Para presentar una buena cara de su conducción de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade trata de justificar el bajo crecimiento de la economía mexicana por complicados factores externos. Sin embargo, para el economista y asesor parlamentario Juan Moreno, lo que el gobierno federal no dice es que ha sostenido al menos los pálidos índices favorables con el peligroso e ilegal recurso de endeudarse más de lo permitido por la ley. Y quiere más de lo mismo para 2018.
De los cuatro presidenciables por el PRI, “destapados” por Emilio Gamboa Patrón, el más movido, el que más reflectores ha acaparado, es el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
No hay día que no se mueva. Acude lo mismo a foros que a conferencias magistrales, aniversarios o asambleas de organismos empresariales. Atiende cuanta solicitud de entrevista le hacen en radio y televisión. Se ha vuelto adicto a las entrevistas “banqueteras”. Pocos son los días que no da “nota”.
Y su discurso es de presidenciable, por supuesto: pese a las dificultades externas, hemos hecho muy bien las cosas, estamos muy bien y vamos a estar mucho mejor.
Lleva semanas en la pasarela. Pero en la pasada, Meade empezó a darle forma a su discurso sobre la conducción de la economía en esta administración, que pondrá a prueba la próxima semana, cuando comparezca ante el pleno de la Cámara de Diputados para hacer la glosa del quinto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto y defender la propuesta económica para 2018.
Tanto en el foro Expansión: Estrategia México, del lunes 11, como en su participación en la 38 Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, el jueves 14, el secretario de Hacienda empleó el mismo discurso, en el que detalla cómo el gobierno mexicano ha podido sortear las dificultades del entorno externo para terminar este año “mejor de lo que esperaban los mercados” y aspirar a un 2018 todavía más promisorio.
Eso, claro, según su versión… llena de pretextos y verdades a medias. En síntesis, reconoció que es verdad que un crecimiento económico de apenas un poquito más de 2%, como el que ha habido en esta administración y en los últimos 20 años, es muy bajo. Pero, sugirió, crecer 2% ahorita ha sido toda una hazaña “por el contexto complicado que ha venido enfrentando la economía mexicana”.
Y explicó en ambas oportunidades cómo fueron evolucionando las variables que complicaron el entorno. Primero, la caída de la plataforma petrolera: en 2003 se producían 3.4 millones de barriles de petróleo al día; la administración anterior cerró con una producción de 2.5 millones y en este 2017, por primera vez desde 1980, se producirán menos de 2 millones de barriles diarios de crudo.
Segunda variable negativa para la economía mexicana: el desplome del precio internacional del crudo. En 2008 el barril de petróleo estaba en 133 dólares. En 2012, en 102 en promedio. En 2016 el promedio fue de 36 dólares por barril, pero llegó a ser de 18 en febrero de ese año. En 2017 se espera que el promedio sea de 43 dólares el barril y en 2018, de 46.
“Pero el (precio) de 46 (dólares por barril) sigue siendo 60% menos del que teníamos en el 2012 y en el 2014”, dijo en ambas ocasiones el secretario, quien agregó: “Si combinamos lo que le ha pasado a la plataforma con lo que le ha pasado al precio, podemos de nuevo poner en perspectiva lo difícil que ha sido para el sector público y para la economía tener un desempeño adecuado”.
A la tragedia petrolera, Meade sumó el “mal contexto internacional” que también ha atentado contra la economía mexicana. Por ejemplo, la producción manufacturera en Estados Unidos, que apenas en 2010 crecía a 6%, el año pasado apenas lo hizo a 0.2%.
Además: “El comercio internacional también ha registrado su menor tasa de crecimiento en más de una década”. Y para acabarla –se desprende del discurso del secretario–, Donald Trump gana las elecciones presidenciales en Estados Unidos y se desploma el peso, sobrevienen la incertidumbre y el nerviosismo en los mercados, y al final –no lo dice el secretario, pero queda claro– se presenta una crisis de confianza a principios de año por el infame incremento en los precios de las gasolinas y su impacto en la inflación y el consecuente enojo de la población.
Malabarismos discursivos
Ciertamente han sido severos los desplomes tanto de la plataforma petrolera como del precio internacional del crudo, en un marco de desaceleración económica internacional. Pero el secretario los magnifica y pretende hacer ver como menores o como juego de niños, por ejemplo, las crisis brutales que se registraron en las administraciones de Ernesto Zedillo (en 1995) y de Felipe Calderón (en 2009 particularmente), que llevaron a la economía a terribles recesiones –y sus consecuencias en el empleo y el bienestar social–, de las que, sin embargo, salieron bien libradas.
