La ejecución, hace ocho años, de 49 migrantes cuyos cadáveres aparecieron en Cadereyta, es un caso paradigmático de ineptitud en la aplicación de justicia. Desde el principio hubo negligencia de la fiscalía de Nuevo León, que hace dos años se deshizo del expediente del caso y lo envió a la FGR mediante una empresa de servicios de paquetería, pero ésta nunca lo entregó. Y aunque las autoridades nuevoleonesas reenviaron otro expediente con constancias certificadas hace un año, las indagatorias siguen empantanadas.
MONTERREY, NL.– El expediente de la investigación sobre el asesinato de 49 personas ocurrido en el municipio de Cadereyta está desaparecido.
El legajo que contenía documentos y evidencias materiales de esa matanza descubierta el 13 de mayo de 2012 fue destruido durante el envío por paquetería efectuado en 2018, según la versión que la fiscalía estatal entregó a la General de la República (FGR), que atrajo el caso.
La fiscalía estatal, que dirige Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, no ha explicado aún la desaparición de ese expediente, que incluía la manta que los homicidas dejaron sobre los cadáveres, sostienen los representantes legales de los deudos de las víctimas, en su mayoría oriundos de Honduras.
“No podría creer en una situación fortuita o accidental, porque (esa desaparición) nos lleva a varias preguntas, como quién es responsable de la pérdida o destrucción, quién dio la orden (del traslado), de qué manera fue destruido, si se confirma, y sobre todo qué información contenía y qué objetos tenía”, dice Fabienne Cabaret, coordinadora del área de defensa integral de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
Es inaceptable que en ocho años no se haya resuelto este caso, uno de los más emblemáticos de la violencia reciente en México, ni se haya registrado avance en las indagatorias, dice la activista de la asociación civil radicada en la Ciudad de México.
La fiscalía de Nuevo León admitió haber enviado el expediente por paquetería, pero la empresa no lo entregó y de manera extraoficial comunicó a las autoridades estatales que lo había destruido, por lo que la fiscalía repuso la documentación y la envió de nuevo a la FGR.
La desaparición
La madrugada del 13 de mayo de 2012 en Cadereyta Jiménez, 30 kilómetros al oriente de Monterrey, a un costado del kilómetro 47 Carretera Libre Monterrey-Reynosa, en el entronque con la comunidad San Juan, se localizó una pila de restos humanos que pertenecían a 49 personas a las que les habían cercenado la cabeza y las extremidades.
Había una manta con un texto presuntamente escrito por un grupo criminal que hasta hoy no ha sido identificado.
Ese hallazgo ocurrió meses después del incendio perpetrado por Los Zetas el 25 de agosto de 2011 en el Casino Royale, en Monterrey, en el cual murieron 52 personas.
En el caso de Cadereyta (AP121/2012) la Secretaría de la Defensa Nacional notificó a la entonces procuraduría local el 19 de mayo sobre la detención de personas presuntamente relacionadas con la matanza.
Cuatro días después del hallazgo el gobierno de Nuevo León informó que la entonces Procuraduría General de la República publicó la decodificación de las muestras de ADN de los cadáveres para que fueran identificados. Desde el principio al menos seis familias pidieron cotejar muestras de sangre con los cadáveres, aunque todos los resultados resultaron negativos. Los restos eran de 43 hombres y seis mujeres, presuntamente originarios de Honduras, Nicaragua, Guatemala y México.
Meses después las autoridades estatales aclararon que las 49 ejecuciones ocurrieron en Tamaulipas pero los cuerpos fueron abandonados en Nuevo León. Y añadió que el 6 de agosto de ese 2012 los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador le solicitaron información genética de los 49 cadáveres. La pesquisa resultó infructuosa.
En 2013 El Equipo Argentino de Antropología Forense, que coadyuvó con el gobierno mexicano en las indagatorias, identificó a nueve hondureños. El caso se empantanó, hasta que el 14 de mayo de 2012 la PGR inició, de oficio, una averiguación previa que dio origen a otra en 2016 (AP/PGR/SDHPDSC/UIDPM/M2/003/2016).
