GUANAJUATO, Gto.- Desde el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Ocampo y mediante una videotransmisión, el chileno Raúl Julio Escobar Poblete, Comandante Emilio –exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez acusado de cometer un secuestro en San Miguel de Allende–, solicitó asilo político al gobierno mexicano.
El motivo de la audiencia del 4 de octubre en ese centro federal, durante la cual Escobar hizo esa petición expresa, era abrir el proceso de la extradición pedida por el gobierno de Chile para que el Comandante Emilio, sentenciado en aquel país por actos relacionados con el terrorismo, sea entregado por el gobierno mexicano.
Son dos los delitos por los que Chile hizo igual número de solicitudes de extradición de Escobar Poblete: el secuestro, en septiembre de 1991, de Cristián Edwards del Río –hijo del dueño del periódico El Mercurio– y el atentado mortal contra el senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Guzmán Errázuriz, el 1 de abril de 1991.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile dio a conocer que la justicia mexicana negó la extradición por secuestro –extraoficialmente se señaló que aquí ese delito se considera prescrito–, mientras que por el atentado en el que murió Guzmán (hombre cercano a Augusto Pinochet), la petición sigue en curso y no se ha emitido una resolución.
Por las fuertes restricciones que a Escobar se le han impuesto, a petición de las procuradurías federal y estatal, varias de las audiencias del caso se han celebrado sin la presencia física del chileno; se han hecho vía videoconferencias.
Según pudo conocer Proceso, Escobar Poblete mencionó como uno de los argumentos para su petición de asilo diversas vejaciones sufridas en el Cefereso de Ocampo, pero también otras durante su detención –antes de ser presentado ante el juez que lo vinculó a proceso judicial como presunto secuestrador de una ciudadana franco-estadunidense– a manos de agentes de la Policía Ministerial del Estado, a finales de mayo de 2017.
El juez que lleva el proceso por la acusación de secuestro notificó de esas denuncias a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG) para que ésta investigara.
El pasado 17 de enero el organismo emitió una recomendación (expediente 174/17-A) dirigida al procurador de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, al encontrar elementos probatorios de las lesiones infligidas a Escobar durante su detención, de las que responsabilizó a siete agentes de la Policía Ministerial.
La PDHG recomendó iniciar procedimientos disciplinarios contra los agentes por esta causa, según oficio del que se tiene copia. Zamarripa aceptó la recomendación.
Carta a López Obrador
Inicialmente reacio a quedarse en el país, Escobar –o Ramón Alberto Guerra Valencia, como se hizo llamar durante casi 20 años en San Miguel de Allende, donde residió hasta su captura– planteó al juez lo que en sendas cartas explicó previamente al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en las que se describe como un objetivo de los grupos de ultraderecha de México y Chile.
“Mi detención se debe a una persecución política orquestada por el partido pinochetista UDI (Unión Demócrata Independiente) en complicidad con las fuerzas políticas de ultraderecha en México, que buscan desacreditar mi persona montando un escenario lleno de mentiras y arbitrariedades, dentro del cual la vieja doctrina del Plan Cóndor juega un papel fundamental.
“Con esto”, sostiene en su versión el Comandante Emilio, “quiero poner de manifiesto que en este momento soy víctima de un complot político que pretende extraditarme a Chile, condenándome a prisión de por vida, negándome los recursos del asilo político al cual tengo derecho como refugiado, ya que he sido perseguido y amenazado de muerte; mi situación actual es de vulnerabilidad absoluta…
“Todo esto fue montado por el Partido Acción Nacional (PAN) en conjunto con el partido pinochetista UDI en Chile, hoy en el poder. Estos dos partidos, con sus intereses políticos idénticos, inclusive la UDI ha asesorado al PAN en su campaña política en México y ambos partidos tratan de sacar beneficios a cualquier precio…”
Las cartas a López Obrador están fechadas el 14 de mayo y el 10 de julio de 2018.