En efecto, Zedillo dejó la economía creciendo a 6% y Calderón a 4%. En cambio, Peña Nieto, sin recesión alguna, si bien le va dejará una economía creciendo a 3%, cuando mucho, según los estimados en el paquete económico que el Ejecutivo entregó al Congreso la semana antepasada.
Lo que nunca ha dicho Meade, ni cuando asumió el cargo hace un año ni ahora en pasarela de precandidato, es cómo han logrado sortear ese “entorno complicado” que le ha permitido a la economía crecer, sin falla, trimestre tras trimestre –así sea mediocremente– y sin necesidad de un gasto público, una inversión pública, que realmente impacte en el crecimiento.
Hace muchas referencias a las bondades de las reformas estructurales puestas en marcha en esta administración. Lo cierto es que éstas aún no han tenido un impacto en el crecimiento de la economía.
En realidad, el gobierno federal ha podido sacar a flote mínimamente a la economía gracias a un endeudamiento no sólo excesivo sino ilegal. Nunca en la historia reciente del país un gobierno se había endeudado tanto como el de Peña Nieto, quien recibió una deuda pública del gobierno anterior equivalente a 34.3% del Producto Interno Bruto y la tiene ahora, al menos al cierre de 2016, en 49.6% del PIB. Un aumento, en sólo cuatro años, de 15.3 puntos porcentuales del PIB.
En pesos, la deuda pública –ni siquiera la deuda pública en su concepción más amplia, sino sólo la deuda del sector público– pasó de 5.4 billones de pesos en 2012 a 9.7 billones al cierre de 2016: un aumento de 4.3 billones de pesos en cuatro años. Un endeudamiento de poco más de 1 billón de pesos por año.
Ese crecimiento de la deuda en cuatro años, equivalente a cerca de 80%, es insostenible en cualquier economía, sobre todo si ésta apenas crece por arriba de 2% y sus ingresos públicos recurrentes (los tributarios) no llegan ni a 15% del PIB, como es el caso de México.
Esa es la conclusión a la que llega el doctor en historia económica Juan Moreno Pérez, decano asesor parlamentario y experto en finanzas públicas, quien –en un análisis solicitado por el Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la Cámara de Diputados, en particular por el diputado Felipe Reyes–, afirma que el problema fundamental del paquete económico para 2018 presentado por el Ejecutivo es que, por quinta vez consecutiva, solicita al Congreso que le autorice un endeudamiento por encima de lo permitido en la ley.
Congreso corresponsable
Explica Moreno Pérez: cuando se expidió la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en 2006, en el gobierno de Vicente Fox, se estableció una “regla fiscal” para evitar que el gobierno endeudara de manera irresponsable al país, como sucedió en épocas anteriores. Esa regla quedó establecida en el artículo 17 de la citada ley, que señala:
“Circunstancialmente… las Iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un déficit presupuestario”, para lo cual el Ejecutivo deberá señalar “el monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario”, la justificación del mismo y “el número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit sea eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario”.
En 2008, ya en el gobierno de Calderón, se aprobó una adición a ese artículo 17, que establecía una excepción a la regla fiscal, en el sentido de que “el gasto de inversión de Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en este artículo”.
La explicación de esa excepción a la regla fiscal –dice Moreno Pérez–, no se debe a que la inversión de Pemex sea “muy productiva”, como lo han señalado algunos funcionarios hacendarios, o respetando lo establecido en la fracción VIII del artículo 73 constitucional, que señala: “Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos”.
No, la excepción a la regla fiscal se introdujo debido a que Pemex había contratado durante muchos años una deuda que no se había registrado como tal, a través del mecanismo de los famosos y tristemente célebres Pidiregas, Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el Gasto.
El mecanismo de los Pidiregas –explica el economista– se diseñó a partir de 1995, en el gobierno de Zedillo, para poder exprimir fiscalmente a Pemex y utilizar los excedentes petroleros para financiar, de manera disimulada, el rescate bancario a través del Fobaproa. A partir de entonces se generó una doble (o triple, por la “creatividad” de los funcionarios hacendarios durante el presente sexenio) contabilidad en las finanzas y la deuda públicas, que se mantiene hasta la fecha.
