Los desencuentros entre el gobierno y los representantes del sector privado –cuya cúpula se queja de que el presidente López Obrador no oye sus propuestas– subieron de tono la semana pasada y algunos hablaron incluso de rompimiento. Pero la alarma por los efectos económicos que provocará la pandemia del coronavirus también viene desde dentro del gabinete de la 4T y así lo han expresado secretarios y subsecretarios en reuniones internas. A ellos también el mandatario les aplica la política de oídos sordos.
Frente a la crisis generada por el covid-19, no sólo las cúpulas empresariales del país buscan desde hace semanas que el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncie un gran programa de apoyo, estímulos fiscales y endeudamiento público para apoyar a la economía. Dentro de su gabinete económico varios funcionarios han expresado abiertamente su preocupación por la falta de definiciones.
El Fondo Monetario Internacional aseguró que la economía mundial se encamina a su caída más severa desde la gran depresión de 1929, mientras la Comisión Económica para América Latina estima que la contracción de la economía mexicana sería de 6%. Además recomendó ampliar a 11 millones de trabajadores del sector infomal una renta básica hasta diciembre y vía transferencia para evitar el colapso del mercado interno, lo que exigiría un fondo de 380 mil millones de pesos.
En Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump aprobó un programa de estímulo económico por 2.2 billones de dólares, lo que representa mil dólares a cada adulto, más 500 dólares por cada hijo menor de 16 años. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau aprobó un primer paquete de ayuda para 240 mil canadienses que recibirán en promedio 500 dólares.
Hasta ahora, sin embargo, las transferencias de efectivo en México se han concentrado en el adelanto de los programas sociales por 40 mil millones de pesos para los sectores de la población más vulnerables. En el caso de pequeños negocios, incluso para establecimientos informales, se prevé la autorización de un millón de créditos con tasas de 6.5%, que sumarían 25 mil millones de pesos. Para los grandes empresarios, el presidente López Obrador aseguró que se acelerará la devolución del IVA.
Sólo eso.
Advertencias desde la 4T
El 30 de marzo pasado, en los trabajos del Comité Nacional de Seguridad en Salud, la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, mostró su preocupación por la situación de la economía. En aquella reunión, la funcionaria dijo que si el país se encontraba en la fase 1 por el nivel de propagación del virus covid-19, los problemas de la economía ya la colocaban en la fase 2.
El secretario de Turismo, Miguel Torruco, secundó a Márquez y aseguró que el sector que encabeza necesitará apoyos directos; incluso propuso transferencias a este sector equivalentes, al menos, a 60% de la ocupación hotelera en destinos turísticos clave para el país. También habló de la crisis que enfrentarían las aerolíneas.
En la mesa también estuvo el subsecretario de Economía, Ernesto Acevedo Fernández, quien intervino para expresar el riesgo de enfrentar una crisis económica y financiera. Torruco estimó que para el sector turístico el impacto sería de al menos 2 mil millones de dólares.
Aquella no fue una reunión del gabinete económico, sino una sesión de los comités nacionales de Emergencia, Salud y Seguridad, a la que convocó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y que encabezaron el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Al menos 30 funcionarios de la administración pública federal escucharon la preocupación de Márquez, Torruco y Acevedo sobre la situación de la economía frente al embate de la pandemia.
Presente en la mesa, de acuerdo con versiones de varios participantes en la reunión, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, preguntó si el objetivo de la reunión era analizar la situación de salud y seguridad del país frente al covid-19 o hablar de la economía. El tema, dijo, ameritaba otras instancias y una discusión más amplia.
La mañana del mismo 30 de marzo, el presidente López Obrador informó que el Consejo de Salubridad General volvería a sesionar para analizar la situación de la pandemia. Sin embargo, de último minuto se dio a conocer que sólo se reuniría el Comité de Salud y Seguridad.
Por la noche, el canciller Marcelo Ebrard anunció que el Consejo de Salubridad General había determinado declarar la emergencia sanitaria debido al covid-19 y mantenerla hasta el 30 de abril.
En este escenario, el sector privado esperaba un plan de emergencia económica que incluyera la postergación de pagos al IMSS y al fisco durante la contingencia. Hasta ahora no han obtenido respuesta.
Punto de quiebre
La semana pasada, en una inédita videoconferencia, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, presentó las propuestas que habían expuesto al presidente de la República en la comida del jueves 2, entre ellas: un programa generalizado de vacaciones pagadas en sectores no esenciales para asegurar el aislamiento. Con la premisa de que si se para la economía, entonces también se deben parar los pagos al gobierno, en sectores afectados directamente, como aviación, hotelería y restaurantes, se solicitó postergar el cumplimiento de las contribuciones a seguridad social (IMSS), sin que se trate de una condonación.
El organismo empresarial también busca fondos públicos para un programa de al menos 100 mil millones de pesos para que la banca de desarrollo garantice créditos con la banca comercial.
