Tan pronto Mauricio Macri pisó la presidencia de Argentina, su familia y amigos, como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fueron favorecidos con sociedades y concesiones multimillonarias. Ahora, como es costumbre en el país sudamericano, donde suelen investigar a los expresidentes, el exdirigente del Boca Juniors está bajo la lupa del gobierno del presidente Alberto Fernández. Una de las pesquisas se centra en la supuesta renegociación sobre los derechos de dos autopistas que dan acceso a Buenos Aires.
BUENOS AIRES.- “Aquí lo que hubo fue un direccionamiento de dos concesiones multimillonarias de obra pública a empresas asociadas con empresas del expresidente Macri”, explica a Proceso la abogada Julieta Ripoli, quien fue jefa de la División de Concesión de Obras y Servicios Públicos de Vialidad Nacional hasta que el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) ordenó su cese en 2017.
Ripoli debía velar por los intereses del Estado en la renegociación de los acuerdos con dos sociedades anónimas, concesionarias de las autopistas de acceso a Buenos Aires. Sociedades Macri era, entonces, accionista minoritaria de una de ellas: Autopistas del Sol (Ausol), a cargo de la concesión del acceso norte.
La accionista mayoritaria era la española Abertis, que también gestionaba el acceso oeste vía el Grupo Concesionario del Oeste (GCO). Por entonces, la sociedad entre Abertis y el consorcio familiar del expresidente acumulaba dos décadas. Finalmente, el gobierno reconoció a las concesionarias una reparación multimillonaria y la extensión de la concesión hasta el año 2030.
Durante el mandato de Macri la tarifa de los peajes y el precio de las acciones de las empresas aumentaron exageradamente. La justicia investiga ahora si el expresidente se valió de su poder al frente del Ejecutivo para favorecer a su consorcio familiar y a sus antiguos socios.
Como suele ser costumbre en Argentina, los tiempos judiciales se aceleran contra cada mandatario que deja el cargo. Le tocó a Cristina Fernández de Kirchner junto a varios de sus funcionarios. Ahora es Macri quien enfrenta causas vinculadas con conflictos de interés y uso de información privilegiada en negocios multimillonarios promovidos desde el Estado.
El 13 de febrero el juez a cargo de la causa, Rodolfo Canicoba Corral, ordenó allanar las oficinas de las empresas concesionarias de las autopistas. En las últimas semanas ha tomado declaración testimonial a exfuncionarios que fueron desplazados de sus puestos tras objetar el proceso que terminó beneficiando a los socios del exmandatario.
Ripoli participó como representante de Vialidad Nacional de las primeras reuniones para la renegociación de los contratos de concesión de las autopistas. Resume así el motivo de su destitución: “Se dieron cuenta de que yo iba a defender los intereses del Estado y no iba a aceptar lo que proponían”.
Bonanza
Sociedades Macri ganó la concesión del acceso norte de Buenos Aires en 1994. En 2001 el consorcio familiar controlaba 23% de Ausol. Debido a la crisis terminal vivida ese año en Argentina, el peso dejó de estar sujeto al dólar y sufrió una devaluación brusca. Las tarifas de peaje volvieron a regirse por la moneda local y fueron congeladas.
Ausol rechazó las propuestas del gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) para renegociar el contrato de concesión. Lo mismo hizo GCO, a cargo del acceso oeste. Los contratos se fueron modificando de manera parcial año tras año. El gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) dispuso la intervención de Ausol por incumplimientos contractuales y por sospecha de fraude y fuga de capitales.
Después de las elecciones primarias de agosto de 2015, que dejaron bien posicionado a Macri hacia el triunfo que lo llevó a la presidencia tres meses más tarde, Ausol y GCO elevaron un reclamo administrativo al Ministerio de Transporte, pidiendo una actualización tarifaria. Por entonces, la española Abertis poseía 31.59% de las acciones de Ausol, y Sociedades Macri tenía aun 7%.
El 7 de diciembre de 2015, tres días antes de que Macri asumiera su mandato, su socia Abertis presentó una demanda contra el Estado argentino ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial. Lo mismo hizo GCO, también controlada por Abertis. Reclamaban mil 721 millones de dólares por presuntos retrasos tarifarios. Abertis es liderada por Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, viejo conocido de Macri en el ámbito del futbol, los negocios y la política.
