El país llegó a la situación de contagio comunitario y la tarde del 30 de marzo todo era expectación ante la inminente declaratoria de emergencia sanitaria que daría el Consejo de Salubridad General –máximo órgano del sector que preside el secretario de Salud y depende directamente del presidente de la República– y las implicaciones que tendrán las medidas de contingencia que decidieran los miembros de ese cuerpo colegiado integrado, conforme a la ley, por profesionales especializados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho una y otra vez que las decisiones estaban en manos de los expertos. La reunión previa al anuncio público, sin embargo, no fue del consejo, sino del gabinete legal y ampliado en pleno, que registró una de las discusiones más “intensas” que se hayan tenido en el equipo presidencial para alcanzar acuerdos, según dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, encargado de leer ese mismo día la declaratoria de emergencia.
De hecho, hacer la declaratoria de emergencia y dar las explicaciones de naturaleza política y jurídica que ofreció ante la prensa eran de por sí inexplicables, pues ninguna de las 12 fracciones de la Ley Orgánica que enlistan sus competencias le daban al canciller la facultad de asumir el liderazgo sobre sus pares en la conferencia de prensa para hacer la declaratoria.
En segundo plano quedaron quienes sí estaban facultados para exponer las medidas y estuvieron presentes tanto en la discusión privada como en la declaratoria pública: el secretario de Salud, Jorge Alcocer, en su calidad de presidente del Consejo de Salubridad General, y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en tanto responsable de la política interior del país.
La presencia de Ebrard se dio en medio de la urgencia de conciliar posturas por la posición del sector salud que proponía una emergencia sanitaria a rajatabla y chocaba con la del presidente y varios funcionarios del sector económico y social, quienes buscaban atenuar los impactos económicos, según miembros del gabinete consultados.
El punto intermedio fue la declaratoria por causas de fuerza mayor para evitar las implicaciones de la emergencia sanitaria que provocaría mayor impacto económico.
Entonces, López Obrador decidió integrar equipos –una lógica de organización que suele seguir cuando enfrenta situaciones de crisis– en la que asignó a Ebrard la atención de toda política colateral a la sanitaria, dejando esta última en manos de los especialistas del Consejo de Salubridad, liderados por el subsecretario Hugo López-Gatell y no por el titular del ramo, Alcocer.
Ese fue el primer atisbo del desplazamiento en las facultades de funcionarios que debieron ceder al posicionamiento de Ebrard como el principal operador de la emergencia, que se fue concretando en diferentes momentos.
Al mando
Desde aquella reunión del 30 de marzo, la “intensidad” de las discusiones no se limitó al contenido de la declaratoria, sino también a los tropiezos que tuvieron distintas áreas de la administración central, abriendo el espacio para que las responsabilidades fueran atendidas en los días siguientes por el canciller en funciones de operador principal del presidente:
Las implicaciones laborales que sacaban la vuelta, por ejemplo, al artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo –uno de los temas candentes de la reunión del 30 de marzo–, a fin de que los patrones no tuvieran oportunidad de reducir el salario al mínimo ni ejecutar despidos, eran explicadas por Ebrard y no por la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde.
O bien, la decisión de comprar los equipos auxiliares de respiración –los ventiladores– necesarios para atender la sobredemanda que, se prevé, ocurra en la fase 3 fue uno de los temas más incómodos en aquel encuentro del gabinete, según confirmó Proceso.
El episodio se inició el 26 de marzo, cuando López Obrador firmó un decreto para que la Secretaría de Salud pudiera adquirir los equipos necesarios –5 mil, se dijo en esa fecha– para garantizar la atención de pacientes con problemas respiratorios. El diagnóstico inicial era que no se tenía la suficiente capacidad instalada para la atención de pacientes graves en el punto más crítico de los contagios que, según los pronósticos, se iniciará en mayo.
