La pugna entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador escaló a actos de violencia en medio de las protestas del jueves 4 en Guadalajara contra el abuso policial que causó la muerte de Giovanni López, detenido hace un mes por presuntamente no usar un tapabocas, y cuyo uso obligatorio fue ordenado por el mandatario estatal. Este punto del conflicto llega en un contexto en el que el gobernante local ha ganado mayor protagonismo político y el Ejecutivo federal ha retomado sus giras estatales.
GUADALAJARA, JAL.- Envuelto en una serie de escándalos políticos y enfrentamientos con el gobierno federal, el jueves 4 le estalló un conflicto mayor al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, con una violenta protesta de jóvenes que destruyeron parte del Palacio de Gobierno, quemaron patrullas y se enfrentaron con policías estatales por la muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos.
Desde el inicio de la pandemia causada por el covid-19 a la fecha, Alfaro ha adquirido un protagonismo a nivel nacional por lanzar diversas acusaciones contra el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el manejo de la emergencia sanitaria.
De las diferencias que el mandatario estatal tiene con la 4T destaca la que ha exhibido públicamente con el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, a quien calificó de “cínico” –el 29 de mayo último–, debido a que dejó en manos de los estados la reactivación económica cuando al mismo tiempo “pintó de manera automática a todo el país de rojo” en el semáforo epidemiológico.
Previamente, el 1 de abril reciente, el mandatario jalisciense señaló que sería un acto de “traición a la patria” la negativa de López-Gatell de hacer pruebas rápidas por cuidar sus estadísticas. De acuerdo con el subsecretario de salud, la calidad de diagnóstico de las pruebas es limitada, por lo que, “si no son competentes, no tenemos por qué utilizarlas”.
Al día siguiente, Alfaro se dirigió a López-Gatell –vía un video– para pedirle que se permita la importación de pruebas rápidas y recalcó que no podía aceptar que, “con mentiras, descalifique nuestro planteamiento. No podemos aceptar que México siga sin medir, como se debe, los posibles contagios”.
Según el mandatario estatal, su intención de hacer las pruebas es detectar más rápido los posibles contagios, aislarlos y evitar la propagación del virus. Su plan de la aplicación de los exámenes rápidos comenzó el 25 de marzo último, cuando anunció la compra de 20 mil de esos test para detectar el nuevo coronavirus. Sin embargo, dos días después informó que el proveedor incumplió.
Pese a lo anterior, el gobernador no cejó en su objetivo de detectar a los contagiados por covid-19, e hizo una alianza con la Universidad de Guadalajara para aplicar las pruebas PCR, cuyo costo es tres veces más caro que en un laboratorio privado.
El protagonismo de Alfaro comenzó el 13 de marzo último, cuando decidió adelantarse al gobierno federal y anunció la cancelación de actos masivos. Asimismo ordenó para el 17 de marzo la suspensión de las clases presenciales en educación básica, media y superior, cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) había pedido que fuera el día 20 de ese mes.
En esa ocasión, el gobernador expuso que “estamos ante una circunstancia que exige decisiones complejas, prefiero que haya quien diga que estamos actuando de manera exagerada que asumir luego la responsabilidad de no haber tomado decisiones cuando se debieron de haber tomado. Que cada quien asuma su responsabilidad histórica”.
Otro acto de protagonismo del mandatario local ocurrió el 10 de abril último, cuando anunció la salida de Jalisco del pacto fiscal. Sin embargo, el 22 de mayo reculó: dijo que no se rompería el pacto y que sólo pretendía que se revise.
Abusos
Una de las medidas más polémicas del gobernador de Jalisco ha sido el anuncio sobre la obligatoriedad del aislamiento y del uso de cubrebocas en espacios públicos a partir del 20 de abril, así como las sanciones para quien desatienda el acuerdo estatal DIELAG ACU 026/2020.
Las policías de la Zona Metropolitana informaron que todos los arrestados por esos hechos se pusieron agresivos ante la autoridad… Para mediados de mayo Jalisco sumó 412 detenidos.
En Tala, el 3 de abril reciente un hombre fue detenido cuando iba a comprar comida. Como no traía cubrebocas el dueño del puesto de alimentos le dio uno. Sin embargo, cuando el cliente iba a ponérselo ya era demasiado tarde, fue esposado.
El caso de esta persona fue abordado por el laureado cineasta mexicano Guillermo del Toro, quien en sus redes sociales compartió el video de dicha detención y reclamó al gobernador Alfaro el exceso de la fuerza policiaca. El caso fue publicado por medios nacionales e internacionales, como la revista Forbes.
El 29 de abril en Tlaquepaque, policías detuvieron a una mujer que compraba mercancía para vender en el mercado de su colonia, los uniformados la acusaron de usar un cubrebocas viejo y le dijeron que no podía “salir a infectar a las personas”. La afectada reclamó que mientras estuvo detenida los agentes se comieron su mercancía, la tiraron al piso y le robaron 350 pesos que tenía.
Otra situación de abuso policial ocurrió el 1 de mayo en Chapala: varios uniformados detuvieron al director de la preparatoria de ese municipio y le causaron pérdida del sentido; en vez de enviarlo a urgencias, llevaron su cuerpo a los separos y lo esposaron en un patio aledaño a la comandancia. Por esos hechos hubo una protesta pública de parte de la Universidad de Guadalajara. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una investigación sobre el caso.
