Las autoridades federales han sido criticadas por su pasividad frente a la crisis en que se halla el país a causa del brote de covid-19. La inacción ha provocado incertidumbre; los desplantes presidenciales, desconfianza. No es para menos. Las noticias que llegan del extranjero, sobre todo de Europa y Estados Unidos, no nos dan tranquilidad.
El presidente de la República, en particular, ha sido censurado; quienes lo censuran no carecen de razones. Lo critican por la irresponsabilidad con que ha conducido, al no suspender su campaña permanente en busca de la aceptación de su persona por parte de la ciudadanía; por no impedir la entrada de personas que provienen de los sitios en que la epidemia se ha cebado sobre la población; por no haber adquirido los insumos necesarios para hacer frente a la contingencia, así como por no impedir los actos masivos, sino por promoverlos e intervenir en ellos.
En otros países, con el fin de impedir la propagación de la pandemia, los gobiernos han cerrado su espacio aéreo para impedir la salida y entrada de aeronaves procedentes de estados con problemas de salud. El gobierno mexicano no lo ha hecho.
Hay otras quejas y ellas, al igual que las enumeradas, son igualmente fundadas y atendibles.
El presidente, hasta el momento, ha dado más muestras de ser un macho irresponsable que titular de la más alta magistratura política del país.
Ante tamaña irresponsabilidad de las autoridades federales y, concretamente del presidente de la República, los particulares hemos asumido el liderazgo o adoptado las medidas que la prudencia aconseja. Lo mismo sucedió en 1985: ante la inacción de un presidente apático o timorato, los particulares actuamos. Lo rebasamos a él y a sus autoridades.
Como particulares hemos suspendido nuestros trabajos ordinarios y, para evitar una paralización total, hemos buscado formas de que nuestros trabajadores, empleados o socios sigan trabajando en sus domicilios, sin tener que exponerse al contagio del covid-19.
Los gobiernos de los estados, sobre todo los que no son de extracción morenista, han comenzado a hacer su parte: han suspendido las clases en las escuelas; con respeto irrestricto a su autonomía, han invitado a las autoridades universitarias a hacer lo mismo; limitaron ya las concentraciones masivas de personas y suspendieron espectáculos dentro de territorios jurisdiccionales. Con ello, dentro de su ámbito de acción, han procedido como buenos gobernantes.
Con excepción de los de Puebla y Veracruz, los mandatarios morenistas –como buenos priistas que fueron– están esperando línea para actuar. No les ha llegado. No han hecho mayor cosa. Temen desentonar en este coro de alabanzas a su jefe.
De los gobernadores que han actuado, hasta este momento no se sabe que hayan asumido la responsabilidad de hacer frente a la pandemia. Como lo dije en otra parte, son competentes para hacerlo los poderes federales, así con minúscula. De conformidad con la fracción XVI del artículo 73 constitucional, sobre ellos recae la responsabilidad de combatirla. No lo han hecho o no han actuado en la medida de lo esperado o de la emergencia.
Ante la pasividad del gobierno federal, las autoridades locales lo están haciendo; su intervención es oportuna y no ilegal; aunque con dudas de constitucionalidad, es benéfica y aceptada por la población.
Los gobiernos de los estados, para fundar su acción, pueden invocar la doctrina de las facultades concurrentes. Esta sostiene que una facultad concedida expresamente a los poderes federales puede ser ejercida válidamente por los poderes de los estados, mientras la federación no lo haga. Esta doctrina parte del supuesto de que los estados confirieron a los poderes federales un cúmulo de facultades que les correspondían a ellos y que lo hicieron con vista a que las ejerzan; cuando existe una emergencia y éstos no actúan, de acuerdo con esa doctrina, es admisible que los poderes y autoridades de los estados, en ejercicio de un derecho residual, lo hagan.
Alguien dirá que esa doctrina únicamente es válida en el sistema constitucional de Estados Unidos, en donde surgió; ahí, efectivamente, las colonias que formaron la unión renunciaron a un cúmulo de facultades y las confirieron a los poderes federales, pero ese supuesto históricamente no se presentó en México.
En contra de ese punto de vista está lo dispuesto por el artículo 124 constitucional, el cual dispone: “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados”; también está el supuesto teórico del que partieron los constituyentes de 1824, 1857 y 1917, en el sentido de que había estados preexistentes que formaron la unión a través de la celebración de un convenio al que se denominó Pacto Federal (artículos 2 A, frac. III, 40 y 41 constitucionales).
Para salvar el obstáculo contenido en el artículo 117 fracción I, constitucional, es válido invocar la emergencia; alegar que la situación no admite demora. Lo ideal sería que, ante lo grave de la situación, pudieran unirse el mayor número de estados y adoptar, previo consenso, medidas uniformes para su territorio y población.
A pesar de la prohibición constitucional, dada la emergencia, podrían impedir la entrada a su territorio de personas provenientes de sitios en donde existan brotes epidémicos; asumir los servicios de salud y suspender las actividades ordinarias tanto públicas como privadas. Ante la emergencia, en ejercicio de esas facultades concurrentes, también podrían prohibir los espectáculos masivos, la circulación de personas, las reuniones públicas y las actividades comerciales.
La historia absuelve y la ciudadanía premia a quienes, con altura de miras, actúan para salvaguardar a la sociedad. En la naturaleza y en los negocios públicos existe el concepto que se conoce como terror vacui, el terror al vacío: los vacíos de autoridad se cubren. Es afortunada una sociedad cuando cuenta con líderes que, aun a costa de sacrificar una carrera política promisoria, asumen la función de salvarla sin importar realizar actos que son de dudosa constitucionalidad. La historia absuelve a los audaces y condena a los apáticos. El presidente Juárez, para salvar la Nación y la Constitución Política, no se abstuvo de violar ésta y la legalidad. Salvó a la patria; se hizo inmortal.
Sólo nos faltaría que el gobierno federal recurriera a la controversia constitucional para impedir la acción de los gobernadores y que, llegado el caso, solicitara la suspensión de los actos que ellos realicen.
Ante la pasividad, negligencia o apatía del actual presidente de la República y de su gabinete, este pudiera ser el momento para que algunos gobernadores asuman la lucha contra el covid-19 y se conviertan en los líderes que México necesita.
AMLO, durante mucho tiempo, luchó para llegar al cargo que actualmente ocupa; estando en él no sabe qué hacer. Le pasó lo que censura Maquiavelo: “Es una cosa verdaderamente muy natural y ordinaria el desear adquirir; y siempre que lo hagan los hombres que pueden, serán alabados y no censurados; pero cuando no pueden y quieren hacerlo a toda costa, aquí están el error y la censura.” (De principatibus, III, 46, p. 79).
