A cambio de evitar la arbitraria imposición de un arancel de 5% a sus exportaciones hacia Estados Unidos –medida repudiada hasta por el propio partido de Donald Trump–, México aceptó el pasado viernes 7 frenar el éxodo centroamericano y convertirse de facto en un “tercer país seguro” para retener aquí a quienes pretendan lograr el “sueño americano”. Lo que debió ser una reunión bilateral para tratar temas económicos no fue sino una imposición de políticas migratorias de parte de Washington. Entretanto, la crítica situación de los migrantes en territorio nacional se recrudece al quedar entrampados entre dos gobiernos hostiles.
Nueva York.- En una tensa y desigual negociación con la presidencia de Donald Trump, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue forzado a endurecer su política migratoria en la frontera sur de México, desplegando a la Guardia Nacional para la detención de indocumentados y aceptando convertirse de facto en un “tercer país seguro” para recibir a quienes soliciten asilo humanitario en Estados Unidos.
Todo para evitar la arbitraria imposición de 5% de aranceles a todas las exportaciones de México a Estados Unidos, una medida que fue criticada incluso por el Partido Republicano –el de Trump– y que, según análisis económicos, de haberse llevado a cabo habría tenido un costo de hasta 41 mil 500 millones de dólares del PIB estadunidense.
Expertos consultados por Proceso afirman que la delegación mexicana fue derrotada por un ardid político de Trump, quien a su vez consiguió una importante victoria política que, sin duda, mejorará sus prospectos con miras a la reelección presidencial de 2020.
Un comunicado oficial conjunto emitido la noche del viernes 7 por los gobiernos de ambos países anunció que “México dará pasos sin precedente para la aplicación de un freno a la migración irregular, que incluye el despliegue de la Guardia Nacional por todo México, dando prioridad a la frontera sur”.
El comunicado detalló que como parte de su “Protocolo de Protección Migrante”, todos aquellos indocumentados detenidos en Estados Unidos que busquen asilo humanitario serán “rápidamente devueltos a México, donde pueden esperar para la adjudicación de sus peticiones de asilo”.
Aunque el gobierno de México afirmó que la negociación giraría alrededor de la amenaza arancelaria, Trump demandó desde el principio de la crisis bilateral que el gobierno lopezobradorista redoblara sus esfuerzos para detener el flujo de la inmigración indocumentada procedente principalmente de Centroamérica. En respuesta, López Obrador hizo un llamado para no mezclar “lo migratorio con lo comercial” en esta disputa:
“En el caso migratorio ni siquiera se analizan las causas, sólo se ven los efectos”, dijo AMLO en su conferencia matutina del viernes 7. “No se toma en cuenta lo que pasa en Centroamérica, la crisis profunda en Centroamérica”.
Públicamente, el equipo del canciller Marcelo Ebrard intentó seguir esa línea. Según dio a conocer en su cuenta de Twitter, la delegación mexicana se preparaba para una “evaluación del impacto de las tarifas anunciadas en la economía”. Con todo, en otro tuit Trump se refirió a la negociación como “discusiones migratorias” y no económicas.
A lo largo de las negociaciones, el presidente estadunidense mantuvo sus intervenciones en esa dirección. El comunicado oficial conjunto del viernes 7 confirmó que la discusión tuvo lugar para “atender los desafíos compartidos de la migración irregular” y no menciona en lo absoluto la cuestión de la imposición de aranceles ni se indica oficialmente que Trump haya decidido suspender esa amenaza.
“Con las medidas explicitadas hasta ahora en el acuerdo, es evidente que el gobierno de México aceptó las demandas de Trump sin mayor resistencia”, dice Héctor Sánchez, presidente emérito de la National Hispanic Leadership Agenda, la coalición más grande de organizaciones latinas en Estados Unidos, en entrevista con Proceso.
La victoria de Trump
En los primeros días de negociación, fuentes de la agencia Reuters afirmaron que el gobierno de México había ofrecido de entrada el envío de 6 mil efectivos de la Guardia Nacional para reforzar la frontera con Guatemala. Roberto Velasco Álvarez, portavoz de la Secretaría de Relaciones Exteriores, negó en su momento que ese ofrecimiento hubiera ocurrido, pero confirmó en un post del jueves 6, en su cuenta personal de Twitter, que la “postura de Estados Unidos (estaba) enfocada en las medidas de control migratorio”, mientras que la de México, afirmó, se centró “en el desarrollo”.
