Entre jalones y estirones la Unión Europea y el Reino Unido firmaron el 25 de noviembre un acuerdo sobre su proceso de divorcio, el cual deberá ser ratificado por los parlamentos de ambas partes. Sin embargo, el gobierno británico tiene por misión la peor parte: convencer a sus habitantes y a los miembros de la Cámara de los Comunes de las bondades de un pacto que no les favorece del todo en rubros como el comercio y la seguridad. De fallar en su cometido, la premier Theresa May podría enfilar a su país a una crisis sin precedente, advierten expertos en el tema.
LONDRES.- Luego de 524 días de intensas negociaciones, fuertes cruces diplomáticos y crecientes divisiones políticas, la primera ministra conservadora Theresa May y los 27 jefes de Estado de la Unión Europea (UE) aceptaron un polémico acuerdo que los parlamentos británico y europeo deberán aprobar, de cara a la inminente salida del bloque comunitario, el 29 de marzo de 2019.
El documento de 585 páginas, que de ser ratificado sentará las bases legales para un tratado vinculante, y una declaración política de 26 cuartillas sobre la futura relación entre ambas partes, fueron firmados de manera unánime en Bruselas, el pasado 25 de noviembre, tras una gélida reunión que duró menos de una hora entre todos los gobernantes.
Sin casi dirigirle la palabra al resto de los asistentes y prácticamente aislada del grupo, May se mostró sonriente, pero tensa.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, calificó el encuentro como “muy triste”. Nadie debería estar brindado con champán ante la salida de Reino Unido, agregó el funcionario claramente decepcionado por no haber podido convencer a May, durante estos últimos dos años, para que diera marcha atrás al llamado Brexit.
La frontera entre las Irlandas
El acuerdo para la salida de Gran Bretaña de la UE, el “único posible” según los gobernantes europeos, incluye varios puntos que ya fueron rechazados por los principales bloques políticos británicos.
El primer asunto polémico se refiere a la frontera entre Irlanda (país que pertenece a la UE) e Irlanda del Norte (alineada con Reino Unido) que por ahora está abierta para procurar el libre comercio de bienes y servicios.
Ambas partes buscan evitar el regreso de una frontera dura y con controles que puedan desatar nuevos conflictos sectarios.
La UE propuso inicialmente que Irlanda del Norte permaneciera dentro del mercado común y aduanero y que se alineara con el resto de Irlanda. May, sus ministros y los miembros del Partido Unionista del Ulster –la agrupación política más grande de Irlanda del Norte– rechazaron de inmediato que la provincia británica quede separada de Reino Unido.
El bloque europeo impulsó, entonces, una segunda opción, conocida como “backstop”, para implementar un espacio reglamentario común sin fronteras internas entre la UE e Irlanda del Norte.
El backstop se implementaría si los futuros acuerdos comerciales no evitan una frontera dura entre las Irlandas. Bajo ese acuerdo, todo Reino Unido permanecería dentro de la unión aduanera, mientras que Irlanda del Norte deberá seguir las regulaciones del mercado común.
El documento estipula que ambas partes “emplearán todos sus esfuerzos” para lograr un acuerdo de comercio que concluya seis meses antes del final del periodo de transición, previsto inicialmente para diciembre de 2020. Pero si no fuera el caso, la UE y el Reino Unido “extenderán de manera conjunta el proceso de transición” durante un tiempo específico “y hasta que un acuerdo nuevo sea implementado”.
El territorio único aduanero “incluirá los compromisos y mecanismos de control apropiados para garantizar una competencia justa entre los 27 países de la UE y Reino Unido”. No habrá controles aduaneros adicionales sobre ciertos bienes que pasen de Irlanda del Norte al resto del Reino Unido y viceversa.
Según el acuerdo, si una de las partes ya no quiere la segunda opción propuesta por la Unión Europea, deberá notificar a la otra su deseo, estableciendo sus razones; seis meses más tarde un comité conjunto deberá reunirse y ambas partes podrán poner fin al backstop.
