Los créditos del Fovissste contradicen en la práctica los fines para los que fueron creados tanto el instituto como el fondo de vivienda para los trabajadores del Estado: aunque los usuarios paguen puntualmente, los intereses incrementan la deuda hasta hacerla impagable y algunos empleados incluso tienen abiertos procesos judiciales por supuesto fraude. Y aunque el problema le fue planteado en el cambio de administración al presidente López Obrador, hasta ahora no se han tomado medidas para resolver la sangría financiera que devora salarios y hace inviable el retiro de miles de burócratas.
La profesora Eufrosina Castrejón está próxima a cumplir la edad necesaria para retirarse. Pero evitará jubilarse porque la seguridad social la tiene condenada: en 2012 adquirió un crédito con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste) y, aun pagando puntualmente 8 mil pesos mensuales, ve incrementarse su deuda hasta hacerla impagable.
Eufrosina –química de profesión y catedrática de la Universidad Autónoma de Guerrero– sabe que, como todo burócrata, perdería hasta 60% de sus ingresos si se jubila, pues ese porcentaje es lo que percibe por prestaciones, como los bonos de asistencia y antigüedad. Si hace efectivo su retiro, la pensión iría íntegra al pago de la deuda: se quedaría sin ingresos.
El aumento constante de la mensualidad y de la deuda total tiene como origen un diseño de los créditos que afecta a 1 millón 100 mil trabajadores. Y el creciente número de inconformes acusa al Fovissste de incurrir hasta en prácticas de anatocismo, es decir, cobro de intereses sobre los intereses capitalizados al monto original.
Contratados a ciegas, porque el Fovissste no entregaba tablas de simulación de pagos, los créditos deben ser forzosamente a 30 años, periodo insuficiente para solventar la deuda porque ésta crece debido a los intereses en Veces Salario Mínimo, los cuales se aplican considerando los intereses como si fueran parte del crédito.
Casos como el de la profesora Castrejón se originaron principalmente durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, ya que en 2016 el sistema cambió y empezó a calcular los nuevos créditos en Unidades de Medida y Actualización (UMAs).
Para Cándido Cruz Vargas, profesor guerrerense que se ha convertido en vocero del Movimiento de Afectados por los Créditos de Fovissste, la única solución es una reestructuración en condiciones justas que, hasta ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha negado a revisar.
“El Fovissste otorga créditos impagables, créditos de usura que en nada benefician al trabajador como lo ordena la ley, como de origen fue creado este fondo de vivienda para otorgar créditos baratos a los trabajadores pero que se ha convertido en una mafia que solamente lucra con la necesidad”, asegura Cruz Vargas.
Esa problemática está movilizando desde hace más de un año a burócratas de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Veracruz, quienes ven inviable su retiro, pero también de quienes, con 15 años de pagos disciplinados, han visto crecer su deuda hasta el doble del monto original.
El caso de la profesora Castrejón es ilustrativo: en 2012 contrató el crédito para vivienda por 850 mil pesos. Desde entonces ha pagado más de 500 mil pesos, pero al corte de la segunda quincena de enero su deuda ascendía a 950 mil pesos.
“Preguntamos por los intereses sobre intereses, porque así jamás vamos a ver nuestra deuda disminuida… Es a 30 años y esto realmente afecta, tanto la economía personal como a la familiar. Pero no tenemos respuestas de la autoridad”, dice.
El factor salario mínimo
La investigadora Blanca Esthela Jaramillo, de la Universidad Politécnica de Hidalgo, estuvo pagando su crédito durante nueve años sin darse cuenta de que, lejos de disminuir, su deuda crecía.
En 2011, emocionada por la promesa de vivienda digna para los trabajadores del Estado que repetía el entonces presidente Felipe Calderón, la doctora Jaramillo vio con naturalidad su descuento de 2 mil 200 pesos quincenales, que se fue incrementando hasta pagar hoy casi 4 mil pesos, aproximadamente 8 mil mensuales. Su contrato tasó los intereses en Veces Salario Mínimo, por lo que sus pagos no se congelaron.
