Para la Iglesia católica, la única herencia que el sacerdote José Miguel Machorro Alcalá dejó a su concubina Patricia León Acosta y a los tres hijos que procreó con ella –uno mayor de edad y dos menores, de los cuales uno tiene retraso mental– será el estigma social por haber sido concebidos en el “pecado”.
Para Tania Lizbeth Meléndez Elizalde, candidata a doctora en ciencia política por la UNAM, los propios sacerdotes, sus concubinas y sus hijos viven en la completa indefensión jurídica, pues no existe una ley que especifique si son sujetos de derecho.
“Hay vacíos legales. La Iglesia católica no garantiza que aquellos que le sirven para los fines que ella considera, que es proclamar sus verdades religiosas, trabajan en una empresa o su parroquia sea un lugar de trabajo”, comenta la experta en sociología de la familia, sociología de la religión, perspectiva de género, cambio social y cultura.
Meléndez Elizalde, quien es co-coordinadora del Seminario Interinstitucional Familia y Diversidad en la UNAM, los clérigos tienen prohibido reproducirse, no pueden ejercer su sexualidad plenamente y, por ende, no hay leyes que los protejan ni a ellos ni a su grey.
Eso es porque la Iglesia católica está constituida como una asociación religiosa y no es una institución que ofrezca empleos. “Por lo tanto, no tienen derechos laborales, de transmisión de bienes para su prole”, comenta la especialista a Proceso.
Respecto a León Acosta y sus hijos, asegura, no tienen derechos jurídicos pese a que el sacerdote asesinado la haya reconocido a ella como su concubina y a ellos como sus hijos legítimos.
“La Iglesia católica tiene unas maneras de actuar anacrónicas. No está constituida como una institución moderna de la que podamos hablar de derechos, de posibilidades de acceder a garantías que pudiera tener otro empleador y empleado en este caso”, añade la entrevistada, docente en la Facultad de Estudios Superiores Aragón.
Visibilizar los abusos
La entrevistada aclara que la Iglesia se maneja como asociación religiosa y parte del supuesto de que es una hermandad en la cual todos sus integrantes mantienen una relación no lucrativa.
–No obstante, algunos de sus integrantes religiosos han procreado hijos que están legalmente reconocidos –le comenta la reportera.
–No creo que la Iglesia, como institución, reconozca a los hijos de los sacerdotes. Puede ser que los llegue a reconocer porque hay un acta de nacimiento. ¿Qué hace la institución ante eso? Pues responde: Te recuerdo que existen las bases de que no te puedes reproducir… Tú tomaste esas decisiones, pero no hay posibilidad de heredar bienes porque parten de ese supuesto, de que los sacerdotes no se van a reproducir.
–Y cómo ciudadana que tuvo hijos con otro ciudadano, ¿a quién tendría que demandar una indemnización?
–Considero que en este caso particular (el de la viuda del padre Machorro), la Arquidiócesis Primada de México podría recibir una llamada de atención o una demanda por parte de una persona que le está exigiendo derechos, llamémosle laborales, a una persona a la que le sirvió.
“Va a estar muy complicado porque no son empleados y ellos tampoco tienen la posibilidad de darles garantías de derechos laborales a sus empleadores ni a sus familias de origen”, agrega la entrevistada.
Meléndez Elizalde considera que incluso es difícil que los padres de Machorro Alcalá puedan recibir alguna retribución, sobre todo porque se trata de un clérigo.
Sin embargo, advierte que un buen camino para dirimir este tipo de problemas en los cuales hay violación a los derechos humanos, es hacerlos visibles en los medios.
“La vía ante estas actuaciones tan negativas y tan antiguas que tiene la Iglesia católica ante estos casos de sacerdotes que tienen hijos y concubinas es la visibilización en los medios de comunicación. Yo le apuesto más a eso; es necesario que la sociedad ejerza una presión hacia la institución para que esta denuncia pueda llegar al Vaticano”, dice.
Y puntualiza: “No es un escándalo, es una visibilización de los hechos concretos. Esa sería una forma de reaccionar al respecto. Llamar la atención de la Arquidiócesis de México. ¿En qué sentido? Mostrando todas las estructuras del poder que tiene la Iglesia católica de México y que puedan darle algo de lo que está solicitando esta viuda, ayudándole a solucionar su situación familiar”.
Esto puede ayudar a debatir casos que impliquen a la Iglesia católica. La sociedad se queja cada vez más de los abusos de poder y los denuncia en las redes sociales
El caso de Machorro, dice, “es una muestra también de abuso de poder”; él enfrentó “un doble estigma”: el personal, por transgredir las reglas, pero también el institucional, por “tener el valor de reconocer a sus hijos”. l
