No sólo fue Rápido y Furioso. A partir de 2004 agencias de Estados Unidos realizaron otros siete operativos de “trasiego controlado” de miles de armas hacia México. La mayoría terminó en manos de cárteles de la droga y con ellas se cometieron múltiples homicidios. En al menos cuatro de estos operativos el gobierno mexicano no sólo fue informado, sino que cooperó… Y lo hizo “al más alto nivel”, como lo revela una investigación de Fabián Medina –jefe de la oficina del canciller Marcelo Ebrard–, y cuyas partes fundamentales Proceso reproduce.
La solicitud de información del canciller Marcelo Ebrard a Estados Unidos sobre la operación Rápido y Furioso (2009-2011) es un reclamo legítimo para conocer cuáles autoridades mexicanas se coordinaron con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos (EUA), bajo el “trasiego vigilado” de armas.
Esta táctica encubierta de gunwalking (dejar caminar las armas) empezó en 2004 con el programa Gunrunner (Corredor de Armas), el cual dio vida a operativos subsiguientes. Se estima el cruce de al menos 2 mil 500 armas, sin contar las que quedaron en manos de los cárteles, que incluyó rifles de asalto (AK-47, AR-15W), Barrets .50 y granadas. Los funcionarios mexicanos de entonces han negado haberlo permitido, pero la evidencia apunta en otra dirección.
Gunrunner
En una frontera de más de 3 mil kilómetros con el país más poderoso del mundo, los atentados del 11 de septiembre en 2001 durante la administración Bush y la escalada de violencia fronteriza motivaron operaciones novedosas para frenar amenazas externas. Así surgió la iniciativa nacional Gunrunner en 2004 bajo el DOJ y la División de la ATF en Houston, como parte de la Southwest Initiative (Iniciativa del Suroeste) con 55 millones de dólares desde Laredo, Texas. Dos años después emplearía 100 agentes y 25 investigadores.
Mientras, en México se iniciaba el gobierno de Felipe Calderón con la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Sin duda, ésta fue una política de Estado errónea que desató una escalada de violencia y muerte sin precedentes. El saldo: más de 30 mil homicidios entre 2006 y 2010. Esta prioridad embonó con Gunrunner, que se enfocó en el tráfico de drogas y armas de tres cárteles: Los Zetas y su disputa con el Cártel del Golfo en el noreste, y el Cártel de Sinaloa en el occidente.
Para 2006 se oficializó el programa y en 2009 –con recursos de la Iniciativa Mérida– sumaba ya 148 agentes de la ATF y 59 investigadores en California, Nuevo México, Arizona y Texas. Sus funciones eran coordinarse con autoridades de justicia de ambos países, entrenar agentes para identificar traficantes, sensibilizar vendedores y rastrear tendencias, patrones y redes de armas.
Según un informe del Congreso de 2009, se abrieron 415 casos con mil 135 acusados y 13 mil 382 armas aseguradas. Además, la Iniciativa Mérida dotó a las autoridades mexicanas en 2008 del sistema eTrace –abierto a consulados de Estados Unidos en México y a la oficina del entonces procurador general Eduardo Medina Mora– con el que se rastrearon 7 mil 500 armas ese año.
Para abril de 2009, según el informe de 2012 del inspector general del DOJ, Michael Evan Horowitz (página 98 de ese documento), el presidente Calderón y el procurador Medina Mora se reunieron en Cuernavaca, Morelos, con la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, y crearon un equipo conjunto, Gunrunner Impact Team, para su evaluación. Ante esta estrecha colaboración, resulta inverosímil pensar que ambas autoridades no conocieran su alcance.
Los otros operativos
Gunrunner desarrolló diversos brazos. El primero, Wide Receiver (Receptor Abierto), operó de 2006 a 2007 para vigilar compras de armas y detener contrabandistas en Estados Unidos. De 474 armas que cruzaron la frontera, la ATF recuperó 64. Los presidentes George Bush y Calderón fueron informados en Mérida del operativo.
La Oficina en Tucson de la ATF, a cargo del agente Bill Newell, supervisó el operativo, al igual que el último, Rápido y Furioso. Entre abril y junio de 2007 contactó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar información sobre trasiegos en Sonora, al no tener respuesta de su agregaduría en la Ciudad de México.
