MANAGUA.- Once días después de su detención, Ricardo Baltodano, excombatiente contra la dictadura somocista y destacado dirigente de la Juventud Sandinista en los ochenta, cumplió 58 años en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida popularmente como El Chipote.
Su esposa, Emilia Ruiz, también integrante destacada de la Juventud Sandinista en los ochenta, no pudo verlo hasta el 28 de septiembre del año pasado, 13 días después de que Baltodano fuera detenido cerca de su casa en el barrio capitalino de San Antonio, un complejo habitacional construido por la revolución sandinista para sus militantes y cuadros.
Y lo vio en malas condiciones. Baltodano padece hipertensión, hernia discal, prostatitis y cáncer de piel. En El Chipote, objeto de denuncias por organismos de derechos humanos, permaneció 19 días. El 5 de octubre de 2018 fue trasladado a una celda de máxima seguridad en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido popularmente como La Modelo.
Su hermana, la excomandante guerrillera Mónica Baltodano, quien lo visita cada mes en La Modelo, narra a Proceso lo que él le ha dicho: que los reos defecan en un hueco, se bañan sacando agua de un lavadero y padecen temperaturas de hasta 35 grados (en verano), por lo que permanecen todo el día en calzoncillos, pues sólo tienen un uniforme.
“Ricardo la ha pasado mal por sus enfermedades; pero además creo que ellos (las autoridades carcelarias) tienen una saña particular, especial, contra la gente que fue de las estructuras del Frente Sandinista”, comenta Mónica Baltodano.
Su hermano se integró muy joven a la lucha armada contra la dictadura somocista; tras el triunfo revolucionario fue fundador de la Juventud Sandinista, donde llegó a ocupar el cargo de vicecoordinador nacional. Luego se separó del Frente Sandinista de Liberación Nacional y se volvió líder gremial opositor en las universidades donde se desempeñó profesionalmente.
En la Universidad Politécnica Baltodano era coordinador del área de Ciencias Sociales y secretario general del sindicato de ese centro universitario; además trabajaba en su tesis de doctorado en ciencias sociales por la venezolana Universidad del Zulia. Fue arrestado el 15 de septiembre, tras participar en la marcha antiorteguista Juntos Somos Patria.
La Policía Nacional lo presentó públicamente el 18 de septiembre, ya esposado y con el uniforme de presidiario. Ante los medios oficiales, el segundo jefe de la DAJ lo acusó de los delitos de terrorismo, secuestro, tortura, asalto, incendio y destrucción a instituciones públicas y privadas. Pero, pretendiendo imparcialidad, la nota de prensa oficial colgada en el portal de la policía tituló “Presuntos delincuentes fueron capturados”, aunque a renglón seguido lo tildó de “terrorista” y “golpista”.
“Él es antiorteguista. Ellos lo saben. Es un extraordinario dirigente sindical y un beligerante organizador y promotor de marchas contra el régimen de Ortega. Nosotros, como familia, hemos solicitado por conducto de su abogado, que se le brinde atención médica especializada por su condición de enfermo crónico; pero no se la han otorgado. Éste es un sistema penitenciario inhumano y brutal”, asegura su hermana.
El pasado 15 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) medidas provisionales de protección para 17 personas privadas de la libertad, en extrema situación de riesgo y urgencia de daños irreparables, en Nicaragua, entre las que están Baltodano y los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, entre otros.
“Tales personas se encuentran detenidas en las cárceles de La Esperanza y La Modelo, donde se enfrentan a condiciones precarias e insalubres de detención, como son temperaturas severamente altas que causan sofocación y afecciones en la piel, presencia de insectos, ambientes totalmente oscuros sin corriente de aire, ausencia de energía eléctrica y de acceso continuo de agua potable”, refiere la solicitud 117/19 de la CIDH.
“Asimismo, según la información aportada, las 17 personas no recibirían una alimentación adecuada, habiéndose producido en algunos casos enfermedades estomacales, ni tendrían acceso a un tratamiento médico especializado para las afecciones y enfermedades que varios de ellos padecen”, agrega el texto de la CIDH.
El 21 de mayo la Coidh resolvió acoger la solicitud de la CIDH y solicitarle al gobierno de Nicaragua que adopte medidas urgentes de protección de la salud, vida e integridad de esos 17 presos.
Además le pide que evalúe “el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de libertad, de conformidad con su normativa interna y los estándares interamericanos”. También que una delegación de la Coidh realice una visita a las cárceles de La Esperanza y La Modelo, para entrevistar a esas personas y autoridades estatales.
Un año de crisis
El pasado 18 de abril Nicaragua cumplió un año de enfrentar una crisis de derechos humanos que ha derivado en una profunda recesión económica. Un boletín del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni, de la CIDH), refiere que a un año de iniciadas las protestas sociales, la Comisión ha denunciado la continuación de la represión estatal y la imposición de un Estado policial en todo el país.
Entre las principales violaciones a los derechos humanos están la prohibición de protestas sociales y manifestaciones públicas, la continuación de detenciones arbitrarias y represión a personas privadas de la libertad.
Además persiste la impunidad por las violaciones a los derechos humanos documentadas por la CIDH: 325 asesinados, entre ellos 24 niños y adolescentes y 21 policías; más de 700 personas sometidas a procesos penales, 300 profesionales de la salud despedidos y 144 estudiantes expulsados como represalia; más de 70 periodistas y trabajadores de medios independientes exiliados; y más de 62 mil nicaragüenses exiliados en países vecinos, sobre todo en Costa Rica.
