La DEA, que acumula un amplio historial de irregularidades en América Latina, se topó en Colombia con un tribunal que decidió exhibir el menosprecio de esa corporación por las soberanías de otros países. Además deberá enfrentar a un sector político local que la llamará a rendir cuentas. El caso podría interesar a los legisladores demócratas de Estados Unidos.
BOGOTÁ.- En una resolución sin precedente en Latinoamérica, el Tribunal para la Paz responsabilizó hace unos días a la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de “atentar contra el orden jurídico” colombiano, de “intromisiones” en asuntos internos y de “vulnerar derechos fundamentales” de personas a las que investigó sin autorización de autoridades locales.
Además la acusó de “atentar contra la soberanía nacional” y de obtener pruebas con “vicios de ilicitud y de ilegalidad” en territorio colombiano.
Con ese auto judicial en mano, una comisión del Senado analizará este martes 4 los procedimientos que utilizan los agentes extranjeros en Colombia “para inducir a ciudadanos colombianos a cometer delitos” y para intentar dañar el prestigio de instituciones nacionales que están más allá de su órbita de influencia.
El senador opositor Iván Cepeda, quien convocó a la sesión, dice a Proceso que ese debate político tendrá “necesariamente” que traducirse en investigaciones penales sobre las operaciones clandestinas irregulares que ha realizado la DEA en Colombia con el aval de la Fiscalía General de la Nación.
Esos operativos, que han incluido intercepciones ilegales de llamadas telefónicas, tienen en común que siempre hay uno o dos mexicanos de la DEA que se hacen pasar como integrantes del Cártel de Sinaloa y que incitan a terceros a la comisión de delitos, lo que el Código Penal colombiano tipifica como “entrampamiento”.
Los mexicanos, uno de los cuales se presenta como “hijo de Rafael Caro” (supuestamente el prófugo capo del Cártel de Sinaloa Rafael Caro Quintero), le propusieron hacer negocios poco claros al exjefe de las FARC Jesús Santrich y lo grabaron con una cámara oculta mientras le hablan de “el producto”, “la mercancía” y “la feria” (dinero).
Eso ocurrió en dos reuniones que tuvieron lugar en Bogotá el 2 de noviembre de 2017 y el 9 de febrero de 2018, cuando ya había sido firmado el acuerdo de paz con las FARC y la organización se había convertido en un partido político legal.
El 9 de abril de 2018, Santrich, un ideólogo de la exguerrilla, cuya ortodoxia irrita a la élite colombiana, fue detenido por la Fiscalía con fines de extradición a Estados Unidos bajo cargos de conspirar para traficar cocaína a ese país.
A pesar de los reparos del entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que insistía en que el exjefe insurgente fuera puesto a disposición de la justicia ordinaria para extraditarlo con celeridad, el caso fue acogido por el Tribunal para la Paz, conocido como Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El tribunal debía determinar si el delito atribuido a Santrich había sido cometido después del 1 de diciembre de 2016, día de la entrada en vigor de los acuerdos de paz y a partir del cual cualquier delito cometido por un excombatiente de la exguerrilla de las FARC debe ser juzgado por la justicia ordinaria y no por la JEP.
De manera insistente, la JEP pidió a Estados Unidos las pruebas contra Santrich para determinar la existencia y la fecha del delito que le atribuye, pero la justicia de ese país se negó a aportar las evidencias al tribunal, alegando que eso no estaba contemplado en el acuerdo de extradición y que su ordenamiento interno se lo impedía.
El caso Santrich se convirtió en Colombia en un tema de debate nacional que refleja la polarización que existe frente al acuerdo de paz con las FARC.
El expresidente y senador Álvaro Uribe, quien enfrenta en Colombia y en la justicia internacional varias denuncias por crímenes de lesa humanidad y por vínculos con el paramilitarismo, es el principal adversario de esos acuerdos y él y su partido, el Centro Democrático, se han propuesto desde modificarlos hasta “hacerlos trizas”.
La oposición sostiene que un aliado de ese sector político de extrema derecha es el exfiscal Néstor Humberto Martínez, un exitoso abogado corporativo que ha trabajado para el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, considerado el hombre más rico de Colombia y quien fue socio de la constructora brasileña Odebrecht.