Pero el martes 7, dos días después del mensaje del presidente López Obrador en el cual omitió las propuestas del CCE, se generó un punto de quiebre. “No hemos sido escuchados, hemos resultados muy pobres al tratar de anticipar la crisis económica”, dijo Salazar Lomelín en la videoconferencia en la que participaron 12 representantes del sector privado.
Agregó: “Nunca ha pedido el sector privado salvamentos; nunca hemos pedido socializar las pérdidas y privatizar las ganancias”. Y advirtió: “Sin inversión privada no se podrán tener los 2 millones de empleos que se prometieron”.
Salazar Lomelín convocó al sector privado, al pleno del CCE, a un acuerdo nacional para preservar el empleo con o sin apoyo del gobierno federal.
Como respuesta, el SAT entregó al presidente López Obrador una lista de empresarios que adeudan contribuciones, recargos y multas por al menos 50 mil millones de pesos, al menos desde 2011.
El miércoles 8, Salazar Lomelín recibió un memorándum de la Presidencia de la República en el cual se le solicita apoyar al cobro de esos impuestos a los empresarios morosos, pues representan recursos adicionales para la compra de respiradores y equipo médico.
A principios de marzo, el CCE participó en una reunión con autoridades del SAT donde éstas les informaron que se aceleraría la fiscalización en varios sectores, entre ellos el afianzador, siderúrgico, bancario, farmacéutico y en el de tiendas de autoservicio y departamentales.
En ese encuentro, los anfitriones garantizaron al CCE que la devolución del IVA no volvería a retrasarse, como sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero le advirtieron que se incrementarían la fiscalización y la comunicación entre las diferentes áreas del organismo fiscalizador.
El viernes 9, en la única entrevista que ha dado en medio de la contingencia, el titular de Hacienda, Arturo Herrera, dijo a Televisa: “Si las condiciones cambian, los apoyos tendrán que ser distintos”. Herrera, sin embargo, no ofreció detalles de la planeación hacendaria prevista para esta crisis.
“En la misma aeronave”
En entrevista con Proceso, Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, considera que, a pesar de todo, no hay un rompimiento entre el gobierno federal y el sector privado.
“Lo que sí hay –dice– es una preocupación por las políticas de ambas partes, pero vamos en la misma aeronave; hay que hacer equipo con el capitán porque él es el responsable del vuelo y queremos tener un buen aterrizaje de la turbulencia en la que nos vamos a meter.”
E insistió: “Yo no veo un rompimiento, pero veo que el sector privado está haciendo propuestas y no se le escucha; no han tenido eco las propuestas que le hemos hecho al presidente, no han tenido eco y esa es la parte que nos tiene muy preocupados.
“Nuestra tarea es recordar que nosotros somos empresarios de generaciones y los gobiernos no duran más de seis años.”
Sobre el sector alimentario, De la Vega explicó que a finales de marzo se reunieron con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, así como con representantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, con el propósito de garantizar la cadena de suministro en el sector alimentario.
El entrevistado asegura que el tema que deberá analizarse con la mayor calma es la seguridad y el estado de derecho para que el suministro no se vea en peligro. “Sin un programa que blinde a la economía tememos también el incremento de la inseguridad”, agrega.
Sobre la negativa del gobierno a escuchar las propuestas del CCE, De la Vega menciona: “Es importante recordar que estamos en un cambio de régimen y dentro de esta administración puede haber activistas radicales que no están aconsejando bien al presidente y se están tomando decisiones que no son muy bien vistas por el sector privado”.
Sin embargo, apunta, también es momento de recordar que el proyecto más importante que hay entre el gobierno y el sector privado es el esquema de producción “Maíz para México”, en el cual participan empresas, productores, aseguradoras, proveedores de semillas, fertilizantes y agroqímicos. “Los empresarios estamos listos para sumar y lo que necesitamos es que nuestro presidente nos tenga más cerca y que estemos conscientes de que vamos a la peor crisis del México moderno y que si era necesario estar unidos en una época de normalidad, en esta época de emergencia es urgente que trabajemos hombro con hombro”.
En el mensaje del presidente López Obrador del domingo 5, el único sector empresarial que mereció una mención fue el bancario, por el programa de apoyo a clientes del sistema crediticio para postergar durante cuatro meses los pagos de principal e intereses en créditos al consumo e hipotecarios. El presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, Luis Niño de Rivera, estimó durante la reunión del CCE que este apoyo a los clientes del sector crediticio les representará al menos 25% del margen en costo financiero de estas carteras previstas para 2020.
En realidad, lo que aprobó la banca fue ampliar los financiamientos para cobrar capital e intereses al final del financiamiento gracias a que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les permitió cambiar reglas contables este año para no dañar su balance. Es, sin embargo, el único paso de la iniciativa privada para apoyar a los consumidores en medio de la crisis.
Los desencuentros entre el gobierno y el sector privado no sólo atentan contra los empleos, sino contra la oportunidad de que la recuperación no sea tan dolorosa.