El gobierno de AMLO intentó después enmarcar el acuerdo como un logro positivo para México. Ebrard se apresuró en dar un primer anuncio de la suspensión de la amenaza de los aranceles desde su cuenta de Twitter el viernes 7, agradeciendo a quienes contribuyeron en la negociación “dando cuenta de la grandeza de México”.
Trump pareció secundarlo en su cuenta de Twitter, afirmando que las dos partes habían alcanzado un acuerdo para suspender “indefinidamente” el alza de los aranceles. El mandatario, sin embargo, no desaprovechó el mismo tuit para subrayar las ventajas estadunidenses del acuerdo: “México, a su vez, ha acordado tomar medidas fuertes para atajar la oleada migrante a través de México hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir sustancialmente, o eliminar, la migración ilegal que viene de México a Estados Unidos”.
La presión para endurecer la política migratoria mexicana, recuerda Sánchez, comenzó de hecho el 29 de marzo, cuando Trump amenazó, igualmente desde su cuenta de Twitter, con el cierre de la frontera con México si el flujo de migrantes indocumentados no se frenaba desde el sur.
“México no debió ceder a este juego ante un gobierno que no está dispuesto a negociar de entrada. Lo que ocurrió esta semana fue la continuación de las amenazas constantes sin espacios mínimos para una solución verdadera”, sostiene.
La concesión del gobierno mexicano ante las amenazas del presidente Trump tuvo resultados tempranos desde entonces.
Según datos oficiales, la presidencia de AMLO deportó a más de 37 mil 450 migrantes centroamericanos en los primeros cinco meses de su gobierno. Sólo entre marzo y abril, de acuerdo con una nota del New York Times, el gobierno mexicano repatrió a 24 mil 100 migrantes, superando en hasta 67% las cifras de deportaciones del gobierno de Enrique Peña Nieto durante el mismo periodo.
“Trump comenzó cortando la ayuda humanitaria a Centroamérica, luego amenazó con cerrar la frontera”, dijo Sánchez. “Y con esta última amenaza de los aranceles, un capricho temporal, logró lo que quería y México no consiguió nada a cambio”.
Juego de percepciones
Una fotografía de Donald Trump ilustra con elocuencia el tono de la negociación entre los gobiernos de ambos países la semana pasada. En la imagen –posteada en Twitter el viernes 7 por el asistente personal del mandatario estadunidense, Don Scavino Jr.– aparece con el rostro endurecido y su emblemática gorra roja con las siglas “USA” mientras se comunica por teléfono con su secretario de Estado, Mike Pompeo, a bordo del avión presidencial. Su escritorio se mostraba despejado, sin un solo documento de trabajo, como si del lado estadunidense no hubiera nada más qué reconsiderar.
Por el contrario, una fotografía del sábado 1 en la cuenta de Twitter de Marcelo Ebrard, ya desde Washington, presenta un grupo de 16 asesores en sesión de trabajo entre numerosos documentos y libretas de trabajo, preparándose para el arduo encuentro con el gobierno estadunidense, donde todo parecía estar sobre la mesa de negociación.
El uso de las redes sociales para afectar el panorama político internacional es una de las herramientas predilectas de Trump. Desatando un juego geopolítico y doméstico, el 30 de mayo, desde su cuenta de Twitter, amenazó con imponer un aumento de 5% de aranceles en todas las exportaciones de México a Estados Unidos a partir del lunes 10 –que se incrementarían mensualmente hasta llegar a 25% el 1 de octubre de 2019– a menos que “el problema de la inmigración ilegal (fuera) remediado”.
Al día siguiente Ebrard ya sostenía conversaciones telefónicas con Pompeo, mientras que Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, aguardaba un vuelo para comenzar las negociaciones en Washington, según informó el canciller por su cuenta de Twitter desde los andenes del aeropuerto de la Ciudad de México.
La campaña mediática de Trump fue acompañada por la circulación de las nuevas cifras de detenciones de indocumentados en la frontera entre México y Estados Unidos, que fueron destacadas en los principales medios de ese país el miércoles 5, cuando las negociaciones entraron en un impasse.
“Las nuevas cifras difundidas este miércoles mostraron que los cruces fronterizos ilegales están en un máximo que no se había alcanzado en siete años y subrayan la molestia del mandatario estadunidense”, apuntó una nota del The New York Times publicada ese mismo día.
Lo que ha sido descrito por numerosas organizaciones no gubernamentales como una “crisis humanitaria”, que ha escalado con las caravanas migrantes que se han desplazado por el territorio nacional hasta llegar a la frontera con Estados Unidos, se había recrudecido este año.