Los conservadores más euroescépticos y ultraderechistas –conocidos como brexiteers–, como el Partido Democrático Unionista, que da apoyo parlamentario clave al gobierno de minoría de May, se oponen categóricamente a esta propuesta porque consideran que Reino Unido terminará “esposado” de manera indefinida a las regulaciones de la UE.
Por el contrario, países como Francia y España consideran que el plan podría beneficiar injustamente a Reino Unido al permitirle quedarse en el mercado común, pero sin cumplir los compromisos a los que están obligados los Estados europeos.
Factura por la separación
Otro de los puntos contenciosos del acuerdo es el que salvaguarda los derechos ciudadanos para que más de 3 millones de europeos que radican en el Reino Unido conserven sus empleos y para que 1 millón de británicos mantengan sin problemas su residencia en los países de la UE.
May trató de limitar la extensión de dicho convenio a aquellos que lleguen al Reino Unido antes del 29 de marzo de 2019, pero la Unión Europea rechazó la medida.
En el acuerdo firmado por ambas partes quedó estipulado que conservarán sus derechos los europeos que lleguen a territorio británico durante el periodo de transición, que podría extenderse a 2022.
Respecto de la llamada “factura del divorcio”, en la que la Unión Europea exigía que Reino Unido pagara 100 mil millones de libras para cubrir responsabilidades y compromisos acordados previo al Brexit, el acuerdo firmado el 25 de noviembre último menciona que sólo deberá desembolsar 39 mil millones de libras (equivalentes a 50 mil millones de dólares) para cumplir hasta 2020 con su contribución al presupuesto del bloque. Además, deberá pagar otros compromisos que ya había asumido en Bruselas –sede de la UE–, como pensiones de políticos y funcionarios europeos.
Sobre la declaración política, que carece de fuerza legal y no es vinculante pero que pide a ambas partes cumplir ciertos parámetros para futuras negociaciones, Reino Unido –específicamente los impulsores del divorcio con el bloque– pretendía un arreglo que le allanara el camino para implementar un acuerdo comercial al día siguiente de que se concretara el Brexit. Pero no fue así.
El documento sólo establece de manera ambigua algunas disposiciones para una futura relación basada en dos pilares: comercio y seguridad.
En materia de comercio y la City (el corazón financiero de Londres), May buscó sin resultados un pacto de bienes y servicios sin fricciones entre ambas partes. El convenio vigente indica que el acceso británico al mercado europeo dependerá de que Reino Unido respete los estándares de la Unión Europea en materia de competencia, impuestos, medio ambiente, protección al empleo y garantías sociales.
Pese a lo anterior, no se aclara si ello involucrará un alineamiento comercial dinámico con Bruselas. Sin este acuerdo, Gran Bretaña dependerá sólo de las tarifas comerciales impuestas por la Organización Mundial del Comercio.
La declaración política también indica que el territorio común de comercio creado a partir de la solución del backstop en Irlanda del Norte “sólo podrá mejorar” en futuros acuerdos comerciales.
Pese a las reiteradas demandas británicas por un trato especial y único en materia de servicios financieros, la UE atenderá a Reino Unido como a cualquier otro país no europeo.
En vez de “pasaportes” para que la City de Londres opere en todo el territorio del bloque, los banqueros y corredores de bolsa británicos dependerán de un “permiso de equivalencia” que Bruselas podría retirarles con sólo 30 días de antelación.
El acuerdo político ofrece completar dichos permisos para mediados de junio de 2020. De esta manera, la UE le dará al centro financiero de Londres sólo un acceso básico a los mercados europeos, como lo hace con firmas estadunidenses o japonesas.
De ese modo Gran Bretaña perderá el lugar privilegiado que hasta ahora ocupa en los mercados financieros del bloque y miles de millones de dólares en fuga de capitales.
El Ministerio de Finanzas británico calcula que el PIB podría contraerse 9.3% en 15 años si no llega a un acuerdo satisfactorio, con un costo de 150 mil millones de libras (190 mil millones de dólares).
El documento también incluye un apartado sobre competitividad e igualdad de condiciones que obliga a las empresas británicas a no reducir los estándares o regulaciones impositivas para beneficiarse de acuerdos comerciales.
Dicho plan obliga a Gran Bretaña a adoptar tres directivas europeas en materia impositiva sobre intercambio de información fiscal, reportes de firmas de inversión y el código de conducta de la UE sobre impuestos.