En ambas Escobar expresa textualmente que hace un acto formal y por escrito de petición de asilo y refugio a los Estados Unidos Mexicanos, luego de lo cual se describe como un luchador social que combatió “contra la dictadura sangrienta y asesina de Augusto Pinochet”, y que ha sido perseguido 20 años “por un gobierno que asesinó (incluyo a mi padre), torturó (me incluyo) y desapareció a cientos de chilenos.
“Fui perseguido, amenazado de muerte; mi familia sufrió muerte y tortura en Chile”, escribió Escobar en una de las cartas al presidente electo. “Tuve que salir clandestinamente de Chile por mi fundado temor a ser víctima de la policía secreta de Pinochet y el partido en el poder (UDI), que tenían orden de ubicarme y asesinarme. Esto se enmarcaba en la doctrina pinochetista inhumana y criminal denominada ‘Operación Cóndor’, que era y es llevada a cabo por sus seguidores/represores en todas partes del mundo”.
Al final de esa carta Escobar reiteró su expresa solicitud de asilo.
Lo cierto es que el triunfo y el regreso al poder de la derecha en Chile, con Sebastián Piñera como presidente, en diciembre pasado, dio un giro a las expectativas de Escobar.
Todavía a principios de este año expresó en diversas cartas –una de ellas, a Proceso– su interés por ser extraditado a Chile, junto con su expareja, Marcela Mardones.
Con Mardones y con su compañero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Ricardo Palma Salamanca, Escobar vivió en San Miguel casi dos décadas, sin que nadie supiera sus identidades.
En mayo de 2017 Escobar fue detenido por agentes ministeriales y acusado de ser líder de una banda de secuestradores (Proceso 2110 y 2155). Mardones llegó a Chile extraditada en los primeros días de junio, después de la captura de Escobar Poblete.
El pasado marzo, la mujer fue sentenciada a 10 años de prisión por el juez Mario Carroza, quien sustancia la causa de la muerte de Guzmán, cuyo asesinato se achaca al comando formado por Escobar, Palma, Mardones y otros.
En la audiencia del 4 de octubre en el Cefereso de Ocampo, el juez administrativo ignoró la solicitud de asilo expresada por el chileno, argumentando que “no era la autoridad competente” y que Escobar tendría que formalizarla ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque ordenó “tomar nota” a los tres representantes de la Subprocuraduría de Asuntos Internacionales de la PGR que estaban presentes.
Según el artículo 21 de la Ley de Migración, cualquier autoridad tiene la obligación de dar aviso correspondiente al Instituto Nacional de Migración, y éste, de notificar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
Este organismo, una vez enterado, tendría que visitar al peticionario, en este caso en el Cefereso de Ocampo, donde Escobar ha interpuesto varias quejas alegando que es víctima de un trato diferenciado. En uno de los informes remitidos al juez de oralidad penal José Luis Argüello –en diciembre de 2017– la dirección del centro penitenciario reconoce que el Comandante Emilio fue ingresado “en tratamientos especiales” en cumplimiento de un oficio del juez que inicialmente resolvió su aprehensión.
En ese oficio, el juez sugirió que, ante el riesgo institucional y de las personas que rodean a Ramón Alberto Guerra Valencia y/o Raúl Julio Escobar Poblete, se determina la necesidad de aplicar medidas especiales de seguridad.
El área de tratamientos especiales de estos centros penitenciarios tiene celdas individuales con luces encendidas las 24 horas y vigilancia por videocámara, en las que los internos siempre aparecen a cuadro.
De forma paralela al proceso de extradición y al incierto destino de su solicitud de asilo, en un juzgado de oralidad penal continúa el juicio por secuestro contra Escobar por la única denuncia que hasta ahora se conoce en su contra.
El juicio pasó a la etapa intermedia, en la que se revisan y determinan los datos de prueba que serán expuestos para concluir su responsabilidad o su inocencia, aunque por ahora, según la escueta información del Poder Judicial del Estado, esta etapa está en un impasse, pues debe desahogarse el testimonio de la actual esposa de Escobar, Isabel Mazarro Gómez de Santiago, quien está en España. Ella logró impedir su extradición a México por este asunto, aunque es señalada por la procuraduría estatal como supuesta cómplice.
