El gobierno de Colombia no sabe qué hacer con el Ejército de Liberación Nacional, la guerrilla que, además, se refugia en Venezuela y triplicó su fuerza mientras la autoridad negociaba la paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según los especialistas, el ELN ha demostrado ser un enemigo cuyo poderío creció, al grado de que es imposible derrotarlo por la vía militar.
BOGOTÁ.- Nunca como ahora es vigente la afirmación de que la paz en Colombia será incompleta mientras el Estado no llegue a un acuerdo para cerrar el conflicto armado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Ese grupo insurgente, el único en pie de lucha desde noviembre de 2016, cuando se firmó la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ya demostró que no es un enemigo menor y que, por el contrario, tiene mayor capacidad de perturbación y un creciente poder militar.
Según un informe de inteligencia del ejército colombiano, sólo en 2017 –primer año de vigencia del acuerdo con las FARC– el ELN incorporó a sus filas a unos mil nuevos combatientes, con lo cual llegó a 4 mil hombres en armas en 2018.
Una fuente militar dice a Proceso que esa guerrilla cuenta hoy con unos 5 mil combatientes y “un número igual o superior” de milicianos que integran sus redes de apoyo en las áreas urbanas, la mayor parte en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.
“Esto quiere decir que el ELN triplicó su fuerza en los últimos siete años”, asegura la fuente consultada.
Ese fortalecimiento lo logró mientras se desarrollaban las negociaciones de paz con las FARC, entre 2012 y 2016, debido a que las fuerzas militares menguaron sus operaciones para facilitar el diálogo. Además, en ese periodo cientos de combatientes farquistas, que observaron con desconfianza las conversaciones con el gobierno, optaron por pasarse a las filas del ELN.
Y otro factor que favoreció al ELN fue que en algunas zonas del país se apropió de los negocios ilegales que dejaron las FARC con su desarme: producción y tráfico de cocaína, minería ilegal y contrabando.
“Estas rentas criminales le han dado al ELN un incremento en sus recursos; entonces no sólo es una guerrilla más fuerte en lo militar, sino también en lo financiero”, dice al reportero la directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), María Victoria Llorente.
La politóloga de la Universidad de los Andes y especialista en seguridad nacional señala que ese grupo armado tiene una fuerte influencia en siete de los 10 municipios colombianos con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca.
De acuerdo con Llorente, hay otros dos elementos que le dan al ELN ventajas en la guerra que libra contra el Estado colombiano: el uso de territorio venezolano como retaguardia estratégica y su funcionamiento como una guerrilla tradicional.
Señala que, más que una estructura militar de grandes dimensiones, como era el caso de las FARC, en algunos territorios el ELN está formado por múltiples estructuras que desempeñan labores de inteligencia y de pequeña escala, y que están conectadas con las comunidades. Además, su operación militar se basa en focos guerrilleros que golpean y se repliegan, y en el accionar clandestino de sus redes urbanas.
“Un grupo con esas características, que ha venido con esa tendencia tan clara de fortalecimiento y que tiene una presencia tan importante en la vecina Venezuela, es un grupo que resulta muy improbable derrotar por la vía militar”, afirma la directora ejecutiva de la FIP.
Diálogo muerto
Los diálogos de paz con el ELN –guerrilla de ideario guevarista que surgió en 1964 por influencia de la Revolución Cubana– están rotos desde el 17 de enero de 2019, cuando ese grupo insurgente realizó un atentado explosivo contra la Escuela de Cadetes de la Policía, en Bogotá.
El ataque, que dejó 23 muertos, echó por la borda un accidentado proceso de acercamientos entre el gobierno del presidente Iván Duque y ese grupo insurgente con miras a mantener los diálogos iniciados durante la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018).
Tras el atentado, Duque desconoció como interlocutores a los 10 delegados de esa guerrilla que estaban en La Habana a la espera de eventuales conversaciones y pidió a Cuba entregarlos a la justicia colombiana.
El pasado enero, el gobierno colombiano solicitó a Cuba, además, la extradición del comandante en jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, Gabino, quien está en tratamiento médico en la isla.
Cuba sostiene que esas peticiones son improcedentes porque la presencia de los jefes guerrilleros en La Habana obedece a que Colombia los habilitó como interlocutores para un eventual diálogo de paz.
Pero tras esa disputa diplomática está el alineamiento de Duque con los sectores más extremistas de su partido, el ultraderechista Centro Democrático, que rechazan los acuerdos de paz con las FARC y se oponen a cualquier tipo de diálogo con el ELN.
Varios dirigentes políticos, sociales y religiosos que condenaron el año pasado el ataque terrorista del ELN contra la Escuela de Cadetes de la Policía han pedido a esa guerrilla y al gobierno de Duque apostar por el diálogo para resolver un conflicto que no tiene salida militar.
El presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, señala que, pese a que el ELN no está en condiciones de tomar el poder por las armas y el Estado no lo puede derrotar en un escenario militar, “no existe, por ahora, ninguna posibilidad de que las partes se sienten a negociar una salida a la guerra”.
Esto, explica a Proceso, porque el Comando Central de la guerrilla, su máxima instancia de dirección, “ha decidido no hacer ninguna negociación para finalizar el conflicto, al menos durante el gobierno de Duque (que finalizará en 2022)”.
También, señala, porque las condiciones que ha puesto el gobierno para iniciar un diálogo (entrega de todos los secuestrados y cese de todos los actos criminales) son considerados una “rendición” para una guerrilla habituada a negociar mientras la guerra sigue su curso.
