Con el pretexto de su quinto informe de gobierno, Enrique Peña Nieto prácticamente se apoderó de las pantallas y del dial con un bombardeo de spots propagandísticos que comenzó cinco días antes y debió concluir cinco días después de ese evento. Sin embargo, de inmediato se desató otra andanada de apariciones de Peña como salvador de las poblaciones afectadas por el sismo del jueves 7. Todo ello, cuando ya se criticaba el récord de 1 millón de pesos por hora que ha gastado el priista para promover su imagen desde que comenzó su mandato.
Días antes del pasado 25 de agosto, un oficio firmado por Amadeo Díaz Moguel, director general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) de la Secretaría de Gobernación, le llegó a 2 mil 549 emisoras –821 canales de televisión, mil 335 estaciones de radio en FM y 393 en AM– para ordenarles la transmisión “en cadena nacional”, dos veces al día, de los 12 mensajes –de dos minutos cada uno– “con motivo del Quinto Informe de Gobierno del Presidente de la República”.
“El envío de la señal se realizará por vía satelital a través del Sistema de Distribución Digital de Información de Materiales de Radio y Televisión (DDIM). Adicionalmente, podrá descargar las cápsulas del Quinto Informe de Gobierno en la página electrónica https://rtc.gob.mx/pautas/ en donde se encontrará cada uno de los materiales que se deberán transmitir en cadena nacional, en la liga: Descargables, Quinto Informe de Gobierno”, ordenaba el documento de RTC.
Uno de esos oficios, cuya copia obtuvo Proceso, ordena, por ejemplo, que el 25 de agosto se transmita la cápsula 1, “Agroindustria”, a las 8:00 horas y a las 21:00 horas. Lo mismo el 26 de agosto, con la cápsula “Turismo”, el día siguiente con “Nuevo Modelo Educativo”, el 28 de agosto con “Salud” y un día después con la cápsula “Medio Ambiente”.
Las cápsulas de “Programas Sociales” continuaron el lunes 4 en los mismos horarios, la de “Fuerzas Aéreas” el martes 5, donde se hizo una excepción a Grupo Televisa para transmitirla a las 20:30 horas; y la cápsula “Inversión y Empleo”, para el miércoles 6.
En total fueron 12 cápsulas de dos minutos que se repitieron dos veces al día en 2 mil 549 estaciones de radio y televisión, concesionarias y permisionadas. Es decir, un bombardeo de 5 mil 98 mensajes “en cadena nacional” durante los cinco días previos y los cinco posteriores al informe.
A estas “cadenas nacionales” hay que sumar los miles de spots, planas enteras, videos digitales y anuncios espectaculares que la Presidencia de la República pautó en cada una de las 2 mil 549 estaciones de radio y televisión, en los periódicos y medios digitales, en las cuales invirtió una cantidad que aún se desconoce.
Hasta el cierre de julio de 2017, según la Secretaría de la Función Pública, el presupuesto ejercido en las partidas 36101, 36201 y 33605, sobre el rubro de “información y publicidad en medios masivos”, sumaba 36 mil 130 millones de pesos.
Un estudio publicado por las organizaciones Fundar, México Evalúa y Artículo 19, señala que entre 2013 y 2016 el gobierno de Peña Nieto ejerció 71% más del presupuesto autorizado por el Congreso en publicidad oficial, sumando 36 mil 261 millones de pesos, la cifra más alta en la historia de los gastos en publicidad gubernamental.
En otras palabras, durante su sexenio Peña Nieto ha gastado 1 millón de pesos por hora en publicitarse, es decir, 24.8 millones de pesos al día. Si no cambia esta tendencia, advirtió Fundar, el gobierno peñista habrá acumulado al final de su mandato un gasto cercano a los 60 mil millones de pesos sólo en publicidad.
A este gasto multimillonario ahora se deben agregar las “cadenas nacionales” que ordenó la Secretaría de Gobernación, de manera inédita, para transmitir publicidad oficial del quinto informe y no “información relevante para el interés general, en materia de seguridad nacional, salubridad general y protección civil”, como lo establece el artículo 254 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Justo un día antes del sismo del jueves 7 terminaron las “cadenas nacionales”, pero comenzaron a verse en las principales estaciones de radio y televisión las imágenes del presidente en labores de rescate y coordinación de ayuda a damnificados.
Estas imágenes de Peña Nieto emulando a un corresponsal de televisión que explica los daños ocasionados por los sismos, que abraza a las damnificadas, encabeza reuniones de coordinación e incluso ordena a los medios que no sean sólo “señaladores y críticos” sino también “se incorporen a sembrar solidaridad”, no fueron “cadenas nacionales” ordenadas por la Secretaría de Gobernación, pero se vieron en todos los noticiarios de televisión durante una semana más.
