En mayo de 2018 las mujeres chilenas decidieron alzar la voz y protestar contra un Estado machista y represor; su protesta tuvo un punto culminante el pasado 18 de noviembre, cuando ejecutaron el performance “Un violador en tu camino”, que tuvo ecos en todo el mundo. Y una consecuencia de ese movimiento es que, de aprobarse en plebiscito la redacción de una nueva Constitución, la Convención Constituyente tendrá igual número de mujeres y de hombres.
Valparaíso, Chile.- La lucha de las feministas chilenas alcanzó el miércoles 4 una victoria notable: el Congreso Nacional aprobó que la Convención Constituyente –que se elegiría el próximo octubre, de aprobarse en el plebiscito del 26 de abril el reemplazo de la actual Constitución– estará formada por igual número de mujeres y hombres.
“Es la primera vez en el mundo en que va a haber paridad de salida en una asamblea constituyente o convención constitucional”, señala en entrevista la politóloga Javiera Arce, una de las ideólogas del proyecto de “integración paritaria corregida”.
El pasado 15 de noviembre, tras cuatro semanas de la más potente revuelta social que se recuerde en Chile, la casi totalidad de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento alcanzaron un acuerdo “Por la paz social y una nueva Constitución”, promovido a regañadientes por el derechista presidente Sebastián Piñera, líder de la coalición Chile Vamos.
Este pacto prevé la realización del plebiscito en que se consultará a la ciudadanía respecto del reemplazo o no de la actual Constitución (dictada por Augusto Pinochet en 1980) y en relación con el mecanismo para redactar la que le suceda.
De aprobarse la redacción de una nueva Constitución, la elección de delegados constituyentes se realizará en octubre.
Para dar forma legal al Acuerdo por la Paz, el Congreso Nacional sancionó –el 18 de diciembre– una reforma constitucional que definió las reglas del proceso constituyente. Sin embargo, aunque formó parte central del debate, la reforma no incluyó una fórmula de paridad de género que garantizara la participación protagónica de las mujeres en la redacción de la nueva Constitución, como reclamaban el movimiento feminista y numerosos líderes de opinión. Tampoco se incluían mecanismos para que se salvaguardara la inclusión de candidatos extrapartidarios y de representantes de pueblos originarios: los otros grandes excluidos de la institucionalidad chilena.
Por lo mismo, un amplio grupo de diputadas –entre ellas la socialista Maya Fernández Allende (nieta de Salvador Allende) y la oficialista Marcela Sabat– impulsaron un nuevo proyecto de reforma constitucional (boletín 13130), a fin de que se garantizara la participación de independientes y mujeres.
Dicho proyecto fue concebido y redactado por un equipo de la Red de Politólogas liderado por Javiera Arce, Julieta Suárez-Cao y Carolina Garrido.
El proyecto aprobado requería de la aprobación de tres quintas partes de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado. Por lo mismo, para avanzar debía necesariamente recibir el apoyo de congresistas de Chile Vamos. Este objetivo parecía inalcanzable hasta el lunes 2, dada la negativa de Piñera de aprobarlo y al hecho de que el propio ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cabildeó contra el proyecto.
La aprobación de este proyecto generó desazón en los sectores más conservadores del país, especialmente los vinculados a la filopinochetista Unión Demócrata Independiente. Estos ven cómo se desarma ante sus ojos el entramado institucional originado en la dictadura (1973-1990), del que han sido principales defensores.
Fin al patriarcado
Arce, de 34 años, maestra en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica de Chile y administradora pública por la Universidad de Chile, sostiene en la entrevista que este logro hay que ponerlo en contexto.
“Desde el 18 de octubre hay una crisis social y política que ha resultado determinante”. También indica como sustancial el impulso generado por el colectivo Lastesis: “Nos ayudaron demasiado”.
Arce sostiene que del proyecto aprobado resulta interesante el hecho de que la oposición política abriera espacios para que entrara la sociedad civil “y dejara que propusiéramos –como Red de Politólogas– un proyecto… todas las políticas con enfoque de género requieren de la sociedad civil”, explica.
“Cuando se abrió la ventana de oportunidades, pudimos entrar y mostrar nuestra propuesta y someterla a consideración”, acota.
Puntualiza que en medio del desorden político existente hay factores circunstanciales que nada tienen que ver con programas ni proyectos de largo plazo, que incidieron en la aprobación de este proyecto de paridad de género. En ese sentido señala que muchos votos de derecha se decantaron ante el deseo de no quedar fuera del momento histórico y cultural en que vivimos: “Hoy es in ser feminista y es out ser machista”.
La investigadora afirma que con el nuevo marco legal va a existir “la oportunidad de generar un texto constitucional menos patriarcal” que el que hay, “porque vamos a tener la mitad de mujeres dentro –de la Convención– presionando para cambiar el género del contrato social”.