El exfiscal es cuestionado en Colombia por no investigar a Sarmiento Angulo pese a que el directivo de una de sus empresas fue sentenciado a 11 años de cárcel por pagar un soborno de 6.5 millones de dólares junto con Odebrecht, para obtener un contrato de una autopista.
Para el abogado penalista Reynaldo Villalba es “muy claro” que el exfiscal Martínez, la extrema derecha liderada por Uribe y la embajada de Estados Unidos en Colombia, con la DEA como brazo ejecutor, formaron “un triunvirato” para dañar a la JEP y al proceso de paz con las FARC.
De acuerdo con el integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Uribe representa “a las élites colombianas que se han beneficiado de la guerra y que temen que en la JEP (donde los autores de crímenes atroces pueden recibir penas alternativas a cambio de aportar verdad) se revelen sus delitos”.
La DEA, por su parte, siempre ha observado con desconfianza el acuerdo de paz con las FARC, porque supone un giro en la fallida estrategia antidrogas de acento represivo que ha sustentado durante 46 años la existencia de esa agencia.
En lugar de apostar por fumigar con millones de litros del potencialmente cancerígeno glifosato los plantíos de hoja de coca, el acuerdo con las FARC prevé un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que financia el paso de campesinos pobres a la agricultura legal.
Además, el gobierno de Donald Trump busca reeditar la vieja guerra contra las drogas. Y el uribismo, que tiene excelentes relaciones con congresistas ultraconservadores, ha tenido éxito en vender en Washington la idea de que la JEP es un dique a la extradición.
La DEA, de acuerdo con el abogado y maestro en políticas públicas de la Universidad de Oxford Juan Carlos Palou, es un organismo burocrático habituado a dar “resultados” en Washington para obtener recursos y sobrevivir y necesita miles de extraditados para justificar, estadísticamente, su existencia.
Los dos últimos gobiernos de Colombia extraditaron a Estados Unidos a 2 mil 145 presuntos narcotraficantes, más de 10 cada mes, y el actual gobierno del presidente Iván Duque extraditó a 96 en sus primeros nueve meses.
Palou dice que con “resultados” de este tipo la DEA logra desviar la atención sobre su gran ineficacia en el frente interno, es decir, en Estados Unidos, donde existe una epidemia de muertes por sobredosis de drogas y de consumo de opioides sintéticos en cuyo tráfico están involucradas farmacéuticas locales.
Duque, quien llegó al cargo impulsado por el expresidente Uribe y el Centro Democrático, objetó en marzo pasado seis artículos de la ley estatutaria de la JEP que, según él, limitaban la extradición de colombianos, pero el Congreso y la Corte Constitucional consideraron innecesarios esos cambios y los rechazaron.
Varios legisladores y magistrados colombianos denunciaron que el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, los presionó para que respaldaran las objeciones de Duque, pero esa injerencia fue contraproducente por la indignación que produjo en círculos judiciales y en el Congreso.
Magistrados del Poder Judicial han denunciado incluso que sus teléfonos celulares están interceptados y algunos de ellos señalan en privado que la autora de ese acto ilegal puede ser la DEA.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García, ha dicho que cualquier “persecución, seguimiento o interceptación ilegal contra los magistrados es también una agresión contra la independencia judicial”.
Un veredicto explosivo
En una resolución emitida el pasado 15 de mayo, la sala de revisión de la JEP decidió negar la extradición del exjefe guerrillero Jesús Santrich a Estados Unidos y ordenó a la Fiscalía su liberación.
Ese día, el fiscal Martínez, quien enfrentaba un generalizado descrédito por su conflicto de intereses en la investigación del caso Odebrecht, del que fue apartado por la Corte Suprema, renunció al cargo alegando que su conciencia y “devoción por el estado de derecho” le impedían firmar la liberación de Santrich.
La realidad es que la resolución de la JEP contenía serías acusaciones contra Martínez, entre ellas la de negarse a entregar pruebas a ese tribunal que permitieran establecer el delito imputado a Santrich y la fecha en que ocurrió, y avalar las “intromisiones” de la DEA en territorio colombiano.
Para la JEP, resulta “desconcertante” que la Fiscalía defendiera la actuación de la agencia estadunidense al margen del ordenamiento jurídico interno.
En su resolución de 148 páginas, el Tribunal para la Paz planteó que la actuación de la DEA al enviar a Colombia a agentes mexicanos para realizar investigaciones de índole penal sin atender las leyes internas, “constituye un atentado a la soberanía nacional”.
