Señor director:
Me refiero al artículo firmado por el profesor Elisur Arteaga Nava (La absurda iniciativa del senador Monreal, Proceso 2217) respecto a la iniciativa de reforma constitucional presentada por el senador Ricardo Monreal Ávila en días pasados. Respetuosamente, difiero completamente del criterio de Arteaga Nava. En mi opinión, la propuesta de reforma es necesaria; más bien indispensable para el país, en el momento complicado en que nos encontramos, intentando salir adelante de una herencia de corrupción e inmoralidad, aunadas al dispendio, la irresponsabilidad y el tráfico de influencias.
Tales lacras son las que pretende combatir el senador Monreal con su relevante iniciativa. Coincido con su visión de que al crear una Sala Anticorrupción en la Corte, se le estará dando a esta problemática un nivel serio y lo suficientemente sólido. Esta sala tendrá el impacto jurídico y social que se reclama, y que otros tribunales anticorrupción quizá no tengan. Al crear la sala anticorrupción, será en ella donde se ventilará esta problemática, que ha ahogado los ámbitos gubernamentales. El máximo tribunal del país atenderá de manera absoluta y definitiva este criminal flagelo nacional.
En otra propuesta, el senador Monreal también ha planteado la opción de crear una Sala Administrativa para acabar con un vergonzante, corrupto y perverso órgano: el Consejo de la Judicatura Federal. Este consejo tiene una historia conocida, fue un modelo de importación; lamentablemente, hemos sido un país que imita, con un acentuado espíritu malinchista. Fue por eso que algunos influyentes teóricos del derecho, que todavía pululan en los ambientes políticos del país, trajeron la iniciativa de crear este adefesio, con la idea de manejar el aparato administrativo del Poder Judicial Federal. Desde su origen, se ha tratado de un elefante blanco. Es una estructura inservible y corrupta, con más de 20 mil trabajadores; sus altos niveles gozan de sueldos y canonjías elevadísimas. Para lo único que ha servido es para que los grupos de poder que lo dominan se “hinchen” de beneficios. Se trata de auténticas mafias que para nada contribuyen a la buena administración. Ante sus excesos, dadas las corruptelas de sus integrantes, su desaparición es un reclamo justificado. Con la creación de la Sala Administrativa se adelgazará la alta burocracia y podrán combatirse con esmero las enfermedades endémicas que sufre el Poder Judicial Federal.
He de decir que conozco al senador Ricardo Monreal desde sus épocas de estudiante en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Sé de su seriedad y su autoridad como constitucionalista. Es sano que sus puntos de vista puedan discutirse desde distintas posturas, pero no desde la simple descalificación. Recientemente, un grupo de maestros destacados de derecho constitucional de la UNAM estuvimos en el Senado de la República para expresar nuestros puntos de vista sobre estas iniciativas. Consideramos que, lejos de menospreciarlas, lo que merecen es ser enriquecidas, sin amarguras ni ofensas, indignas de docentes; cuestionemos protagonismos y alcemos la mira de la discusión por el bien de México.
Es un momento de transformaciones para el país y en este proceso debemos colaborar todos, particularmente los docentes universitarios en el ámbito jurídico.
Atentamente:
Dr. Eduardo López Betancourt
Profesor e investigador
de derecho penal y constitucional