Después, por el informe del inspector general (páginas 53 y 93), se supo que Newell reportó un arreglo cooperativo con autoridades mexicanas en mayo de 2007, en un memorándum a la oficina central, solicitando financiamiento adicional, que insistió en que la oficina de la ATF en México y la Policía Federal mexicana permanecieran en “la oscuridad” respecto a la operación, salvo la PGR; y que tampoco respondió a consultas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Un segundo operativo, Hernández –en alusión al narcotraficante Fidel Hernández– implicó los cruces de que éste realizó en 2007, hasta ser detenido por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE). El informe del DOJ de 2011 registra que en noviembre de 2007 el fiscal general Michael Mukasey informó en Washington al procurador Medina Mora sobre investigaciones conjuntas de este operativo.
En 2008 la ICE, con apoyo de la PGR, lanzó un tercer operativo, Armas Cruzadas, para intercambiar inteligencia y efectuar detenciones. En 2009, con financiamiento de la Iniciativa Mérida se habían arrestado a más de 100 contrabandistas, abierto 42 procesos y asegurado 400 armas. También en 2008 el operativo Medrano implicó entregas controladas de este traficante, hasta su detención por la Patrulla Fronteriza (CBP).
Otro operativo de la ATF en Phoenix fue Granade Walker (Caminante con Granadas), mediante el cual el traficante Jean Baptiste Kingery introdujo al menos 2 mil granadas. Los fiscales en Arizona se negaron a abrirle un proceso. Al aprehenderlo, autoridades mexicanas encontraron una fábrica de granadas y de conversión de fusiles semiautomáticos en automáticos.
Después de 2010, Castaway (Náufrago) y Too Hot to Handle (Demasiado peligroso para controlar) de la ATF operaron en Florida, Nuevo México, Texas y Arizona: en coordinación con funcionarios mexicanos vigilaban sospechosos a los que luego no pudieron arrestar.
Finalmente, tras la evaluación “exitosa” de Gunrunner en 2009 en la Iniciativa Mérida, se lanzó una operación de mayor envergadura desde Arizona, para expandirla a toda la frontera.
Rápido y Furioso … y fallido
Este operativo (2009-2011) buscó detener a los grupos criminales más violentos: Los Zetas y los cárteles del Golfo y de Sinaloa. Comandado por la ATF, se inició en Phoenix con 650 mil dólares. En un año detectó un gran número de “armas controladas” en 48 operativos. Sin embargo, omitió información a la ATF en México y a autoridades centrales; los rastreos de eTrace en México eran bloqueados en Washington; y muchos detenidos por CBP o ICE eran liberados por la ATF.
Su cierre estaba previsto en marzo de 2010, pero continuó hasta el homicidio, en diciembre de 2010, de un agente de CBP en EUA, y, en febrero de 2011, de otro agente del ICE en México, con “armas vigiladas”.
La ATF supo de otros 958 homicidios en México con “armas controladas” hasta marzo de 2010, y de la compra de 359 armas de alto calibre ese mes. Registró 241 armas aseguradas en México y 350 en Estados Unidos. Sin embargo, para febrero de 2012, de mil 961 armas vigiladas sólo se habían recuperado 710. En marzo de 2016 se recobraron otras 94 armas en 69 homicidios, 20 de ellos muy violentos, como el de estudiantes de Villas de Salvárcar en 2010, del hermano de la procuradora general de Chihuahua, del ataque a helicópteros de la Policía Federal por la Familia Michoacana en 2011, y del jefe de la policía de Hostotipaquillo en 2013.
En todo caso, de las más de 2 mil armas que involucró Rápido y Furioso, la gran mayoría no fue rastreada, según un informe del Congreso de 2017.
El proceso sobre Rápido y Furioso se abrió en Estados Unidos en 2011 con más de 16 mil hojas, y se cerró en abril de 2019 tras un acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo, y no en 2017 como se ha difundido. No obstante, al permanecer estas armas en México, muchas aseguradas en delitos, la información que brinde el gobierno de Estados Unidos permitirá deslindar responsabilidades.
En el operativo de la ATF bajo el DOJ también participaron el DHS, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
La investigación persistió por el impulso republicano en el Congreso y el respaldo de la sociedad civil a los agentes de la ATF que en 2011 se acercaron al senador Charles Grassley (R-Iowa) y al representante Darrell Issa (R-Cal). Tres meses después, el agente de la ATF en Phoenix John Dodson declaró en público que esta agencia había dejado “caminar” las armas a México.