Hasta entonces, la negociación la había conducido la Secretaría de Hacienda, encabezada por Arturo Herrera, pues una de las medidas implementadas por la actual administración fue que todas las compras debían pasar por la Oficialía Mayor de esa dependencia. Sin embargo, Herrera no lograba sortear la normatividad.
Durante la mencionada reunión de gabinete, Herrera le informó al presidente que no se había logrado la adquisición y que, una vez firmado el decreto para evitar el procedimiento contractual, los equipos ya no estaban disponibles, lo que devino en fuerte reprimenda a Herrera.
Con el decreto, la adquisición quedaba en manos de la Secretaría de Salud, pero ni ésta ni Hacienda la concretaron. El jueves 9 Ebrard anunció, en la conferencia matutina presidencial, que había logrado la adquisición de 5 mil 272 ventiladores con la empresa china Meheco, así como un puente aéreo con el país asiático para importar equipos y otros insumos médicos que estaban escasos.
La adquisición fue, en los hechos, un tercer tropiezo para el titular de Hacienda, quien, de por sí, junto con la titular de Economía, Graciela Márquez, había sido desplazado por el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, encargado de atender la inconformidad con las cúpulas empresariales, para entonces ya activas en la exigencia de medidas especiales y un plan para amortiguar el impacto de la crisis.
Fue Romo quien organizó las reuniones con los magnates el lunes 6, así como con los millonarios de Monterrey, el martes 7, de donde salieron los acuerdos con Carlos Slim, Alberto Bailleres y Germán Larrea, así como con Juan Antonio González, presidente de Maseca, para mantener el precio de la harina de maíz.
Pero una vez más, las ligas mayores se le dejaron a Ebrard: el sábado 4 López Obrador y Ebrard sostuvieron una conversación con Larry Fink, uno de los hombres más poderosos del mundo, y con su representante en México, Samantha Ricciardi.
Fink es presidente de BlackRock, la gestora de fondos a quien le habría expresado sus preocupaciones, como su propuesta de implementar una especie de Plan Marshall, su desazón con las calificadoras financieras, así como su crítica al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. López Obrador y Ebrard no hicieron públicos los posicionamientos de Fink.
Al día siguiente de la llamada, el domingo 5, López Obrador dirigió su informe trimestral en el que anunció un importante plan de obras adicionales a las que están en curso, la ampliación de sus ayudas sociales y las políticas de austeridad, específicamente en el sector energético, para la recuperación económica del país.
Los periplos del canciller
El papel de Ebrard en la emergencia es la crisis más reciente en la que recibe la encomienda presidencial de encabezar acciones que son ajenas a la política exterior, lo que ha causado inquietudes, e incluso renuncias, en el gobierno.
De hecho, su incorporación fue el primer cambio en el equipo e implicó la exclusión del gobierno, antes de asumir, de Héctor Vasconcelos, anunciado originalmente para Relaciones Exteriores. A finales de 2017 un supuesto distanciamiento entre López Obrador y Ebrard tenía como referencia la presentación del gabinete tentativo con el que el entonces líder de Morena haría campaña presidencial y donde la ausencia del hoy canciller era notable.
Internacionalista por El Colegio de México, posgraduado en la Escuela Nacional de Administración de París, la estrella política de Ebrard empezó a brillar en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando fue líder del PRI capitalino y luego secretario de Gobierno del Distrito Federal, bajo la administración de Manuel Camacho Solís, a quien unió su trayectoria hasta 2000, con la creación del Partido Centro Democrático, cuando declinó su candidatura a favor de López Obrador a la jefatura de Gobierno.
Asesor de López Obrador, en medio de la crisis por la inseguridad de la Ciudad de México, Ebrard fue designado titular de Seguridad Pública y diseñó el plan de cero tolerancia bajo la asesoría del exalcalde neoyorquino Rudolph Giuliani.
Fue removido por el entonces presidente Vicente Fox tras el caso de los linchamientos de policías federales en Tláhuac. Para 2005 fue designado secretario de Desarrollo Social, cargo que lo proyectaría para la postulación a la jefatura de gobierno; obtuvo la victoria electoral en 2006.