El Reino Unido también estará sujeto a firmar cláusulas de “no regresión” que le impedirán reducir los estándares de su regulación en materia social, medioambiental y laboral (como horas de trabajo y paga).
Varios de los requisitos anteriormente expuestos son diametralmente opuestos a las exigencias de los conservadores británicos que impulsan una salida del bloque para crear una economía de bajos impuestos y menos regulaciones, como la de Singapur, que atrae más inversiones internacionales.
Lío pesquero
El documento recién firmado entre ambas partes también toca el espinoso tema pesquero: Inglaterra y Escocia pretenden reducir la actividad de barcos europeos en sus aguas territoriales, y la Unión Europea dio a conocer que eximirá de tarifas y cuotas a los exportadores británicos si Reino Unido permite que los barcos europeos sigan pescando en las lucrativas aguas.
Francia, España, Holanda y Dinamarca exigen a Londres que garantice a sus flotas el derecho a seguir pescando en sus aguas tras el Brexit.
Luego de que Reino Unido exigió que el sector pesquero quede fuera de cualquier unión aduanera y amenazó con no dar garantías anticipadas sobre el acceso de la UE a las aguas británicas, los negociadores de May lograron incluir una cláusula para negociar “de buena fe” los derechos de pesca de los europeos tras el divorcio británico.
Pleito por programa espacial
En materia de seguridad y política exterior, el gobierno de May quería mantener su colaboración con el bloque, pero con la opción de salirse de ciertas estructuras.
Sin embargo, la Unión Europea sólo le ofreció a Reino Unido “cooperación” bilateral en vez de una membresía en la Europol, la agencia policial del bloque, y en la Eurojust, la agencia de cooperación judicial.
Otro asunto complicado es la insistencia de la comisión europea en impedirle al sector comercial de defensa de Gran Bretaña trabajar en el programa satelital Galileo, que opera con un presupuesto de 10 mil millones de dólares y de los cuales los impuestos británicos han aportado mil 300 millones de dólares.
El gobierno de May amenazó con abandonar el programa y construir su propio satélite. La declaración política sólo se refirió al respecto: “Las partes deberán considerar acuerdos apropiados para la cooperación espacial”.
Un Brexit duro, el riesgo
El acuerdo establece en materia de gestión y gobernabilidad que, una vez que finalice el periodo de transición en 2020 o 2022, la salida de Reino Unido será controlada y evaluada por un comité conjunto que tomará decisiones de común acuerdo y cuyos veredictos serán vinculantes.
Dispone que cualquier disputa vinculada a la legislación europea no podrá ser decidida por el panel de arbitraje, sino por la Corte Europea de Justicia. Este punto es muy disputado por los conservadores más euroescépticos porque prometieron a su electorado que el Brexit implicaría “tomar el control de nuestras leyes” y dejar de someterse a la jurisdicción de la corte europea.
Lo cierto es que May tendrá dos semanas para tratar de convencer a la población y a los parlamentarios británicos de apoyar el acuerdo que recientemente firmó con la Unión Europea, el cual se calcula que será rechazado por la Cámara de los Comunes.
El parlamento británico tiene previsto debatir durante cinco días todos los detalles del acuerdo de salida del bloque europeo y votarlo el martes 11 en maratónica sesión.
En caso de que el proceso de divorcio sea rechazado y ante la negativa de la Unión Europea para modificarlo, la premier británica se vería obligada a llamar a elecciones generales anticipadas (los últimos sondeos indican que perdería ante los laboristas de Jeremy Corbyn), a convocar a un segundo referéndum que potencialmente frenaría el Brexit o a permitir que Reino Unido abandone la UE sin acuerdo, lo que se conocería como el Brexit duro.
Esta última manera de salirse del bloque sería una opción “totalmente catastrófica” para el país, porque traería como consecuencia el colapso de la economía, escasez de alimentos, eventual pérdida de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, caos social y político y, en general, la peor crisis que el Reino Unido haya vivido jamás en su historia, advierte la mayoría de los economistas, expertos y analistas políticos sobre el caso.
