El gobierno de la Cuarta Transformación adquirió en 2019 los servicios de la firma L3Harris Technologies Inc, dedicada al espionaje, entre otras actividades. Es una compañía que ha obtenido contratos gubernamentales desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. A la par, la investigación de una ONG chilena, dada a conocer por la organización Poder, revela que en el Valle de México operan de manera irregular antenas de telefonía celular con la capacidad de intervenir las comunicaciones móviles. En especial, el hallazgo advierte que varios de esos artefactos están activos desde el Zócalo capitalino.
Otrora contratista del gobierno de Peña Nieto, la firma dedicada al espionaje L3Harris Technologies Inc obtuvo tres contratos con la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con una investigación y rastreo de la ONG chilena Souht Ligthouse en la Ciudad de México, hay antenas falsas con características de IMSI Catchers o stingrays que sirven para intervenir teléfonos celulares, atacarlos y extraer información. L3Harris Technologies Inc es el principal fabricante mundial.
South Lighthouse, integrada por activistas cuya metodología está basada en un estudio de la Universidad de Washington, impulsa la iniciativa Fake Antenna Detection Project (Fade), mediante la cual analizó, además de México, antenas de transmisión celular en dos países latinoamericanos y en una región fronteriza de Sudamérica en la que identificó qué aparatos tienen la capacidad de realizar funciones de espionaje y desde dónde operan.
De acuerdo con Projetc on Organizing, Development, Education and Research (PODER, por sus siglas en inglés), que tuvo acceso exclusivo a los resultados del análisis que la ONG chilena hizo entre agosto y octubre de 2019 en la Ciudad de México, en Caracas y en La Paz, Bolivia, así como en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, el Zócalo capitalino es un punto con importante actividad de antenas con la capacidad de espiar equipos móviles de comunicación.
Del sexenio pasado
Principal fabricante de la tecnología IMSI Catchers –de acuerdo con la organización mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)–, L3Harris Technologies Inc tiene 21 contratos con el gobierno federal, conseguidos entre 2014 y 2019, por un valor de 85 millones 552 mil 638.89 pesos, según se puede comprobar en https://www.quienesquien.wiki, herramienta desarrollada por PODER.
De ellos, tres contratos corresponden a marzo, abril y julio de 2019, en el gobierno de López Obrador, con títulos como “Adquisición de refacciones para equipos de radiocomunicación táctica en HF” y “Ads. Eq. Radiocomunicación en HF para la construcción de un centro de entrenamiento conjunto de operaciones de paz”. El valor de esos convenios con la 4T asciende a 23 millones 94 mil 970 pesos.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la de Marina son las instituciones que realizaron los contratos para el gobierno lopezobradorista.
La firma estadunidense con sede en Florida, dueña de Harris Communications Division y Harris Corporation Communication Systems Segment, se especializa en tecnología aeroespacial y de defensa, y también ofrece soluciones para “las misiones críticas de sus clientes gubernamentales y comerciales”, según su sitio oficial en internet.
En el segmento de Sistemas de Misión Integrados, la firma vende aparatos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), sistemas de comunicación y soporte de gestión de flotas, desarrollo de sensores, modificaciones y servicios periódicos de mantenimiento de depósitos para los ISR que venden.
El objetivo de la tecnología IMSI Catchers es el mismo que el descubierto en el escándalo conocido como #GobiernoEspía, en el que se reveló en junio de 2017 que fueron intervenidos –vía el programa malicioso Pegasus– los teléfonos celulares de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, así como de defensores de derechos humanos, periodistas y sus familiares.
En el caso del IMSI Catchers no se emplea un programa, propiamente, para entrar en los aparatos móviles; la intrusión se hace mediante la suplantación de una antena telefónica con el objetivo de capturar el tráfico de datos y llamadas. Si sales del radio de la antena, termina el espionaje.
Puntos de riesgo
La iniciativa Fade analizó el funcionamiento de mil 801 antenas en México –algunas eran móviles– y descubrió que 21 de ellas operaban de manera irregular. A detalle, tres de ese grupo de artefactos sospechosos fueron calificados con el rango máximo de anomalías y, por ende, considerados con altas probabilidades de estar realizando funciones de espionaje.