En 2012 disputó la candidatura presidencial a López Obrador pero terminó cediendo. Concluyó su periodo como jefe de gobierno, más tarde se fue del país. La distancia con López Obrador se volvió evidente cuando fue Movimiento Ciudadano y no Morena el partido que intentó postularlo en 2015 a una diputación federal que terminó revocada por la justicia electoral.
Bomberazos
Para el 2 de febrero de 2018, la reaparición de Ebrard en la escena pública se concretó con la asignación de una coordinación regional en la campaña, cuya función sería implementar una estructura para la defensa del voto. Fue hasta el 5 de julio de ese mismo año, indiscutible el resultado de la jornada electoral realizada cuatro días antes, que se realizó el primer ajuste en el gabinete: Ebrard sería canciller, Vasconcelos asumiría en el Senado, y su primera encomienda como canciller sería organizar un encuentro con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, e incursionar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (hoy T-Mec).
La asignación de esas dos tareas tuvieron efectos inmediatos: por un lado, Graciela Márquez, quien llegó a la Secretaría de Economía, quedó supeditada a Ebrard; por otro, la relación con Pompeo y las reuniones que sostuvo Ebrard con representantes de la administración Trump excluyeron del tema migratorio a Sánchez Cordero, debilitando la gestión de Tonatiuh Guillén, quien, conflictuado y en medio de la crisis por la caravanas migratorias centroamericanas, asumió la titularidad del Instituto Nacional de Migración (Inami)
Ya en el gobierno, la incursión de Ebrard en esa y otras crisis han sido constantes: tras varios desencuentros por decisiones tomadas por Ebrard en materia migratoria que iniciaron desde los primeros días de la administración, pues con eso arrebató a Gobernación, específicamente al Inami, un tema de su competencia.
Las decisiones que se impusieron desde la administración de Donald Trump para que México se quedara con los repatriados centroamericanos que solicitaban asilo político en Estados Unidos, en México fueron consideradas como definiciones “humanistas”, como “logros” de Ebrard.
Desde la segunda semana de diciembre de 2018, el entonces titular del Inami, Tonatiuh Guillén, quien se opuso a las medidas que pactaba Ebrard en lo oscurito y que presentaba en México como decisiones externas, como el programa “Quédate en México”, sobre el que The New York Times informó que en realidad fue un acuerdo con Ebrard (Proceso 2215).
Durante la crisis por el desabasto de combustible de enero de 2019 tras los operativos para desarticular las bandas dedicadas a la ordeña de ductos, Ebrard encabezó las negociaciones para adquirir pipas en el extranjero, enviando a un papel secundario a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, así como al director de Pemex, Octavio Romero.
Los acuerdos extraoficiales o presentados con eufemismos o verdades a medias han sido también una constante. Por ejemplo, durante la crisis por el amago arancelario que hizo Trump vía Twitter, Ebrard reaccionó integrando un equipo para negociar el asunto.
En esa gestión, a finales de mayo y principios de junio de 2019, Ebrard impuso como primera acción de la Guardia Nacional la vigilancia en las fronteras norte y sur, retrasando los planes que Alfonso Durazo y el gabinete de seguridad habían proyectado para abatir la criminalidad.
Ante los acuerdos migratorios de Ebrard, Guillén renunció al Inami; por si fuera poco, el canciller presentó como acuerdo una inversión en Centroamérica que en realidad ya estaba anunciada por Estados Unidos y que se concretó de manera directa entre el gobierno de ese país y los centroamericanos (Proceso 2223).
Asimismo, desplazó a Durazo, al encabezar la comitiva militar y de seguridad que acudió a Sonora para atender la masacre de la familia LeBarón, ocurrida a principios de noviembre pasado. En esa gira no participó Durazo.
Ahora, con la emergencia sanitaria, Ebrard vuelve a asumir el protagonismo en la gestión de la crisis y la coordinación del gabinete. No tiene las facultades, pero sí el encargo presidencial.