“Eso bloquea toda posibilidad de diálogo y abre un escenario de guerra de mínima intensidad sin posibilidad de victoria para ninguna de las partes”, asegura González Posso.
El peso de la guerra
Este escenario de confrontación ocurre precisamente cuando Colombia, como resultado del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 con las FARC, registraba los menores niveles de violencia en varias décadas.
En 2017, cuando se inició el proceso de reincorporación a la vida civil de 13 mil excombatientes de esa guerrilla, el país tuvo la más baja tasa de homicidios de los últimos 42 años: 24 por cada 100 mil habitantes.
El año pasado subió ligeramente a 25.5 por cada 100 mil habitantes; las “acciones subversivas” casi se duplicaron –pasaron de 12 a 20– y los “actos de terrorismo” llegaron a 174, 22 más que en 2018, según cifras del Ministerio de Defensa.
Además, en 2019 el ELN voló 71 tramos de oleoductos, uno cada cinco días en promedio, mientras que la fuerza pública “neutralizó” (así catalogan las autoridades a los muertos, capturados o desmovilizados) a mil 303 combatientes de ese grupo, la cifra más alta desde 2011.
Este año, el ELN parece apostar por un aumento de ataques a la red de oleoductos y por acciones de impacto como los “paros armados” que suelen trastocar todas las actividades en las regiones donde esa guerrilla tiene mayor presencia.
El ELN decretó un “paro armado nacional” entre el 15 y el 17 de febrero, que dejó un policía muerto y causó alarma en las grandes ciudades de Colombia, por la eventualidad de que ocurrieran atentados terroristas.
Como parte de un plan estratégico aprobado en su V Conferencia, en 2014, el ELN creó un Frente de Guerra Urbano Nacional con presencia en las principales ciudades del país y alta capacidad logística, por la cantidad de milicianos que la integran.
El general Jairo Delgado, exdirector de inteligencia de la Policía Nacional de Colombia y experto en seguridad, explica que ese grupo armado ha fortalecido “su capacidad terrorista y eso le permitirá seguir presionando al Estado”.
Según una encuesta de la firma Invamer-Gallup, divulgada el pasado 27 de febrero, 92% de los colombianos tiene una imagen desfavorable del ELN, mientras que las dos terceras partes creen que el diálogo es la mejor vía para solucionar el problema con esa guerrilla.
Esa impopularidad está relacionada con los actos terroristas que esa guerrilla ha cometido en el pasado, en los que han muerto civiles, y con los abusos que ha cometido en las comunidades donde tiene presencia.
Según un informe de la oficina de derechos humanos de la ONU, conocido hace unos días, durante 2019 el ELN “continuó incurriendo en infracciones al derecho internacional humanitario”.
El organismo internacional documentó 13 casos de violencia sexual contra mujeres, niñas en su mayoría, en los cuales los presuntos perpetradores fueron miembros del ELN, grupos criminales y otros grupos violentos, mientras que en tres casos estuvieron involucrados miembros del Ejército.
La ONG Indepaz calcula que 7% de los 108 asesinatos de líderes sociales que ocurrieron en el país en 2019 fueron cometidos por integrantes de esa guerrilla.
Ejemplo afgano
La excandidata presidencial y activista por la paz Clara López considera que la guerra con el ELN requiere una salida negociada pese a que las partes mantienen posiciones antagónicas.
“Estados Unidos optó por negociar la paz en Afganistán con los talibanes, que dieron protección a Al-Qaeda, lo que puede dar luces de cómo resolver el conflicto con ELN, con pragmatismo, mediación y compromisos para reducir la violencia”, dice al reportero.
La directora ejecutiva de la FIP, María Victoria Llorente, considera que la salida negociada a esa guerra “es una necesidad, porque lo que vemos es que estamos en una suerte de punto muerto donde no tenemos la capacidad de vencer a esa guerrilla militarmente”.
En ese sentido, dice, el planteamiento es que se avance a un escenario “de desbloqueo de la negociación”.
La politóloga propone que el ELN considere la liberación de secuestrados, la mejora de las condiciones de quienes tiene privados de la libertad e incluso un cese al fuego.
Por parte del gobierno, agrega, es importante que cumpla con la implementación de los acuerdos de paz con las FARC –que está detenida en puntos medulares, como la reforma rural integral– porque ese es un parámetro con el que las comunidades perciben a las instituciones.
También, dice, es necesario “replantear la estrategia diplomática” con el régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien el año pasado rompió relaciones con Colombia luego de que el gobierno de Duque reconociera como “presidente interino” de Venezuela a Juan Guaidó.
“Es necesario reestablecer los canales de comunicación con Venezuela porque el incremento de las tensiones y la posibilidad de una ofensiva militar que tenga al ELN, como uno de sus blancos, es riesgoso e impredecible”, afirma Llorente.
Duque ha denunciado que el régimen de Maduro apoya de manera abierta al ELN y permite el uso de su territorio a los altos mandos de esa guerrilla, lo que dificulta su persecución.
Por eso, señala Llorente, “la confrontación con el ELN debe ser entendida más allá de la frontera, bajo condiciones que necesariamente requieren de la cooperación del gobierno venezolano”.
Agrega que la prolongación de la crisis política, económica y social en Venezuela “favorece al grupo guerrillero y lo posiciona como un factor de desestabilización para Colombia”.
La politóloga afirma que la posibilidad de una intervención militar externa en Venezuela “le da fuerza al discurso político antiimperialista del ELN y refuerza la relación de connivencia y las alianzas con sectores del establecimiento venezolano”.
