El impuesto a los combustibles establecido por el gobierno de Emmanuel Macron detonó el movimiento de los Chalecos Amarillos, cuyos integrantes pertenecen en su mayoría a una clase media venida a menos que habita en las inmediaciones de las ciudades y que pasa penurias para llegar al fin de mes con unos centavos en los bolsillos. Se trata de un movimiento horizontal y heterogéneo, que no quiere tener líderes, se moviliza a través de las redes sociales, rechaza a la clase política y que –para desasosiego de Macron– ya suscita la simpatía de 84% de los franceses.
París.- El diálogo de sordos entre los llamados “Chalecos Amarillos” y el presidente Emmanuel Macron se agudiza. Aquellos llevan dos semanas exigiéndole al Poder Ejecutivo medidas para no seguir llegando al final del mes sin un centavo en el bolsillo; concretamente demandan la eliminación del impuesto sobre el diésel y la gasolina sin plomo.
Y lo hacen bloqueando la circulación en carreteras y calles, impidiendo el acceso a centros comerciales y gasolinerías y –como el pasado 24 de noviembre– enfrentando violentamente a las fuerzas del orden en la parisina avenida de los Campos Elíseos.
Pero Macron no quita el dedo del renglón y acaba de reiterar que no cancelará ese impuesto, el mismo que prendió el polvorín. Sólo hizo una concesión: lo suspenderá temporalmente en caso de un alza importante en el precio del petróleo, sin precisar cuál será el nivel de aumento que justificara la medida.
También instó a los Chalecos Amarillos a “convertir su coraje en soluciones”, invitándolos a participar en una concertación ciudadana de tres meses que se llevará a cabo en toda Francia y en la que actores sociales de toda índole buscarán juntos conciliar dos emergencias: la lucha contra la crisis ambiental –que amenaza la sobrevivencia del planeta– y la necesidad de detener la disminución vertiginosa del poder adquisitivo de millones de franceses.
Macron lanzó esas propuestas el pasado 27 de noviembre, durante la presentación de su Programación Plurianual de Energía ante presidentes regionales, representantes del movimiento ecologista y líderes sindicales y empresariales, dando por primera vez la impresión de que tomaba en serio a los Chalecos Amarillos.
Recobrando el tono de empatía que le funcionó muy bien durante su campaña electoral –y que abandonó al llegar al poder–, el presidente aseguró que los oía y entendía su desesperación.
Pero no convenció a nadie: ni a la clase política gala ni a los sindicatos y menos aún a la opinión pública ni a la armada de sociólogos y analistas políticos que observan con lupa esa “insurrección 2.0”… sin mencionar el rechazo rotundo de los propios Chalecos Amarillos.
No se mostró más persuasivo Francoise de Rugy, ministro de la Transición Energética, quien se entrevistó también el 27 de noviembre con Priscilla Ludosky y Eric Drouet, dos de los ocho voceros del movimiento.
Los Chalecos Amarillos son unánimes: “Macron oye, mas no escucha. Y si de casualidad escucha, no entiende”. Y también repiten: “Aunque diga lo contrario, Macron se preocupa más por el fin del mundo que por el final del mes de franceses como nosotros”.
Resultado: los Chalecos Amarillos anunciaron que celebrarían el “Acto III” de su movilización este sábado 30 de noviembre, con una nueva marcha en los Campos Elíseos.
Movimiento plural
Heterogéneo, paradójico, desconfiado, abiertamente hostil hacia los partidos políticos, las organizaciones sindicales, los medios de comunicación y las clases urbanas “acomodadas”, ese movimiento inédito que se va inventando día tras día está integrado esencialmente por una clase media venida a menos en las llamadas “zonas periurbanas” y por habitantes de municipios rurales. Los unos y los otros se sienten olvidados y despreciados por las grandes urbes y sobre todo por “la élite” de los dirigentes del país, cualquiera que sea su ideología.
Integran el movimiento artesanos, obreros, microempresarios, burócratas, campesinos, desempleados y muchos jubilados. Llama la atención la presencia y el activismo de un gran número de mujeres.
El chaleco fosforescente que llevan puesto es el que por ley cada automovilista debe tener en su vehículo y usar para ser visible cuando su coche quede estacionado a la orilla de una carretera. Hoy más que nunca esa prenda cumple su función: asegurando a los Chalecos Amarillos visibilidad nacional e internacional.