A finales de 2008, a propuesta del GPPRD, se aprobó que a partir de 2009 dejarían de estar escondidos esos pasivos y se contabilizaran de manera correcta como lo que eran: deuda pública.
Como resultado de la decisión de transparentar esa deuda, Pemex sufrió un adverso efecto contable, ya que lo que registraba hasta entonces como flujos de “inversión” eran en realidad pagos por amortización de esa deuda escondida. Como tenía que seguir efectuando esos pagos, la empresa quedó descubierta al tener que registrar, ahora de manera abierta, la inversión que efectuara, la cual había estado escondida con el anterior procedimiento.
En el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2018, el Ejecutivo incluye un monto de inversión para Pemex por 204 mil 622 millones de pesos (0.9% del PIB).
Si el Ejecutivo hubiera respetado la regla fiscal del artículo 17 de la LFPRH, en su propuesta para 2018 debió incluir un equilibrio presupuestario, excluyendo de ese cálculo sólo el monto de inversión de Pemex, es decir, la solicitud de endeudamiento no debió rebasar los señalados 204 mil 622 millones de pesos.
Sin embargo, en la Iniciativa de Ley de Ingresos para 2018 el Ejecutivo pide al Congreso que le autorice un endeudamiento por 466 mil 684 millones de pesos (2.0% del PIB), es decir, 262 mil 62 millones de pesos (1.1% del PIB) por encima de lo que permite la Ley.
Para eludir el cumplimiento de la regla fiscal señalada en el artículo 17 de la LFPRH, el Ejecutivo solicita al Congreso que le apruebe un párrafo en el artículo 1º de la Ley de Ingresos para 2018, donde se señala: “Para el ejercicio fiscal de 2018, el gasto de inversión del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado no se contabilizará para efectos del equilibrio presupuestario previsto en el artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, hasta por un monto equivalente a 2.0% del Producto Interno Bruto”.
A partir del segundo año de su administración, Peña Nieto incluyó una solicitud de este tipo, la cual le fue aprobada por el Congreso para los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016 y 2017, y ahora quiere concluir su sexenio con una quinta aprobación de ese tipo para el ejercicio fiscal de 2018.
El resultado de ignorar la regla fiscal incluida en la ley llevó a que la deuda pública, como proporción del PIB, pasara de 34.3% en 2012 (nivel en que la recibió Peña Nieto) a 49.6% en 2016, es decir, esa proporción se incrementó 15.3 puntos porcentuales del PIB en sólo cuatro años. Para 2017 se estima que ese indicador baje a 47.9% del PIB, debido a la utilización del enorme y excepcional remanente de operación generado por el Banco de México.
Ese remanente resulta de la venta masiva de dólares que hace el banco en momentos de alta volatilidad, cuando el dólar está muy caro y muy inestable, el mercado cambiario y el banco debe ponerlo en orden. Al final, el banco, que vendió dólares caros, se quedó con muchos pesos que, por ley, debe enterar a la Tesorería de la Federación, una vez resguardadas sus reservas contables y sus gastos de operación. En 2016, el remanente de operación del Banco de México fue de 239 mil 100 millones de pesos y en este año es de 321 mil 653 millones de pesos. Cifras históricamente altas y que por ley deben destinarse a aligerar la carga de la deuda pública.
Concluye Moreno Pérez: “Como se puede ver, el excesivo endeudamiento que le impuso el presidente Peña Nieto al país no sólo es responsabilidad de él, sino del Congreso de la Unión, que cada año le aprobó un párrafo en la Ley de Ingresos que convirtió en letra muerta lo dispuesto en la LFPRH.”
Admite, sin embargo, que “el tratar de corregir esa situación de manera abrupta podría ser muy irresponsable, pues el gobierno lo tomaría como pretexto para hacerle mayores recortes al gasto público en áreas sensibles”.
Por ello, el especialista recomienda a los diputados agregar un artículo transitorio en la Ley de Ingresos para 2018, en el que se obligue al Ejecutivo a enviar al Congreso, en el ejercicio fiscal de 2018, las iniciativas de reformas legislativas necesarias para eliminar la doble contabilidad de las finanzas y la deuda públicas, transparentando todo lo referente a esa materia.