El fallo agrega que es entendible que ante la evolución y desarrollo de la delincuencia, los países opten por mecanismos de lucha transnacional, “pero ello no implica una autorización irrestricta para afectar la soberanía y contrariar el ordenamiento interno de los otros países”.
La JEP dice que los mexicanos que se hicieron pasar por enviados del Cártel de Sinaloa ingresaron en siete oportunidades a Colombia, entre 2017 y 2018, por encargo de la DEA, para realizar una investigación penal no autorizada.
El tribunal aclara que su fallo no implica que Santrich sea inocente de los cargos que se le imputan, sino que Estados Unidos y la Fiscalía colombiana no le presentaron pruebas del ilícito y de la fecha en que ocurrió.
Un día después del veredicto circuló un video que no era conocido por la JEP y en el cual dos mexicanos aparecen hablando con Santrich. El exguerrillero se muestra cauteloso y se limita a decir frases como “ustedes saben cómo se manejan las cosas” y “ustedes mismos estén atentos para que no haya ninguna dificultad”. Uno de los mexicanos es identificado en el expediente como CW1.
Ahora se sabe que el operativo contra Santrich coincidió con una época de tensiones y conflictos internos en la oficina de la DEA en Colombia, cuyo jefe en la época, Richard Dobrich, era investigado por mala conducta y por usar recursos oficiales para contratar prostitutas.
Dobrich se quejó de que la denuncia era anónima y sin fundamentos. Finalmente fue absuelto y en diciembre pasado dejó la DEA para irse a trabajar a Texas en el área de seguridad global de la petrolera ExxonMobil.
Antes de irse dijo a la agencia AP que el escándalo fue “una gran receta sobre cómo causar el caos en una oficina”.
Y fue precisamente en medio de ese caos que la oficina de la DEA en Colombia tuvo descuidos procesales en el caso Santrich, como actuar sin el permiso de la autoridad colombiana, que resultarían impensables en una investigación realizada en territorio estadunidense, donde las agencias judiciales suelen respetar el debido proceso.
En marzo, cuando Dobrich ya había sido relevado por la agente Valerie Nickerson, el mexicano referido en el expediente como CW1 se hizo pasar como integrante del Cártel de Sinaloa y sobornó al fiscal de la JEP, Carlos Bermeo, con 500 mil dólares para “retrasar” la extradición de Santrich.
Y en abril pasado, el senador Cepeda denunció que un mexicano hizo gestiones con terceros para que lo contactaran con la asesora de la JEP Pilar Rueda, una antropóloga de reconocida trayectoria en organismos internacionales y esposa del legislador, para ofrecerle dos millones de dólares a cambio de interceder por Santrich.
“A mi esposa le estaban tendiendo una trampa en la que iban a hacer aparecer como si ella estuviera dispuesta a recibir un soborno de alguien que simulaba ser del Cártel de Sinaloa, para entrabar la extradición de Santrich a Estados Unidos”, dice Cepeda.
Pero la antropóloga y especialista en asuntos de género ni tenía incidencia en el caso Santrich ni fue a ninguna reunión con el agente mexicano, quien también intentó sobornar a un guardia de la cárcel La Picota, donde estaba recluido el exguerrillero, para supuestamente facilitar su fuga.
Cepeda señala que lo que se ha observado en el último año en Colombia son “montajes judiciales que realizan agentes de la Fiscalía y la DEA para hacer aparecer a algunas personas ante la opinión pública, e incluso ante la justicia, como involucradas en hechos de corrupción, narcotráfico o actividades ilegales”.
Dice que se trata de “métodos sucios” utilizados por la extrema derecha y agencias extranjeras para hacer aparecer la paz con las FARC como un proceso que “estimula el narcotráfico en Colombia y les hace favores a los narcotraficantes, lo que es una manipulación de los enemigos de la paz y está muy lejos de la verdad”.
En el debate legislativo convocado para este martes 4, el senador Cepeda pedirá a la Comisión de Acusaciones del Congreso investigar al exfiscal Martínez por el cúmulo de irregularidades que denunció la JEP en el caso Santrich, y emplazará a la Fiscalía a indagar la actuación de la DEA.
Este semanario pidió a la oficina de prensa de la embajada de Estados Unidos en Colombia su versión sobre las supuestas irregularidades de la DEA, pero no obtuvo respuesta.
