Señor director:
Con relación al reportaje publicado en la revista Proceso 2215, del 14 de abril de 2019, de la periodista Judith Amador Tello, bajo el título “Recortes de austeridad, el problema que no acaba”, la Secretaría de Cultura se permite hacer las siguientes precisiones:
Esta institución reitera que en esta administración no se han realizado despidos masivos de personal, ni se tiene contemplado hacerlo. Al inicio del texto, se observa con preocupación que la reportera da por ciertas las declaraciones de Joel Santos, quien hace alusión a la “incertidumbre que genera una crisis institucional”. Estas aseveraciones son delicadas, dado que fomentan una psicosis y tergiversan la realidad, al denominar como “despidos masivos” la finalización de contratos en los tiempos acordados, ya que en ningún caso se concluyeron de forma anticipada.
En los casos de las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, no se despidió ni dio de baja al personal. La administración anterior elaboró contratos que tenían como fecha de término el 30 de noviembre de 2018.
No se renovaron aquellos contratos cuyas funciones estaban duplicadas o no eran estrictamente necesarias, en seguimiento a las políticas de austeridad de este gobierno, después de realizar un diagnóstico de cada una de las áreas y dependencias del sector.
El ahorro que se generó en la partida 33901 “Subcontratación de servicios con terceros”, asciende a 72 millones de pesos, recursos que se focalizarán en fortalecer cuatro áreas del Sector Central (Oficina de la Secretaría, Unidad de Administración y Finanzas, Dirección General de Administración y Comunicación Social).
La autora del reportaje cita una entrevista que realizó sobre el mismo tema en 2014 a Eduardo Cruz Vázquez, quien desde entonces advertía sobre esta situación laboral, que describió como una “bomba de tiempo”, debido a que en ese momento el Conaculta enfrentaba diversos juicios de trabajadores que habían laborado más de 25 años por honorarios.
Es decir, el problema que adjudican a esta administración se originó hace varios sexenios. Sin embargo, el actual gobierno es el único que ha mostrado voluntad para resolver esta situación.
Han transcurrido casi seis meses desde que se hizo el cambio de administración. En ese lapso se ha recibido en diversas ocasiones a los líderes de los diferentes sindicatos. La secretaria, Alejandra Frausto Guerrero, ha establecido un diálogo directo con todas las representaciones sindicales, lo que establece una nueva política laboral de ética y respeto.
En lo que respecta a la acumulación de la antigüedad, de los trabajadores que pertenecen a los capítulos 1000 y 3000, la secretaría hace hincapié en que no le corresponde a ella determinar qué tan justa es esta modalidad de contratación, lo que le compete es hacer lo que se ve obligada por el marco del derecho que rige a la administración pública.
En caso de existir críticas, los quejosos deberán presentarse ante las autoridades correspondientes, y a quienes aprobaron las modificaciones en ese sentido, como justo menciona el propio Antonio Hernández Brito cuando refiere que “esto debe pasar como una propuesta a la SHCP y ésta a la Cámara de Diputados, para que en el proyecto de presupuesto 2020 se aborde una solución” a esta problemática. Asimismo, la secretaría reitera que están en todo su derecho de presentar demandas quienes así lo consideren conveniente.
Dado que el señor Hernández Brito fue inhabilitado de su cargo en la Coordinación Nacional de Relaciones Laborales de la Secretaría de Cultura, debido a una resolución definitiva de la Secretaría de la Función Pública emitida el 28 de noviembre de 2018, es decir, antes de que entrara en funciones la presente administración, no nos es posible hacer mayor referencia a sus declaraciones.
Por último, la Secretaría de Cultura comparte las palabras de Joel Santos acerca de que hay incertidumbre sobre este tema. En lo que no está de acuerdo es sobre quiénes son los causantes de esos sentimientos: ¿es la administración que lleva menos de seis meses en el cargo o son aquellos que hablan de conocer planes de reducción de personal a mediados de este año sin citar fuentes u ofrecer documentos que sustenten sus aseveraciones?
A la secretaría le parece que quienes han llenado de incertidumbre a la clase trabajadora de esta dependencia son aquellos que han cambiado el término de finalización de contrato por “despidos masivos”.
Le reiteramos al semanario, a su director, a la reportera y a todos los involucrados nuestro total apego a la libertad de expresión y nuestro ineludible respeto a la transparencia.
Atentamente:
Omar Monroy Rodríguez
Titular de la Unidad de Administración
y Finanzas de la Secretaría de Cultura
Antonio Martínez Velázquez
Director general de Comunicación Social
de la Secretaría de Cultura
Respuesta de la reportera
Señor director
En relación con la carta de los señores Omar Monroy Rodríguez y Antonio Martínez Velázquez, me permito señalar:
Una lectura correcta del reportaje les dejaría ver:
1. Que el título correcto del reportaje es Recortes y austeridad, el problema que no acaba.
Y 2. Que no hay opiniones mías y no me corresponde dar por ciertas o falsas las declaraciones de mis entrevistados, recojo tanto sus testimonios como la información que ha proporcionado la Secretaría de Cultura a través de distintos medios.
Hasta el momento dicha entidad sigue sin precisar cuántos trabajadores se han quedado sin su fuente de trabajo, sea por despido o por la terminación de su contrato, como ellos le llaman. Es parte del debate que se desarrolla en el texto, pues para los entrevistados sí es despido: argumentan que existía una relación laboral de años.
Efectivamente, el problema de los trabajadores contratados por honorarios o por los capítulos 1000 y 3000, no fue creado por esta administración, y no se le adjudica en el texto. Por el contrario, como reconocen los funcionarios, se cita a Eduardo Cruz Vázquez por haber advertido desde 2014 que era una “bomba de tiempo”.
En el reportaje sí se señala que la secretaria Alejandra Frausto se ha reunido con los líderes sindicales, y se recuerda también que en mayo del año pasado se comprometió a respetar los derechos de los trabajadores.
No me corresponde aclarar la situación laboral del licenciado Antonio Hernández Brito, cuyo caso –como él lo relata– se resolverá en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Finalmente, quiero hacer ver que la carta comienza expresando preocupación por las declaraciones de Joel Santos, “quien hace alusión a la ‘incertidumbre que genera una crisis institucional’”, pero termina diciendo que comparte las palabras del arqueólogo Santos en el sentido de que hay incertidumbre por el tema.
Atentamente:
Judith Amador Tello