Entre las anomalías detectadas en estas antenas destacan su ubicación geográfica, inconsistencias de tiempo y los valores atípicos de la configuración de los aparatos.
La antena con más anomalías detectadas fue ubicada en la carretera 115-D, que comunica a la Ciudad de México con Puebla y Morelos, específicamente está situada en la comunidad de Amecameca. En su radio de operación está la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el Campo Militar 37-B de la Sedena.
La segunda con más indicios de espiar está en la autopista México-Marquesa, casi en la frontera entre la Ciudad de México y el Estado de México.
La tercera en la que se descubrieron más anomalías se ubica en el corazón de la capital del país: la Plaza de la Constitución. En el Zócalo llamó la atención la existencia de cinco antenas detectadas con la capacidad de ser usadas para intervenir teléfonos celulares. Es el punto de la ciudad con más aparatos de ese tipo.
En el radar de estas antenas se encuentran el Palacio de Bellas Artes, la avenida Paseo de la Reforma, el Parque San José, el Archivo General de las Notarías, el Palacio Legislativo de San Lázaro, el Heroico Colegio Militar, el Periférico, Insurgentes, el Instituto Nacional de Pediatría y Perisur. Se trata de zonas que concentran inmuebles gubernamentales, legislativos e instalaciones militares y donde ocurren importantes manifestaciones y actividades de defensores de derechos humanos y periodistas.
El 29 de agosto de 2019 López Obrador reveló que en una de las salas de trabajo de Palacio Nacional fue hallada una cámara de espionaje.
Más recientemente, el 2 de marzo, el mandatario, al hablar sobre el trabajo de la autoridad contra el crimen, expuso: “Antes el Cisen se dedicaba a espiarnos a nosotros, a los opositores. Eso ya no existe, no estamos espiando a los opositores del gobierno, no estamos espiando a ningún conservador, pueden hablar por teléfono con toda tranquilidad, nosotros no estamos escuchando conversaciones de opositores, de periodistas. Eso ahora nos permite que la inteligencia se dedique al trabajo de esclarecer crímenes”.
En la sombra
De acuerdo con el análisis de la iniciativa Fade, en México operan estos aparatos que tienen la capacidad de espiar teléfonos celulares, y el gobierno mexicano tiene contratos con empresas que cuentan con dicha tecnología. Sin embargo, a falta de una regulación jurídica, es imposible detectar a sus operadores.
Cofundador y codirector de la ONG mexicana SeguDigital, Phi (así se identifica) señala que los hallazgos de la organización chilena demuestran que en México se realiza una actividad ilegal al intervenir los dispositivos y rastrearlos para capturar sus datos.
“Es importante mencionar que hay una Ley de Datos Personales que justamente debería protegernos para que no puedan usar este tipo de información con fines de espionaje”.
En el mismo sentido, la R3D advierte en su informe de 2016 que es ilegal la adquisición de esos aparatos. “Estos ataques fueron probados en redes de Estados Unidos y Canadá, lo que demuestra la latente vulnerabilidad ante los IMSI Catchers. En México, aunque existen reportes periodísticos de su adquisición, no se tiene regulación para su uso, por lo que se podrían considerar como intervención de comunicaciones privadas” y constituir un delito.
“Una cosa es saber que ahí están y otra cosa es saber quién los opera o controla. Podemos tener sospechas, pero definitivamente será poco fácil de demostrar”, agrega Phi.
South Lighthouse encontró que Caracas es la ciudad con más antenas sospechosas de realizar espionaje, con 33 casos, seguido del Valle de México, con 21 antenas anómalas, y la Paz, con 17. En la frontera entre Venezuela y Colombia fueron descubiertos 16 aparatos con irregularidades.
Sobre el caso México, la organización PODER solicitó una entrevista con el coronel encargado de la Comunicación Social de la Sedena, Francisco Antonio Enríquez Rojas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