El 17 de octubre de 2017 la CNDH emitió la recomendación 8VG/2017, que está en etapa de cumplimiento. Para entonces ya se habían identificado 16 cadáveres. El organismo recomendó que los familiares de las víctimas fueran atendidos e indemnizados y que se les permitiera participar activamente en las investigaciones.
El ómbudsman nacional recomendó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón instruir a un “servidor público de alto nivel” para que ofrezca una disculpa pública a los familiares de las víctimas y erigir un memorial a los migrantes desaparecidos que se devele en una ceremonia pública.
En la cuarta recomendación de la 8VG/2017 la CNDH pidió a la FGR atraer la AP121/ 2012 arraigada en Nuevo León ante la presunción de que existe “conexividad de delitos federales” y para evitar que la indagatoria se fragmentara.
Graves omisiones
En su recomendación 8VG/2017 la CNDH menciona una diligencia ministerial –desconocida hasta donde se sabe– efectuada el 22 de mayo de 2012 en la que la entonces delegada estatal de la PGR en Nuevo León adjuntó información relacionada con el arresto de ocho personas que habrían aportado información sustancial sobre el caso.
Según esta versión, que consta en el oficio de la CNDH, los detenidos declararon que pararon un autobús en la carretera Linares-Monterrey y recibieron la orden de su jefe de “detenerlos ( a los migrantes) y llevarlos a (el municipio de) General Terán, donde fueron ejecutados y mutilados”.
Tras la difusión de la recomendación comenzaron las irregularidades en este proceso, dice la representante de la FJEDD, quien como coadyuvante en la investigación y representante de las víctimas acudió el 28 de junio de 2019 a la Unidad Investigadora de Delitos para Personas Migrantes (UIDPM) de la FGR para consultar el expediente de la matanza de Cadereyta y conocer el avance de las investigaciones.
En el tomo XXIII, cuenta Cabaret, descubrió en la indagatoria que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó a la UIDPM que no podía remitirle el expediente porque había sido destruido por personal de la empresa de paquetería a la que meses atrás se lo habían entregado para que lo llevara a la FGR.
El hecho fue asentado en el oficio 1202/D.11.2019, del 22 de marzo de 2019, suscrito por el vicefiscal de Ministerios Públicos de Nuevo León, Luis Enrique Orozco Suárez, quien informó que en enero de 2018 la AP121/2012 y otros objetos relacionados fueron entregados a la empresa Redpack, sucursal Cumbres, en Monterrey, que les dio el número de guía 039834813 y les comunicó que los documentos fueron destruidos por personal de la empresa.
La fiscalía estatal tardó un año en notificar a la FGR que el expediente sobre los 49 asesinados ya no existía.
El 16 de mayo de 2019, la UIDPM pidió por escrito al fiscal estatal Gustavo Adolfo Guerrero (oficio SDHPDSC-UIDPM-M2-198-2019) investigar sobre el presunto extravío del expediente.
En su queja presentada por Cabaret ante la CNDH el 14 de abril pasado en nombre de la Fundación, señala que “aun cuando la fiscalía estatal pretenda atribuir la pérdida material del expediente a personal de la empresa Redpack, eso no la exime de responsabilidad, al ser el Ministerio Público el garante de las constancias y objetos bajo su resguardo”.
Insistió en que se verifiquen a la brevedad las circunstancias de la destrucción del expediente y se identifique a los servidores públicos responsables.
“Estamos en duda si se trató de un acto intencional; y (no sabemos) por qué se hizo. Qué información se quería esconder, de ser el caso, o se quiso destruir (el expediente) o que no llegara. Ese es el gran tema”, dice Cabaret en entrevista.
“Ni lógico ni creíble”
El martes 2 la fiscalía estatal emitió un comunicado en el que menciona la desaparición del paquete con la averiguación previa.
Según esta versión, la entonces procuraduría estatal envió el expediente a la FGR el 3 de enero de 2018 vía Redpack, pero la empresa incumplió. “La paquetería no entregó dicho expediente y reportó posteriormente haberlo considerado como paquete abandonado, supuestamente por no encontrar al destinatario, pero no hay prueba de que así haya ocurrido”, arguyó la fiscalía.
