El gobierno de Enrique Peña Nieto nunca se tomó en serio la prevención del delito como política pública para reducir la violencia en México. Pese a que desde candidato propuso un cambio en la política represiva del sexenio anterior, su gobierno mantuvo el uso de la fuerza como principal instrumento de seguridad, hizo nombramientos que respondieron a compromisos políticos, escatimó recursos y de plano dejó morir el programa de prevención que anunció cuando asumió la Presidencia.
En su último año de gobierno, la prevención del delito ya ni aparece en las prioridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), en consonancia con el presupuesto de cero pesos que tuvo en 2017 y el bajo perfil que desde un año antes le imprimió a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
De acuerdo con la propuesta de Presupuesto de Egresos presentada el viernes 8 a la Cámara de Diputados por parte de la Secretaría de Hacienda, el dinero que busca para la Segob, 35 mil 759 millones 624 mil 691 pesos, es para tareas de seguridad nacional y seguridad interior, de los que 80% es para la única referencia que hace en torno a la prevención, pero relacionada con los operativos de la Policía Federal.
Para 2018 la Segob tiene considerados 10 programas como sus principales actividades, entre asuntos de población, migración, protección civil, protección y seguridad física, cárceles e inteligencia de seguridad nacional. También subsidios para la seguridad pública y los operativos para la prevención y disuasión del delito.
Sin contar con el dinero del que dispondrán las Fuerzas Armadas y otras instituciones para el combate a la delincuencia, el gobierno de Peña Nieto propone que la Segob disponga en su último año de gobierno de 27 mil 571 millones 928 mil 196 pesos para operativos policiales. En cambio, en el rubro denominado fomento de la cultura de la participación ciudadana en la prevención del delito, solicita 218 millones 230 mil 548 pesos; es decir, ni 1% del presupuesto respecto a la operación policial.
Nada que ver con lo que el propio Peña Nieto presentó como su primera decisión presidencial, anunciada en el Palacio Nacional el día que asumió la Presidencia, el 1 de diciembre de 2012: “México exige vivir en paz. Estoy convencido de que el delito no sólo se combate con la fuerza. Es imprescindible que el Estado emprenda un esfuerzo integral para reconstruir el tejido social.
“He instruido a los secretarios de Gobernación, de Hacienda, de Desarrollo Social, de Educación y de Salud para la creación de un Programa Nacional de Prevención del Delito… Será un programa transversal que involucrará a todas las dependencias federales en acciones para combatir las adicciones, rescatar los espacios públicos y promover proyectos productivos, entre otras muchas otras acciones y programas que habremos de desarrollar para alcanzar este objetivo”.
La propuesta no se concretó hasta el 30 de abril de 2014, cuando la Segob publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, un largo documento de buenas intenciones para “atender los factores de riesgo y de protección vinculados a la violencia y delincuencia”.
Recursos decrecientes
Un año después de publicado el programa comenzaron los vaivenes en la subsecretaría y la reducción del dinero para la política pública de prevención del delito hasta prácticamente desaparecer.
Al inicio, Peña Nieto modificó la Ley Orgánica de la Segob para crear la Subsecretaria de Prevención del Delito y Participación Ciudadana y la dejó en manos de Roberto Campa Cifrián, quien en 2016 había sido candidato a la Presidencia por el partido Nueva Alianza, de la ahora encarcelada Elba Esther Gordillo, exjefa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Campa estuvo en la Subsecretaría de Prevención del Delito poco más de dos años. Salió en abril de 2015, cuando fue designado subsecretario de Derechos Humanos de la misma Segob.
Su salida ocurrió justo cuando apenas se cumplía el primer año del Programa de Prevención.
La subsecretaría quedó acéfala casi medio año, con lo que empezó el boicot desde el propio gobierno de Peña Nieto a su primera propuesta presidencial. El reemplazo no ocurrió hasta septiembre de ese año.
El bloqueo gubernamental a la política de prevención se profundizó con la designación como subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de Arturo Escobar, el expresidente y exdiputado del Partido Verde Ecologista de México, aliado del PRI en la elección presidencial de 2012.
La designación fue rechazada por amplios sectores sociales que recordaron que como legislador, Escobar había propuesto la pena de muerte para los secuestradores.
“Para reducir la violencia en nuestro país es indispensable que esta política sea encabezada por alguien que cuente no solamente con conocimiento del tema, sino también con una genuina convicción de que el delito puede y debe prevenirse por vías distintas a las del sistema penal, sin dejar de lado el necesario fortalecimiento institucional de este último”, expresaron en un comunicado 85 organizaciones sociales y más de cien ciudadanos y especialistas.
Escobar no pudo sostenerse en el cargo. En noviembre siguiente la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, de la Procuraduría General de la República, emitió una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en delitos electorales durante la campaña de las elecciones intermedias de 2015, al contratar a una empresa para la expedición de tarjetas de descuento a cambio del voto.
Al final Escobar fue absuelto, pero el daño a la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana ya estaba hecho, por la decisión de la administración de Peña Nieto de sostenerlo a pesar de las críticas.
La subsecretaría volvió a quedar sin titular hasta febrero de 2016, cuando Peña Nieto designó a Alberto Begné Guerra, exdirigente del desaparecido Partido Social Demócrata. Su experiencia en el servicio público era electoral y de transparencia, no de seguridad.
El desdén gubernamental a la prevención del delito fue explícito cuando el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, sacó del presupuesto para 2017 al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Y a la Subsecretaría de Prevención le redujo el presupuesto de 2 mil millones a 48 millones de pesos.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, entre 2013, cuando Peña Nieto empezó con su política de prevención, y 2016, el Programa Nacional de Prevención recibió 9 mil 793 millones de pesos. El Quinto Informe de Gobierno de Peña Nieto menciona una cifra menor: 8 mil 283 millones de pesos, “destinados a la realización de más de 13 mil acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia en las 32 entidades federativas”.
Para ese periodo menciona la construcción de 370 inmuebles, 810 acciones de rehabilitación de espacios públicos y equipamiento de más de 350, mientras que el número de demarcaciones atendidas, llamadas polígonos de seguridad, fueron 57 en 2013 y 82 en 2016.
Sin embargo, en el Informe de Gobierno se aclara que el reporte se refiere a cifras de 2016, “puesto que para 2017 no se asignaron recursos para el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.
Para 2018, en la propuesta de presupuesto para la Segob presentado a la Cámara de Diputados solo aparece un rubro llamado Fomento de la Cultura de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito, a la que se le asignan 218 millones 230 mil 548 pesos.
El Quinto Informe también revela el cambio de prioridad. Reporta que para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, entre 2013 y 2016 la Segob ejerció en promedio 209.6 millones de pesos al año, casi la misma cifra (215.26 millones) que reporta para el periodo entre 2009 y 2011, en el gobierno de Felipe Calderón, por lo que hace a Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
Para 2016, el Quinto Informe de Peña Nieto ya no menciona el rubro Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, sino el de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.
Lo significativo es que el gobierno de Peña ejerció menos de la mitad del dinero que le había autorizado la Cámara de Diputados. De los 645.7 millones de pesos autorizados para 2016 y hasta junio de este año, sólo gastó 299.7 millones de pesos. El Informe omite explicar por qué no se ejerció todo el recurso.
La inoperancia de la política de prevención ha dejado el mismo resultado de muertes violentas que en el sexenio pasado, cuando oficialmente se registraron 121 mil homicidios dolosos. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a junio pasado el gobierno de Peña ya tenía un registro de 93 mil 252 asesinatos. Y aún le falta año y medio por contar.
