El próximo enero Nicolás Maduro iniciará otro periodo como presidente de Venezuela, pero el panorama para él dista de ser cómodo: enfrentará una hiperinflación que el FMI calcula que será de 10 millones por ciento en 2019, la caída de la producción petrolera y la baja en los precios internacionales del crudo, además de un descontento social provocado por la inseguridad y la aguda escasez de alimentos y medicamentos. Hay tres formas seguras de morir aquí: “Por hambre, porque estás enfermo y no hay medicinas o de un balazo en la calle”, dice un ciudadano venezolano.
BOGOTÁ.- En Venezuela, donde este año la inflación será de 2 millones por ciento y el producto nacional se habrá desplomado 56% en relación con 2013, el colapso económico dejó de ser un vaticinio catastrofista y se convirtió en una realidad que depaupera la vida del ciudadano y pone contra las cuerdas al gobierno de Nicolás Maduro.
El país con las más grandes reservas petroleras del mundo no tiene dinero para afrontar la mayor parte de sus compromisos internacionales y corre el riesgo de perder, por demandas de sus acreedores, su principal activo en el exterior: Citgo, una refinadora y comercializadora de gasolina con base en Estados Unidos con la que respalda parte de su deuda.
Según estimaciones de la consultora Ecoanalítica, el gobierno de Maduro debía pagar este año 11 mil millones de dólares por vencimiento y servicio de deuda, pero de esa suma sólo ha podido liquidar unos 2 mil 750 millones de dólares.
El sector público de Venezuela es un deudor moroso, en bancarrota y sin capacidad para importar los alimentos, medicinas e insumos que requiere el país ante el desmantelamiento del aparato productivo interno.
Y en lo que parece ser el tiro de gracia para un modelo económico que, más que socialista, ha sido extractivista, las exportaciones petroleras –que aportan 96% de las divisas y financian al régimen– se han desplomado entre enero y octubre de este año 40% respecto al mismo periodo de 2017.
La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) está pagando la factura de la falta de inversión en mantenimiento y exploración de yacimientos; la sangría a la que la sometió el gobierno durante dos décadas para financiar gasto público y el despido de unos 18 mil técnicos, ingenieros y trabajadores en 2002, los cuales se llevaron un valioso conocimiento acumulado.
La caída de la producción de crudo en Venezuela ha sido tan drástica, que en octubre el gobierno, en un hecho inusual, optó por no reportar a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, a la cual pertenece) sus volúmenes de extracción de crudo.
La misma OPEP informó que, de acuerdo con fuentes secundarias, la producción de petróleo en Venezuela mantuvo en octubre pasado su tendencia a la baja y se ubicó en 1 millón 170 mil barriles diarios, 39% menos que el promedio de 2017 y sólo la tercera parte de lo que el país extraía hace tres décadas.
Con ese nivel de producción, Venezuela tiene cada vez menos capacidad de exportación y, por si fuera poco, sólo le genera divisas el crudo que vende a Estados Unidos (400 mil barriles por día) y a la India (150 mil barriles diarios).
El resto los manda a China (300 mil) y Rusia (70 mil), pero como pago en especie de los préstamos que le han otorgado esos países; y a Cuba (47 mil barriles diarios), a cambio de servicios médicos y educativos.
“Lo que le está quedando al gobierno por exportaciones petroleras le alcanza para muy poco. Tenemos un gobierno quebrado, que aniquiló al sector privado con su política de expropiaciones y que no tiene dólares para importar lo que consumimos”, dice el director de Ecoanalítica y expresidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela, Pedro Palma.
El economista estima que este año las exportaciones del país llegarán a unos 13 mil millones de dólares, cifra menor en 85% a la registrada en 2013, cuando Maduro llegó al poder tras el fallecimiento del presidente Hugo Chávez.
Las importaciones, por su parte, se desplomaron 79% en el mismo lapso, y este año cerrarán en unos 11 mil 500 millones de dólares, casi la misma cifra que Venezuela debía pagar a sus acreedores por vencimiento y servicio de deuda.
