La polémica iniciativa de ley del presidente López Obrador, que le dejaría abierta la posibilidad de reasignar recursos del presupuesto, quedó en suspenso después de un acalorado debate que, entre otras cosas, propició la unidad de la oposición parlamentaria, resistencias en la propia bancada morenista y la emergente aparición de la figura del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, a quien se le atribuyó una recomendación para no realizar sesiones legislativas extraordinarias, con lo que se salvó una votación que se presumía adversa a las intenciones del Ejecutivo y del partido en el poder.
En plena pandemia por el covid-19 y el consecuente agravamiento de la crisis económica, la disputa por el uso de los recursos públicos se instaló en el corazón del debate parlamentario.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien había perdido impulso en las semanas recientes, posicionaba en la agenda política la discusión de su iniciativa de ley “para adicionar diversas disposiciones” a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que, de aprobarse, lo facultaban a reorientar discrecionalmente recursos del Presupuesto de Egresos.
De inmediato surgieron las voces opositoras que lo llamaron dictador y autoritario y lo acusaron de cerrarse al diálogo y a la posibilidad de un acuerdo nacional para enfrentar la doble crisis.
Pero se empezaba a revertir el escenario adverso que enfrentaba López Obrador y que algunas encuestas –como la de Consulta Mitofsky– lo ponían con menos de 50% de apoyo popular.
El líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, festinaba el 27 de abril último, al calor de la discusión parlamentaria, el parón a las estimaciones adversas.
En las redes sociales escribió: “Sondeos y encuestas preliminares de abril confirman dos hechos: la mayoría ciudadana aprueba el manejo presidencial de la contingencia sanitaria y la calificación del gobierno del licenciado López Obrador retoma el ascenso”.
En ese escenario, durante una larga semana, del 23 de abril al mediodía del viernes 1, las posiciones en favor y contra la iniciativa presidencial se centraron, primero, sobre el contenido y las intenciones de ese documento, y luego sobre la aprobación o rechazo a un periodo extraordinario en las cámaras legislativas, donde se pondría a consideración el polémico documento lopezobradorista.
Pero quedó en suspenso lo que se perfilaba como una disputa que arrojaría a un ganador y a un vencido.
La recomendación
Una hora antes del horario acordado para instalar la Comisión Permanente, los legisladores morenistas Mario Delgado Carrillo y Mónica Fernández Balboa, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidenta del Senado, respectivamente, le pusieron una pausa al final que les pintaba desfavorable, arropados en la figura del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez.
Vía las redes sociales informaron que ambos realizaron una consulta telefónica con el vocero de todo lo relacionado con la pandemia del covid-19 y que éste les había hecho una “recomendación primaria: no realizar sesiones extraordinarias en las siguientes dos semanas, dado que será el pico de la epidemia”.
El mensaje de ambos legisladores concluía con un lacónico: “Atenderemos su recomendación”.
En los hechos, la posición acreditada a López-Gatell truncó el escenario de la posible derrota política del presidente López Obrador ante la oposición “contenedora”, que con sus votos en la Permanente hubiera imposibilitado la convocatoria a un periodo extraordinario.
De acuerdo con las expresiones de algunos dirigentes morenistas, en su misma bancada había resistencias a los términos en que planteaba la iniciativa presidencial la necesidad de reasignar recursos presupuestales.
Pero no sólo eso, a Morena y sus aliados (PT, PES y Verde) les faltaba un voto para poder sacar adelante el periodo extraordinario y los grupos parlamentarios “contenedores” habían cerrado filas y no estaban dispuestos a darles ese valioso sufragio.
Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena y hasta hace unos meses presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, no considera que el presidente y la bancada morenista hayan sido derrotados.
Aclara: “La iniciativa presidencial no se cancela, está vigente y será presentada con las adecuaciones necesarias, ya sea en un periodo extraordinario al que se pueda convocar una vez superada la contingencia sanitaria” o, inclusive, en septiembre durante el próximo periodo ordinario.
De hecho, reconoció que es necesario darse un tiempo para definir en una discusión amplia “los términos de una emergencia económica, quién la proclama, su temporalidad y qué porcentaje de los recursos presupuestados podrá ser reasignado”.
Mario Delgado, coordinador de los diputados morenistas, también se pronunció: “No vamos a ceder en el punto. Vamos a seguir insistiendo en modificar la ley para poder definir cuándo hay una emergencia económica y que, a solicitud, la Cámara de Diputados pueda aprobar el llamado a esa emergencia, que se pongan reglas claras para la reasignación de presupuesto y que se preserve el orden constitucional”.
El mismo López Obrador se anticipó al desenlace. En la conferencia matutina del viernes 1 fijó su posición: “No hay problema, tenemos nosotros márgenes para poder, dentro de la ley, hacer ajustes”.
Pero para el coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, la reversa de la bancada morenista amparada en la emergencia sanitaria resultó en “una falta de valentía por negarse a reconocer que no alcanzaron los votos para realizar la sesión extraordinaria”.
En los hechos, escribió en su cuenta de Twitter: “Se frenó el autoritarismo de Morena gracias a la sociedad y al bloque opositor”.
En conferencia de prensa, diputados y senadores de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, que se autodenominaron Grupos Parlamentarios en Contención, pidieron a Morena que retire la iniciativa presidencial porque es inconstitucional y atenta contra el estado de derecho y la división de poderes.
La senadora del PRI Claudia Ruiz Massieu anticipó que, si se retira la propuesta lopezobradorista, “entonces sí, que se sienten todas las fuerzas políticas para que se pueda construir una revisión integral al paquete económico. Que contemple el ingreso, que contemple el gasto, que contemple la deuda y que contemple un paquete de medidas específicas para ayudar a la gente a preservar el empleo”.