También relata que procedió a reponer el expediente a la FGR con constancias certificadas. El paquete fue recibido finalmente por la dependencia federal el 24 de mayo de 2019.
En el comunicado Guerrero Gutiérrez explica que aún investiga el destino del expediente original, y aclara que la continuidad de la investigación quedó garantizada con los procedimientos de ley seguidos para restaurar expedientes físicos: “Cabe mencionar que los datos relativos a las pruebas genéticas y de laboratorio se conservan en archivos electrónicos a disposición de los interesados”.
No hay alusión a pruebas físicas, ni la razón por la que no se ha concluido la investigación sobre la desaparición del paquete hace más de dos años.
A Cabaret no le satisface la explicación de la fiscalía de Nuevo León sobre el destino del expediente y la pérdida de evidencias materiales. “La fiscalía tiende a desdramatizar la situación diciendo que repusieron las constancias certificadas; no hay que olvidar que los expedientes de esta naturaleza comúnmente van conformados de diversas partes. En los tomos hay anexos que muchas veces complementan las constancias y los objetos”.
E insiste: “No es creíble la explicación de que la paquetería fue destruida porque la empresa no encontró la dirección del destinatario: la FGR… significa que la fiscalía de Nuevo león no dio correctamente los datos. De otra manera “cómo podríamos entender que una paquetería no pueda localizar a la Fiscalía General de la República. No hablamos de un callejón de un pueblo lejano, sino de una de las instituciones más importantes del Estado mexicano. La hipótesis de que no encontraron al destinatario es poco creíble”.
Cabaret pide que se aclare cuáles fueron los objetos que se perdieron con el expediente, además de la manta, pues esas evidencias son valiosas para dilucidar el caso por el que los familiares de los 49 ejecutados tienen años esperando justicia.
“No estamos hablando de un regalito que se va por paquetería y no llega a su destinatario. Estamos hablando de una masacre que, por la forma en que se han visto las imágenes del estado en que estaban las víctimas, es una expresión máxima del horror. Difícilmente pude haber una escena más trágica y dolorosa que esa de Cadereyta”, dice la activista.
A dos años de la desaparición del expediente es incomprensible que la fiscalía que dirige Guerrero Gutiérrez siga sin explicar qué ocurrió, reitera Cabaret.
“La fiscalía se está tardando en dar una explicación. Si hace un año informó a la FGR que se había iniciado un expediente de investigación a nivel local, no entiendo por qué se tarda tanto avanzar en esas investigaciones”, dice.
Relata que, al inicio, el entonces gobernador Rodrigo Medina declaró que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas criminales. “Esa declaración del gobierno del estado dañó muchísimo a las familias de los ejecutados, más allá de las irregularidades en la integración del expediente, de la falta de resultados. Lastimó mucho a las familias leer en la prensa ese tipo de manifestaciones. Ahora, con la pérdida del expediente, ¿cómo crees que se sienten?”, señala la integrante de la FEDJJ.
“El caso no está resuelto. Y aunque no es el único, si comparamos todos los casos, llama la atención que en éste no se haya diseñado un buen método de investigación, no se haya llegado a hipótesis certeras”, comenta Cabaret.
Recuerda que en 2012 fueron entregados a sus familiares los cadáveres de dos personas, un mexicano y un guatemalteco. Los 47 restantes fueron sepultados en un panteón nuevoleonés por disposición de la entonces procuraduría estatal. Poco después esos restos fueron exhumados para el análisis de la comisión forense, que aún no termina las identificaciones.
Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, donde continuaron los trabajos para encontrar la filiación correspondiente, dice la entrevistada.
Hasta ahora han sido entregados los restos de los 17 cuerpos identificados; otros 30 están bajo resguardo. Dos más, uno mexicano y otro nicaragüense, ya fueron identificados; al primero aún no lo recogen sus familiares; al segundo lo rechazaron sus deudos.
Resalta la importancia de concluir la investigación de la matanza de los 49 de Cadereyta, pues el caso es de alta relevancia no sólo para las víctimas, sino para la sociedad, pues forma parte de esos eventos paradigmáticos en torno a la violencia en México. Por eso, reitera Cabaret, es “poco entendible” el extravío de los documentos del caso.