De acuerdo con Palma, la drástica reducción de ingresos que experimenta el gobierno ha generado un enorme déficit del sector público, de alrededor de 20% del PIB, que el Banco Central cubre con la emisión de dinero que carece de respaldo productivo o de divisas. El resultado de la impresión masiva de dinero, dice el economista, es una hiperinflación descontrolada que aniquila los salarios de una manera acelerada.
Punto de quiebre
En septiembre pasado, por ejemplo, Maduro decretó un aumento de 5 mil 900% al salario mínimo, como parte de un paquete de medidas “antihiperinflacionarias” que incluyó, además, la quita de cinco ceros al bolívar, la moneda venezolana, un aumento de dos puntos en el IVA y control de precios a varios productos. De esta manera, el salario mínimo se fijó en mil 800 bolívares mensuales, que equivalían a 18 dólares.
Dos meses después ese salario ya equivale a cinco dólares y perdió, en ese lapso, 93% de su capacidad adquisitiva. El 29 de noviembre Maduro decretó un nuevo aumento de 150% al salario mínimo, que quedó en 4 mil 500 bolívares.
La consultora Econalítica estima que los precios están aumentando a un ritmo de 126.6% cada mes, una cifra que, anualizada, implica un salto de 1 millón 800 mil por ciento. Y la hiperinflación en los alimentos es aún más pronunciada: de 9 millones 276 mil por ciento anualizada. Esto quiere decir que si un kilo de carne cuesta hoy mil 800 bolívares, dentro de un año costará 166 millones 969 mil 800 bolívares.
“La gente no tiene qué comer porque no hay alimentos o no le alcanza el salario para comprarlos. La hiperinflación devora de una manera trágica el poder adquisitivo de millones de venezolanos”, señala Palma.
Sostiene que la historia enseña que no hay procesos hiperinflacionarios que se mantengan indefinidamente y que, en todos los casos, estos llevan a los países que los padecen a un “punto de quiebre”.
En Venezuela, agrega, la hiperinflación ya cumple un año y, en promedio, esos procesos duran entre 18 y 20 meses. “Estamos avanzando aceleradamente hacia ese punto de quiebre: por la situación tan desesperada que vive la gente, por las dificultades para sobrevivir y porque, cuando eso ocurre, la gente se rebela”, afirma.
“Sé que esto va a estallar, pero no sé cuándo”, asegura.
Dice que “cuando eso ocurra, o el gobierno da el giro de 180 grados que hay que dar para abatir la hiperinflación con las fórmulas que ya se conocen (aumento de tarifas de servicios públicos y de las gasolinas, privatización de empresas estatales ineficientes, gasto gubernamental austero, cero emisión de circulante y subsidios directos a los más pobres) o lo tendrá que hacer otro gobierno”.
Palma pone en duda que el gobierno de Maduro, quien atribuye la situación de su país a la “guerra económica del imperialismo”, esté en capacidad de enfrentar la hiperinflación con un plan de estabilidad exitoso.
“Por lo tanto”, dice, “no me extrañaría que cuando se llegue a ese punto de quiebre, eso arrase con muchas cosas en el país, empezando por el régimen. Esto puede ser pacífico, pero también puede haber situaciones violentas”.
Catástrofe social
Palma sostiene que “el efecto social del colapso económico en el que está inmersa Venezuela ha sido tan brutal, que estamos viendo escenas inéditas: hay cada vez más gente hurgando en la basura en busca de comida”.
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), elaborada cada año por tres universidades de reconocido prestigio, nueve de cada 10 venezolanos son pobres, el doble que hace cuatro años, y siete de cada 10 viven en la pobreza extrema, 3.2 veces más que en 2014.
De acuerdo con la Encovi de 2017, las dos terceras partes de los venezolanos perdieron alrededor de 11 kilos de peso por hambre, y uno de cada cuatro ingirió menos de dos comidas al día, la mayoría de ellas de baja calidad nutricional y sin proteínas.
Pero hay un problema que, según varias encuestas de opinión, preocupa a los ciudadanos tanto o más que la crisis económica y social: el de la inseguridad. Venezuela es el país más violento de América Latina. El año pasado ocurrieron 26 mil 616 homicidios, 89 por cada 100 mil habitantes, un índice que triplica con creces a los registrados en México, Colombia y Brasil.