En 2015 el salario mínimo era de 70.10 pesos. Al año siguiente el aumento fue casi imperceptible: a 73 pesos. Pero a partir de 2017 se incrementó paulatinamente, de manera que para 2020 llegó a 123.22 pesos.
Para orgullo del presidente López Obrador, en el arranque de gobierno el salario mínimo se incrementó en 15 pesos, para situarse en 102.61 pesos; y para 2020 se anunció un incremento de 20 pesos, lo que lo deja en 123. 22 pesos.
Mientras eso ocurría, los trabajadores gubernamentales como la doctora Jaramillo no han tenido incremento salarial en ocho años, pues en su universidad ni siquiera se les concedió con base a la inflación. Sólo en enero de 2020 su mensualidad subió 50 pesos más.
Pero el incremento en su deuda no sólo es atribuible al aumento en el salario mínimo. Aunque la investigadora realizaba sus pagos puntuales, cada año éstos aumentaron en alrededor de 30 mil pesos. De hecho, hubo un año en que se incrementó en 60 mil. Al principio pensó que era un error, empezó a investigar y pronto se dio cuenta de que en la universidad donde trabajaba había otros casos en que la deuda se había triplicado pese a los pagos puntuales. En contraste, quienes habían contratado hipotecas con la banca comercial están terminando de pagar o ya acabaron.
Al respecto, el profesor Cruz Vargas explica: “Sea en UMAs o en salarios mínimos, el de Fovissste es un crédito que se mueve con base en la inflación y con base al salario mínimo. Esto quiere decir que el crédito no es estable, a comparación de los que otorga la banca privada, que otorga el crédito en pesos y a tasa fija; en éstos tú sabes cuánto vas a abonar cada año y en Fovissste no… Prueba de ello es que no te pueden hacer una simulación de pagos de amortización porque saben que el crédito siempre va aumentando y cambiando el valor de lo que adquiriste”.
La llamada “actualización”, que se fija año con año, hace crecer la deuda de los trabajadores, pero, de manera inverosímil, no es posible saber a dónde va el dinero que entregan cada quincena.
El esquema funciona así: el interés se cobra de manera quincenal sobre saldos insolutos, esto es: si la deuda es de 1 millón y se debe pagar una mensualidad de 7 mil pesos pero se atrasa por alguna razón, en Fovissste el interés se cobra al millón y no a los 7 mil pesos. Esto quiere decir que, a partir de que ha aumentado el salario mínimo, los intereses se dispararon. Al final, con el aumento al salario mínimo, el trabajador de la baja burocracia paga más por intereses.
No es todo. De acuerdo con la ley, no puede descontarse más de 30% de los ingresos de un trabajador. Sin embargo, cuando la cuantía va excediendo por la actualización y los intereses, los trabajadores deben pagar por fuera de Fovissste, a través de la banca comercial, y es ahí donde se han encontrado más casos de personas que no logran cubrir la diferencia, vienen los intereses y así los montos se vuelven a disparar.
“Nunca acabaremos de pagar. Me niego a pagar 8 mil pesos de mi quincena durante 30 años. Jamás me he negado a pagar, pero como lo tiene tasado Fovissste jamás cubriré la deuda porque cada año lo que me descontaron no cuenta y mi deuda aumenta.”
Amedrentados
Mil 500 trabajadores de diferentes estados de la República, sin conexión institucional ni personal, fueron acusados en 2011 de defraudar al Fovissste al solicitar –falseando documentos y manipulando la base de datos del organismo– créditos en demasía, es decir, que superaban su capacidad de pago en relación con sus ingresos.
Secretarias, afanadores, profesores, criminalistas y gente de todo tipo de profesiones y oficios empleados por el gobierno, se convirtieron para la Procuraduría General de la República (PGR), de un día para otro, en hackers experimentados capaces de vulnerar los controles del sistema de otorgamiento de créditos (Proceso 1882, 25 de noviembre de 2012).
