En plena ola de violencia contra las mujeres, sólo las organizaciones feministas están dando la batalla frontal en los terrenos académico, legislativo y político, a fin de frenar el horror que viven a diario las víctimas de ese delito y sus familias. Por ese motivo, especialistas en violencia de género coinciden en que ya es hora de que el Estado deje de ofrecer respuestas parciales e ineficientes, para combatir la impunidad de los crímenes y los abusos, además de que las autoridades de todos los niveles se corresponsabilicen de la protección a las mujeres.
Cintya Gabriela fue hallada sin vida en la cajuela de un taxi; Ana Isabel denunció amenazas de muerte de la exesposa de su pareja y luego fue encontrada muerta; Daniela estaba por titularse como bióloga de la Universidad de Guanajuato, pero murió estrangulada; Abril fue asesinada pese a haber denunciado a su exesposo por intento de feminicidio luego que la golpeara con un bate de beisbol mientras dormía e intentó degollarla…
Todo este horror ocurrió en las dos últimas semanas, después de que miles de mujeres hicieran retumbar las calles del Centro Histórico de la capital del país al grito de “¡porque vivas nos queremos!”, el pasado 25 de noviembre, durante la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
El horror no es nuevo. La ONU estima que México es el país más peligroso de Latinoamérica para las mujeres, ya que seis de cada 10 mexicanas han sufrido algún tipo de violencia. Además de que es el octavo país con más feminicidios de América Latina y el Caribe, con 898 en 2018, lo que equivale a 1.4 por cada 100 mil habitantes, según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Este año se perfila para ser el más letal. De enero a septiembre de este año se registraron 2 mil 833 asesinatos de mujeres, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y de ellos 726 son investigados como feminicidios, es decir sólo 25.6%, mientras que los otros 2 mil 107 se tratan como homicidios dolosos, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
“El feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia contra niñas y mujeres, sucede como culminación de una situación caracterizada por la violación reiterada y sistemática de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género: niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el solo hecho de ser mujeres y sólo en algunos casos son asesinadas como culminación de dicha violencia pública o privada”, dice Marcela Lagarde, antropóloga y feminista, creadora del concepto de feminicidio.
Frente a las violencias, las mujeres se están movilizando, alzando la voz. Ese 25 de noviembre, estudiantes, amas de casa, trabajadoras, colectivos feministas, salieron de sus casas, escuelas y trabajos a protestar contra la violencia que las acecha. Algunas en silencio, con veladoras e imágenes de sus hijas, hermanas, sobrinas y primas desaparecidas, asesinadas; otras con pancartas de “Ni una más” y una cruz rosa en medio; cientos de ellas encapuchadas, con pañuelos verdes y púrpuras, y decenas cargando aerosoles, martillos o garrafas de gasolina.
La rabia del movimiento feminista en México crece y se refleja en pintas, destrucción de vidrios de parabuses y vandalización de monumentos, en reacción a la inacción gubernamental frente a ola de feminicidios, las violaciones sexuales, el acoso y la violencia de género.
“Muchas jóvenes ya no están dispuestas a aguantar la violencia cotidiana y no han encontrado las respuestas adecuadas, ni las que ellas esperaban, cuando han confiado en las instituciones”, dice Lucía Melgar Palacios, profesora de estudios de género en la UNAM.
“Un problema serio es que parte de la sociedad mantiene una visión machista y condena las protestas de las mujeres contra las violencias porque son voces a las que por siglos se ha descalificado y porque pareciera que se quieren mantener unas ‘buenas costumbres’ que en realidad implican preservar el orden tal como es y ha sido, lo cual es insostenible”, añade Melgar Palacios, doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago.
Un grito colectivo
En menos de un año, el movimiento feminista, heterogéneo, diverso, ha transitado por diferentes formas de lucha, desde el ciberactivismo, que desembocó en el #MeToo para denunciar el acoso y la violencia sexual, pasando por foros, talleres y la participación de mujeres feministas en espacios legislativos y de gobierno para el diseño de políticas públicas, hasta las protestas callejeras con expresiones de rebeldía, radicalidad y creatividad.
El 25 de noviembre un poderoso performance llamado “Un violador en tu camino” del colectivo Lastesis, intervino el espacio público en Santiago de Chile, y en un par de horas comenzó a darle la vuelta al mundo para convertirse en un himno feminista. Fue replicado desde Estambul hasta Nueva York.
En México, el pasado 29 de noviembre, miles de mujeres tomaron el Zócalo de la capital, y también los patios de las universidades, parques y las calles de otras ciudades del país para cantar: “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú”, con los ojos vendados y siguiendo los pasos de baile de Lastesis.
Con los días, este himno sirvió en el país y otros lugares del mundo como catarsis de usuarias de redes sociales que lo intervinieron para crear un relato aterrador sobre los abusos sexuales que sufrieron de niñas de familiares, como sus propios padres, abuelos, hermanos, tíos y primos, padrastros, vecinos, amigos o profesores.
“Y la culpa no era mía (tenía ocho años). Ni dónde estaba (mi casa). Ni cómo vestía (pijama). El violador eres tú. (Ni siquiera lo considera violación). Los jueces. (Lo más culero de todo es que jamás me creyó)”, tuiteó Ana.
“Y la culpa no era mía (tenía cuatro años). Ni dónde estaba (la casa de mi abuela). Ni cómo vestía (ropa infantil)”, denunció Natty en redes.
Los versos del himno mostraron una realidad en la que mujeres han sido abusadas desde pequeñas y han callado durante años.