Algunos senadores del PRI confiaron a Proceso que desde el encuentro privado que tuvieron el 26 de agosto en Los Pinos con Peña Nieto, éste les advirtió que después de su informe “verán un presidente siempre en campaña y en defensa de los éxitos de las reformas estructurales”, y les pidió que fueran “soldados” de los logros de su gobierno.
Ilegalidad y desigualdad
“Esto nunca había pasado en un informe de labores de los presidentes de la República”, destaca la consejera electoral Pamela San Martín, quien considera que la Secretaría de Gobernación se extralimitó al ordenar las “cadenas nacionales” y que éstas sientan un precedente riesgoso para la equidad de la contienda de 2018.
San Martín observa que a partir del pasado 14 de diciembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) administra los 48 minutos completos de los tiempos oficiales y “sin ningún tipo de cortapisas, la Secretaría de Gobernación puede ordenar las cadenas nacionales bajo la lógica de que no está prohibida la propaganda gubernamental en cadenas nacionales”.
–¿Afectará la contienda electoral de 2018 este tipo de estrategias de promoción de Peña Nieto utilizando las “cadenas nacionales”? –se le pregunta a la consejera.
–Es una conducta que se debió haber tomado en cuenta por el riesgo de convertirse en irregular. El INE debió haber dictado medidas cautelares porque implica estirar la facultad discrecional que tiene la Secretaría de Gobernación para ordenar las “cadenas nacionales” y convertirá en una facultad arbitraria.
San Martín comenta que en la Comisión de Quejas del INE se discutió el recurso interpuesto por Morena contra las “cadenas nacionales”, pero en votación dividida (dos contra uno) se determinó que no había irregularidad. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del INE de no aplicar medidas cautelares.
“Las medidas cautelares eran la medida idónea. Eso debió haber hecho el INE, más en un contexto donde hemos visto el uso y abuso de los recursos para la propaganda gubernamental en todos los niveles”, abunda la consejera.
“Esta actitud sí sienta un precedente negativo”, sentencia. Recuerda que en 2010 el presidente Felipe Calderón le pidió al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) que le dieran parte de los 48 minutos de los tiempos oficiales para emitir un mensaje a la nación. Dos días seguidos, Calderón emitió mensajes en cadena nacional y el IFE impugnó al primer mandatario por haber lanzado estos mensajes en pleno periodo de veda electoral.
–¿Incide en la contienda por la sucesión presidencial?
–Hay un riesgo de impacto negativo porque no se puede abrir el mecanismo de la cadena nacional para propaganda gubernamental en tiempo electoral… Lo que llama la atención es que los medios no hayan dicho nada ni se hayan quejado.
Para el especialista Gabriel Sosa Plata, consultado por este semanario, no hay justificación de “trascendencia nacional”, como marca la ley, para transmitir los spots peñistas en “cadena nacional”.
“Los spots son una exaltación de logros y de la imagen presidencial. Ha sido una saturación totalmente contraproducente para Peña Nieto. A más spots, menos aceptación y más rechazo. El manejo comunicacional es el mismo de hace décadas. El PRI no cambia ni en eso”, reflexiona.
A su vez, el exconsejero electoral Alfredo Figueroa subraya que estas “cadenas” son contrarias “a los precedentes y todas las prácticas de los últimos años. Un acto ilegal que, además, fue avalado por el TEPJF”.
Al respecto, Sosa Plata explica que “la difusión de informes fue concebida en la ley como un ejercicio de rendición de cuentas en un Estado democrático, pero en la práctica se ha convertido, desde hace décadas, en una estrategia de exaltación de funcionarios y representantes populares, y en instrumentos de relaciones públicas con medios de comunicación. Es comprensible en la lógica de la construcción de liderazgos, pero lo lamentable es que detrás de la estrategia de Peña Nieto haya un gran dispendio de recursos de la sociedad”.
“Cadenas” de propaganda oficial
En vísperas del inicio del proceso electoral de 2018, el INE emitió la semana pasada nuevas reglas para garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda.
En esas resoluciones el instituto establece que la propaganda gubernamental difundida desde el inicio del proceso hasta su conclusión deberá “tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos local o federal o de alguna administración específica”.
De igual forma se ordena “abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno”, y “no podrá difundir logros de gobierno, obra pública o, incluso, emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular”.
También establece que la propaganda “deberá limitarse a identificar el nombre de la institución, su escudo oficial como medio identificativo sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos de cualquier índole que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o que estuvieran relacionados con la gestión de algún gobierno o administración federal o local en particular”.
En ninguno de los puntos del INE se menciona la prohibición de utilizar las “cadenas nacionales” como mecanismo para obligar a los concesionarios de uso comercial, público o social de radio y televisión a emitir la nueva modalidad de la propaganda peñista.