El comisionado Joel Hernández, de la CIDH, al intervenir en la sesión especial del Consejo Permanente de la OEA, el pasado 5 de abril, destacó como un hecho positivo que hasta esa fecha, el gobierno de Nicaragua había excarcelado a 204 personas. Posteriormente, el 20 de mayo, liberó 100 más. El 18 de marzo la CIDH le había entregado a la Secretaría General de la OEA una lista de 647 presos políticos.
En esa sesión especial, Hernández demandó la pronta liberación de las personas encarceladas a raíz de las protestas sociales y agregó que la CIDH considera que este proceso de liberación debe ser ordenado, expedito, transparente y otorgar certeza sobre la situación jurídica de los liberados, ya que a algunas les han aplicado el régimen de convivencia familiar y otras medidas cautelares.
“Otra de las preocupaciones de la CIDH es la situación de las personas bajo la custodia del Estado. En particular, hasta que se alcance la liberación de las personas detenidas, el Estado debe garantizar un trato digno a todas las personas privadas de libertad, especialmente aquellos que han sido trasladados a celdas de castigo”, insistió Hernández.
El clamor nacional e internacional por la liberación de los presos políticos en Nicaragua subió de tono a partir de la muerte de uno de ellos el pasado 16 de mayo: Eddy Montes, de 57 años y naturalizado estadunidense. Murió porque un custodio de La Modelo le disparó cuando, según el Ministerio de Gobernación, Montes intentaba arrebatarle el arma.
Sin embargo Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la CIDH, aseguró a CNN que de acuerdo con fuentes del organismo regional, Montes fue “ejecutado a sangre fría” durante un operativo de fuerzas antimotines del propio Sistema Penitenciario Nacional. Y demandó una investigación objetiva y seria por parte de las autoridades nicaragüenses.
El Consejo Permanente de la OEA se reunió el 21 de mayo y por mayoría de votos aprobó la Resolución 1128 (2231/19), en la que reitera la preocupación de la comunidad interamericana por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua y su apoyo a una solución pacífica a la crisis política en el país.
Además instó al gobierno a la liberación incondicional de todos los presos, antes del próximo martes 18, la cual deberá contar con mecanismos independientes de monitoreo y verificación. También exhortó a permitir el regreso de la CIDH y del Meseni, otorgándoles las garantías necesarias para el cumplimiento de su mandato.
Por otra parte, instó al régimen de Daniel Ortega a garantizar la libertad de expresión y de prensa, permitir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, cesar las detenciones arbitrarias y garantizar la labor independiente de las organizaciones y defensores de los derechos humanos.
Comida podrida
Luis Arnulfo Quiroz, de 22 años y estudiante de comunicación social en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, fue detenido el 25 de agosto de 2018 junto a seis universitarios de la ciudad de León, a 92 kilómetros de la capital.
Cinco días después la Policía Nacional los presentó ante los medios, acusándolos de terrorismo, homicidio, incendio, secuestro, robo con intimidación y amenaza de muerte. Fueron apresados después de organizar una marcha de protesta contra del régimen de Ortega.
Después de pasar 10 días en El Chipote, Quiroz fue trasladado a La Modelo, al módulo 1 de la galería 16, donde inicialmente había 75 presos y luego de la represión y criminalización de las protestas, aumentó a 156. El pasado 5 de abril fue excarcelado junto a otras 49 personas.
“Pasé detenido siete meses y medio en condiciones infrahumanas e insalubres de la galería 16 (módulos 1 y 2), asignada a los presos políticos en máxima seguridad de La Modelo”, asegura a Proceso.
Relata que el agua no es completamente potable, ya que la sirven de unas piletas; pero es la que beben y con la que se bañan. Además, el acceso a la misma es restringido –y la suspenden en represalia–, así como la energía eléctrica, que se suministra por espacio de dos horas a diario.
“La comida es indeseable, incluso a veces llegaba en estado de descomposición, pero como es la única que permiten, todos nos enfermamos. También encontramos piedras o restos de vidrio molido”, afirma.
Quiroz estima que la galería 16, con sus dos módulos, estaba destinada para albergar a unos 225 reclusos en régimen de máxima seguridad; sin embargo en un momento determinado llegaron a sumar 350 presos.
Según el Artículo 4 de la Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, el Sistema Penitenciario Nacional es un cuerpo armado, de naturaleza civil, profesional, apolítico, apartidista y no deliberante. Pero Quiroz afirma que los carceleros constantemente les gritaban “golpistas” o
“criminales”.
El Artículo 7 de la misma ley establece: “En ningún caso los internos serán sometidos a torturas, penas, ni tratos crueles, inhumanos o degradantes”, por tanto, “se prohíbe el maltrato físico, psicológico y cualquier otro procedimiento que atente contra la dignidad humana”.
Para el gobierno nicaragüense, sin embargo, la situación en sus cárceles es casi idílica. El pasado 27 de mayo el Ministerio de Gobernación brindó su informe semanal en el que afirmó:
“Se garantizó un total de 3 mil 934 atenciones médicas y psicológicas, 3 mil 973 presos y presas acudieron a sus instrucciones escolares en las modalidades de alfabetización, primaria, secundaria y universidad, se recibieron 2 mil 706 paquetes, además 917 presos y presas fueron integrados en cursos de capacitación técnica a nivel nacional.”
