Mitikah, Ciudad Viva, es ya un emblema. No por ser el desarrollo inmobiliario en sí, sino por la forma en que las autoridades de la Ciudad de México han permitido numerosos y vastos proyectos con los instrumentos de gobierno al servicio de las desarrolladoras.
Autoridades e inversionistas inmobiliarios decidieron enclavar en el pequeño barrio de Xoco la torre más alta de la ciudad como parte de ese desarrollo, sin tomar en cuenta a los habitantes del lugar y los severos impactos en el entorno.
“Urge cambiar las condiciones que han permitido esto” y revisar “si la capital del país está destinada a replicar los grandes desarrollos”, asegura Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México.
La modernidad arquitectónica en la que se embarcó a la capital del país con grandes construcciones ha significado fuertes presiones en materia de vialidad, drenaje, agua potable y otros servicios, pero ha dejado grandes ganancias para las inmobiliarias que, dice la procuradora, se han logrado a costa de sus habitantes.
“Mitikah es una llamada de atención muy fuerte para la ciudad de cómo tenemos que modificar nuestro proceso de planeación. No sólo actualizar constantemente los instrumentos (de construcción), sino iniciar una planeación constante en la que se tome en cuenta a la gente”, dice en entrevista con Proceso.
Por sus dimensiones –de 1 millón 28 mil metros cuadrados de construcción distribuidos en nueve torres de departamentos, oficinas, comercios y servicios–, ese desarrollo “es uno de los focos rojos” por los impactos que tendrá en el sur de la ciudad, más allá de su asentamiento en la confluencia de las avenidas Río Churubusco y Universidad. Sin embargo, en los expedientes de la alcaldía Benito Juárez y del gobierno de la Ciudad el proyecto se ha ajustado a la ley.
“Es muy curioso, porque a pesar de ser uno de los focos rojos de la ciudad y ser emblemático en el tema inmobiliario, su legalidad está casi fuera de duda. No hemos encontrado irregularidades como en un gran número de otros desarrollos”, dice la procuradora ambiental.
En el cotejo de sus permisos, lo que encontró la PAOT fue que una de las torres del complejo tiene un nivel de más, que quedó de 23 pisos, así como denuncias por ruido y recientemente por el derribo de árboles en la calle Real de Mayorazgo, sin tener completa la aprobación que necesitaba.
La legalidad no ha sido el problema, sino los instrumentos al servicio de la construcción: “Se requiere una actualización de toda la normatividad que sea congruente con el crecimiento de la ciudad y su ritmo de crecimiento”, asegura Boy.
Funcionaria federal en materia ambiental en el sexenio pasado y exsecretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados con el Partido Verde, Boy llegó a la PAOT invitada por Claudia Sheinbaum, con quien compitió en 2018 por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Como procuradora ambiental y de ordenamiento territorial, Boy propone cambiar el modelo con el que se ha construido en la capital desde hace más de una década.
–¿Qué representa un desarrollo como Mitikah para la Ciudad de México?
–Sin duda es un caso muy emblemático para la ciudad, para los ciudadanos y las autoridades del gobierno central y para nosotros como procuraduría, en tanto defensores de los ciudadanos. Lo que llama la atención es que ha cumplido las normas.
“El certificado único está en orden, está el registro de construcción, están todas las manifestaciones de impacto ambiental, está considerado el derribo de arbolado en el Permiso Administrativo Temporal Revocable, aunque ante nuestra interpretación jurídica estamos frente a un delito, porque carecía de vistos buenos de la Secretaría de Medio Ambiente y del Sistema de Aguas de la Ciudad.
“En términos generales, en el caso de Mitikah no hay la irregularidad que hemos encontrado en un sinnúmero de desarrollos que no cuentan con el registro de manifestación, que están violando los niveles permitidos, que no respetan el porcentaje de área libre o tienen más viviendas, etcétera.”