“Por un lado, hay más violencias y, por otro, hay una proliferación de discursos que nombran y denuncian esas violencias, y que hoy gracias a las redes sociales permiten la creación de una experiencia colectiva que está sosteniendo esta denuncia igualmente colectiva”, opina la doctora Siobhan Guerrero, investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
“Lo que estamos viendo es un cambio en las dinámicas comunicacionales, lo que ha permitido la emergencia de sujetos feministas en red y por ello capaces de acciones coordinadas y a la vez globales, pero también sin un centro. A ello ha coadyuvado la tecnología, pero también una rabia que ha encontrado eco en una vivencia compartida”, añade la también activista transfeminista.
Las mujeres al centro
Los feminicidios se comenzaron a visibilizar en México desde 1993, con la violencia sistemática contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el primer fallo internacional sobre feminicidio al responsabilizar al Estado mexicano por el asesinato brutal de ocho mujeres, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001. La sentencia fue por la falta de diligencia de las autoridades, omisión de medidas de protección a las víctimas y de prevención de estos crímenes, “pese al pleno conocimiento de la existencia de un patrón de violencia de género que había dejado centenares de mujeres y niñas asesinadas”.
La diputada morenista Wendy Briceño, maestra en estudios de género y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, explica: “Con el paso de los años se empezó a ver que no sólo era Ciudad Juárez y que el problema también estaba en el Estado de México, en Veracruz, en todo el país, y que el problema era mucho más amplio”,
El feminicidio fue tipificado en 2012, cuando se reformaron el Código Penal Federal, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, considerando como causales la violencia sexual, lesiones o mutilaciones, violencia previa, relación sentimental existente entre el sujeto y la víctima, amenazas previas y exposición del cuerpo en la vía pública.
Esto ha sido parte de la lucha feminista que han dado las mujeres en México, dice Briceño, y señala como ejemplos a Marcela Lagarde y a la abogada Andrea Medina, que sentaron las bases de esos cambios desde el Poder Legislativo, y señala que entre otras cosas diseñaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) como parte de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Ellas, dice la legisladora, “entraron a darnos una visibilidad, un marco, la tipología o la modalidad en las violencias que vivimos las mujeres. Empezaron a dar la conceptualización, la visibilidad, la descripción para que pudiéramos avanzar. Esto es lo primero que había que decir. Nos fueron dando un andamiaje institucional”.
Pese a ese marco legal y a que desde 2015 se empezaron a declarar las primeras alertas de género –y hoy son ya 19 estados del país con la AVG con la reciente activación en la Ciudad de México–, se observa un aumento en los feminicidios.
Por ello, la diputada de Morena considera: “Al salir estas jóvenes, lo que están señalando es ¡ya basta!, porque en todos estos años no es que no hayamos visto mujeres señalando, a madres de víctimas de feminicidios, a las madres de Juárez, pero en este momento al Estado mexicano le hace falta la sacudida más profunda y las jóvenes están diciendo es hora de poner a las mujeres al centro”.
Coincide con ella la antropóloga y activista Yndira Sandoval, fundadora de Todas MX, una iniciativa para que las mujeres se organicen en contra de las violencias machistas.
“Las violencias contra las mujeres no han terminado por ser un problema reconocido a nivel de Estado. No hay una política de Estado que reconozca la corresponsabilidad de los tres poderes y los tres niveles de gobierno para prevenir, para atender, para investigar, para sancionar la violencia. Unos a otros se echan la bolita y no terminan de reconocer el problema, y muy por el contrario, existe una gran nata de impunidad. Porque los pactos patriarcales a nosotras se nos traducen en impunidad”, dice Sandoval.
Briceño hace un resumen de los avances de los últimos meses a nivel legislativo gracias al impulso de las activistas, como la recién aprobada Ley Olimpia en la Cámara de Diputados, para castigar la violencia digital; la tipificación de la violencia política; la reforma para cerrar la brecha salarial y las leyes de paridad de género en cargos públicos y de elección popular.
Sin embargo, reconoce que todavía falta mucho por hacer, como la actualización de las Alertas de Género, que hasta ahora no han dado resultados, una articulación de Estado para el diseño de políticas públicas eficaces y una revisión profunda al sistema de justicia.
“Tenemos que ver dónde está la revictimización de las mujeres, y se está revictimizando a las mujeres en las fiscalías”, dice Briceño.
Yndira Sandoval insiste en que se requiere de un plan permanente, integral y estructural que toque desde la perspectiva de género la educación y el acceso a la salud, así como “empleos con igualdad de condiciones y políticas públicas que permitan el desarrollo integral de las mujeres, y eso tiene una materialización directa en los índices de violencia contra ellas”.
Mientras tanto, Laura Sabina González, Karen Sánchez Hernández y Jazmín Ramírez Calixto se encuentran desaparecidas (hasta el cierre de esta edición).
Laura, de 22 años, fue vista por última vez el pasado 30 de noviembre en la colonia El Retoño, en la alcaldía Iztapalapa, y sus familiares no volvieron a saber de ella; Karen, de 22 años, cumplió seis meses desaparecida el 29 de noviembre, salió de su trabajo en la colonia Industrial Vallejo y se dirigía al cumpleaños de su novio, Jorge Francisco, pero ninguno de los dos ha sido localizado; Jazmín, de 17 años, del municipio de Temoaya, Estado de México, pidió permiso a sus padres para ir a la Ciudad de México, pero no volvieron a tener contacto con ella.