Al asumir la presidencia, el gobierno de Macri decretó aumentos en la tarifa de los peajes de entre 200 y 270%. En 2016, Ausol se acogió al blanqueo de capitales dispuesto por el gobierno de Macri. Logró así la extinción de una acción penal en su contra, iniciada por el Órgano de Control de Concesiones Viales por el delito de evasión impositiva.
En mayo de 2017, un año y medio después de la llegada de Macri a la presidencia, el valor de las acciones de la empresa se había disparado 394%. Sociedades Macri vendió, entonces, su participación accionaria de 7%. Natal Inversiones pagó 19.7 millones de dólares por las acciones. Esta transacción también es analizada por la justicia, ya que esta empresa no contaba con ningún antecedente en el sector de obra pública vial.
Elemento de presión
En junio de 2018 el gobierno de Macri anunció que había llegado a un acuerdo extrajudicial con Ausol y GCO. Por un lado, las empresas concesionarias del servicio se desistían de su reclamo ante el tribunal del Ciadi. Esto le reportaría al Estado argentino, según se dijo, un ahorro sustantivo.
A la vez, el gobierno convalidaba que las empresas no habían conseguido amortizar la inversión que figuraba en el contrato anterior y, por consiguiente, debían ser resarcidas. El gobierno de Macri reconoció a las concesionarias, es decir, a los exsocios de sus empresas, esta supuesta deuda de 499 millones de dólares, en el caso de Ausol, y de 247 millones de dólares en el caso de GCO. El total: 746 millones de dólares.
Para Ripoli, la demanda internacional fue simplemente un elemento de presión. “Se trató de una simulación y una puesta en escena para forzar la negociación que después realizaron los ejecutivos de las concesionarias y los funcionarios jerárquicos de Vialidad Nacional, que habían ingresado con el gobierno de Macri y provenían de diferentes empresas de su grupo familiar”.
La abogada, quien representó a Vialidad Nacional hasta que fue cesada, continúa: “Aquí lo que hay no es otra cosa que una prórroga ilegal del contrato, sin licitación, que no sólo implica los 746 millones de dólares para las empresas, sino que, además, se les condonan encubiertamente penalidades por millones de dólares por incumplimientos contractuales en detrimento del Estado”.
El gobierno de Macri prorrogó las concesiones a sus exsocios hasta 2030 sin haber llamado a una nueva licitación. Les otorgó tarifas dolarizadas. Diferentes cláusulas protegen las ganancias de las empresas ante cualquier iniciativa del Congreso o del Poder Ejecutivo. Se deja así la puerta abierta para nuevos juicios contra el Estado. El acuerdo no pasó por el Congreso. El conflicto de intereses resultaba tan evidente que el decreto correspondiente no fue firmado por Macri, sino por su vicepresidenta, Gabriela Michetti.
Durante su presidencia, Macri siguió controlando, mediante dirigentes de su entorno, el club Boca Juniors que había presidido entre 1995 y 2007. El 1 de diciembre de 2018 se anunció que la final de la Copa Libertadores, entre River Plate y Boca Juniors, se mudaría al estadio del Real Madrid, el club que maneja Florentino Pérez y que también lidera Abertis.
Dos días antes, el 30 de noviembre, el gobierno de Macri había decidido por decreto compensar una vez más a las concesionarias de las autopistas; en esta ocasión debido a la devaluación del peso y a la caída de la circulación. A las empresas se les garantizó el flujo de tránsito pasante y al menos dos aumentos por año ajustados por inflación. Tanto Macri como Pérez negaron que una cosa y otra tuvieran relación.
La justicia investiga al expresidente argentino también en otras causas de corrupción, que han cobrado impulso desde que Macri dejó el cargo en diciembre. El consorcio familiar arrastra desde 2001 una deuda multimillonaria con el Correo Argentino. En 2016, Macri intentó cancelarla por migajas, de manera subrepticia, pero fue obligado a retroceder debido al escándalo público.
Ese mismo año, Sociedades Macri vendió su empresa de taxis aéreos Macair (Macri Air) a Avianca, al tiempo que el gobierno de Macri favoreció a la compradora otorgándole 36 rutas aéreas.
La justicia investiga, además, una maniobra de compra y venta de concesiones de parques eólicos en 2017, mediante la cual el consorcio familiar del expresidente y algunos socios se embolsaron unos 70 millones de dólares en apenas 11 meses, sin haber invertido un centavo.
El despertar súbito de las causas contra el mandatario saliente confirma la regla. El avance de las investigaciones dependerá, en última instancia, de la correlación de fuerzas que impere en la política.