Ya con el anuncio público de que el tema del periodo extraordinario no se llevaría al pleno de la Comisión Permanente, el morenista Mario Delgado subió otro mensaje a las redes en el que, en tono conciliador, convocó “a los grupos de oposición a construir un acuerdo sobre la ley de presupuesto enviada por López Obrador bajo tres ejes: 1.- Definición puntual de emergencia económica y que ésta sea aprobada por la Cámara de Diputados. 2.- Determinar los alcances de las reasignaciones, y 3.- Salvaguardar la división de poderes”.
La ley de la discordia
La noche del 23 de abril López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que causó discordia. Pedía que le dejaran las manos libres para poder reorientar recursos del Presupuesto de Egresos ante las emergencias económica y sanitaria.
De acuerdo con el documento del Ejecutivo, la iniciativa tendría como finalidad “mantener la ejecución de los proyectos y acciones prioritarias de la administración pública federal y fomentar la actividad económica del país, atender emergencias de salud y programas en beneficio de la sociedad”.
Para operar esta disposición, decía la propuesta, “las dependencias y entidades deberán efectuar las adecuaciones necesarias para reducir sus recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y traspasarlos a la Secretaría de Hacienda, sin perjuicio de que la secretaría pueda realizar los ajustes correspondientes”.
Y entonces se vino una andanada de críticas de panistas, priistas, emecistas y perredistas. Calificaron al presidente de dictador, autoritario, de no escuchar a la oposición, de oponerse a un acuerdo nacional para enfrentar la doble crisis y, sobre todo, rechazaban la posibilidad de que la división de poderes fuese vulnerada.
A las críticas sobre la iniciativa de López Obrador se sumó la voz del diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien también tundió el documento elaborado por el Ejecutivo y, además, se opuso a la posibilidad de que en plena pandemia se pudiera citar a sesionar a los legisladores.
En medio de ese candente debate, la mañana del 30 de abril Morena difundió su propuesta de dictamen por si caminaba el periodo extraordinario e, incluso, había convocado a los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para el 5 de mayo, para aprobar el dictamen y ese mismo día presentarlo al pleno de San Lázaro.
Ese dictamen morenista autorizaba al presidente López Obrador la reasignación de hasta 610 mil millones de pesos para atender la crisis económica y la contingencia sanitaria; es decir, le daba al Poder Ejecutivo la facultad de reorientar hasta 10% del gasto neto total aprobado en el presupuesto del año en curso, que es de 6.1 billones de pesos.
La condición para poder disponer de ese dinero presupuestado es que hubiera de por medio una declaratoria de emergencia económica, fundamentada en información del Banco de México y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otras instancias, que indicara que el PIB había registrado una caída de al menos 1% en el trimestre previo a su declaratoria.
Se trata, decía el escrito morenista, de “otorgarle al presidente una flexibilidad temporal en el manejo del presupuesto ante circunstancias severas o alteraciones graves, que le permitan la concentración de recursos en áreas neurálgicas”.
Unas horas después de difundirse la propuesta morenista, los grupos parlamentarios del PAN, PRI, MC y PRD se autodenominaron Grupos Parlamentarios de Contención y fijaron su posición sin tomar en cuenta el dictamen del partido en el poder.
Al calce los nombres de los legisladores (titulares y suplentes) de esos cuatro partidos que forman parte de la Comisión Permanente que entró en funciones el viernes 1 por la tarde, el documento destacaba: “Nos resulta evidente que en la emergencia presente las prioridades son esencialmente la vida y la salud de la población, los ingresos de las familias y la preservación de las capacidades para reactivar la economía y no el otorgamiento de poderes extraordinarios al presidente de la República para la disposición y la asignación de los recursos públicos de la Federación”.
Insistieron en la urgencia de un acuerdo nacional “que congregue los esfuerzos de todos los sectores y de toda la ciudadanía”. Y marcaron su posición: “No apoyaremos la celebración de sesiones extraordinarias que tengan como objetivo preconcebido la aprobación de esta iniciativa de modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (…) Aprobarla representaría un claro retroceso en nuestro orden jurídico”.
Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, presagiaba la derrota: informó que después de una reunión con los líderes de la bancada del PAN, Mauricio Kuri; del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y del PRD, Miguel Ángel Mancera, la posición de éstos era clara: “No permitirán que se llegue a un periodo extraordinario sin que se modifique la iniciativa del presidente”.
Con el escenario adverso, la mañana del viernes 1 López Obrador se adelantó: “Va a ser muy difícil que voten una propuesta nuestra los opositores porque ya vienen las elecciones, entonces ya todo se politiza; aunque estemos en la emergencia sanitaria ahí andan deseándole mal al gobierno, quieren que nos vaya mal”.
“No hay problema, tenemos nosotros márgenes para poder, dentro de la ley, hacer ajustes, pero lo que queremos hacer es mandarles el nuevo presupuesto, que ellos conozcan cómo estamos pensando enfrentar la crisis sanitaria y la crisis económica dándole atención prioritaria a los más necesitados, a los pobres y cómo vamos a cumplir lo que ya está en la constitución del artículo 4, que se tienen que entregar los apoyos sociales.
“(…) Esa es la autorización que estamos pidiendo, no para endeudarnos, como le hacían antes, que ni leían lo que les enviaban, ni debatían”, criticó.
Horas después de las palabras del presidente, entraría en “receso” su iniciativa de ley.
El bloque opositor habló de victoria. Morena, de apostar al tiempo. Ya sea a finales de mayo, cuando se prevé que concluya la emergencia sanitaria y se pueda plantear de nuevo un posible periodo extraordinario, o a más tardar en septiembre, cuando en el periodo ordinario puedan aprobar la iniciativa presidencial sin requerir de los votos de los grupos parlamentarios de “contención”.
