Señor director:
Le ruego publique la siguiente carta, dirigida a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
Con todo respeto me dirijo a usted para denunciar una serie de conductas de algunos funcionarios públicos de las dependencias de justicia laboral, que dependen de la Jefatura de Gobierno a su cargo.
Por la manera en la cual esos comportamientos se han venido dando contravienen la filosofía que usted y el presidente Andrés Manuel López Obrador profesan todos los días: “Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie…”.
Le comento que fui despedido injustificadamente el 31 de mayo de 2010 del cargo de jefe de Departamento de Promoción Cultural del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMSDF). Mi caso lo llevé a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, y, de acuerdo con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, se determinó despido injustificado en el laudo del 30 de noviembre de 2016, condenando al IEMSDF a mi reinstalación y el pago de sueldos caídos y prestaciones, desde la fecha en que fui despedido hasta la fecha en que se dictó el fallo (el 25 de octubre de 2016).
Sin embargo, al día de hoy (23 de septiembre de 2019) no se ha ejecutado lo ordenado en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que “los laudos deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al día en que surta efectos la notificación”.
De esa manera, las conductas de los funcionarios de la Junta Especial 16 se han venido confabulando con los abogados representantes del IEMSDF. Aprovechándose de mi desesperación por la tardanza con la que me programan las audiencias –cada seis meses–, admití terminar las relaciones laborales el 20 de septiembre de 2018, solicitando la indemnización correspondiente porque, según los abogados del IEMSDF, ya estaban solicitando el recurso para la liquidación correspondiente, situación que nunca cumplieron y lo único que han hecho es alargar indeterminadamente el cumplimiento del laudo en mi favor, mediante una serie de omisiones y alegatos legaloides durante mil 63 días, además de los seis años que tardó el juicio.
Señora jefa de Gobierno, sé que esta denuncia me puede costar otros tantos años de litigio, pero después de casi 10 años del despido injustificado ya no sé a quién más acudir, porque todos se cubren; me cobijo en sus palabras de campaña: “Vamos a respetar todos sus derechos laborales y nunca van a sufrir maltrato y amenazas”.
Atentamente,
Braulio Alcántara Reynoso
