El cabildeo de las principales empresas canadienses dedicadas a producir y comercializar cannabis fue exitoso en el Senado mexicano. Van ganando terreno para sus intereses firmas como Canaccord Genuity, Canopy Growth, Cann Trust o Aurora: una vez que se apruebe la iniciativa de ley general para la regulación del cannabis, el negocio mexicano de la mariguana no será mexicano.
Miles de familias campesinas que durante décadas se han dedicado a cultivar este producto quedarán al margen de dicho negocio ahora que se vuelva legal. El propósito de la mayoría senatorial es entregar las ganancias de este giro, prohibido durante un siglo, a manos extranjeras.
Ha resultado estupenda, para sus intereses, la estrategia de las empresas canadienses, de sus socios mexicanos y sobre todo de quienes ambos contrataron como cabilderos. El dictamen aprobado el miércoles de la semana pasada en la Cámara Alta por las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Constitucionales es coincidente con intereses que han dado la espalda a los productores nacionales.
A pesar de que, en un principio, había varias iniciativas para regular este mercado, al final sólo una prevaleció. La original fue presentada por la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cuando todavía era senadora. Los argumentos de aquella iniciativa eran coincidentes con los expresados por el doctor Gady Zabicky, actual comisionado nacional contra las adicciones, y uno de los expertos mexicanos más destacados en esta materia.
Pero ambos perdieron en el río de las intrigas senatoriales. Ni los planteamientos de la secretaria ni los del doctor tuvieron cabida en la discusión final.
Quien se encargó de cerrar la vía de acceso a las demás voces para que sólo su iniciativa prosperara fue el senador hidalguense Julio Menchaca Salazar, actual presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara Alta.
Este legislador morenista se empeñó en restar influencia a cualquier idea que no fuera concordante con una iniciativa que sólo permitiría competir por el negocio de la mariguana a las grandes empresas extranjeras.
Las barreras de entrada a este sector, previstas por la iniciativa de Menchaca, se ubican en tres criterios: advierte la iniciativa que tanto las semillas como las plantas de cannabis habrían de ser testables, trazables y registradas.
Olvidó el senador Menchaca que la palabra “testable” es un anglicismo y sin rubor dejó evidencia de que su texto fue redactado originalmente en inglés, probablemente por los cabilderos canadienses.
En efecto, la iniciativa de Menchaca pide que las semillas utilizadas en México para producir mariguana hayan pasado previamente por pruebas de laboratorio; eso es lo que se quiere decir con el vocablo “testable”.
Cabe preguntarse, a estas alturas, qué campesino mexicano –dedicado hoy a la producción de cannabis– cuenta con semillas “testadas,” o con laboratorios accesibles para “testarlas”.
La intención de Menchaca y sus aliados es asegurarse de que sean semillas de laboratorio, producidas en Canadá, las que se siembren en tierra mexicana, de manera legal. Cualquier otra semilla quedaría fuera de la regulación y por tanto su siembra estaría prohibida.
Que no se hagan ilusiones los productores de cannabis de la sierra de Sinaloa, de Guerrero o de Chihuahua; esta iniciativa de ley no es para favorecerlos a ellos.
La otra palabra que también fue colocada como obstáculo para los productores nacionales es “trazabilidad.” Este término sí existe en español y quiere decir: “Serie de rutinas que permiten seguir el proceso de evolución de un producto en cada una de sus etapas.”
Al ubicarla como requisito de regulación para la producción de cannabis, la trazabilidad excluiría a una mayoría de campesinos independientes de origen mexicano, pues sus respectivos sistemas de cultivo no son compatibles con los procedimientos exigidos: cultivan a campo abierto, no utilizan etiquetas ni cuentan con métodos que permitan seguir a cada planta, desde su origen, y tampoco a sus derivados, a todo lo largo de la cadena, como sí ocurre desde hace varios años en Canadá y algunos estados de la Unión Americana.
Como bien dice el especialista en la materia, Jorge Javier Romero, se trata de un simulacro en beneficio de las grandes empresas extranjeras que dejará fuera a los productores nacionales, quienes antes eran explotados por las empresas criminales y, en breve, pasarán a serlo por los capitales foráneos.
El tercer criterio dispuesto por la iniciativa de Menchaca es la obligación de que las semillas utilizadas hayan sido previamente registradas como legales. Dado que en México no existe actualmente semilla legal, este precepto implicaría asumir que los insumos habrían de provenir de otras latitudes donde no exista, al momento de la publicación de la ley, prohibición para producirlos.
Esta trampa es implacable porque destina el cannabis de origen mexicano a la extinción.
“Nadie sabe para quién se trabaja,” dice el refrán y en este caso no podía ser más válida la sabiduría popular. Al parecer se equivocó el movimiento antiprohibicionista de las drogas que imaginó la legalización del cannabis como una fórmula para el desarrollo de las comunidades campesinas, que durante generaciones han vivido del cultivo y comercialización de este producto.
México sigue siendo un país que antes ofrece la casa al que viene de fuera, que asiento a los integrantes de la misma familia.
Contra la iniciativa de Menchaca cabe todavía que la Cámara de Diputados se oponga. Aunque ahí también trabajan fuerte los cabilderos.