Aunque fueron las constructoras –entre ellas una de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego–, así como gestores sindicales y Sociedades Financieras de Objeto Limitado las que promovieron las viviendas, tramitaron los créditos y cobraron por todo, cuando ese escándalo calderonista se reveló aquéllas quedaron fuera de sospecha y la PGR imputó a los trabajadores.
Una década después, los casos siguen abiertos por delitos financieros, aunque ya no hay nadie en prisión porque la justicia resolvió que no había pruebas suficientes. En cualquier caso, aquellos burócratas se quedaron con sus casas de mala calidad, que pronto se cuartearon y por las que seguirán pagando hasta el fin de sus días.
La familia de Patricia Flores se cuenta entre los afectados. Ella se integró al Movimiento de Afectados porque en 2007 consiguieron un crédito por 484 mil pesos y no dejaron de pagar, pero actualmente deben 800 mil.
Desde 2012 Flores y otros cientos de deudores han participado en mesas de trabajo con las secretarías de Gobernación, Hacienda y Trabajo, además del ISSSTE y el Fovissste, sin lograr ningún acuerdo. Integrados ya al Movimiento de Afectados, tras protestar en Palacio Nacional a la hora de una conferencia “mañanera” fueron remitidos con el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. En su oficina les pidieron documentos y el expediente de su caso, pero a decir de las personas consultadas nunca volvieron a recibirlas ni a contestarles el teléfono.
La esperanza de los acreditados de Fovissste se renovó con el arranque de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Primero, cuando el mandatario anunció un plan de apoyo a deudores de escasos recursos de Infonavit que posibilitaría condonar deudas, y luego, cuando un diputado de Morena presentó una iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE que hacía eco de todas sus demandas.
Aunque López Obrador prometió el 1 de septiembre pasado que la condonación que se efectuaba en Infonavit se haría extensiva a Fovissste, pronto se dieron cuenta de que era inaplicable: el beneficio era para quienes llevaran pagado 90% de su deuda, un margen que en las condiciones actuales parece imposible alcanzar.
Aún peor: con todo y las declaraciones del presidente, el vocal ejecutivo, Agustín Gustavo Rodríguez –un constructor originario de Tabasco y sin antecedentes en el servicio público ni en el sector financiero– ya anticipó que nada puede hacer y aplazó cualquier respuesta sobre condonaciones hasta mayo próximo.
“Realmente eso no es ayudar al trabajador, es una política de gobiernos neoliberales que tanto se critica pero no se resuelve, se sigue igual”, dice Cruz Vargas.
Y posteriormente, cuando el diputado morenista Rubén Cayetano García presentó su iniciativa en la Cámara de Diputados, no pudo pasar ni a discusión en comisiones. Dicha propuesta consistía en reformar los artículos 169, 180, 183 y 185 de la Ley del ISSSTE, en los que se fundamentan las actualizaciones, cobros de intereses desproporcionados y otros aspectos que impugna el Movimiento de Afectados.
“Parece que se tapan unos a otros. Gobiernos van, gobiernos vienen y para nosotros siempre es igual”, reprocha Patricia Flores. No obstante, la iniciativa sigue pendiente y fue turnada a la Comisión de Previsión Social. El Movimiento de Afectados confía en que se dictamine en este periodo.
“Pero también sabemos que los intereses van a fluir. En nuestro país la corrupción ha imperado y dentro del Fovissste está la corrupción, no se ha acabado”, señala el profesor Cruz Vargas.
Este semanario solicitó al área de Relaciones Públicas y Difusión del Fovissste una postura sobre este problema, con la idea de profundizar en diferentes aspectos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Ante el cúmulo de casos, Patricia Flores concluye:
“Esto es un abuso, es una burla para los trabajadores y exigimos nuestros derechos sobre la ley. No les pedimos que nos regalen, no queremos dejar de pagar y no hemos dejado de pagar, pero siguen abusando de nosotros, con los créditos en sí y amedrentándonos con las averiguaciones previas que mantienen abiertas desde las detenciones en 2010 y 2011… Aun así, nosotros no nos dimos por vencidos, porque no somos delincuentes. Queremos pagar, pero que el pago sea justo.”
