Señor director:
A las siete de la mañana del viernes 20 de septiembre, el personal docente de la secundaria Felipe Ángeles 1034 de la colonia Lomas de San Sebastián, en Los Reyes La Paz, Estado de México, al abrir para el ingreso de los alumnos se dio cuenta de que el plantel fue saqueado en el transcurso de la noche.
Los delincuentes rompieron las chapas y se llevaron más de 17 computadoras, aparatos de sonido, artículos escolares, aparatos eléctricos y dinero que fueron conseguidos con mucho esfuerzo por los maestros, padres de familia y los propios estudiantes.
No sólo se robaron cosas materiales, también el anhelo de contar con clases de computación; llevábamos años montando la sala de cómputo para que los jóvenes tuvieran acceso a la era digital, de una manera dinámica, con el fin de que pudieran tener mayores oportunidades académicas, que son difíciles de sostener por los padres de familia de la zona, porque la mayoría percibe el salario mínimo.
También se llevaron datos personales de cada alumno y de los docentes, exponiendo a una secundaria pública y a las 280 familias del municipio.
Realizamos la denuncia penal en el Centro de Justicia que está ubicado en La Perla de Ciudad Nezahualcóyotl, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pero dicha instancia judicial jamás se presentó a realizar la inspección ocular, como legalmente corresponde, quizá porque a su juicio no importa un robo más, o porque es menor en comparación con los grandes problemas de violencia que vive el municipio.
La denuncia adquiere relevancia porque consideramos que el robo fue planeado y ejecutado por las mentes fascistas de derecha que quisieran que las organizaciones progresistas no existamos, y están buscando que dejemos de realizar nuestra labor comunitaria; existe el riesgo de que dicha violencia se extienda a las otras escuelas o proyectos con los que trabajamos.
Como contexto tenemos presentes las calumnias contra nuestros compañeros militantes, que conllevó a la detención de compañeros por parte de la extinta Procuraduría General de la República, la ejecución de nuestro compañero Ricardo Mejía Samaniego, el 10 de septiembre de 2016 (dicho crimen sigue impune) y las amenazas de muerte contra más compañeros, lo que obligó al gobierno federal a extendernos el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos.
Por ello exigimos que se investigue y castigue a los responsables materiales e intelectuales de la agresión reciente de la que fuimos objeto como organización, escuela y comunidad.
Atentamente:
Hermenegildo Torres Cruz
