Sandra Paz, el médico español Carlos Beristáin y los abogados Francisco Cox, de Chile, y Alejandro Valencia, de Colombia) supieron que el consejero jurídico de Peña Nieto, Humberto Castillejos Cervantes, impartía órdenes en la PGR para impedir diligencias solicitadas por el grupo y entorpecer la investigación.
En marzo pasado un juez ordenó la detención de Zerón –ahora prófugo– por cargos de tortura y delitos contra la administración de justicia en el desarrollo de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
“Quien investiga de manera criminal –afirma Buitrago– es tan criminal como los que participaron en hechos criminales. Todo eso tiene que castigarse”.
Murillo Karam está citado a declarar sobre el caso, y otros exfuncionarios de la PGR que participaron en torturas, alteración de escena del crimen y pérdida y ocultamiento de pruebas ya fueron detenidos a solicitud de la fiscalía especial del caso Ayotzinapa, que dirige Omar Gómez Trejo.
Confianza
Buitrago dice que en esta nueva etapa los expertos del GIEI –ahora de cuatro integrantes porque el abogado colombiano Alejandro Valencia debe atender otros compromisos– están convencidos de que “se puede hacer algo” porque hay “muchísima información” que por ahora es reservada.
Lo que puede decirse con certeza, señala, es que se está trabajando en la línea de que los 43 normalistas no fueron conducidos por sus captores a Cocula, como aseguraba la PGR, sino que fueron llevados a diferentes lugares: “Las señales de los teléfonos celulares de los muchachos tenían ubicación en diferentes zonas que no se relacionan con Cocula”.
El GIEI profundizará en líneas de investigación que había establecido en 2015 y que la PGR se negó a seguir, como la posibilidad de que los estudiantes hayan sido trasladados por sus atacantes hacia Huitzuco y entregados al “señor de Huitzuco” (cuya identidad se desconoce hasta ahora); a Pololcingo, a Mezcala y a Santa Teresa, poblaciones aledañas a Iguala.
La línea de Mezcala cobró vigencia el año anterior al conocerse un video en el que Carlos Canto Salgado, El Pato, es torturado por agentes de la PGR a quienes les dice, en medio del interrogatorio, que entre 12 y 13 estudiantes fueron llevados a Mezcala.
–Uno de los obstáculos de su primera etapa en México fueron los militares, porque ustedes sabían que ellos tenían mucha información, pero siempre se negaron a colaborar en su investigación. ¿Ahora sí tienen el apoyo del gobierno para que esto no se repita? –se le pregunta.
–Creo que sí. Está la disponibilidad y hay manifestaciones claras de que sí. Estoy convencida de que se abrirán todos los espacios necesarios para esta investigación. Inclusive por solicitud directa de nosotros.
–¿Es importante para la investigación que los militares cooperen en esta nueva etapa?
–Ellos tienen información que sería vital para muchas cosas. Fueron testigos directos, excepcionales, a través de sus hombres de inteligencia.
–Si llaman a declarar a militares, ¿ustedes participarían en los interrogatorios?
–La labor la ejerce la fiscalía pero tenemos la posibilidad de participar directamente en todas las actividades que consideremos y en las investigaciones, y sugerir en la investigación.
Buitrago considera que hay un buen clima para que el GIEI desarrolle un trabajo que produzca avances en un caso emblemático en la historia de las violaciones de los derechos humanos en México que, además, develó vínculos profundos entre el poder político y el crimen organizado y los intereses para obstaculizar, desde altas esferas del Estado, una investigación judicial.
“Contamos con la absoluta confianza de los padres”, asegura, “y ellos han dado esta lucha para que regrese el GIEI. El gobierno accedió con convencimiento, lo siento así. Somos bien recibidos.”
Según Buitrago, es importante señalar que, en medio de “las trabas” que enfrentaron los expertos durante el gobierno de Peña Nieto, hubo funcionarios de la PGR “que quisieron llegar a saber la verdad pero que no tenían tanto poder como los que no quisieron”.
Y esas personas “genuinamente comprometidas con la investigación encontraron información que hoy en día puede ser muy útil”, asegura.
El GIEI deberá rendir un informe de su tercer mandato en México el próximo agosto, lo que de acuerdo con Buitrago será posible a pesar de las limitaciones que impone la emergencia sanitaria.
“Nosotros”, concluye”, vamos avanzando y estamos evaluando el tema de la seguridad (informática) para trabajar con gente que ha llegado a ofrecer información.”