La mayoría de los Chalecos Amarillos entrevistados por la prensa y por los equipos de sociólogos desplegados en todo el país insisten en que participan por primera vez en un movimiento de protesta y confiesan que llevan años sin votar. Sus reivindicaciones no son sólo de orden material. Muchos afirman que visten el chaleco amarillo y protestan también para defender su “dignidad” y expresar su “inmenso desasosiego”.
Es preciso volver algunas décadas atrás para entender cómo nació el “fenómeno periurbano” francés; y aún más lejos para encontrar las raíces de la crisis que desencadenó el impuesto a los combustibles.
A partir de los setenta y ochenta numerosas familias francesas optaron por instalarse en zonas semirrurales, más o menos cerca de las ciudades grandes y medianas. Muchas tomaron esa decisión porque soñaban con una mejor calidad de vida: casa propia con jardín, medio ambiente sano y seguridad. Pero para muchas otras fue la especulación inmobiliaria desenfrenada la que las expulsó de las urbes.
En esas áreas es imposible vivir sin auto. A menudo se necesitan dos vehículos por familia para ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela, ir de compras o al médico, pues esas regiones tienen una red de transporte público cada vez más reducida o, de plano, inexistente. Un automóvil es aún más indispensable en los municipios rurales, donde las tiendas de artículos de primera necesidad desaparecen y donde faltan oficinas hacendarias o postales, consultorios médicos y farmacias.
Otro factor que se debe considerar para entender la ira contra el alza en los combustibles tiene que ver con la sobreproducción de diésel que se dio en Francia en los sesenta y setenta.
Entonces el Estado galo impuso a la industria automotriz la producción masiva de vehículos con motores diésel y convenció a los automovilistas de comprarlos. Para ello se bajó considerablemente el precio de ese combustible y lo hizo mucho más barato que la gasolina.
Hoy se pagan las consecuencias de esa política: en 2015 en Francia, 62% de los automóviles particulares y 95% de los de servicio tenían motores diésel. La casi totalidad de los habitantes de las zonas periurbanas y rurales son dueños de esos coches, considerados ahora altamente contaminantes y destinados a ser eliminados.
Para deshacerse de ellos el mismo Estado que favoreció su desarrollo toma hoy medidas drásticas para forzar a los automovilistas a adquirir vehículos eléctricos o menos contaminantes. El aumento anual del precio del diésel y el impuesto que le corresponde se inscribe en ese contexto.
Esa iniciativa tecnocrática iniciada y temporalmente abandonada por el expresidente Francois Hollande y que retomó de forma autoritaria Macron, ignora la degradación del poder adquisitivo que flagela a las clases medias y bajas francesas desde la crisis financiera de 2008.
Otro mayo francés
Actualmente la gran mayoría de los habitantes de las áreas periurbanas y de los municipios rurales no pueden comprar un coche eléctrico, ni siquiera con los subsidios estatales que oscilan entre 2 mil y 5 mil euros. Peor aún, el hecho de llenar los tanques de sus autos desestabiliza por completo su frágil presupuesto.
Investigadores y especialistas en problemas sociales, administraciones locales y ONG llevan años alertando al poder político sobre la gravedad del empobrecimiento de una inmensa franja invisible de la población y sus consecuencias potencialmente explosivas. Todos han insistido, en vano, en que no se podía llevar a cabo una política de transición energética sin acompañarla de medidas compensatorias y soluciones alternativas. Lo que temían ocurrió: el aumento del impuesto sobre los combustibles fue la chispa que incendió el polvorín.
Todo empezó el pasado mayo con una petición lanzada en la plataforma electrónica change.org por Priscilla Ludosky, microempresaria que vende cosméticos en la web y radica en Savigny-le-Temple, a 50 kilómetros de París. En un largo texto bien documentado, cuyo título es explícito –“Exigimos una baja de los precios del carburante en las gasolinerías”–, no cuestiona la necesidad de eliminar paulatinamente los vehículos diésel pero hace la lista de medidas concretas que se deberían tomar para reemplazarlos en lugar de apalear a sus dueños con impuestos y medidas coercitivas.
Unas 90 mil personas firmaron su petición en cuatro meses. En octubre, después de una entrevista con la autora, publicada por el matutino Le Parisien, la petición recogió 250 mil firmas más y hoy contabiliza 900 mil. En un tiempo récord se armaron debates sobre el tema en internet. Poco a poco se formaron grupos de discusión y de reflexión en Facebook, en los que participaron internautas de toda Francia.
Un camionero, Eric Drouet, radicado también en los alrededores de París, propuso bloquear los periféricos y algunos de los ejes viales parisinos el 17 de noviembre, para “por fin ser vistos y oídos”. Recibió miles de respuestas entusiastas. Otros internautas preconizaron acciones locales.
