En el contexto de la crisis sanitaria causada por el covid-19 se ha generado una ruptura entre Palacio Nacional y los organismos empresariales que le piden al presidente Andrés Manuel López Obrador no dejar a la deriva a micros, pequeños y medianos negocios. Sobre el conflicto, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, José Enoch Castellanos Férez, dice a Proceso: “Comete un error en querer apoyarse en los grandes capitales, cuando la economía real está en las mipymes”.
Detrás de las puertas de Palacio Nacional, que al menos desde el domingo 5 están cerradas para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pero permanentemente abiertas para los hombres más ricos del país, camina el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuyo gobierno se toman “decisiones a contentillo” frente a la crisis causada por la pandemia del coronavirus.
En este contexto de emergencia, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), José Enoch Castellanos Férez, considera que “México pasó muy pronto de una democracia incipiente, que funcionaba con sus carencias, a un país de una sola persona donde las decisiones se toman a contentillo, de acuerdo con filias y fobias e ideologías y dogmas de fe de quien ocupa la silla en el palacio presidencial”.
En entrevista con Proceso, el empresario de origen chiapaneco cuestiona a la autoridad que pretende que no se genere una crisis de empleo, cuando es evidente que las empresas paradas van a tener caídas abruptas en sus ventas. Asimismo deja ver una división entre los empresarios.
“El presidente (López Obrador) tiene un error en querer negociar y apoyarse en los grandes capitales para que impulsen sus teorías y postulados. La economía real la tienen millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).”
El dirigente empresarial expone sobre la equivocación del mandatario: “Ellos (los grandes capitales) no le pueden ayudar a sostener el empleo. Es evidente que el empleo que generan sus empresas es insuficiente; siete de cada 10 plazas laborales pertenecen a las pequeñas empresas.
“Creo que lo que estamos presenciando es la rebelión de más mipymes. Esto también puede resultar en que la iniciativa privada se una más, aunque el presidente considere más conveniente o glamuroso reunirse con los grandes capitales.”
El solitario mensaje de López Obrador en el patio principal de Palacio Nacional, emitido el domingo último, impactó en su relación con la clase empresarial del país.
Por una parte, echó por la borda la propuesta del CCE, presidido por Carlos Salazar Lomelín, que pretendía, entre otras medidas, ajustes en materia fiscal que no exigían la condonación de impuestos, pero sí el diferimiento de éstos para que a las empresas se les facilitara el pago de sus nóminas ante el encierro por la emergencia sanitaria.
El rechazo presidencial provocó la molestia del exdirectivo de Fomento Económico Mexicano (Femsa), quien advirtió que el presidente será el único responsable de la caída abrupta del empleo, que ya suma 347 mil plazas perdidas a causa del covid-19, de acuerdo con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. Se trata de una cifra que podría acrecentarse si México entrara a la fase tres de la contingencia, pues implicaría el paro total de la economía.
Tras el discurso de López Obrador, el CCE decidió actuar sin el gobierno y convocó a un “Acuerdo Nacional en Favor de México”, en el cual participarían sindicatos, organizaciones sociales y empresariales.
La molestia del Consejo Coordinador Empresarial al rechazó presidencial escaló hasta el tema de la revocación del mandato. El martes 7, en una videoconferencia dirigida a los agremiados que preside, Salazar Lomelín soltó: “Dentro de un año y pico tendremos la posibilidad, porque así lo estableció nuestro Congreso, de hacer una revisión democrática o rechazo del mandato (de López Obrador). Ahí es el momento”.
Pese a dicho señalamiento, el dirigente de la cúpula empresarial no descartó continuar en la búsqueda del diálogo con el mandatario.
Un día después, en esta especie de toma y daca, el político tabasqueño no bajó la guardia y le respondió al presidente del CCE: le anunció el envío de una lista de las 15 corporaciones que le adeudan pagos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –incluidas multas y recargos– por 50 mil millones de pesos.
“Hago el compromiso de que ese dinero sería para las Pymes, pequeños negocios, tanto de la economía formal como de la economía informal. Sería una contribución extraordinaria del Consejo Coordinador Empresarial el que nos ayuden a cobrar, eso sería un ejemplo mundial de apoyo, de solidaridad”, agregó el mandatario.
En ese contexto de confrontación con el CCE, López Obrador extendió su disposición al diálogo con BlackRock, la mayor compañía de gestión de activos en el mundo, y le planteó a su presidente, Larry Fink, un plan de apoyo económico similar al “Plan Marshall”, es decir, un mecanismo de recuperación económica que sería aplicado en los países más afectados por la pandemia del coronavirus.
Advierten molestia social
El lunes 6, un día después de su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador le abrió las puertas de Palacio Nacional a los hombres más ricos de México: Carlos Slim, dueño de Grupo Carso; Alberto Baillères, de Grupo BAL, y Germán Larrea, de Grupo México.
El martes 7, el grupo de Larrea entregó 8 mil paquetes de limpieza e higiene con gel antibacterial, jabón, cloro, cubrebocas, guantes y termómetro en las comunidades donde opera, e instaló 110 lavamanos en Cananea, Nacozari, Guaymas, Charcas y Santa Bárbara. Además, puso clases en línea de música, activación física y yoga. Muestras de apoyo a la estrategia de López Obrador.
Mientras Grupo México expresaba su respaldo al plan federal, el presidente recibió el mismo martes 7 a un grupo de empresarios de Nuevo León, entre quienes estaban Armando Garza Sada, de Grupo Industrial Alfa; Juan Ignacio Garza, director general de Xignux; Eduardo Garza Junco, de FRISA; Adrián Sada, de Vitro, y Rogelio Zambrano, de Cemex.