La académica señala que abrir el espacio a las mujeres no sólo cambiará las materias que les incumben a ellas, sino que permitirá atender las problemáticas de otras minorías como niños, adultos mayores, grupos LGTBI, personas en situación de discapacidad y “otras que no sean hombres, heterosexuales, que tengan una funcionalidad normal”.
En esa línea argumentativa, señala que esas miradas diversas permitirán “que la generación de políticas públicas sea distinta” puesto que “habrá más apertura a considerar las desigualdades”.
Indignación feminista
La lucha feminista contra la violencia machista y los abusos estructurales de la sociedad chilena podría alcanzar el domingo 8 y el lunes 9 un nuevo hito histórico, coinciden analistas.
Esos días habrá una marcha nacional y una “huelga general feminista”, que se insertan en un movimiento de mujeres de alcance planetario, que en Chile ha adquirido dimensiones revolucionarias.
Las agrupaciones feministas –reunidas en la Coordinadora 8M– anunciaron el 26 de febrero el cronograma de movilizaciones de este mes. De paso, rechazaron negociar el itinerario de las marchas callejeras, desestimando el llamado en este sentido realizado por la ministra de la Mujer, Isabel Plá, y el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, sobre quien pesan acusaciones de violencia contra su exesposa.
“Como feministas somos parte del estallido social y la movilización popular en curso y desde ahí interpelamos a quienes son responsables materiales y políticas de la violencia, sobre todo de la violencia político-sexual a nosotras como mujeres”, señaló en conferencia de prensa Camila Aguayo, vocera de la Asamblea Feminista Plurinacional.
Añadió: “En los cuatro meses que van desde el 18 de octubre, este gobierno se ha sostenido bajo una política represiva y de criminalización de la protesta social, violando sistemáticamente los derechos humanos”, dijo.
Por lo anterior, descartaron negociar con el gobierno el trazado de las marchas y cualquier aspecto relativo a las movilizaciones.
Advertidos de la fuerza de la corriente feminista, Carabineros de Chile anunció el mismo día la presencia de mil 700 carabineras para custodiar la marcha del 8 de marzo. Esta partirá de “Plaza Dignidad” (bautizada así por la ciudadanía tras el estallido del 18 de octubre) y alcanzará La Moneda (sede de gobierno).
La movilización de las mujeres se da en un contexto de rebrote del estallido social y en medio de claros indicios de que el presidente Piñera está apostando por aumentar la represión contra los manifestantes, pese a los llamados de la ONU y otros organismos internacionales para que se ponga coto a la violencia policial.
El performance “Un violador en tu camino” (que denunciaba los abusos sexuales y torturas de carabineros y la violencia sistemática contra las mujeres) en Valparaíso el 18 de noviembre, derivó en una nueva pulsión feminista de alcance global, cuyos ecos aún no terminan.
Previamente, en mayo de 2018, millones de mujeres se movilizaron en todo Chile “para cambiar esta sociedad machista y patriarcal” y “en pos de una educación no sexista”.
Violencia estructural
Según el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género chileno, en la última década ha habido 401 feminicidios. Sin embargo, según los registros de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres (RCVM) –creada en 1990– en ese lapso estos crímenes alcanzaron, al menos, los 560 casos.
En el dossier 2018-2019 de esta organización se explica la diferencia. Las feministas sostienen que la definición oficial de feminicidio es restrictiva: se limita al ámbito de pareja, excluyendo otros asesinatos por motivos de género, que van más allá de las relaciones de pareja, como son los casos de mujeres violadas y asesinadas por desconocidos, amigos y conocidos; o los crímenes de odio hacia disidencias sexuales (LGBTI+).
Según la RCVM, entre 25% y 30% de los feminicidios perpetrados en Chile han sido cometidos por hombres sin lazos con la asesinada.
Según información de la Subsecretaría de Prevención del Delito, en 2018 se reportaron 15 mil 533 denuncias policiales de violación u otros delitos sexuales contra las mujeres, lo que supone más de 42 casos diarios.
No obstante, la RCVM calcula que la cifra es mayor. Asegura que por cada caso denunciado hay entre tres y 10 agresiones que no son reportadas ante la autoridad.
De acuerdo con la encuesta elaborada por esta red, 74% de las mujeres dijo haber sido violentada o discriminada en espacios públicos, especialmente en iglesias, centro educativos y lugares de ocio.
La opresión contra las mujeres también ocurre fuertemente en el ámbito laboral: los hombres reciben un salario 23% superior a las mujeres. Pese a esto, sus costos de salud son muy superiores. Según datos de la Superintendencia de Salud, las mujeres pagan por sus planes de salud hasta 66% más que los hombres.