El gobierno y la clase política subestimaron tales iniciativas y el 17 de noviembre aparecieron piquetes de Chalecos Amarillos en carreteras, glorietas y peajes de casi toda Francia, al tiempo que varios centenares más invadieron una parte de la avenida Campos Elíseos, desbordaron a la policía y avanzaron con la intención de llegar al Palacio del Elíseo, sede del gobierno. Cifras oficiales calcularon que la protesta movilizó a 286 mil personas en todo el país.
A lo largo de la semana siguiente se multiplicaron las acciones de protesta en toda Francia, que las cadenas televisivas y radiales cubrieron puntualmente. Los mismos Chalecos Amarillos filmaron sus acciones y las difunden en internet. Invisibles durante décadas, los “periurbanos” se volvieron omnipresentes.
Demandas
Los Chalecos Amarillos no quieren líderes ni representantes; temen ser cooptados políticamente o infiltrados, se rehúsan a dotarse de un servicio de orden propio y carecen de experiencia que les permita canalizar multitudes durante sus acciones de protesta.
Por si eso fuera poco se niegan a seguir el procedimiento legal de organización de manifestaciones callejeras, el cual prevé dar a conocer con tres días de anticipación a las autoridades administrativas y policiacas el motivo, las fechas y el recorrido de una marcha o de cualquier acto público.
El resultado de tanta improvisación no se hizo esperar: el mismo 17 de noviembre, en un peaje del sureste de Francia, una automovilista, asustada por la agresividad de los Chalecos Amarillos, arrancó bruscamente y atropelló y mató a una manifestante. El 19 de noviembre un motociclista murió al estrellarse contra un camión en otro piquete de Chalecos Amarillos.
Otro tipo de acontecimiento grave se produjo en el norte de Francia. Chalecos Amarillos descubrieron a seis inmigrantes clandestinos escondidos en un camión cisterna, los sacaron, los entregaron a la policía, filmaron la escena y se grabaron congratulándose… También se señalaron varios actos racistas y homofóbicos.
Estos casos son marginales, pero reflejan la heterogeneidad de ese movimiento que se asombra de su propio crecimiento.
Fue también el carácter improvisado y aleatorio de la organización de la manifestación de los Chalecos Amarillos el 24 de noviembre en los Campos Elíseos el que agudizó su indefensión: cuando por la mañana irrumpieron en su marcha grupúsculos de ultraderecha que iniciaron acciones violentas.
Los siguieron por la tarde grupúsculos de ultraizquierda que no se quedaron atrás y al caer la noche entraron en el escenario pandillas de jóvenes, sin color político, que aprovecharon el desorden general para saquear tiendas de lujo.
Estas escenas de violencia generaron dudas y polémicas en las redes sociales y se agudizaron aún más los debates cuando se planteó la necesidad de nombrar “comunicantes” para acudir a la cita del 27 de noviembre con el ministro De Rugy. Se procedió a una amplia consulta electrónica. Fueron electos ocho chalecos amarillos cuya legitimidad no fue reconocida unánimemente.
Finalmente quedó más patente la dificultad de aprehender ese movimiento cuando, el 29 de noviembre, sus “comunicantes” dieron a conocer el documento que hicieron llegar a todos los diputados de la Asamblea Nacional, en el que presentan unas 40 reivindicaciones:
“Diputados de Francia, les compartimos directivas del pueblo que tienen que convertir en leyes. Obedezcan la voluntad del pueblo. Apliquen dichas directivas…”
Luego sigue una lista amplia y heterogénea en la que destaca, por supuesto, la eliminación del impuesto a los combustibles. Además piden que las grandes transnacionales, como McDonald’s, Google, Amazon o Apple, paguen impuestos sobre los beneficios multimillonarios que obtienen en Francia; mencionan también un trato digno y humano para los inmigrantes; reclaman la nacionalización de las empresas privadas de distribución de gas y electricidad; insisten en la necesidad de introducir la figura de referéndum popular en la Constitución…
Aun no se sabe si esa lista fue discutida durante la entrevista que finalmente consintió sostener el primer ministro, Édouard Philippe, con los “comunicantes”, programada para el pasado 29 de noviembre, pero es evidente la preocupación y el desasosiego gubernamental ante este imprevisible movimiento político y social que va improvisando sobre la marcha y que cuenta con la simpatía de 84% de los franceses, según los sondeos de opinión más recientes .
