Ellas tienen el derecho de protestar, nosotros la obligación de apoyarlas
Cambiar un sistema político es relativamente fácil en algunos casos y bastante difícil en otros. No se trata de los requisitos procedimentales, sino de la fortaleza de las instituciones, de la fragmentación del poder y hasta del grado de consenso en términos de cultura política, que hacen que un acuerdo en lo fundamental sea menos elástico y maleable en el primer mundo que en países como el nuestro. Mientras que en México hemos tenido tres constituciones en dos siglos –y la actual ha sido modificada más de 700 veces–, en un periodo de tiempo similar Estados Unidos sólo ha tenido una, a la cual apenas le ha hecho 27 enmiendas. Nuestros vecinos del norte, más satisfechos con su régimen, lo resguardan bajo llave.
Nuestro arreglo jurídico-político es indeseable por tornadizo, sin duda, pero la rigidez del estadunidense también se está volviendo disfuncional. Va un primer ejemplo. El colegio electoral es una reliquia del elitismo de los “padres fundadores” de Estados Unidos, quienes desconfiaban del tino de las masas para elegir a su presidente. Su temor de que el pueblo se dejara seducir por un candidato populista los llevó a crear esa instancia electoral intermedia de corregidores de devaneos. Aunque se ha evidenciado que se trata de un mecanismo anacrónico, y pese a que se perdió una oportunidad de oro para probar su utilidad en la elección de Donald Trump –quien perdió el voto popular y ganó la Presidencia–, nadie se ha atrevido a pugnar seriamente por su cancelación. Si el colegio fue incapaz de impedir el gobierno de un hombre de vocación antidemocrática, ya no tiene ninguna razón de existir.
Trump ha mostrado, además, que el sistema de pesos y contrapesos que admiró al mundo está lejos del equilibrio. Con un presidente decidido a ejercer sus facultades hasta las últimas consecuencias, se ha desnudado el poder excesivo del que goza el Ejecutivo Federal de Estados Unidos. El escudo presidencial contra el impeachment, v.gr., es demasiado grueso. La facultad de indultar a delincuentes convictos puede ser usada para regalar impunidad a cómplices de presuntas fechorías del inquilino de la Casa Blanca. En suma, la Presidencia de Estados Unidos demuestra que los límites saludables a su poderío dependen más de su autocontención que de las leyes. Si el presidente quiere estirar la liga constitucional puede incurrir en abusos propios de lo que O. Henry bautizó como repúblicas bananeras.
Con todo, muy pocos politólogos en Estados Unidos piden reformas legales. En su instantáneamente célebre obra How Democracies Die (PRH, NY, 2018), Steven Levitsky y Daniel Ziblatt demuestran que son las reglas no escritas las que han frenado las aspiraciones políticas de los impresentables y, lejos de ver más allá de la normatividad tácita, adjudican a las élites de cada partido la responsabilidad de hacerlo. No proponen cambios a la norma: sugieren volver a la sensatez cupular como cedazo de candidaturas. En plena crisis democrática, cuando urgen transformaciones profundas, la democracia de Estados Unidos luce petrificada. Las mejores mentes estadunidenses renuncian a ajustar la máquina y apelan al manejo prudente de sus conductores.
No debería ser así. Los sistemas democráticos no pueden hacerse con la esperanza de empoderar a los mejores; han de diseñarse asumiendo que pueden llegar al poder los peores y creando los instrumentos necesarios para evitar sus tropelías. Porque, francamente, al establishment de Estados Unidos no le importa tanto que llegue un presidente que perjudique la democracia cuanto aquel que afecte los intereses de la oligarquía. Ahí está el caso de Bernie Sanders: hay más enjundia para detenerlo que la que había contra Donald Trump en 2016. Es natural. Uno pretende cobrarles más impuestos a los individuos más acaudalados y a las grandes corporaciones, en tanto que el otro se los redujo. Y es que Trump sí es parte del statu quo, a diferencia de Sanders y en menor medida de Elizabeth Warren, quienes quieren combatir la desigualdad y representan un peligro para el orden establecido.
Digamos, pues, que Estados Unidos y México representan extremos viciosos, los del anquilosamiento y la volatilidad. Eso sí, en ambos casos hay un poder desmedido en los Ejecutivos. Allá estaba disfrazado por el acatamiento de reglas no escritas por parte de los notables y el trumpismo le quitó el disfraz, y acá siempre ha sido diáfano. En ningún caso es saludable. Porque allende el río Bravo hay un presidente que puede usar la fuerza de su investidura no en aras de transformar nada, sino de obtener beneficios personales, y de este lado de la frontera hay uno que puede cambiar todo sin necesidad de acordar con nadie más. ¿Y el justo medio, dónde quedó?
PD: No le será fácil a AMLO seguir viajando en vuelos comerciales. La gente que viaja en avión es parte del segmento de la población que tiene una visión más crítica de su gobierno. Una familia decidió no volar con él y algunos pasajeros le han dirigido críticas durante los viajes; todavía son pocas y respetuosas, pero es probable que cada vez haya más y que suban de tono. Y lo más importante: por su seguridad y la de los demás pasajeros, por seguridad nacional, el presidente debería volar en aviones oficiales. Los hay mucho más pequeños y austeros que el actual TP-01, como el que usaba Evo Morales o los que usan algunos primeros ministros europeos, por ejemplo. Hacerlo no alejaría a AMLO del pueblo; si acaso, lo pondría a salvo de la burguesía.