–¿Proyectos como el complejo Mitikah son viables para la capital?
–No sé y no estoy segura de que seamos una ciudad destinada a ese tipo de proyectos. La Seduvi (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) ha emprendido juicios de lesividad para echar atrás todos los Polígonos de Actuación (que permitieron la relocalización de usos y destinos del suelo), que fueron constituidos y autorizados de una manera irregular y poco transparente.
Planeación muerta
Egresada de la Universidad Anáhuac, la titular de la PAOT considera que “por las líneas que se han podido vislumbrar desde el gobierno central, no necesariamente vamos a estar viendo este tipo de proyectos en la ciudad. No se pueden seguir autorizando Polígonos de Actuación de esta magnitud sin realmente contar con la factibilidad de servicios”.
Otros proyectos de gran envergadura en la ciudad han tenido un impacto importante, no sólo en los servicios públicos, sino porque se han violado “todo tipo de normatividades”. En cualquier caso, dice, “en la administración pasada se iniciaron procesos constructivos sin ningún tipo de transparencia”.
Las muestras están regadas por la ciudad, como las Torres Be Grand, de 23 y 27 pisos, en Copilco, que violaban el polígono de patrimonio declarado por la Unesco. O el megadesarrollo Flow, en Lomas de Bezares. Aunque no es de las dimensiones de Mitikah, Flow ha enfrentado una gran resistencia vecinal porque no respetó la ubicación del área libre. La tenía que colocar en la zona colindante con las demás construcciones y la puso en el centro del desarrollo.
“Estamos viendo una serie de desarrollos en la ciudad con un sinfín de irregularidades, y lo que indican es que tenemos que modificar nuestro proceso de planeación”.
–¿Van a desaparecer los Polígonos de Actuación?
–No sé si tengan que desaparecer. Si siguieran, tendríamos que ver exactamente dónde, cuáles son las zonas donde realmente sí se puede potencializar, dónde sí se requiere mayor crecimiento, si hay factibilidad de servicios, si hay disponibilidad de agua o qué impactos va a tener en la movilidad. Eso se tiene que prever antes de que un desarrollador llegue a solicitar cualquier permiso de construcción.
Antes, eso se planeaba en los programas delegacionales, con un análisis muy fino; pero esos programas son muy viejos. La procuradora Boy pone el ejemplo de Cuajimalpa, cuyo programa tiene 19 años y su territorio está sometido a una intensa explotación inmobiliaria.
“Tenemos también Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón o Iztacalco, que es una alcaldía a la que no se voltea a ver mucho porque no tenemos muchas denuncias, pero ahí se ha dado un boom inmobiliario y sigue con un crecimiento en un absoluto descontrol.”
–¿Quiénes han sido responsables: las autoridades locales (alcaldías) o el gobierno central?
–Las autorizaciones y los permisos están vinculados. De inicio, la alcaldía no podría tener el Registro de Manifestación de Construcción si no tiene el Certificado de Zonificación por parte de la Seduvi o la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la Sedema (Secretaría de Medio Ambiente). La alcaldía es la que da los permisos de alineamiento y los permisos de ocupación. Al hacerlo, tendría que asegurarse de que las autorizaciones sean congruentes con lo que se está construyendo.
–¿Qué es lo que ha fallado?
–La transparencia. No hay dictámenes claros (y los que hay) no se difunden entre la ciudadanía. Los ciudadanos no se sienten incluidos ni parte de estos proyectos, a pesar de ser los más afectados. Es muy notorio cómo las denuncias en la PAOT se han incrementado año con año por esta exclusión, más que cualquier otro tema. No son tomados en cuenta, no tienen información ni saben qué va a pasar con su entorno. Mitikah es un claro ejemplo de eso.
“Eso es parte de lo que se tiene que incorporar en la planeación. Lo que padecemos ahora es debido a que la planeación de esta ciudad ha estado prácticamente muerta en las últimas décadas.” l
