El investigador de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Bolfy Cottom, especialista en legislación cultural y del patrimonio, puntualiza que la intervención de obra mural del siglo XX, como la de Diego Rivera en el Palacio de Cortés de Cuernavaca y José Clemente Orozco en el templo de Jesús Nazareno, es competencia del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA).
Pero el también integrante del Comité Ciudadano convocado por la anterior secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda, indica que para disponer de recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y continuar el rescate del patrimonio dañado por los sismos de septiembre de 2017, se debe contratar a particulares.
El INBA sólo intervendría en la asesoría, autorización, supervisión y la etapa previa para hacer la valoración de los daños, el dictamen y el diagnóstico. Hasta el momento sólo han intervenido profesionales del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) en el proceso.
Incluso, comenta, hay murales particulares o de instituciones ajenas al INBA, como el de mosaico veneciano del restaurante Los Manantiales, obra del arquitecto Félix Candela, en el embarcadero Nativitas de Xochimilco; los de Arnold Belkin en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa; y los Diego Rivera en la Universidad Autónoma de Chapingo, intervenidos con recursos de sus propietarios, pero por restauradores del INBA.
La cuestión es si para el Ex Palacio de Cortés y el Templo de Jesús Nazareno, serán desplazados por particulares contraviniendo la Ley de Monumentos. Hasta hoy sólo en el caso de monumentos históricos han contratado particulares, por la gran cantidad de bienes afectados, pero con la supervisión y autorización del INAH.
En su opinión si sólo intervinieran especialistas del INBA el impacto presupuestal sería “altísimo”, dada la devastación de los sismos de 2017. Por ello son necesarios los recursos del Fonden:
“En este sentido, desde mi punto de vista, no contraviene la Ley de Monumentos, porque además el Fonden es un ente meramente administrativo, está considerando simple y sencillamente daños a la infraestructura en general, no está pensando en monumentos. Pero es necesario incidir en su normatividad para que, en todo caso, haya una consideración peculiar para los monumentos por el tratamiento, la utilidad y la función social que desempeñan en comunidades y en pueblos, e incidir también en los lineamientos de Protección Civil.”
Al garete
Cottom recuerda que cuando se conformó el Comité Ciudadano, había otros recursos de los seguros contratados con Banorte por el INAH, además de donaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la Unión Europea, e incluso mecenazgos de la iniciativa privada (IP) que adoptó algún monumento para su restauración. Se aseguraba así el flujo de los recursos.
“Entendí que era lo mismo para el caso de Bellas Artes, del patrimonio artístico, que no dependiera de un solo fondo. El asunto es que teóricamente estaba asegurado.
“Ahora la realidad es otra porque hubo un cambio de régimen y lo que entiendo es que, para esta nueva administración, el tipo de planeación establecida en aquel entonces terminó teniendo la menor importancia. Ya no fue prioritario.”
Apenas el 5 de enero pasado (Proceso, 2253), la corresponsal en Puebla, Gabriela Hernández, describió en el texto “El INAH, entrampado en la reconstrucción del patrimonio en Puebla”, las contrariedades que han dejado a medias 121 edificios históricos y 380 sin empezar, de un total de 621. Cottom comenta al respecto:
“Habría que ver si los fondos estaban asegurados, pero me temo que varias de las colaboraciones de la IP se vinieron abajo. Y en esas circunstancias, algunos monumentos quedaron sin restauración o a medias o lo que sea, pero no es que hayan dependido únicamente del Fonden sino de otras fuentes de financiamiento.”
–¿Qué pasó con el Comité Ciudadano, se deshizo?
–Sí, digamos que nunca más volvió a ser convocado.
Subraya que desde la entrada del nuevo gobierno no se les ha citado:
“Entonces toda la información vertida en ese grupo (se editó el libro Sismos y patrimonio cultural. Testimonios, enseñanza y desafíos, 2017 y 2018), las buenas intenciones de seguimiento, simple y sencillamente se truncaron porque ya no hubo quien ejerciera una fiscalización ciudadana. Ahí tenían que informarnos los avances, hacíamos el seguimiento. Y estaban presentes servidores públicos responsables de las instituciones, especialistas, y se acabó.”
Se recordará que el Comité nació al tiempo que el investigador señaló en este semanario (Proceso, 2156) la necesidad de crear una estrategia de Estado para abordar el rescate del patrimonio dañado. Ya entonces advertía que, dada la cantidad de bienes afectados, podría convertirse en un problema social porque el dinero no estaba llegando.
El órgano fue conformado por Transparencia Mexicana, a cargo de Federico Reyes Heroles; el experto en ingeniería estructural de la UNAM, Roberto Meli Piralla; los arquitectos Francisco Serrano y Xavier Cortés Rocha; el propio Cottom, la entonces secretaria de Cultura, García Cepeda, quien había expresado antes su temor de que se truncara la continuidad de la restauración (Proceso 2147).