Durante mayo, según la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se registró la detención de 144 mil 200 indocumentados, 32% más que en abril. Esa cifra, indicó la agencia estadunidense, es la más alta en los últimos 13 años.
Así, México fue presionado para convertirse en “tercer país seguro”. Según Guadalupe Correa-Cabrera, politóloga mexicana y profesora de políticas públicas en la Universidad de George Mason, el acuerdo puso de manifiesto que la delegación diplomática mexicana cayó “nuevamente en las trampas que les tiende Trump a ellos y a nuestro país en general” para absorber “un costo material y social enorme” con el recrudecimiento de su política migratoria.
“Trump, extraordinario comunicador y negociador, maquiavélico y siempre victorioso –sobre todo cuando se trata de su relación con México– lleva a cabo, una vez más, una estrategia maestra que no sólo le ha servido para movilizar los votos de su base de apoyo en las elecciones presidenciales”, dice Correa-Cabrera en entrevista con Proceso.
“Utilizando la amenaza (increíble) de los aranceles, las imágenes de las caravanas migrantes y un discurso que genera miedo y rechazo al inmigrante, el hábil mandatario justifica la aplicación de medidas extremas o de tolerancia cero a la inmigración que denomina ‘ilegal’ y de paso se consolida como el líder del proyecto de ‘America First’, bajo el cual sólo él y su país ganan y México, junto con Centroamérica, pierde”, añade.
Rebelión republicana
Todavía el jueves 6 la influyente revista estadunidense Politico publicó una nota que advertía cómo un bloque de poderosos senadores republicanos había expresado su oposición al alza de aranceles en las exportaciones desde México, una medida radical que “corría el riesgo de avergonzar al presidente y a su partido”.
El reclamo fue apoyado por senadores como Rand Paul, de Kentucky, y Ted Cruz, de Texas, uno de los más férreos legisladores de la derecha, que no vaciló en llamar la amenaza de aranceles, según sus cálculos, como un aumento de 30 mil millones de dólares en los impuestos de los texanos.
The Perryman Group, una importante firma texana de análisis económico, calculó que un alza de 5% en aranceles a importaciones de México costaría al PIB de Estados Unidos alrededor de 41 mil 500 millones de dólares, además de 24 mil 600 millones cada año subsecuente. Encima, la economía estadunidense habría perdido alrededor de 406 mil empleos.
Y aunque según una nota de El País publicada el miércoles 5 reportó que el gobierno de México consideró una estrategia para responder con la imposición de aranceles a condados de Estados Unidos que podrían haber dañado al presidente Trump políticamente, nada de esto parece haber rendido frutos en la negociación de México ante Washington.
Como señaló Catalina Pérez Correa, experta en seguridad y académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la negociación parece haberse establecido en cambio en los términos propuestos desde el inicio por el gobierno de Estados Unidos, sin que la delegación mexicana pudiera interponer demandas propias en relación con la seguridad nacional de México.
Una de las agendas ausentes, según advirtió la analista en su cuenta de Twitter, es el flujo constante de armas de fuego que se venden en el mercado estadunidense y que ingresan ilegalmente al territorio mexicano, donde contribuyen a la extraordinaria ola de violencia que ha sacudido al país desde que el gobierno de Felipe Calderón declaró la llamada “guerra contra el narcotráfico”, con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, en 2006.
“De la guerra contra las drogas a la guerra contra los migrantes”, escribió Pérez Correa en un tuit el jueves 6. “Estados Unidos define la agenda de seguridad, mientras nuestra frontera norte sigue abierta sin que ninguna Guardia (sic) detenga las armas que entran de allá”.
De acuerdo con un estudio del Center for American Progress, realizado el año pasado, entre 2011 y 2016 alrededor de 70% de las 106 mil armas de fuego que fueron utilizadas en delitos perpetrados en México provienen de Estados Unidos. Un estudio académico citado en un reportaje de Megan Cerullo publicado por CBS News el viernes 7, señala que entre 2010 y 2012 entraron ilegalmente en México unas 213 mil armas de fuego, con un valor de 200 millones de dólares, 2.2% del mercado de armas estadunidense.
El tráfico de armas estadunidenses ha facilitado la extraordinaria violencia que en México dejó un saldo de 8 mil 493 homicidios durante el primer trimestre del gobierno de AMLO, un aumento de 9.6% respecto al mismo periodo de 2018, según información oficial.
Pese a los resultados de la negociación que según los analistas consultados no favorecen a México, López Obrador dijo desde su cuenta de Twitter que mediante “el apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a Estados Unidos” y convocó el sábado 8 en Tijuana a un “acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de los Estados Unidos”.