Antes de dicho encuentro ya se había publicado un decreto que permitiría a aquellas empresas del acero, cemento y vidrio, que tienen contratos vigentes con el gobierno federal, continuar su producción para cumplir con los compromisos para los proyectos de Dos Bocas, Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Corredor Transístmico.
El mandato se refiere a esas obras como proyectos “esenciales” y a los contratos con la iniciativa privada como “indispensables” para Petróleos Mexicanos y para la Comisión Federal de Electricidad.
Sin embargo, Cemex, al parecer, no esperaba el decreto porque en los inicios de la contingencia sanitaria la cementera anunció que cesaría su producción hasta el 30 de abril, argumentando que “la salud y seguridad de nuestros empleados, contratistas, proveedores, clientes y comunidades es una de nuestras prioridades…”.
En menos de 24 horas, Cemex tuvo que cambiar y anunció que siempre no pararía sus operaciones.
Para el presidente de la Canacintra, Castellanos Férez, no existe otro camino que tratar de restablecer la interlocución con el gobierno federal.
“Es claro que se tiene que reconfigurar la interlocución entre el gobierno y los empresarios. Tendrá que haber otros interlocutores, tienen que entrar otros actores a mediar en esta relación porque pareciera, en ocasiones, un diálogo de sordos.
“Parece que el presidente, por comodidad, encasilla a todos los empresarios, magnates, trasnacionales, empresarios y poderosos. Y la realidad es que la base empresarial es muy distinta. No hay una agenda para las mipymes. El presidente no está atendiendo los consejos de nadie”, dice.
Castellanos también habla sobre las señales encontradas que emite el gobierno federal cuando el presidente, en materia sanitaria, “pide que sean los expertos, los científicos, las eminencias, quienes tomen las decisiones contra la pandemia”. Pero para la crisis económica “no deja que sea su secretario de Hacienda, la secretaria de Economía o el jefe de la Oficina de la Presidencia los que toman las acciones. Entonces, ahí hay un sesgo ideológico y hasta dogmático”.
Sobre el terreno de los empresarios, el presidente de la Canacintra reconoce la necesidad de hacer cambios.
“Creemos que hay que ver otros interlocutores por parte de la iniciativa privada que, evidentemente, es muy diversa. Acompañando a Carlos Salazar los representantes de las mipymes tenemos que estar en la mesa de pláticas”.
Insiste en que las mipymes y Pymes “no son menos importantes porque sean pequeñas. Los números son mayores, la capacidad de movilización es mayor y la capacidad de molestia también. Cuando hay un problema con las mipymes hay un problema que empieza a tener bases sociales. Eso es lo que debe entender el presidente”.
–¿Considera que la actitud del presidente es una especie de venganza política?
–Lo que yo creo es que el presidente, de alguna manera, dialoga con quienes pareciera tener alguna cuenta pendiente en el pasado. Es decir, que los puede meter a su lógica de control porque, en algún momento en el pasado, en sus tres candidaturas, pudo haber un desencuentro.
Enojo de los constructores
El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal, también alerta que el decreto lanzado por el gobierno –para que solamente se realicen los megaproyectos– pone en jaque a sus agremiados porque sólo beneficia a 4% de ellos, que son las grandes empresas, como Cemex, que cuentan con instrumentos financieros; mientras que 96% restante corresponde a las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales carecen de capitalización y ahorro que les permita enfrentar la crisis económica.
“Estamos molestos con el gobierno. No somos más que órganos de consulta. Transmitimos lo que le está pasando a la industria. Al gobierno se lo tenemos que transmitir. Yo no voy a hablar en favor del 4% de compañías que sí tiene dinero para pagar nómina, tengo que hablar de los que hoy tienen problemas y mañana estarán en la pobreza.
“Ellos me están diciendo ‘el gobierno necesita conocernos’. El gobierno no nos conoce, nos está confundiendo con Odebrecht o nos está confundiendo con una española que vino y abusó (OHL). No somos como ellos.”
Ramírez Leal aclara que entre sus agremiados hay empresas que tienen cinco, 10, 20, 30, 40, 50 años en la industria. “No pertenecemos a ningún partido político, somos profesionistas de la construcción, no somos inversionistas. La mayoría no somos inversionistas. Tenemos un pequeño grupo de esos grandes empresarios que tienen la fortuna de tener el brazo financiero ¿Y los demás?”.
Sobre la relación con el gobierno, el encargado de la Comisión de Infraestructura del Consejo Coordinador Empresarial dice a Proceso que el diálogo ha sido con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.
“Lo he comentado directamente con el ingeniero Romo. Ha sido muy amable, nos conoce, nos ha dado mucha apertura, hemos hablado mucho de esto y con muchos de los secretarios. A los directores les he transmitido que necesitan cambiar algo muy importante en la política pública, que vean a las mipymes.
“Hemos discutido mucho que tiene que cambiar la Ley de Obra Pública para incluir que todo tipo de tamaños de empresas puedan participar”.
El dirigente de la CMIC describe el sentimiento de enojo al interior de la industria de la construcción, que en los primeros 15 meses del gobierno de López Obrador acumula un desplome de 5.8%.
“Es momento que el presidente vea a esta industria como aliada. Los ingenieros y arquitectos están muy molestos porque cada vez más se habla de obras públicas y de que solamente las puede ejecutar la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). Ya nadie va a querer ser ingeniero ni arquitecto en nuestro país porque si en estos siguientes cinco años las obras serán para la Sedena, estamos equivocados. Ellos tienen otra función.
Agrega sobre el contexto en el que México se encuentra: “Qué va a pasar con 96% de los agremiados a los que represento. Me están diciendo ‘Eduardo, no podemos, ¿qué vamos a hacer?’”.