En respuesta, el jefe de la división criminal de la ATF, Lanny Breuer, al entregar 486 páginas al Congreso, admitió conocer la táctica de “dejar caminar las armas” y no haber alertado sobre las similitudes entre Receptor Abierto y Rápido y Furioso. Para julio de 2011, el DOJ aceptó que la ATF permitió que las armas “caminaran” a México, así como el bloqueo de información.
En enero de 2012 la entonces secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, reconoció “serios errores” en Rápido y Furioso. En mayo, el fiscal general Eric Holder compareció y entregó 7 mil 600 páginas al Congreso. Con ello se inició un procedimiento en su contra al omitir documentos que el presidente Obama también buscó proteger mediante el uso –por primera vez– de su facultad ejecutiva.
Para junio se acusó al DOJ de mentir sobre la operación y en julio, tras revisar 100 mil páginas, el inspector general concluyó que Receptor Abierto y Rápido y Furioso tuvieron estrategias y tácticas equívocas, errores de juicio, faltas administrativas de la ATF y de su División en Phoenix; que no consideraron el riesgo para la seguridad pública en Estados Unidos y México; y acusó a diversos funcionarios de ATF. Ante ello en 2014 Holder dimitió.
En cuanto al proceso en México, a partir de diversos informes se puede afirmar que funcionarios del gobierno colaboraron en al menos cuatro operativos de la ATF: Gunrunner, Receptor Abierto, Hernández y Rápido y Furioso.
Receptor Abierto se abordó a nivel presidencial en Mérida en 2007 –junto con Gunrunner– y de procuradores en noviembre en Washington –junto con el operativo Hernández–; contó con un acuerdo entre la ATF en Phoenix y autoridades mexicanas; y el procurador Medina Mora designó a Carlos Luque Ordóñez, exfuncionario del Cenapi, como agregado en Arizona, ante la propuesta de asignar un oficial a cada división fronteriza. Si bien cuando se inició Rápido y Furioso en 2009 no era procurador, como embajador de México en Estados Unidos conoció estos asuntos, además del financiamiento otorgado a Gunrunner por la Iniciativa Mérida.
A su vez el nuevo procurador, Arturo Chávez Chávez conoció desde su inició en 2009 la operación Rápido y Furioso y posteriormente lo hizo la procuradora Marisela Morales Ibáñez. Al igual que desde 2006, el entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca, bajo la administración Fox, conoció Receptor Abierto.
En abril de 2009, tras conocer el trabajo de ambos gobiernos en Cuernavaca sobre el cruce ilícito de armas (página 98 del informe), ambos presidentes, Obama y Calderón, acordaron su evaluación en una conferencia de prensa donde anunciaron que intensificarían el combate al tráfico ilícito de armas. En febrero de 2011, aun después del escándalo de Rápido y Furioso, el fiscal adjunto Breuer propuso a autoridades mexicanas autorizar la introducción de armas “vigiladas” a México para efectuar arrestos.
La nota del gobierno mexicano recientemente entregada por el canciller Marcelo Ebrard aspira a tener certeza de quiénes participaron con las autoridades de Estados Unidos en el diseño e instrumentación de todos los operativos, con el objeto de aportar la información necesaria para que la FGR pueda concluir su investigación y dilucidar si se mintió al pueblo de México por parte de sus más altas autoridades, y así proceder en consecuencia. Rápido y Furioso no fue el único operativo de “trasiego vigilado” de armas desde Estados Unidos que aumentó la capacidad de fuego de los cárteles y la violencia en el país, generando miles de muertes. La respuesta a la nota y el esclarecimiento de lo sucedido permitirá avanzar a una nueva estrategia para controlar el flujo ilegal de armas provenientes de Estados Unidos, basado en la corresponsabilidad de ese país en su propio territorio.
* Jefe de la Oficina del secretario de Relaciones Exteriores de México. La versión completa de esta investigación –que sirvió de respaldo a la comunicación que el canciller Ebrard envió a las autoridades estadunidenses para solicitar información sobre el operativo Rápido y Furioso– puede leerse en www.proceso.com.mx