Huellas de violencia
Respecto de los hechos del 4 de mayo, Giovanni López fue uno de los arrestados que presuntamente se puso agresivo con la Policía Municipal de Ixtlahuacán, al oponerse a usar cubrebocas.
El hermano de la víctima grabó el momento de la detención a manos de cuatro uniformados que se lo llevaron rumbo a la cárcel. De acuerdo con la tía del detenido, el presidente municipal, Eduardo Cervantes Aguilar, le pidió que fuera por él al día siguiente.
Y así lo hizo, pero el hombre que se dedicaba a la albañilería no estaba en la cárcel, a sus familiares les dijeron que había sido trasladado al Hospital Civil de Guadalajara. Después se enteraron que falleció en el trayecto y que su cuerpo fue enviado al Servicio Médico Forense.
En este último sitio su tía vio que el cuerpo presentaba huellas de violencia, mientras que en su acta de defunción se registró que murió por traumatismo craneoencefálico.
A casi un mes de su deceso, el miércoles 3, un medio internacional publicó el video del arresto y ese mismo día apareció una convocatoria en redes sociales: “#JusticiaParaGiovanni. Parque Rojo, jueves 4 de junio. 5 pm. El uso de cubrebocas es obligatorio. ¡No a la brutalidad policial!”.
El jueves 4 la manifestación se tornó violenta, con saldo de siete policías heridos, uno de ellos fue quemado, así como dos patrullas incendiadas y edificios y monumentos históricos dañados.
Horas después de los sucesos violentos, por la noche, en un mensaje por video, el gobernador Enrique Alfaro acusó que detrás de los actos vandálicos estaba la gente y el partido del presidente López Obrador.
El mandatario estatal justificó sus señalamientos, dijo que en “Guadalajara nunca se había presentado un hecho similar”, además expuso que en redes sociales se pagaron millones de pesos en pauta para dar información falsa y generar malestar sobre la detención y muerte de Giovanni.
Alfaro, incluso, reclamó que el gobierno federal no se comunicó con él durante la jornada violenta, pero “sí hubo mentiras de la Secretaría de Gobernación y del subsecretario de Gobernación”.
El viernes 5, un día después de los hechos violentos en Guadalajara, el presidente López Obrador respondió a las acusaciones de Alfaro. En Villahermosa, Tabasco, el mandatario federal soltó: “No tengo nada que ver con eso… pero que no se retracte. No debió mencionarme; debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigentes de Morena (…) Él (Alfaro) debió cuidar sus palabras porque es autoridad”.
El tabasqueño también retó al gobernador jalisciense a que presente las pruebas de que los actos vandálicos se organizaron en los “sótanos del poder de la Ciudad de México”.
En tanto, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, que dirige Alejandro Encinas y depende de la Secretaría de Gobernación que encabeza Olga Sánchez Cordero, solicitó información de las carpetas de investigación sobre el probable uso excesivo de la fuerza pública en la detención de Giovanni.
El mandatario jalisciense dijo que no se comunicaría con ninguno de esos dos funcionarios federales. “No se puede mantener un diálogo respetuoso con funcionarios que se dedican a hacer política (y) no a gobernar”. Aclaró que sólo esperaría hablar con López Obrador.
Sobre el caso de Giovanni, el director Guillermo del Toro también hizo señalamientos: en su cuenta de Twitter escribió que “a más de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido –la locura absoluta– es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud pública”.
El viernes 5, el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó la detención de tres uniformados de Ixtlahuacán por el asesinato de Giovanni, se trata del comisario de seguridad pública, un mando medio y un policía.
También mencionó que la víctima tenía antecedentes penales, dos de ellos por delitos federales, dos del fuero común y otros casos que no estaban especificados en la base de datos de la policía. No obstante, dijo que “esto (los antecedentes) no cambia la posición del gobierno estatal de investigar su muerte y castigar a los responsables”.
Filtros sanitarios
Laura Imelda Pérez Segura, diputada federal de Morena, presentó un punto de acuerdo con carácter de urgente para exhortar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a iniciar una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo del gobernador sobre el uso obligatorio de cubrebocas y el aislamiento social, ya que “esta situación está afectando al pueblo jalisciense”.
En su exposición de motivos mencionó que “es evidente que las medidas implementadas por el gobernador, y que cataloga de ‘oportunas’ y ‘necesarias’, responden más a un tema de agenda política, de posicionamiento público y de interés personal que a una situación de emergencia sanitaria. Lo más grave es que esta actitud ha generado una constante violación a los derechos humanos”.
El 20 de abril último, Alfaro también anunció que se instalarían filtros sanitarios en las entradas y salidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara, para contener la propagación del covid-19. Un día después se informó que se impidió el ingreso a Jalisco de seis personas con posibles síntomas y que provenían del Valle de México.
Para el 4 de mayo la autoridad reportó la revisión de 25 mil personas durante un fin de semana.
De igual manera, Jalisco instaló filtros sanitarios en sus límites con Michoacán, Guanajuato, Colima, Zacatecas, Aguascalientes y Nayarit, así como en el interior del estado, en las carreteras a Morelia, Chapala, Nogales, Las Palmas-Puerto Vallarta y en los ingresos a Tapalpa y Mazamitla.
