De Katya Puga Cornejo
Señor director:
Me dirijo a usted para realizar precisiones respecto de diversas aseveraciones que hace el reportero Arturo Rodríguez García sobre mi desempeño como directora general de Impacto Social y Ocupación Superficial en la Secretaría de Energía, cargo que ocupé de julio de 2015 a septiembre de 2016.
Pese a los señalamientos que nada prueban, pero que lastiman y ofenden mi vocación de servidora pública, no desmentí la nota intitulada A la Semarnat, una funcionaria acusada de amañar consultas (Proceso 2198, 16 de diciembre de 2018). Sin embargo, dado que se reiteran las afirmaciones en el artículo Siete gasoductos no operan, pero benefician a empresarios, políticos y funcionarios (Proceso 2207, 17 de febrero de 2019), me permito hacer las siguientes aclaraciones:
1. Como subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat no soy responsable de realizar la consulta del proyecto Tren Maya. Preciso que los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, en materia federal, y la consulta pública, previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y conforme al Reglamento Interior de la Semarnat, corresponderán a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, y a la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia. La consulta a comunidades indígenas, por su parte, corresponderá a la autoridad responsable del proyecto, en coordinación con las autoridades competentes.
2. Con relación a los siete gasoductos aludidos en el artículo, preciso que las resoluciones en materia de impacto social de cuatro gasoductos fueron emitidas en 2017, cuando yo ya había concluido mi encargo en la Secretaría de Energía. Me refiero a los siguientes casos: Gasoducto Tula-Villa de Reyes, Gasoducto La Laguna-Aguascalientes, Gasoducto Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, y Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan.
3. Respecto a los gasoductos Tuxpan-Tula y Samalayuca-Sásabe fui responsable de emitir resolutivos en materia de impacto social que tuvieron como objetivo, conforme a la Ley de Hidrocarburos, señalar recomendaciones para prevenir y mitigar impactos sociales negativos por la realización de los proyectos, e identificar la procedencia de la consulta previa, libre e informada. En el primer caso, preciso que el desarrollo de la consulta ya no me correspondió, toda vez que concluí mi encargo en la Sener en septiembre de 2016, y la consulta previa se realizó en el último trimestre de ese año y durante 2017 y 2018. En el segundo caso no se realizó procedimiento de consulta previa, ya que en el área de influencia del proyecto no se identificaron comunidades y pueblos indígenas cuyos derechos colectivos fueran susceptibles de afectación.
4. Respecto del proyecto Gasoducto Sonora, segmento Guaymas-El Oro, fui representante de la Sener como autoridad responsable de la consulta previa, libre e informada. En dicha consulta fungió como autoridad coadyuvante la Comisión Federal de Electricidad. Al cierre de la misma, 7 de los 8 pueblos que integran la Tribu Yaqui otorgaron su consentimiento para el desarrollo del proyecto. Consecuentemente emití un resolutivo sobre la forma en la que se desarrolló la consulta y sus resultados, en el que se solicitó a la empresa promovente del proyecto llevar a cabo todo lo necesario para no afectar los derechos e intereses del Pueblo de Bácum, único pueblo de la Tribu que no otorgó su consentimiento. El citado resolutivo y sus anexos son públicos y pueden consultarse en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/194673/Resolutivo_de_la_CPLI_a_la_Tribu_Yaqui.pdf
5. Todas las acciones que realicé en materia de consulta a comunidades indígenas se apegaron a mi obligación constitucional de garantizar, respetar, promover y proteger los derechos humanos, para lo cual observé, de forma irrestricta, los estándares nacionales e internacionales establecidos en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la jurisprudencia relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Atentamente:
Katya Puga Cornejo
Subsecretaria de Planeación y Política
Ambiental de la Semarnat
