BUENOS AIRES.- “Dentro de los próximos 10 días presentaré un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”, anunció el presidente argentino, Alberto Fernández, ante la Asamblea Legislativa el domingo 1.
El proyecto de despenalización y legalización del aborto pretende poner fin a los riesgos vinculados a su práctica clandestina, a la que cada año recurren unas 400 mil mujeres. La iniciativa parlamentaria se anudará con otra de asistencia del Estado para las mujeres de sectores vulnerables que decidan continuar con su embarazo.
En la actualidad, Argentina autoriza el aborto en ciertas circunstancias, como en casos de violación o si está en riesgo la vida de la madre. Pero en los hechos, la prohibición que rige es casi absoluta.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el aborto clandestino es la principal causa de muerte materna en 17 de las 24 provincias argentinas. Cada año son hospitalizadas por complicaciones derivadas de esta práctica entre 45 mil y 60 mil mujeres.
Fernández, quien se define como no abortista, sostiene que la prohibición vigente desde 1921 se ha mostrado ineficaz desde un criterio preventivo. Considera que el aborto es un problema de salud pública.
Se supone que el proyecto de ley incluirá esta práctica en el Plan Médico Obligatorio, imponiendo a los sistemas de salud público y privado el garantizar el acceso igualitario, cumplimiento efectivo y carácter gratuito. La objeción de conciencia institucional, para excusarse de cumplir la ley, quedará vedada, pero se contemplará la objeción personal por razones éticas o religiosas en el caso de los integrantes del cuerpo médico.
Se espera que el proyecto de ley garantice el acceso al aborto de manera voluntaria hasta la semana 14 de gestación, y que la práctica se efectúe dentro de los cinco días corridos desde su solicitud y con el consentimiento por único requisito.
El movimiento feminista es un actor político de gran vitalidad en Argentina. El colectivo Ni Una Menos convoca a actos masivos para exigir un alto a los feminicidios y a la violencia de género.
Entre las activistas y simpatizantes identificadas con el pañuelo verde reina la convicción de que el aborto será legal tarde o temprano. Y que su aprobación pondrá fin a las muertes y las persecuciones judiciales que conlleva la práctica clandestina.
El respaldo a la despenalización coincide con la pérdida de incidencia de la Iglesia Católica en las últimas décadas. La apuesta del gobierno tensa la relación con el papa Francisco, un aliado pleno en torno a la agenda social. Bajo el lema “Sí a las mujeres. Sí a la vida”, la Iglesia convoca a celebrar el Día Internacional de la Mujer con una misa en la Basílica de Luján, principal lugar de peregrinación en Argentina.
“Vivimos en un Estado que tiene que responder a las necesidades de salud, de vida y de derechos de todas las mujeres y personas gestantes, más allá de sus posiciones religiosas”, dice a Proceso Celeste McDougall, referente de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina.
“La persona que según su posición religiosa o moral considere que nunca en la vida se va a practicar un aborto, la ley no la obliga, por lo tanto, no es que está primando esa posición sanitaria por sobre la religiosa. Lo que no puede suceder es que haya religiones que impongan su mirada al conjunto de la sociedad”, aclara.
Antecedentes
El Congreso argentino debatió por primera vez la legalización del aborto en 2018. El proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y rechazado en el Senado, que representa el poder de las provincias donde se acentúa el componente conservador y religioso. Desde entonces el debate vive en las calles, las redes sociales y la mesa familiar.
El Congreso argentino se renovó parcialmente en octubre de 2019. La aprobación de la ley es, sin embargo, una incógnita. Un reporte de Amnistía Internacional calcula que en la Cámara de Diputados el proyecto cuenta hoy con 116 votos en favor, 108 en contra y 33 indefinidos o sin datos. Mientras que en el Senado hay 33 votos en favor, 35 en contra, tres indecisos y un legislador está de licencia.
“No se pueden mirar los números como una foto estática”, dice Celeste McDougall. “Conforme hay una despenalización social eso impacta también en el Congreso. El cambio de posición más significativo es el de Cristina Kirchner, quien como presidenta del país estuvo en contra y como senadora votó en favor”.
El mantenimiento del statu quo prohibitivo equivaldría a consolidar el marco ilegal al que recurren cada año miles de argentinas. La legalización pondría a Argentina en el lote regional que hoy se reduce a Cuba, Uruguay, la Ciudad de México y Oaxaca.
La escritora Luciana Peker, referente del movimiento feminista argentino, considera que en tal caso la repercusión política en América Latina será amplia. “Argentina es hoy un país faro en temas de género”, dice a este semanario. “Lo que pase en Argentina va a incidir en otros países latinoamericanos”. l