“Aquí hay tres formas seguras de morir. Por hambre, porque estás enfermo y no hay medicinas o de un balazo en la calle”, dice vía telefónica un taxista caraqueño que perdió una hija en un asalto a principios de noviembre.
En ese contexto, cientos de miles de venezolanos han emigrado.
El economista Miguel Ángel Santos, investigador del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, estima que los venezolanos que han emigrado son entre 3.3 millones y 5.2 millones, lo que constituye “la mayor diáspora en la historia de América Latina”.
Esas cifras, que Santos obtuvo de cálculos propios y de los registros de los usuarios venezolanos de Facebook que se conectan desde el exterior, equivalen a entre 10.4% y 16.45% de la población del país.
Human Rights Watch sostiene que Venezuela enfrenta, además, una “catástrofe humanitaria” por la escasez generalizada de alimentos, la desnutrición de amplios segmentos poblacionales, la falta de medicamentos y equipos médicos, y la “debacle” del sistema público de salud.
Enfermedades que se creían extinguidas, como el sarampión, la difteria, la malaria y la tuberculosis, han reaparecido con fuerza; pacientes con cáncer mueren por falta de suministros para su tratamiento y 87% de portadores del VIH no reciben antirretrovirales porque no hay dólares para importarlos.
La falta de divisas resulta sorprendente en un país que sólo en la década del boom petrolero (2005-2014) recibió por las exportaciones de ese producto 714 mil 345 millones de dólares, más otros 120 mil millones que ingresaron vía créditos. “Toda esa cantidad monumental de dinero la despilfarraron, la destinaron a gasto improductivo o se la robaron. Por eso la economía venezolana está colapsada, empezando por su principal sector, el petrolero”, dice el economista y exdirector de PDVSA, José Toro Hardy.
Para el economista Manuel Sutherland, un marxista crítico del “populismo” madurista, Venezuela “ya no está en una crisis o en una recesión, sino en un colapso global de todos los indicadores macroeconómicos”. Y esto, dice, es responsabilidad del modelo económico de “rentismo petrolero” que el gobierno utiliza de manera “clientelar y anarquizada”.
Sutherland considera que la izquierda latinoamericana “no tiene por qué acallar sus críticas al régimen de Maduro” y que su compromiso debe ser “con la verdad, con los hechos y con los resultados concretos que saltan a la vista”.
Cuesta arriba
Todos los sondeos indican que la población venezolana quiere mayoritariamente un cambio de régimen.
Una encuesta de la firma Delphos indicó la semana pasada que 48.8% de los ciudadanos quiere el cambio a través del voto; 13 de cada 100 prefieren la renuncia de Maduro y a 14.6% no le importaría que fuera a través de una invasión extranjera o por una explosión social.
En enero próximo Maduro juramentará para cumplir un nuevo sexenio. El mandatario logró reelegirse en mayo pasado en unos comicios que la oposición considera fraudulentos y que medio centenar de países, entre ellos 14 latinoamericanos, desconocieron con el argumento de que no se trató de un proceso democrático, libre, justo y transparente.
Maduro, cuyo gobierno enfrenta sanciones financieras en la Unión Europea y Estados Unidos, tendrá un arranque cuesta arriba en su nueva etapa presidencial. Además de la hiperinflación –que según el FMI será de 10 millones por ciento en 2019–, lo desafía la caída de la producción petrolera y la baja en los precios internacionales del crudo, que acumuló 25% de pérdida de valor en las últimas cinco semanas.
Pedro Palma prevé que el año próximo continuará el declive de la extracción y exportación de crudo, porque el abandono de la infraestructura de PDVSA es de tal magnitud, que para reactivarla se requiere una inyección de recursos que hoy no existen.
El director de Ecoanalítica considera que Venezuela estará en capacidad de producir unos 750 mil barriles diarios de petróleo durante 2019, 46% menos que el promedio de los primeros nueve meses de este año.
“Por lo tanto, la cantidad de petróleo que se va a poder exportar será sustancialmente menor, y esto, si no hay un cambio radical en el manejo de la política económica, plantea una situación mucho más dramática”, señala Palma.
