Así como el petróleo, las telecomunicaciones y la radiodifusión debieran considerarse patrimonio del país. Recuperar su uso para el bien común es indispensable. En el caso del petróleo existe un proyecto; en telecomunicaciones es urgente elaborar una propuesta que vaya más allá de simplemente ampliar el acceso a la banda ancha.
La tecnología permite ahora vincular la televisión digital con telefonía e internet, para ello el Estado posee entre sus activos una extensa red de medios públicos cuyas concesiones se encuentran a lo largo del territorio nacional. Aún no se ha profundizado en una propuesta específica para dichas emisoras.
Existen diferentes categorías de tales instrumentos, según la institución a la cual están adscritos. Hay 12 universitarios; salvo uno, el resto pertenece a casas de estudio públicas. Los gobiernos de los estados poseen 164. Federales son 39 contando Canal 22, Canal del Congreso y las 37 repetidoras del SPR (Sistema Público de Radiodifusión del Estado). Esta institución es la de mayor cobertura con Canal 14 como cabeza en la capital.
Importante activo lo constituye SPR. Dependiente de la Secretaría de Gobernación, fue instrumento propagandístico del gobierno de Felipe Calderón, su fundador, igual que en el de Enrique Peña Nieto. Este sexenio se mantuvo como repetidor de lo generado cuando era OPMA y apenas unas cuantas emisiones originales. Con la mayor infraestructura del sector, SPR necesitaría ser reconsiderado, reformuladas sus políticas e incluso descentralizado del poder Ejecutivo para convertirse en organismo autónomo, al que podría agregársele la red troncal de telecomunicaciones que está aún en licitación.
Por la importancia de estar asentadas en la Ciudad de México, destacan: Canal 22 (dependiente de la Secretaría de Cultura), Canal 11 del IPN, Canal 21, 21.1 y 21.2 del gobierno y Congreso de la Ciudad de México, Canal del Congreso, TV UNAM, Canal Judicial y Aprende TV. Es deseable que, al menos las que dependen del gobierno federal y local, ganen con el cambio de régimen, obtengan presupuesto suficiente establecido en la ley, y para dirigirlos lleguen personas con trayectoria en los medios y una hoja de servicios sin mácula de malos manejos, corrupción o conflicto de intereses.
De entre todas las televisoras públicas, tal vez las joyas de la corona sean Canal 22 y Canal Once. El primero con alcance metropolitano y el segundo con 17 distribuidos por la República, casi todos haciendo uso de dos frecuencias. Ambas desarrollaron señales internacionales que se ven en Estados Unidos a través del sistema de cable Comcast, así como de otros de menores dimensiones.
Lamentablemente estos medios se han anquilosado: mismos conductores, mismos programas, misma orientación. Ya desde el sexenio de Calderón salieron a la luz las vinculaciones entre conductores y empresas a su nombre o en sociedad que produjeron programas para los canales. En 2016 afloraron a la luz manejos semejantes en Canal 22.
Al arribo de María Cristina García Cepeda a la Secretaría de Cultura, Canal 22 quedó en manos del propagandista de la Presidencia, Pedro Cota Tirado. Y poco después Armando Manzanero hizo su reaparición con un programa musical de una hora. Laura Barrera, como conductora y entrevistadora de los grupos musicales junto con Manzanero, se hizo presente.
Por su parte, Ernesto Velázquez, quien dirigió TV UNAM y posteriormente el 22, fue colocado en la Fonoteca Nacional; ello no obsta para que su nombre aparezca como miembro del Consejo Consultivo del SPR.
Para lograr un verdadero cambio, sería necesario un proyecto general que tomara en cuenta las distintos tipos de medios, al tiempo que se nombra a personas capaces de llevar a cabo la transformación.
